El aumento de casos positivos de covid-19, y de muertes por la enfermedad, la saturación de hospitales, el ritmo lento de vacunación, se veían venir. Desde distintos sectores se anunciaba que la crisis sería mayor a la del año pasado, y la desigualdad para atender la emergencia ha sido evidente a lo largo de la pandemia.
Controlar la situación requiere de acciones drásticas de contención para reducir la transmisión del virus, fortalecer la capacidad de respuesta de los servicios de salud y acelerar la inmunización, esto es parte de la propuesta que surge desde Laboratorio de Datos, pero la visión cortoplacista que se ha tenido por parte de las autoridades nos tiene en un escenario desolador. Slowing señala que se necesitan medidas para frenar el aumento de casos, pero de la mano de un acceso equitativo a la vacuna contra el covid-19.
Se plantea una inmunidad poblacional del 70% de personas, para esto se debe garantizar acceso a dosis, y que se baje la edad mínima de vacunación a los 12 años -siempre respetando los criterios médicos-, pues al contemplar solo a los mayores de edad se llegaría al 62% de la población, es el análisis del laboratorio, al disminuir la edad se alcanzaría al 72% de los guatemaltecos.
¿Por qué nos debe importar que no haya embarazos en adolescentes?
¿Cuáles son las principales falencias que ven en el Plan Nacional de vacunación?
Identificamos varias razones, la primera es el esquema de priorización por grupos de riesgo y de edad. No funcionó, no porque no fuera correcto priorizar a quién tenía más riesgo de morir, pues al darse cuenta de que sería difícil llegar a todos los adultos mayores para que se vacunaran, debieron buscar y diversificar las estrategias, en su lugar abrieron otros grupos de edad. ¿Qué solucionan con eso? Mejorar la cobertura de otros grupos, pero dejan fuera a la población con mayor riesgo.
Con eso complicaron el trabajo al personal de salud. En las comunidades es la mujer la principal usuaria de los servicios, salen los enfermeros de los puestos de salud a vacunar de casa en casa o hacen campañas locales, esas estrategias son las normales del sistema, acá no se priorizaron.
Centraron todo en que el ciudadano vaya a buscar la vacuna, en que se preregistre con un sistema informático que implica tener computadora y acceso a internet. Las personas mayores tienen problemas de movilidad física. Todos esos factores han hecho difícil la vacunación. En todos los grupos se está dejando gente sin vacunar y en particular a la de mayor riesgo.
Faltan metas claras, debe vacunarse un mínimo de 70% de la población, pero a nivel local las metas se fijan con relación al número de dosis a aplicar y dependiendo de quienes se registren. No se puede esperar una vacunación acelerada si no se multiplican los equipos de vacunación.
Ahora que ya no se respeta la priorización, que se habrá la vacunación para todos los de 18 años y más, y perfectamente podría abrirse a 16 toda vez se garantice acceso a vacuna.
Estamos alrededor de 70 mil vacunados por día, pero para que a final del año o a principios de 2022 la población de 18 años este vacunada tenemos que duplicar esa meta.
¿Qué propuesta hacen para frenar contagios y acelerar la vacunación?
Para manejar la situación hay que trabajar en tres frentes: uno son las medidas de contención y de apoyo económico a la gente, porque si les pedimos que se queden en casa tiene que haber un ingreso para esas familias y esas empresas, no se puede concebir de otra forma.
Segundo hay que reforzar la capacidad de respuesta de atención médica a la población, y tercero, reforzar la vacunación.
¿Cuál es el planteamiento qué hacen para lograrlo?
En junio planteamos tomar medias de contención, pensábamos en encierres de fin de semana, toques de queda y reducción de actividades sociales, ahora hay que hablar de un cierre total de unas dos a tres semanas para cortar la transmisión del virus, solo se puede hacer si hay soporte del Estado a la población, porque los costos que esta situación tiene en los empleos, los ingresos a las familias son tremendos, y hay que acompañarlo de otras medidas.
Hay que reclutar más personal, y simplificar los procesos, el Ministerio de Finanzas debe tener un papel más activo en la gestión de los recursos, dar cuota presupuestaria a tiempo, pero todo requiere de un Congreso dispuesto a facilitarlo, porque tiene que estar regulado. No es para hacer chiche el dinero sino para facilitar el reclutamiento del personal, hay que ofrecer estabilidad al personal.
¿Los cierres del país que se dieron el año pasado sirvieron de algo?
Mientras tuvimos medidas de contención fuertes y progresivas entre febrero y abril 2020, no había muchos casos en el país, pero se logró posponer en el tiempo la escalara de casos, ese fue el efecto. Se culminó con una encerrona en Semana Santa, pero después se relajaron las medidas y durante 14 semanas las medidas cambiaron, se liberaron algunas medidas que incubó la escalada que tuvimos en junio.
