“En Guatemala la justicia está cooptada para mantener privilegios e impunidad”: Relatora de la CIDH

La abogada argentina Andrea Pochak, vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relatora para Guatemala, brindó un panorama sobre la situación de la justicia, los derechos humanos y la democracia, así como sobre la próxima selección en la Fiscalía General.

Urias Gamarro

15 de marzo de 2026

|

11:00h

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La relatora para Guatemala, Andrea Pochak, aseguró que la próxima elección en la Fiscalía General debe ser un proceso transparente, en el que se rinda cuentas a la ciudadanía sobre a quién se elige, que sea una persona proba, intachable e incuestionable, y que la ciudadanía en general tenga confianza en que es una persona idónea para ocupar ese lugar. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relatora para Guatemala, Andrea Pochak, quien participó en el período de sesiones número 195 que se realizó en el país, brindó una amplia perspectiva sobre el sector justicia.

La relatora hizo énfasis en la alerta sobre la democracia guatemalteca, el momento crítico por la impunidad, la criminalización de opositores a la fiscalía y la debilidad del sistema de justicia, entre otros temas.

Pochak conversó con Prensa Libre este sábado 14 de marzo.

¿Cuáles son sus impresiones al terminar su visita?

En mi carácter de relatora de Guatemala, hemos podido seguir monitoreando algunas de las situaciones que nos preocupan en derechos humanos, algunos de los desafíos más importantes que enfrenta Guatemala en materia de derechos humanos y democracia.

Esta semana fue una oportunidad para poder tener reuniones, entrevistas y visitas que nos permiten seguir confirmando que Guatemala enfrenta un momento muy particular en su democracia. Enfrenta un momento de enorme dilema.

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Es el momento para seguir profundizando la crisis o seguir profundizando el deterioro de la democracia o, por el contrario, avanzar y mejorar la situación de la democracia y de derechos humanos.

Están atravesando en este momento el pueblo y la sociedad guatemalteca en su conjunto un dilema que ojalá lo puedan asumir para el lugar correcto.

¿Qué implica?

Es que la democracia en Guatemala se encuentra seriamente debilitada, seriamente en crisis, y es importante tomar en cuenta eso.

En nuestros países, en general, ya no enfrentan tanto el desafío de los golpes de Estado como lo enfrentaban en otros momentos, de cortes abruptos de la democracia. Lo que estamos viendo —ahora— en muchos países de la región, y también en Guatemala, es un deterioro paulatino de la democracia.

¿Es generalizado en la región?

En muchos países de la región se advierte un deterioro paulatino de la democracia. Pero en Guatemala hay una crisis que se viene arrastrando hace muchos años, que tiene que ver con el uso espurio del sistema penal de la justicia por parte de ciertos sectores para, por un lado, mantener la impunidad y el status quo, la desigualdad y los privilegios; y por otro lado, hostigar a quienes levantan la voz, a quienes se enfrentan, a quienes quieren ejercer sus derechos.

Esto pone en crisis a la democracia.

Las democracias no solamente están en crisis cuando hay un poder político autoritario, cuando hay un poder ejecutivo o un poder legislativo autoritario. Las democracias están en crisis también cuando hay un Poder Judicial, un sistema judicial, un Ministerio Público que se ejerce de manera autoritaria y no tiene ningún tipo de control.

Esta es la profunda crisis democrática que tiene Guatemala y que tiene que revertir; tiene la oportunidad de revertir en este momento con un sistema de selección de nuevas autoridades, pero también llevando adelante una profunda reforma del sistema judicial.

¿Cómo evalúa la independencia de los operadores de justicia?

Hemos venido advirtiendo desde muchos años, lo hemos confirmado tras la visita del 2024 y en el informe del 2025; lo ratificamos ahora con las reuniones y las visitas que hemos hecho, que en Guatemala no hay independencia judicial, que hay un sector muy importante de la justicia que está cooptada por determinados intereses, por determinados sectores, que hacen que la justicia no sea independiente. Y eso pone en crisis al sistema democrático en su conjunto.

