Quienes hayan utilizado una radio seguramente hayan experimentado como hasta que se ajustan los controles y se evitan obstáculos a la buena recepción, como muros y recintos cerrados, se produce una estática que impide escuchar con claridad lo que se transmita por otros. Creo que, en cierto modo, lo mismo ocurre en la vida política de un Estado cuando se mezclan dos tipos de discursos políticos, uno enfocado en la coyuntura y otro, más bien, en problemas del largo plazo.

Creo que el hecho de que sea indispensable tomar decisiones de coyuntura y, por consiguiente, que sea necesario que el proceso político funcione para resolver situaciones del presente y del corto plazo, conlleva un cierto discurso político. Tanto los órganos deliberativos, —como el Congreso—, como los órganos ejecutivos, —como los ministerios—, formulan iniciativas de ley y políticas públicas, proponen proyectos, desarrollan programas y, a cambio, reciben críticas, enfrentan oposición y cuestionamientos, etcétera.

Pero al mismo tiempo, el hecho de que las instituciones del Estado, en general, enfrenten problemas de fondo, genera otro discurso político en paralelo. La circunstancia de que la estructura institucional del Estado dé muestras de agotamiento, produce una serie de debates públicos que, igualmente, tienen por objeto reformas constitucionales, legislativas, políticas públicas , etcétera.

Encima, hay temas convergentes. Por ejemplo, la criminalidad organizada, la corrupción y la impunidad. Cada uno de esos problemas tiene que abordarse tanto desde la perspectiva coyuntural y de corto plazo, como también desde la perspectiva de una reforma institucional del Estado, para el largo plazo.

En algunos casos, las diferencias de opinión se suscitan porque las partes encontradas tienen en mente la otra perspectiva. Cuando se enfoca el problema de la corrupción, por ejemplo, las medidas que sean razonables y adecuadas para la coyuntura bien pueden ser inconvenientes para el largo plazo o, simplemente, irrelevantes.

Del mismo modo, cuando se analiza un tema como el de los partidos políticos, de cara al siguiente proceso electoral, puede que baste con regular mejor, por ejemplo, la llamada “democracia interna”; sin embargo, para el largo plazo es necesario concebir un marco normativo que dé nacimiento a otro tipo de intermediarios del poder entre los ciudadanos y los poderes públicos.

Pues bien, creo que es muy importante que a las autoridades instituidas se les reconozca la legitimidad y se les conceda el beneficio de la duda en todo lo que concierne a la coyuntura, porque la situación de “agotamiento institucional” del Estado guatemalteco no es su responsabilidad específica. En mi opinión comparten con los demás sectores de la vida política del Estado la responsabilidad de concurrir al análisis y discusión del proceso de reforma institucional que, creo yo, es impostergable. Uno de los síntomas que con mayor dramatismo y gravedad demuestran lo que afirmo es el éxodo de guatemaltecos que emigran ilegalmente hacia Estados Unidos. Huyen de la violencia criminal, de la impunidad, de la corrupción y asumen riesgos descomunales para conseguir cualquier oportunidad que fuera de ganarse la vida en paz y con seguridad personal. Los poderes públicos y todos los sectores de poder real del Estado deben reaccionar.