Actualmente hay 487 personas reconocidas como refugiadas en Guatemala. De ellas, 37 obtuvieron el estatus este año. Entre quienes se encuentran solicitando refugio, el 52 por ciento son hombres y 44 por ciento son mujeres. El 4 por ciento pertenecen a la comunida LGBTIQ, según el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM).

El aumento de solicitudes es evidente. Mientras que en el 2010 se presentaron únicamente 13 peticiones de refugio, en 2020 hubo 486 y este año se incrementó más del doble. De las personas refugiadas en Guatemala durante este año, el 35 por ciento proviene de El Salvador, el 24 por ciento de NIcaragua, otro 24 por ciento de Venezuela, un 14 por ciento de Honduras y un 3 por ciento de otras nacionalidades.

En una visita reciente a Guatemala, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Filippo Grandi, reconoció que las capacidades de Guatemala para otorgar refugio son limitadas, considerando que gran parte de su propia población tiene carencia de servicios básicos y no logra satisfacer sus necesidades alimentarias y sociales.

“Yo creo que hay voluntad de otorgar seguridad a las personas, pero si la pregunta es: ¿hay capacidad? La capacidad es limitada. Por la cooperación internacional es muy necesaria. El impacto socioeconómico de la pandemia va a durar más”, dijo Grandi en entrevista con Prensa Libre.

Sin embargo, el representante de Acnur dijo que se están haciendo esfuerzos con el gobierno por mejorar las capacidades de asilo y hay voluntad para hacerlo, pero se requiere el apoyo de la comunidad internacional invirtiendo en oportunidades de desarrollo para las personas. Algunas personas se han logrado inserción laboral a través de programas como TurIntegra o Empleos Verdes.

Úrsula Roldán, del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales (IDGT), considera que Guatemala tiene la obligación de otorgar asilo a quien esté huyendo de su país por violencia o riesgos a su vida. Sin embargo, advierte que el país actualmente no tiene las condiciones para otorgar protección y ello se evidencia en la propia población que tiene dificultades para satisfacer sus necesidades básicas.

“Para otorgar protección se necesita empleo, vivienda, salud y educación. Además, los refugiados deben tener seguridad porque están huyendo de situaciones complejas, pero en el caso de Guatemala tiene una frontera bastante abierta al crimen organizado. Guatemala no es un tercer país seguro, tiene muchas deficiencias que debe enmendar como país y como región. No podemos negarnos a otorgar asilo, pero sí ser muy conscientes de que aquí no se pueden resolver problemas socioeconómicos”, dijo Roldán.

Pedro Pablo Solares, analista en temas migratorios, dijo que Guatemala es un país de tránsito de personas que vienen desde el hemisferio sur con destino a los Estados Unidos. “Hay un remanente de personas que no tiene la capacidad de llegar hacia EE. UU. y, posiblemente, se está quedando en el país buscando obtener el estatus de refugiado temporalmente”, dijo.

El experto considera que los esfuerzos por perfilar a Guatemala como un país de refugio se derivan de la estrategia del expresidente de EE. UU. Donald Trump de posicionar a Guatemala como un “tercer país seguro”.

“El gran título del capítulo se llama desmotivar la migración masiva hacia EE. UU. Controlar la crisis en la frontera sur es básico, todavía más importante que desmotivar la migración. El propósito es evitar una crisis mediática, eso es crucial para la política estadounidense y no ha cambiado desde Trump”, comentó.

Consultados al respecto, el IGM informó que a finales de 2019 se implementó un proyecto para fortalecer las capacidades de atención y protección a solicitantes de refugio y refugiados en Guatemala. Esto se realizó con el respaldo de Acnur como cooperante y socio estratégico del IGM.

“Este proyecto consistió en la contratación de instalaciones con espacios adecuados, recurso humano y equipamiento, obteniendo avances sustanciales como la coordinación con el Registro Nacional de las Personas que llevó a la emisión del documento especial de viaje, capacitación a oficiales de la Policía Nacional Civil y personal de la Unidad de Antecedentes Penales para lograr el próximo año la emisión de carencia a solicitantes y refugiados”, informó el IGM por medio de su oficina de comunicación social.