A los 529 proyectos nuevos se suman los 273 que no fueron concluidos en el 2019 y que continuarán en ejecución con recursos ya asignados. En total son 18 rubros para los que se tiene un presupuesto de Q13 mil 82 millones 294 mil 171.

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El transporte es una de las prioridades de la inversión social proyectada para este año, con 198 proyectos en todo el país, el 37 por ciento del total, y un presupuesto asignado de Q10 mil 642 millones.

Entre esos proyectos, para este año se asignaron Q37 millones 623 mil 41 a la construcción del libramiento de Chimaltenango, un tramo de 15.323 kilómetros que atraviesa la cabecera de Chimaltenango y El Tejar para hacer más ágil el tránsito por ese sector.

Esta cantidad se suma a los Q657 millones 147 mil 968.37 que se asignaron a ese proyecto del 2014 al 2019.

Sobre el Libramiento, la Contraloría General de Cuentas informó el 30 de enero de este año que hay 10 hallazgos de anomalías en su construcción y aún se evalúan denuncias penales al respecto, pero también habría sanciones administrativas.

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La auditoría que hizo la Contraloría tardó 70 días y comenzó luego de varias denuncias públicas por posibles deficiencias en la construcción de ese tramo.

La Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público también hace una investigación sobre la obra.

El segundo mayor presupuesto para obra social está destinado al sector agropecuario, con Q766.2 millones para 15 proyectos, aunque hasta este jueves 6 de febrero no se había asignado nada de ese monto.

Aquí se incluyen subsidios y créditos para la compra de tierras y capital semilla para el arrendamiento de propiedades.

Proyectos con más inversión:

Transporte

• Q400 millones para la ampliación de la infraestructura portuaria y profundización del muelle sur y enlace del muelle principal en Puerto San José, Escuintla.
• Q390 millones para la construcción del tamo 5 de la carretera Anillo Regional, que conecta San Juan Sacatepéquez, Guatemala, San Raymundo, Chuarrancho, ruta al Atlántico, Sanarate y El Progreso.
• Q16 millones para la construcción de un distribuidor vial a desnivel en la entrada a la colonia Satélite, Mixco, Guatemala, en el kilómetro 19.2 de la ruta a occidente.
• Q16 millones para la construcción de un paso a desnivel en la ruta Interamericana, en el retorno a San Lucas Sacatepéquez.
• Q2 millones 550 mil para la construcción del libramiento  entre San Bernardino, Mazatenango y Cuyotenango, Suchitepéquez, incluido el puente Castillo Armas y con una longitud de 34 kilómetros.

Sector agropecuario

• Q2 mil 400 millones para un proyecto de manejo de bosques naturales.
• Q142 millones 783 mil 30 para la construcción de un sistema de riego en Jacaltenango, Huehuetenango.
• Q88 millones 800 mil para subsidio y crédito para la compra de tierras en las regiones norte y centro.
• Q65 millones 35 mil para un capital semilla y créditos para arrendamiento de tierras.
• Q18 millones 805 mil 524 para un subsidio para dar asistencia técnica a familias campesinas, compra de alimentos y capital de trabajo.

Además, hay proyectos para educación, agua y saneamiento, seguridad interna, cultura y deportes, medioambiente y comunicaciones.

En este último caso se trata de la construcción de un edificio para el Ministerio de Comunicaciones en la zona 13 capitalina, por un monto de Q895 mil.

Mientras que los proyectos que aún no reciben asignación presupuestaria son trabajo y previsión social, energía, ciencia y tecnología y judicial.

En total son 18 rubros para los que se tiene un presupuesto de Q13 mil 82 millones 294 mil 171, de los cuales ya se asignaron Q3 mil 656 millones 463 mil 982, pero de esto no se ha ejecutado nada.

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Priorización necesaria

Tomando en cuenta la baja ejecución del año pasado y la necesidad de una readecuación presupuestaria para el 2020, es difícil pensar que concluirán todos los proyectos, según la exsecretaria de Segeplán, Karin Solowing.

La exfuncionaria considera que es necesario hacer una priorización de los proyectos y que tanto Segeplán como el Ministerio de Finanzas deben acompañar la ejecución de los Consejos de Desarrollo y las municipalidades.

Para Slowing hay un “exceso de optimismo” al programar todas esas obras, debido a que no hay motivos para creer que se mejora la capacidad de ejecución y, además; habrá retrasos para comenzar la inversión debido a la aprobación en el Congreso de la readecuación del presupuesto.

Gabriela Ayerdi, especialista en temas de transparencia, considera que se refleja de nuevo un problema grave del sistema de gobierno, debido a la falta de conocimiento sobre cómo presupuestar la obra pública.

La especialista dice que hay mucha obra de arrastre por mala planificación y considera que la Contraloría debería emitir sanciones administrativas e incluso penales ante ese tipo de faltas.

Ayerdi afirma que también es necesaria la fiscalización ciudadana, pero aún hay dificultad debido a que los portales de información la proporcionan de forma “muy técnica y confusa”.

“Se debe informar con un lenguaje adecuado para que los ciudadanos y, principalmente vecinos que serán afectados por las obras, conozcan de los proyectos”, explicó.

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El dictamen favorable que emitió la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda redujo el monto de gasto solicitado por el Organismo Ejecutivo en Q2 mil 166 millones y propone un escenario más conservador para el gasto que asciende a un total de Q89,733 millones.

Un 67% del presupuesto de egresos va para para gastos de funcionamiento, un 17% para gasto de inversión y un 16% para pago de deuda.