Confirmamos en la visita e informe pasado y también ahora que el sistema judicial en general en Guatemala es ineficiente; por un lado, hay fuertes índices de impunidad frente al crimen organizado, al delito ordinario, frente a la corrupción. Impera la impunidad frente a los crímenes del pasado, del conflicto armado, crímenes aberrantes de violencia sexual, de ejecuciones, de torturas. Permanecen impunes.

Y al mismo tiempo el sistema judicial se utiliza para perseguir opositores, para perseguir voces disidentes, periodistas independientes, dirigentes indígenas, comunidades indígenas que están enteramente perseguidas simplemente por defender su derecho a la tierra.

Esta forma de utilizar el sistema penal, el sistema judicial, pone en crisis a la democracia.

¿Cómo se comprende ese índice de impunidad?

En Guatemala los grandes corruptos están impunes. Los que fueron investigados durante muchos años por robarse el dinero de la población, por malversar fondos públicos, esos grandes corruptos que durante muchos años estuvieron investigados, cuyos fondos estuvieron secuestrados, incluso algunos estuvieron condenados por la justicia, todos esos grandes corruptos están impunes.

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Y al mismo tiempo los criminales de lesa humanidad, quienes cometieron ejecuciones extrajudiciales, torturas, quienes violaron mujeres, sobre todo mujeres indígenas campesinas, quienes se quedaron con sus niños en muchos casos, todas esas personas criminales están impunes. No hay condenas por crímenes de lesa humanidad. Eso es responsabilidad de la administración de justicia.

Eso para hablar simplemente de algunos de los casos, pero también hay índices de impunidad alarmantes en violencia contra las mujeres, hay impunidad alarmante en el crimen organizado.

La Comisión acaba de publicar una resolución sobre el crimen organizado y derechos humanos. Es fundamental robustecer las investigaciones de los fiscales, de los jueces, de los operadores.

Tienen que ser investigaciones muy inteligentes para poder dar con quien se enriquece por el crimen organizado. No solamente quien vende droga en la calle, sino quienes se enriquecen económicamente atrás de esos responsables directos. Entonces hay muchos déficits en la administración de justicia.

¿Cuáles son las situaciones que más le preocupan?

Hemos advertido que en Guatemala el sistema de justicia está orientado a perseguir a las voces independientes, a los periodistas independientes, a los dirigentes gremiales, a los dirigentes sociales, a los dirigentes indígenas, a los defensores, incluso abogados.

Abogados que están perseguidos por la justicia simplemente por ejercer la defensa de una persona.

Esto es inadmisible. Hay una criminalización arbitraria. Es una práctica generalizada en Guatemala.

Entonces esto es lo que a nosotros más nos llama la atención. Que no puede ser que haya personas que están investigadas por participar en una protesta pacífica y estén acusadas del delito de terrorismo. Eso es una arbitrariedad absoluta.

Es el uso absolutamente desproporcional del derecho penal. No puede ser que una persona que haya sido fiscal en este país investigando grandes hechos de corrupción esté acusado simplemente por llevar adelante su trabajo y que esté preso hace tres años, como en el caso de Stuardo Campo.

Estos son hechos aberrantes que demuestran cómo el sistema penal se utiliza con fines espurios. Esto no es una forma democrática de garantizar justicia. Esto no es una forma democrática de utilizar un poder tan importante que tienen los Estados como el poder penal, como el poder punitivo, que en este caso se utiliza para perseguir arbitrariamente.

Esta semana se refirió específicamente sobre el sistema de justicia y procesos de cooptación de instituciones. ¿Cómo se ve esta cooptación?

Es un poco lo que estoy demostrando. El sistema de justicia, el Ministerio Público en articulación con ciertos sectores del Poder Judicial, están orientando su trabajo a, por un lado, mantener la impunidad de los grandes criminales, de los grandes responsables de la corrupción y de la criminalidad organizada y de los crímenes de lesa humanidad.

