“Lo que se ha hecho es dormir el proyecto y dejarlo en el limbo. Es decir, no se puede empezar a ejecutarlo por la empresa adjudicada por la licitación, tampoco se le puede pagar indemnización, ni se puede ejecutar como obra del Estado” explicó.
“No quieren que funcione el modelo”
Agregó que esa intención es que proyectos como el de la autopista se contraten con el modelo tradicional por vía obra pública, un tema que provoca hasta un 40% de aumento de costos.
Érick Uribio, director ejecutivo interino de Anadie, explicó que, si bien el Congreso debe conocer el contrato de la APQ, solo puede aprobarlo o improbarlo, no puede modificarlo, y tampoco puede establecer que se contrate a una empresa en particular para su construcción.
Lo que sí pueden modificar es la iniciativa, la cual contiene las disposiciones de cómo serán repartidos los ingresos por el 41% de canon que oferto la empresa adjudicada pagar al Estado, según expuso el directivo.
“Claramente lo que está pasando es que el Congreso no quiere que funcione el modelo” además “hay intereses en mantener el mecanismo de contratación de obra pública y la vinculación que tiene esto con financiamiento de campañas y diputados, y no les interesa que salgan proyectos que fueron contratados con compañías internacionales, en procesos abiertos de calificación y licitación”, opinó Estrada.
A su criterio esto sucede porque “las empresas contratistas que viven del sistema actual de contratación de obra pública no quieren que se desarrolle el modelo de alianzas público-privadas. Quieren que se les contrate a ellos para hacer esa carretera porque en el modelo de APP no participan porque es con mucha transparencia y las condiciones son más exigentes en condiciones de calidad que son otra dimensión”.
A consideración de Estrada el problema para el avance de las APP no ha sido la ley sino la actuación del Congreso.
Empresa a la expectativa
René Muñoz, director de Asuntos Corporativos del Consorcio Autopistas de Guatemala (Convía), consorcio ganador de la adjudicación de la Autopista a Puerto Quetzal, indicó que a la firma, como oferente y adjudicada, le queda esperar la decisión del Congreso el cual debe cumplir con el amparo de la CC de efectuar de nuevo la votación.
El cuestionamiento en ese momento fue que no existía el quorum suficiente para realizar una votación de ese tipo, y aún así se llevo a cabo y se improbó el contrato.
Si la decisión ahora del Congreso es de forma correcta, y lo imprueba el pleno debe dejar establecido de una vez la partida presupuestaria para pagar la indemnización al oferente. Según Muñoz ha calculado que sería de entre Q25 millones a Q30 millones.
El ejecutivo comentó que es un problema dejar la iniciativa de ley sin conocerla y aprobarla o improbarla, porque el proyecto queda en el limbo, no se puede ejecutar la alianza público-privada, tampoco se puede pagar la indemnización y el Estado no puede disponer de alguna obra nueva en ese tramo, solo repararla, porque aún está en un proceso pendiente de completar.
De no poder ejecutar la obra o la indemnización la firma podrá buscar otras opciones legales de solución de controversias.
“Todo se ha puesto sobre la mesa, la otra cosa importante es que muchos diputados desconocen que es la alianza público-privada, cómo funcionan, pero los diputados hablan de (que es) privatización y no es privatización. La obra sigue siendo de los guatemaltecos todo el tiempo, esa parte de falta de conocimiento hace que haya animadversiones”, indicó.
“En este caso la derrota sería para Guatemala, porque la ley de Anadie parece que tiene muchas cosas que le dan transparencia, sostenibilidad”, agregó Muñoz.
Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), coincidió en que no se ha comprendido el modelo ni la necesidad de aumentar la inversión en infraestructura.
Considera que la iniciativa de la autopista se tendrá que retomar en enero en el Legislativo, pero están conscientes de que se quedó rezagada mucha de la agenda de temas económicos.
AC: “Diputados prefieren modelo actual”
El presidente de Acción Ciudadana (AC), Eddie Cux, menciona que el modelo de inversión público-privada con la ley actual privilegia el hecho de que pueda existir inversión extranjera y competencia de empresas internacionales, aunque considera que hay que reforzarle el tema de la transparencia ya que se trata de proyectos muy grandes y a varios años plazo.
En el tema de la APQ dijo que también se debe analizar el tipo de proyectos. Sin embargo, también considera que el que se avance de este tipo a de agenda es porque el Estado y los mismos diputados están cómodos con la forma en la que se llevan a cabo las compras y contrataciones de la cual se ha denunciado aspectos de corrupción.
Comentó que a nivel general el tema de alianza público-privadas tiene ciertas críticas en cómo se implementan porque se debe evitar el conflicto de interés que pueda influir en contrataciones que se puedan perpetuar en el tiempo a un solo oferente y no renovarse de forma adecuada
Bien manejado y operado, dice Cux, este tipo de modelo podría refrescar la competitividad y transparencia.
