Caso Movimiento Semilla

¿Puede la CC detener otro golpe de Estado? Gabriel Orellana analiza la denuncia del presidente Arévalo

Mon, 27 Oct 2025 22:30:00 +0000

Guatemala

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¿Puede la CC detener otro golpe de Estado? Gabriel Orellana analiza la denuncia del presidente Arévalo

El constitucionalista Gabriel Orellana analiza el impacto de la denuncia del presidente Bernardo Arévalo ante la OEA, sobre un nuevo intento de golpe de Estado.

Evelyn Boche Ventura

27 de octubre de 2025

16:30h

Personas reaccionan a la transmisión de la posesión nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo en Plaza de la Constitución, en Ciudad de Guatemala el 14 de enero del 2024. (Foto Prensa Libre: EFE/ Bienvenido Velasco)

El presidente Bernardo Arévalo denunció este domingo 26 de octubre un nuevo intento golpe de Estado, a partir de una resolución judicial que ordena la anulación del Movimiento Semilla, el partido que lo llevó a la presidencia. La resolución ha sido recurrida ante la Corte de Constitucionalidad mediante un recurso que busca que se cumpla con la sentencia que garantizó la toma de posesión de Arévalo, el 14 de enero del 2024.

En entrevista con Prensa Libre, el embajador y constitucionalista Gabriel Orellana, que actualmente integra el Comité Jurídico Interamericano de la Organización de Estados Americanos (OEA), analiza cuáles deberían ser los alcances y el papel que juegue la Corte de Constitucionalidad (CC) en los próximos días.

¿Qué eco tiene en el foro de la OEA la denuncia del presidente Bernardo Arévalo de un nuevo intento de golpe de Estado?

Hay que reconocer, y no podemos soslayar, que Guatemala tiene una imagen ya muy perfilada en el Sistema Interamericano.

Y especialmente tenemos que recordar que la defensa de la democracia en el Sistema Interamericano está basada en la Carta Democrática Americana, la cual, en gran medida, tiene históricamente dos protagonistas muy marcados: Perú y Guatemala.

Recordemos que desde la época anterior a la actual Constitución, Guatemala ya había dado motivos para que la Organización de Estados Americanos tuviera cierta presencia en el país, por allá en los años 80, cuando llegó como secretario general Baena Soares —asume en 1984, luego de haber estado de misión diplomática en Guatemala—.

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Se nota alguna preocupación, y también se puede percibir que ya a nadie le extraña que la situación del gobierno y la administración del presidente Arévalo se vea torpedeada periódicamente por elementos que ya todos conocemos.

Hay conciencia de que la situación amerita, o debería tener, vigilancia por lo menos de los Estados miembros.

Sabemos que Guatemala es un enfermo en recuperación y que está otra vez al borde de una recaída.

“Guatemala es un enfermo en recuperación y que está otra vez al borde de una recaída”.

En Guatemala, ¿cuál debe ser el rol de la Corte de Constitucionalidad?

Esa pregunta es interesantísima, no solo desde la perspectiva política, sino desde la perspectiva jurídica; porque Guatemala estableció un precedente que ha sido muy elogiado en la literatura constitucional y procesal constitucional. Recordemos que, con motivo del golpe de Estado del presidente Jorge Serrano, la Corte de Constitucionalidad intervino de oficio.

Es decir, se rompió un esquema procesal muy acrecentado y muy tradicional, en el sentido de que ningún tribunal opera si no es a petición de parte. ¿Por qué? Porque se supone que los tribunales son imparciales.

Guatemala marcó la pauta porque intervino de oficio invocando la norma que define que la Corte de Constitucionalidad tiene la obligación de velar por la vigencia del orden constitucional.

Sobre esta base y sobre la norma del principio de legalidad, decidieron anular y declarar inconstitucionales las medidas de hecho que había tomado el presidente Serrano. Se recordará que entonces se vino aquella crisis, porque no tenían acceso al Diario Oficial y no se podía publicar esa sentencia.

