James Robinson, politólogo y economista, será uno de los exponentes del Enade 2019. Es coautor del libro "Por qué fracasan los países" y hace una reflexión lo que se percibe fuera del país acerca de Guatemala.
Nunca antes nuestro país había estado tan polarizado y, encima de todo, ahora con los precios de los principales productos de exportación por los suelos. Dentro de las decisiones más coherentes que pudo hacer el Ejecutivo fue la de apostarle a la conservación del empleo, dejando de aumentar el salario mínimo que había sido inflado tanto en los últimos gobiernos, pues somos uno de los países más caros para generar una plaza de trabajo en América Latina, aún y cuando tenemos a más del 75% de los trabajadores en la informalidad o con trabajos en condiciones precarias.
El término “instituciones” figura de manera prominente en discusiones sobre desarrollo económico, política, gobierno, conflictividad y, en general, lo pertinente al acontecer social. Encuentro que es frecuente la confusión entre instituciones y organizaciones y es usual que se piense que estos términos son sinónimos, cuando no lo son. Se habla de la calidad de las instituciones, su fortalecimiento o reforma, cuando en realidad quizás se hace referencia a organizaciones. ¿La Corte Suprema de Justicia, el Congreso y el Ministerio de Finanzas son instituciones? La respuesta es no, son organizaciones, el resultado de determinadas instituciones. La Constitución Política de la República de Guatemala, en cambio, sí es una institución.
En las actuales circunstancias de la vida institucional, se presentan dos niveles de problemas: la coyuntura y el largo plazo. Los dos deben empalmar.
“El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona…” texto de los artículos 1 y 2 de la Constitución Política de Guatemala, decretada el 31 de mayo de 1985. Sin duda hermosos postulados desde entonces incumplidos, en uno y mil aspectos de nuestra vida nacional.
Desde que el gobierno de la Democracia Cristiana Guatemalteca (1986-1991) utilizó las llamadas “plazas públicas” para remunerar a sus activistas y partidarios, se sentó un antecedente nefasto. No es que con anterioridad no haya habido casos de nepotismo, de “compadrazgos”, de partidismo —sobre todo en las esferas más altas de las administraciones públicas—, pero nunca en la escala con que se hizo por primera vez en aquella ocasión. De ahí en adelante, el problema ha ido, con algunos altibajos, a peor.
Carlos Contreras, presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), asumió la Presidencia Pro Témpore del Consejo de Instituciones de Seguridad Social de Centro América y República Dominicana (CISSCAD) durante la XXXIX Asamblea Ordinaria celebrada el 6 de marzo en Antigua Guatemala.
Un informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), refleja la drámatica realidad de la violencia en sus distintas formas de la que son víctimas los niños, niñas y adolescentes; y como sus derechos son vulnerados en la región de las Américas.
Los menores de edad se ven afectados en sus derechos en contextos de inseguridad, violencia y actuar del crimen organizado, pero además se les percibe como victimarios y responsables por el clima de inseguridad, señala una de las conclusiones del informe Niñez, violencia y crimen organizado, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Plan Internacional.
El reciente “destape” del Caso TCQ, donde todavía no se hacen públicos datos e información que seguramente el MP y la Cicig expondrán oportunamente, aconseja ser prudentes y no adelantar juicio sobre el mismo, ya que seguramente arrojará muchas sorpresas. Eso sí, las instituciones investigadoras, las judiciales, pro transparencia, la prensa y ciertas bancadas del Congreso hacen su trabajo, algo que todos esperamos, exigimos y agradecemos.