Están orientados a garantizar impunidad. Y por otro lado, están organizados para perseguir a sectores vulnerables, comunidades indígenas completamente criminalizadas.

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Esto tiene un efecto silenciador, un efecto de amedrentamiento evidente para que las comunidades indígenas, los pueblos indígenas de Guatemala, dejen de manifestarse por sus derechos, dejen de reclamar por sus derechos. Tiene un fin claro: criminalizar a comunidades indígenas implica desarticular su lucha por el derecho a la tierra.

Esto es inadmisible en una democracia.

Pero al mismo tiempo, en Guatemala vemos, como en ningún otro país, cómo operadores judiciales que fueron independientes, probos, que llevaron adelante su trabajo con mucho compromiso para investigar crímenes, para investigar la corrupción, hoy son los que están siendo perseguidos.

Quienes deberían ser los que persiguen el delito están en la cárcel o están en el exilio o fueron retirados de sus funciones, fueron removidos hasta lugares distintos a los que estaban trasladados.

Entonces, esto tiene una finalidad clara, que es mantener ciertos privilegios, mantener la impunidad, mantener la corrupción como regla imperante en el país.

¿Cuáles serían sus principales recomendaciones?

En primer lugar, Guatemala enfrenta en este momento un dilema con el proceso de selección de las autoridades. En este caso, ahora está en curso todavía la selección de la titularidad de la Fiscalía General.

Este proceso tiene que ser un proceso transparente, tiene que poder rendir cuentas a la ciudadanía de a quién se elige, que sea una persona proba, intachable, incuestionable, que la ciudadanía en general tenga confianza en que es una persona idónea para ocupar ese lugar. Y todo tiene que ser transparente; un proceso absolutamente público de cara a la sociedad.

Por otro lado, el proceso de selección es clave, pero no alcanza. Podemos tener en los lugares personas muy probas, muy honestas, pero luego, si no cambian la institucionalidad, si no cambian las metodologías de trabajo, esto se puede repetir.

El funcionamiento del Ministerio Público, por caso, es un funcionamiento equivocado, es un funcionamiento ineficaz, porque no es capaz de perseguir el delito, tiene procedimientos arbitrarios en el manejo de los fiscales, en la organización del trabajo, que persigue, que puede mover fiscales, trasladarlos arbitrariamente. Tiene un manejo muy poco transparente administrativamente.

Entonces, hay varias cosas que hay que modificar. No alcanza solo con modificar las personas, sino que hay que modificar la institucionalidad.

Es un momento clave. Hacemos un llamamiento a las autoridades guatemaltecas y también al pueblo guatemalteco para que puedan aprovechar este momento que la democracia requiere. Es el momento de tomar el rumbo correcto.

¿Cómo se debe garantizar?

Lo primero que hay que hacer, y la comisión lo dice en su informe del 2025, es hacer un informe, un diagnóstico, una rendición de cuentas de lo que pasó con el Ministerio Público en los últimos años.

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Y poder advertir. Nosotros lo hicimos en nuestro informe, pero entendemos que también las autoridades guatemaltecas tienen que hacerlo con una mirada muy objetiva y muy independiente, una revisión exhaustiva de lo que ha pasado con la justicia en los últimos años.

Que eso tiene que implicar cómo han sido los procedimientos para que estas cosas no vuelvan a ocurrir.

Hay muchas recomendaciones. La sociedad civil en Guatemala es muy organizada, muy especializada, que ha hecho muchos trabajos muy serios de diagnóstico de la justicia.

Hay que prestarles atención a los que saben. Hay que escuchar las voces de la sociedad civil, que tienen mucho que decir en este tema.

¿Cuál es su escenario para Guatemala en los siguientes dos o tres años?

Siempre tenemos la esperanza de que se puedan fortalecer las instituciones democráticas, que se pueda abandonar esta crisis democrática que atraviesa Guatemala.