Pero, una vez conjurado ese problema de la publicación, lo interesante —repito, y no me cansaré de insistir— es que reivindicó para la Corte de Constitucionalidad un principio que la hizo destacar en el mundo jurídico, como es el hecho de que la Corte de Constitucionalidad, lo resumo, es guardiana de la constitucionalidad de la República de Guatemala. Así de sencillo.

En otras palabras, si llegara nuevamente a darse un golpe de Estado —Dios no lo quiera—, el punto es que si la Corte no actúa, estaría faltando no solo a la letra muerta de la Constitución, sino a una heroica gesta que tuvo y que tiene gloria en los anales de la literatura constitucional, de que un tribunal de esta categoría tiene la calidad de gestor, de buen gestor, de la defensa constitucional de un país.

¿La Corte tiene el poder para anular cualquier tipo de decisión para defender el Estado de derecho, no precisamente de un gobierno?

Sí. De la constitucionalidad, del Estado de derecho de un país que viene marcado, obviamente, por la Constitución.

¿Este papel es un freno o un mecanismo de reconfiguración política?

Tiene dos aristas, que son como las dos caras de una moneda. Se le llama técnicamente un poder-deber.

Es decir, que no solamente tiene la facultad de hacerlo, sino la obligación de actuar. O sea, que el compromiso que tiene es enorme, trascendental y podríamos decir que es casi como el equivalente de lo que sería un ejército en defensa de la soberanía exterior del país, pero en defensa de la Constitución. Nada más y nada menos.

¿Cómo puede un árbitro constitucional sortear ciertas posiciones, por ejemplo, como que no acatar una orden judicial es procurar impunidad?

Aquí hay algo muy interesante: ya la Corte se pronunció tiempo atrás, hace poco más —después de las elecciones—, la Corte ya lo defendió. No podemos soslayar que personas versadas en derecho, personas que no pueden, por su mismo mandato legal, alegar ignorancia, costumbre o desuso de la ley; y, por otro lado, personas que juraron lealtad a la institución: no juraron lealtad a un gobierno específico, a un partido político en especial, sino a la Constitución.

O sea, si ellos se cruzaran de brazos y no hicieran nada por conjurar un golpe de Estado como el que ocurrió en el caso de Jorge Serrano, pues prácticamente habrían cometido perjurio. Habrían faltado a la Constitución y no pueden alegar que no tenían esa gorda obligación.

¿Cómo se debe entender esa intervención sin interpretar que se están sustituyendo funciones o interfiriendo con funciones del MP y del sistema judicial?

Bueno, en este momento la situación no ha generado un grado de crisis tal que pueda ameritar una intervención oficiosa de ellos. Hay acciones constitucionales que están en desarrollo, y en tanto ellas se estén desarrollando, podríamos decir que, mal que bien, la vida político-jurídica del país está discurriendo por los cauces normales.

El punto sería cuando esto pudiera hacer crisis y, en algún momento, hipotéticamente, la Corte Suprema desconociera al presidente o algo así. Pero a veces la crisis puede llegar casi al borde de la muerte a un paciente, pero mientras esté vivo y esté bajo control médico —digámoslo así— no hay por qué llegar a medidas extremas.

Lo que nos queda por el momento es confiar en que, como dijo el almirante Nelson, llegado el momento ellos sabrán cumplir con su deber frente a la patria, porque no nos queda otra. ¿Cómo? Si no, pues ya sería un golpe de Estado consumado.

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¿Cómo se interpretaría una inacción de parte de la CC, a la luz de algunas resoluciones en las que se validan decisiones cuestionadas?

Sí, lo que usted dice es muy cierto, muy válido y muy típico de que ocurra. Pueden haber criterios que no compartamos, que discrepemos, es cierto, pero por el momento, creo que la situación aún no amerita una acción tan severa. Pero no se puede bajar la guardia.