Dudas en el Congreso
En el Congreso se discute en tercera lectura la iniciativa 5506 que aprueba la construcción de la autopista con cobro de peaje Escuintla-Puerto Quetzal; sin embargo, el proyecto no cuenta con el aval de la alianza oficialista.
La falta de acuerdos data de la legislatura anterior. Cuando el pleno del 2019 conoció la iniciativa en su tercer debate se señalaron supuestas inconsistencias que fueron presentadas en una acción de amparo por el abogado Alfonso Carrillo ante la Corte de Constitucionalidad (CC).
Rudy González, diputado de Viva
El jurista explicó, en su acción de amparo, que la entonces presidenta en funciones del Congreso, Flor de María Chajón, llamó a votación sin que el tema fuera discutido abiertamente. En aquel momento también se negó la petición del diputado Oliverio García Rodas para verificar el quorum.
Recientemente, la CC notificó a las autoridades legislativas la orden de conocer de nuevo este proyecto en su tercera lectura y redacción final.
La iniciativa 5506 fue incluida en la plenaria del pasado 30 de noviembre, pero por falta de quorum no fue posible conocerla; no obstante, hubo muchas voces, desde la alianza oficialista, que anticiparon su voto en contra.
Voces en contra
El lunes recién pasado, la iniciativa que buscaría autorizar el primer proyecto enmarcado en la Ley de Alianza Público–Privada (APP) no avanzó lo suficiente, aunque sí fue sometido a discusión. Las primeras voces en contra provinieron de la bancada de Vamos, que también lidera la junta directiva del Congreso. El partido oficialista ha señalado la necesidad de impulsar proyectos para la reactivación económica.
Vitelio Lam, legislador de la UNE
El subjefe de bloque, Sergio Arana, dijo que la iniciativa no es favorable, principalmente para los vecinos de Escuintla, a quienes él representa por ser diputado distrital.
“Sabemos que hay tiempos constitucionales por los cuales vamos a entrar a tercera lectura; sin embargo, como escuintleco, mi voto es en contra. En Escuintla somos seis diputados y felicito a mis compañeros que están acá, a los cuales puedo decir que hemos estado trabajando para la no privatización de la carretera”, señaló.
Diego González, del mismo partido, añadió: “De nuestro país, si nos seguimos descuidando, solo recogeremos los despojos. Ya ha sido saqueado. Estoy en contra, categóricamente, a que se privatice la carretera y no voy a apoyar”.
Poco convencidos
Otras bancadas, aliadas al oficialismo, replican el mismo mensaje. Aseguran que aprobar un proyecto de este tipo perjudicará a los ciudadanos de a pie y al Estado, y que el único ganador será la empresa privada.
“Por el momento estamos en contra, porque creemos que no se puede privatizar una carretera que ya existía de forma gratuita para toda la población. ¿Cómo vamos a privatizar una carretera de esas? Ya tiene diseño y un costo por haber pasado por donde pasa. Entonces, es una carretera que le pertenece al pueblo de Guatemala y es obligación del gobierno tenerla en buen estado”, sostuvo Rudy González, del partido Visión con Valores (Viva).
Vitelio Lam, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y de la facción afín a Sandra Torres, se sumó a quienes se pronunciaron en contra de la aprobación. “Ustedes conocen parte del departamento de Escuintla, el peaje que hay de Palín a Escuintla. Legalmente, le cobran a la gente solo por querer cobrarle. Es una parte mínima la que recibe el gobierno, un 5%, y esa carretera es siempre construida por Marhnos (…) Creo que esto no beneficia ni a los cañeros ni a la gente que va en bus o en carro. Es un cobro grande el que hacen, sin ningún beneficio para el país”, recalcó.
Evitar corrupción
Uno de los legisladores que está a favor de la iniciativa es Rodolfo Neutze, jefe de bloque de Creo. Expuso que el proyecto puede ayudar a mejorar las condiciones de país y rechazó los señalamientos sobre una eventual privatización.
Rodolfo Neutze, parlamentario de Creo
“Hay mucha gente que no conoce del tema y habla de privatización. No es privatizar, es simplemente hacer una alianza como la que vimos en Palín. Son carreteras que funcionan y están libres. Es algo que ha funcionado en todos los sistemas del mundo”, subrayó.
“Hay un incentivo perverso que la gente se opuso al Presupuesto porque había fondos discrecionales donde la corrupción puede seguir campante”, argumentó.
A su criterio, con este modelo de obras se evitan todos los señalamientos recurrentes de ilegalidades. “Es una excelente oportunidad para generar la infraestructura que le urge al país. Las alianzas público – privadas funcionan en todo el mundo y evitan de una mejor manera la corrupción”, enfatizó.