No es solamente un tema de elecciones. La democracia no es solamente de elecciones libres, ¿no?, y del poder político, que son muy importantes.

Lo vemos en muchos países, donde a veces no hay elecciones transparentes, libres. Las elecciones libres son el primer paso, pero no es suficiente. Todas las instituciones del Estado tienen que actuar con criterio democrático.

Tienen que entender que forman parte de un sistema que se controla a sí mismo, ¿no?, que los distintos poderes controlan al otro, que no puede haber un poder por sobre otro, que no puede utilizarse el poder del Estado para avasallar derechos de la ciudadanía.

La Cámara de Amparos y Antejuicios resolvió el caso el pasado 21 de octubre y notificó este viernes al Ministerio Público (MP), anula por el momemto la decisión que dictó durante septiembre la Sala de Apelaciones del Ramo Penal de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio que ordenó separar al juzgador de estos casos.

“Aún cabe una apelación. Con el amparo provisional, sin embargo, no puede impugnarse ninguna disposición del juez ” comentó una fuente de la unidad de Extinción de Dominio del MP.

Según los argumentosPérez Molina, al presentar la recusación del juez Villeda, éste emitió opiniones donde evidenciaba que “claramente” se pretendía extinguir los bienes “no importando que los mismos hayan sido adquiridos en los años noventa”.

Sesenta y siete bienes tienen medidas cautelares o han sido extinguidos. La mayoría pertenece al exbinomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, y otros, al ex secretario privado de la Vicepresidencia Juan Carlos Monzón, según la Fiscalía contra el Lavado de Dinero.

 César Calderón, abogado defensor de Pérez Molina, afirmó que la resolución será apelada.

El caso

La Sala dio a conocer su resolución con la que dio la razón a la defensa de Pérez Molina, que alegaba que el juez Villeda emitió opinión en el caso La Línea, por lo que sus fallos podrían no ser objetivos.

La recusación había sido presentada por la defensa del exmandatario a inicios de este mes, que buscaba separar al juez Villeda de los casos pendientes de resolver, sobre los bienes del expresidente.

Según los argumentos del propio Pérez Molina, al presentar la recusación del juez Villeda, éste emitió opiniones donde evidenciaba que “claramente” se pretendía extinguir los bienes “no importando que los mismos hayan sido adquiridos en los años noventa”.

Peligro de fuga: Las facilidades que cuentan los sindicados de movilización les permite ocultarse o abandonar el país.

Además no han demostrado la voluntad de someterse a la persecución penal y de afrontar las consecuencias como corresponde a un debido proceso.

Obstaculización a la averiguación de la verdad: Aún se necesita recolectar evidencias y/o ubicar testigos para profundizar la investigación que se ha realizado hasta ahora de manera reservada. Dichas diligencias pueden ser entorpecidas por los sindicados, quienes tienen la capacidad y perfil de influir de manera negativa en el desarrollo de las pesquisas.

La semana anterior el juez Gálvez beneficio con arresto domiciliario, como medida sustitutiva a 16 personas, entre ellas, supuestos financistas del Partido Patriota y personas de confianza del exbinomio presidencial sospechosos participar en la Cooptación del Estado de Guatemala.

Los beneficiados con la medida del juez: .