Pero me hace recordar un reciente discurso de la presidenta de la CC, Leyla Lemus, en el que —palabras más, palabras menos— dijo que en algunos momentos las cortes constitucionales debían reivindicar la soberanía. Esto eventualmente puede servir de base para justificar la negativa de acatar decisiones de la Asamblea General de la OEA o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en defensa de la constitucionalidad de un país por la Carta Democrática Interamericana.

Ese planteamiento podría estar pavimentando una actitud de la CC en la que se rehusaría al cumplimiento de resoluciones del Sistema Interamericano en materia democrática.

Presentan acción contra orden del juez Orellana sobre resultados de las elecciones del 2023

Sat, 25 Oct 2025 19:41:57 +0000

Guatemala

Presentan acción contra orden del juez Orellana sobre resultados de las elecciones del 2023

El abogado Edgar Ortiz presenta una nueva acción legal para frenar la orden del juez, que considera busca afectar los cargos públicos adjudicados al oficialismo.

Douglas Cuevas

25 de octubre de 2025

13:41h

La acción busca que nuevamente la CC respalde los resultados electorales del 2023. Fotografía: Prensa Libre (Esvin García).

El juez Fredy Orellana emitió una nueva orden judicial que vuelve a poner en duda los resultados de las elecciones del 2023. Por ello, el abogado Edgar Ortiz presentó una nueva acción ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

Ortiz, experto en derecho constitucional, explicó que buscan que la CC garantice, una vez más, los resultados de las elecciones generales que otorgaron la presidencia, 23 curules y una alcaldía al partido cancelado Movimiento Semilla.

El abogado presentó una debida ejecutoria para que la CC recuerde un fallo que ella misma emitió en el 2023, y que garantizó la toma de posesión de las actuales autoridades de gobierno.

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“Partimos de una sentencia de 2023. Presentamos un amparo contra diversas autoridades por la amenaza que existía de que no se consumara la toma de posesión de las autoridades electas”, indicó Ortiz.

Ese amparo se resolvió en definitiva, y ahora busca que se vuelvan a garantizar los alcances de ese fallo judicial. “Ya hay una sentencia definitiva donde se ordena respetar el proceso electoral y todas las consecuencias y efectos del mismo.”

Resolución contradictoria

El juez resolvió de manera favorable una petición hecha por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), con base en los indicios de investigación recabados en los últimos años alrededor de Movimiento Semilla.

La tesis del Ministerio Público (MP), respaldada en un procedimiento de aceptación de cargos, señala que el partido fue creado con firmas falsificadas y con la inscripción de ciudadanos ya fallecidos.

Lo anterior hizo que el partido pasara de estar suspendido a cancelado, y actualmente se ordena la nulidad de cualquier acto emitido por la organización política. Esto abre dudas sobre los alcances legales y políticos de la nueva orden judicial.

#Urgente

Juez Fredy Orellana le da 2 horas al Registro de Ciudadanos del @TSEGuatemala para que declare la nulidad de todo lo relacionado a Movimiento Semilla. Fuentes que prefieren el anonimato, temen qué se busque declarar vacantes los puestos ganados por Semilla en el 2023. pic.twitter.com/kOk1wjlrag
— Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) October 24, 2025

El Registro de Ciudadanos tuvo un lapso de dos horas para cumplir la orden de Orellana, de la cual hasta ahora se desconoce si fue acatada.

También se notificó al Congreso para que tome las medidas que en derecho correspondan. El abogado Ortiz estima que esas decisiones contradicen la resolución constitucional de hace dos años.

“Esto nos trae al día de hoy, porque lo resuelto ayer por el juez Fredy Orellana entra en contradicción e incumple de forma directa lo que ya resolvió la CC en el 2023”, señaló.

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Para Ortiz, las intenciones judiciales son claras: “El juez busca afectar los cargos ya adjudicados”, lo que impactaría a todas las autoridades electas por Movimiento Semilla.