La ventaja de esas semanas fue que se ganó tiempo, si no se hubieran relajado totalmente las medidas, la escalada no hubiera sido tan fuerte el año pasado, esas medidas si sirven y hay evidencia internacional de ello.
El tema es que tiene un costo económico alto, pero hoy es un momento de balance, en donde hay que decidir si la gente seguirá saliendo y viviendo como que nada pasa o vamos a preservar la vida, esa es la gran decisión.
Hay dos formas atenderlo: vacunando aceleradamente y con medidas de contención temporales, pero indispensable.
A lo largo de la pandemia se ha cuestionado la concentración de pruebas y ahora de vacunas en las áreas urbanas ¿tiene eso alguna lógica?
El criterio donde hay más casos no es suficiente para decidir dónde deben ir las vacunas, primero porque hay un subtesteo, no se ha tenido en todo el territorio de Guatemala la misma oportunidad de testear que en el municipio de Guatemala y en una comunidad de Totonicapán, por ejemplo, porque la oferta de pruebas para detectar el virus es muy grande acá y la capacidad económica de la gente para ir a un laboratorio privado es mayor. Lo más probable es que se tenga un subregistro de casos en esos lugares, no puede decidir vacunar bajo ese criterio.
¿Esta falta de testeo lleva a que municipios que en el semáforo epidemiológico se mantengan en alerta amarilla?
Sí. Puede haber municipios que están en rojo, no porque haya miles de casos sino porque el testeo es insuficiente, porque la positividad y lo que le da el color al semáforo es el número de casos y la relación entre casos y pruebas. Se puede tener muy pocas pruebas y eso le dará una positividad más alta.
¿Se puede decir que la falta de pruebas nos llevó a esta situación sin control?
Claro, por la poca vigilancia epidemiológica de los contagios, por eso se hacen las pruebas. Estas determinan si el individuo está enfermo o contagiado, pero también sirve a nivel de Salud Pública para saber dónde hay un posible brote, conocer hacia dónde se está moviendo la enfermedad. Es el gran fallo del semáforo.
¿El uso del semáforo es positivo en el contexto guatemalteco?
No es una estrategia para prevenir el covid-19, es una herramienta para monitorear la situación. El problema del semáforo es que depende de la calidad del testeo. El semáforo en sí no es el problema, este solo marca lo que se testeó. El municipio de Guatemala se mantuvo en naranja, porque se testea un montón, los caos se diluyen en un montón de pruebas. Entonces, la imagen será más o menos borrosa dependiendo del nivel de testeo.
¿El semáforo, entonces, puede ser manipulable para colocar a municipios en una alerta menor?
Es manipulable, la estrategia de testeo no ha sido manejada con toda la propiedad. Que un 30% o 40% de las pruebas sean hechas en laboratorios privados, quiere decir que mucha gente no la puede pagar, y no se va a testear y se tendrá un subregistro, además, las pruebas de antígeno le pueden dar falso negativo, también hay limitaciones de acceso en los hospitales, a veces solo se hace la prueba a quienes van con dificultad respiratoria y a los laboratorios móviles les dan pocas pruebas. Todos eso influye en que el testeo no sea confiable, y eso se refleja en un semáforo que es impreciso. Además, no hay mucha diferencia en las medidas entre alerta roja, naranja y amarilla, y no se cumplen.
¿Es válido el discurso de que si los sistemas de salud en países más desarrollados han colapsado en Guatemala no podemos esperar menos?
Todos los sistemas de salud han sufrido con el covid-19, eso es cierto. Cómo no iba a pasar eso en un país que tiene un déficit estructural en el sistema de salud, es una jugada cantada de que acá no nos va a ir igual, sino que peor.
El que todos los sistemas estén sufriendo y colapsados, no es justificación, porque en Guatemala no se ha querido adoptar la contención, no se ha trabajado la comunicación y la educación a la población, no hubo restricción a la modalidad, ni se fortalecieron con más personal y recursos. No fortalecieron los mecanismos de compra, se tardaron para negociar la vacuna.
Hay tanta evidencia de la mala gestión que acudir al armento de que todos los sistemas de salud están sufriendo realmente es una ofensa, es un insulto, porque sí, todos van a sufrir, pero acá ni siquiera se ha hecho lo mínimo para evitarlo.
Laboratorio de Datos ya había advertido de esta ola de contagios, ¿se pudo contener a tiempo esta situación?
Para junio ya estaba marcada la tendencia de escalada, porque esta comenzó después del Día de la Madre. Quince días más tarde, ya estaba instalada esa tendencia al ascenso, y en ese momento todavía no sabíamos que ya estaban circulando las variantes más transmisibles del virus. Si nosotros lo pudimos ver, el Ministerio de Salud, que tiene más información, debió anticiparlo ¿en qué andan?