1. Alberto Rafael De León Escobar: financiamiento electoral ilícito.
2. Álvaro Mayorga Girón: financiamiento electoral ilícito.
3. Ana Graciela López Gálvez: financiamiento electoral ilícito.
4. Boris Alberto Linares Juárez: financiamiento electoral ilícito.
5. Boris Orlando Navas Aguilar: financiamiento electoral ilícito.
6. Denis Benjamín González Zepeda: financiamiento electoral ilícito.
7. Denis Leonel Linares Juárez: financiamiento electoral ilícito.
8. Edín Raymundo Barrientos: lavado de dinero.
9. Edna Maribel Berganza Colindres: financiamiento electoral ilícito.
10. Juan Luis Ortiz Álvarez: financiamiento electoral ilícito.
11. Julio Alejandro Quinto Tobar: financiamiento electoral ilícito.
12. Marco Antonio Recinos Sandoval: financiamiento electoral ilícito.
13. Mario René Cano Gutiérrez: lavado de dinero.
14. Max Roberto Burgos Faillace: financiamiento electoral ilícito.
15. Rafael Enrique Cetina Gutiérrez: lavado de dinero.
16. Rudy Geovani Navas Siliézar: financiamiento electoral ilícito.

Audiencia

El pasado 27 de julio, el juez Miguel Ángel Gálvez ligó a proceso a 53 sindicados del caso Cooptacón, los exgobernantes Otto Fernando Pérez Molina e Ingrid Roxana Baldetti Elías figuran en la lista donde también están los nombres de empresarios, contratistas y otros exfuncionarios del gobierno del Partido Patriota.

Pérez Molina y Baldetti son señalados de liderar una estructura criminal que acaparó varias instituciones del Estado guatemalteco con el objetivo de enriquecerse de manera ilícita.

Ante tal posibilidad, la jefa del MP dijo que espera que el Estado de Guatemala le garantice seguridad y el pleno ejercicio de sus funciones.

Además, indicó que el jefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Jorge de León Duque, estuvo este viernes en la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar medidas cautelares en su favor.

“Son medidas en cuanto a garantizar el pleno ejercicio de mis funciones, sin presiones, como fiscal general y jefa del Ministerio Público, y de garantizar la seguridad de mi familia y mía”, explicó Aldana.

No descartó que también pueda planearse un atentado en contra de su familia.

“Tenemos elementos que nos han llevado a creer en esa posibilidad. Es una posibilidad, es una hipótesis que manejamos”, añadió la fiscal general, previo a comentar que también el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, también ha sido amenazado.

Respecto al origen de las amenazas, la jefa del ente investigador respondió: “Tenemos alguna idea de dónde pueda provenir este tipo de amenazas”.

“Es difícil decir si me siento segura ante los últimos acontecimientos. Yo voy a seguir con mi función, como he hecho hasta el día de hoy”, añadió, y cuando Del Rincón le preguntó si “se rajaba”, Aldana respondió: “Para nada”

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Baldetti y Monzón sabían lo que hacían

La fiscal general fue cuestionada del señalamiento que la exvicepresidenta Roxana Baldetti le hizo esta semana, de que recibió “en cinco minutos” a su entonces secretario privado, Juan Carlos Monzón, en un tono de que habría tráfico de influencias.

Thelma Aldana: cuando Baldetti me pidió la reunión para Monzón yo no sabía que ella dirigía una estructura criminal. pic.twitter.com/7LVneSzJz1

— Prensa Libre (@prensa_libre) June 25, 2016

“Yo tenía diez días de estar en el MP y me dice –Baldetti– que tenía urgencia de recibir a su secretario privado. Yo creí que era una urgencia puesto que me lo decía la vicepresidenta de la República, yo no sabía que ella era la jefa de la estructura criminal que estaba asaltando al Estado de Guatemala”, explicó Aldana.

Narró que Monzón le preguntó si había alguna investigación abierta en contra de su esposa, y que no quería que trascendiera públicamente, pero no era posible que ella, con diez días de haber asumido como fiscal general, conociera si había una investigación.

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Aldana agregó que en 2014 no había ninguna investigación abierta contra Monzón ni Baldetti, por lo que, “por sentido común”, no podía haber tráfico de influencias, además de que recibía a testigos, criminales, abogados y querellantes, por ser parte de sus funciones.

“Dos años después, uno ve que ellos sí sabían que eran parte de estructuras criminales. Y quizá Monzón me llegó a preguntar eso para que yo  les dijera si había investigaciones”, afirmó la fiscal general.