Otro punto que Ortiz destacó es que, en aquella oportunidad, la CC fue clara al especificar las competencias de cada institución: judicaturas penales en asuntos penales y Tribunal Supremo Electoral (TSE) en asuntos electorales.

“Hay una confusión del juez: confunde la jurisdicción penal para resolver materia electoral, que compete al Registro de Ciudadanos y al TSE. Eso es improcedente”, reafirmó el abogado.

A criterio de Ortiz, en caso de que las investigaciones del MP encuentren indicios sólidos para que se tomen medidas más severas contra Movimiento Semilla, estas tendrían que ser notificadas.

Es decir, el juez o el MP tendrían que reportar al TSE los nuevos hallazgos para que sea la autoridad competente quien emita órdenes o resoluciones en materia electoral.

“La nulidad, en los términos que él —Orellana— la presenta, no existe en materia electoral. Es imposible que se cumpla, porque no se puede ejecutar algo que en ley no existe”, concluyó.

Ortiz, junto a otros abogados, obtuvo el amparo que ahora busca que se garantice nuevamente. Ayer, la diputada Andrea Reyes, en representación de Movimiento Semilla, presentó otra acción similar.

La diputada Andrea Reyes, en representación de Movimiento Semilla, pide a la @CC_Guatemala que le ordene al @CongresoGuate abstenerse de atentar contra los resultados electorales del 2023, acción en respuesta a la nulidad que ordenó el juez Fredy Orellana al partido político. pic.twitter.com/WGEIqMXtvU
— Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) October 24, 2025

Junta de los 48 Cantones critica proceso judicial contra líder comunitario: “No es terrorismo defender la democracia”

Sun, 07 Sep 2025 12:00:00 +0000

Justicia

Junta de los 48 Cantones critica proceso judicial contra líder comunitario: “No es terrorismo defender la democracia”

Bernabé García, presidente de los 48 Cantones, cuestionó la acusación de terrorismo y denunció presión judicial contra defensores civiles.

José Manuel Patzán

7 de septiembre de 2025

06:00h

Durante el 2023, distintos sectores sociales efectuaron protestas contra las acciones del MP dirigidas al partido Semilla.(Foto Prensa Libre: hemeroteca PL)

Luego de que el dirigente y exvicealcalde indígena de Sololá, Esteban Toc Tzay, de 61 años, fue ligado a proceso la madrugada de este sábado 6 de septiembre, Bernabé García, presidente de la junta directiva de los 48 Cantones, señaló que la situación refleja una forma de presión sobre quienes defienden derechos civiles y democráticos, y subrayó la importancia de mantener la observancia de los procesos legales sin vulnerar la salud ni los derechos de las personas involucradas.

Toc Tzay, fue capturado este jueves 28 de agosto en la Cumbre de Alaska, cuando se dirigía a la capital para recibir tratamiento médico, según informó la Policía Nacional Civil (PNC), ya que tenía una orden de aprehensión vigente desde el 11 de abril del 2025 por los delitos de sedición, terrorismo, obstaculización a la acción penal, asociación ilícita y obstrucción a la justicia.

El líder comunitario es señalado por su participación en las protestas del 2023 contra las acciones del Ministerio Público (MP) hacia el partido Movimiento Semilla, con el cual Bernardo Arévalo ganó la Presidencia. García afirmó que “al menos se respetaron los derechos fundamentales por la salud del procesado”.

“El señor no solo está enfermo, está muy enfermo, bajo tratamiento y con hemodiálisis, pero por lo menos se le respetó parte de sus derechos fundamentales y, sobre todo, la salud”, indicó.

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García agregó que, aunque Toc Tzay ha pagado fianza y se encuentra con su familia, el proceso judicial sigue vigente.

“No lo dejaron libre, tiene medidas sustitutivas, debe firmar y en enero tiene que presentarse a la declaración. Hasta pienso que es una presión psicológica, porque, aunque ya salió, sigue latente esa presión emocional”, explicó.

Con relación con la acusación por el delito de terrorismo, García expresó su desacuerdo y cuestionó la calificación del caso. “No creo que esto sea terrorismo de verdad. Terrorismo es lo que hacen quienes nos persiguen, criminalizan y asustan al pueblo. No es terrorismo pelear porque no hubo fraude, ni golpe de Estado, ni exigir que se respete el sufragio y la democracia”, señaló.

Toc Tzay también debe presentarse a firmar mensualmente a la Fiscalía de Sololá, tiene prohibición de salir del país y de comunicarse con otras personas coimputadas en el caso, informó el medio local La Super de Sololá.

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El abogado defensor del procesado declaró a ese medio que “el caso constituye un ejemplo de criminalización de líderes indígenas”.

Durante la audiencia fueron presentados videos y audios de las protestas como pruebas en contra de Toc Tzay, que la jueza Gabriela José Espinosa consideró válidas.

“Toc Tzay habría dirigido un grupo delictivo desde por lo menos el 26 de septiembre del 2023 al 15 de enero del 2024, a través del cual habría cometido los delitos señalados y que tenía su ámbito de operaciones en la ruta Interamericana, en los departamentos de Totonicapán y Sololá, y en la zona 1 del departamento de Guatemala”, indicó el Ministerio Público (MP) mediante un comunicado.

El viernes 5 de septiembre, la Alcaldía Indígena de Sololá también organizó una manifestación en rechazo a la detención del dirigente comunitario.

Los manifestantes portaban pancartas con la consigna: “Libertad para Esteban Toc”. Además, colocaron banderas negras y blancas, junto a la imagen de Toc, como parte de la protesta.

MP pide al TSE detalles sobre Raíces, el nuevo comité impulsado por exintegrantes de Semilla

Tue, 12 Aug 2025 03:05:17 +0000

Justicia

MP pide al TSE detalles sobre Raíces, el nuevo comité impulsado por exintegrantes de Semilla

El MP pidió al TSE datos sobre Raíces, agrupación en formación integrada por exmiembros de Semilla que busca participar en las elecciones del 2027.

Henry Montenegro y César Pérez Marroquín

11 de agosto de 2025

21:05h

Sede central del MP en el barrio Gerona en la zona de la capital. (Foto: Hemeroteca PL)

El Ministerio Público solicitó al Departamento de Organizaciones Políticas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) información relacionada con el estatus actual de Raíces, comité para la formación de un nuevo partido político que busca convertirse en la alternativa del oficialismo para las próximas elecciones.

El Departamento de Organizaciones Políticas del TSE respondió al ente investigador que aún se encuentra en el proceso de revisión de la minuta, requisito previo para que Raíces pueda escriturar su constitución como comité pro formación de partido político.

El grupo, integrado en su mayoría por exmiembros del partido cancelado Movimiento Semilla, celebró su primera asamblea el 25 de mayo último y remitió el acta al TSE con el fin de recibir el aval y así continuar el proceso hacia su constitución con miras al proceso electoral del 2027.

Actualmente, el secretario general del comité es el legislador oficialista Samuel Pérez. También lo integran otros diputados, entre ellos Andrea Villagrán, Andrea Reyes, Román Castellanos y Laura Marroquín.

“Estamos apenas en el primer paso para constituir Raíces y ya nos tiene pánico el MP y los enemigos de Guatemala. No nos van a detener”, publicó Pérez en sus redes sociales, en respuesta al requerimiento de información.

Por ahora, no se han revelado detalles sobre las razones del nuevo requerimiento del ente investigador.

Cabe recordar que el MP presentó en su momento una investigación contra el Movimiento Semilla por presuntas irregularidades en la adhesión de unas cinco mil personas a esa agrupación política.

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Programan para el miércoles audiencia de primera declaración para Angelita Martínez, sindicalista del TSE

Tue, 17 Jun 2025 22:12:58 +0000

Justicia

Programan para el miércoles audiencia de primera declaración para Angelita Martínez, sindicalista del TSE

Angelita Martínez, jefa de archivo del TSE y sindicalista, fue capturada por supuestos delitos de abuso de autoridad, falsedad material y usurpación de calidad.

Elmer Vargas y César Pérez Marroquín

17 de junio de 2025

16:12h

Angelita Martínez, jefa de Archivo del TSE, permanece en la carceleta de la Torre de Tribunales, donde este miércoles se celebrará su audiencia de primera declaración. (Foto Prensa Libre: Daniel Samayoa)

La orden de captura contra Angelita Martínez, jefa de la Unidad de Archivo General del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y sindicalista, fue girada por los delitos de abuso de autoridad en forma continuada, falsedad material y usurpación de calidad, según fuentes judiciales.

La detención de Martínez se dio durante los allanamientos de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), en el caso Semilla.

El juez Fredy Orellana únicamente informó los motivos de detención y programó la audiencia de primera declaración para este miércoles 18 de junio.

Durante la audiencia, la fiscal Leonor Morales hizo referencia a las declaraciones dadas por Martínez a medios de comunicación, en las que afirmó que era testigo protegido dentro del expediente judicial del caso Corrupción Semilla.

Morales indicó que Martínez no fue aceptada bajo esa figura procesal y, previa autorización del juez Orellana, la cuestionó sobre sus declaraciones. Martínez respondió que, según el Ministerio Público, sí había sido aceptada como testigo protegido.

El juez Fredy Orellana se refirió a la figura de testigo protegido y afirmó que en el expediente no existe ninguna persona con esa calidad. Será hasta este miércoles cuando se conozcan los hechos que se le imputan a Martínez. El juzgador resolvió también que permanezca en carceletas de la Torre de Tribunales hasta el desarrollo de la audiencia de primera declaración.

Sala debe resolver amparo contra juez Fredy Orellana; representantes de Semilla exponen argumentos

Fri, 04 Apr 2025 22:09:25 +0000

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Representantes del Movimiento Semilla defienden legalidad del partido, mientras el jefe de la Feci dice que dicha agrupación ya es historia.

César Pérez Marroquín y Elmer Vargas

4 de abril de 2025

16:09h

La Sala Tercera de Apelaciones, durante la audiencia por un amparo contra el juez Fredy Orellana, quien conoce el caso Corrupción Semilla. (Foto Prensa Libre: Carlos Ochoa)

La Sala Tercera de Apelaciones celebró este viernes 4 de abril una audiencia pública para conocer un amparo interpuesto contra la resolución del juez Séptimo de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana, relacionada con la cancelación del partido Movimiento Semilla.

A la audiencia no acudió el Ministerio Público (MP), que evacuó sus argumentos por escrito el jueves anterior. Tampoco se presentó ningún representante del juez Fredy Orellana.

La diputada Andrea Reyes, quien actúa como representante del Movimiento Semilla, afirmó que existen dos recusaciones contra el juez Orellana que aún no han sido resueltas.

Agregó que es la primera vez que se les permite exponer sus argumentos en una audiencia.

Esperamos una resolución conforme a derecho, que permita la restitución de los derechos del partido, de los miles de afiliados y de las estructuras legales del país, porque estamos organizados con base en la Ley Electoral, expresó Reyes al concluir la audiencia.

También se refirió a las declaraciones del fiscal Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), respecto a la cancelación del partido, y señaló que estas buscan desinformar a la población sobre la vigencia de la agrupación política.

Añadió que aún disponen de recursos legales para mantener vigente la situación jurídica del partido.

Estas personas han tratado de confundir a la gente respecto al proceso, añadió Reyes.

Curruchiche aseguró que la situación del partido Movimiento Semilla es histórica, porque fue cancelado por el juez Orellana y dicha resolución fue confirmada por la Corte de Constitucionalidad (CC).

Ya no hay más que hacer, ya la CC dijo que Semilla ya no existe, dijo Curruchiche, quien agregó que la carpeta judicial del caso sigue bajo reserva y que continúan algunos procesos de investigación.