Vicios de vieja data

Tres valoraciones se pueden generar a partir de estos datos.

• Se prioriza el gasto de personal y gastos de administración sobre la inversión social
• El pago de la deuda representa casi el mismo monto que el de la inversión
• El limitado monto de recursos que se destina a la inversión pública.

Esto no es nada nuevo, desde hace aproximadamente 15 años el presupuesto público muestra una dinámica expansiva en el gasto de funcionamiento, acompañada de una contracción en la inversión; rubro que ha mostrado un retroceso importante si se le compara con los presupuestos de la primera década de los años noventa.

Del 100% del gasto de funcionamiento, el gasto en masa salarial asciende al 51% del total, y el gasto de administración representa un 49%, lo que permite a las entidades públicas continuar sus operaciones.

Hasta acá, el típico análisis de sube y baja, tipo barómetro, al que tanta atención se le presta en el análisis tradicional; enfoque que no permite sacar ninguna conclusión cualitativa acerca del gasto, ya que si no se conoce qué resultados se quieren lograr con el mismo, en vano se hace tanta aritmética.

Para comprender el verdadero impacto social del gasto público, cuestión que se olvida cuando el enfoque macroeconómico o ideológico prevalece en este tipo de análisis, es preciso analizar los planes institucionales y la planificación estratégica de Gobierno que revelan los objetivos, resultados y metas que se quieren alcanzar mediante las erogaciones de las entidades públicas.

Al analizar el presupuesto desde esta perspectiva saltan a la vista los principales problemas y limitaciones del Presupuesto Nacional como herramienta para mejorar las condiciones de vida de la población.

Impactos no se conocen

En el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2020, el Gobierno estableció 24 resultados estratégicos y 57 resultados institucionales, que le dan sentido y razón de ser al gasto público.

Combinados todos los rubros de gasto que se dedican a estos objetivos solamente alcanzan un 36% del total del gasto proyectado. En otras palabras, la planificación oficial del sector público, que justifica las solicitudes de presupuesto, es incapaz de explicar qué tipo de resultados se alcanzarán con el 64% restante del presupuesto solicitado.

Esto equivale a decir que nadie sabe qué tipo de impacto social sobre los ciudadanos generan los más de Q57 mil millones restantes. Esta débil vinculación entre plan y presupuesto es uno de los factores que más afecta la efectividad (lograr los objetivos), eficiencia (en el tiempo y cantidades planificadas) y la calidad (estándares de entrega) del gasto público.

En el gasto de personal el caso es aún más serio porque hay evidencia de un claro desorden en la gestión: no se conoce a ciencia cierta la cantidad de personas que trabajan para el Estado.

Precaria planificación pública

Hay evidencia de la existencia de plazas fantasmas en múltiples entidades; abuso en la contratación de personal con cargo a renglones flexibles o de confianza; y aumentos salariales derivados de pactos colectivos que responden a presiones políticas y nada tienen que ver con criterios de desempeño del personal.

La débil vinculación entre plan y presupuesto tampoco es nueva. Desde la implementación del Presupuesto por Resultados (PpR), los proyectos de presupuesto han revelado la precaria condición de la planificación pública, que limita la posibilidad de medir el avance en el logro de las prioridades.

En este escenario, analizar si las asignaciones institucionales suben o bajan no aporta nada para comprender el aporte al desarrollo económico y social del gasto que éstas ejecutan.

En estricto sentido, si un ministerio, secretaría o municipalidad gasta más o menos que en años precedentes, no es posible decir a ciencia cierta qué condición social cambiará en la población gracias a dichos recursos.

* Irene Flores es investigadora del Cien

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Julliand, quien en nombre de la ONU lanzó severas críticas, destacó que las agrupaciones políticas deben alinear sus planes de gobierno a los acuerdos de paz, además de respetar los tratados nacionales e internacionales; de lo contrario, sería “traicionar a los guatemaltecos, y eso sí es una exigencia”.

Tras la disertación inaugural, hubo foros alternos en temáticas sociales, en tanto que aspirantes presidenciales atendieron a interesados en sus planes de gobierno.

Julliand manifestó que para las personas que se encuentran en situación de pobreza los factores siempre son falta de acceso a la salud y ausencia de servicios sociales. “Si hay un partido político que quiera dar desarrollo al país sin recaudar más fondos, está proponiendo una utopía digna de autores de ficción”, destacó, al considerar que se debe aumentar la recaudación de impuestos para mejorar la inversión social.

“Si hay un partido político que pretende resolver los problemas sin invertir en lo social, ese partido está preparando el próximo desastre que va aumentar las desigualdades”, expresó.

La coordinadora remarcó que si se compara la situación de Guatemala con la de 1984, hay progreso y mejoras en indicadores sociales, pero persisten las causas que originaron el conflicto armado interno.

“Hay que actualizar el país; la visión del pasado ya no es válida”, afirmó.

En su ponencia, la jefa de la ONU señaló que Guatemala solo ha crecido 35% en desarrollo humano desde 1980, el ritmo más lento de Centroamérica.

“El 62% de los guatemaltecos son pobres. Esta cifra sube a 80% si se observa a los pueblos indígenas”, indicó Julliand.

En cuanto a trabajo, detalló que en el sector formal solo la tercera parte de la fuerza laboral está integrada.

Candidatos presentes

Durante el foro, los candidatos a la Presidencia y a la Vicepresidencia respondieron a las inquietudes de los asistentes.

Jimmy Morales del Frente de Convergencia Nacional (FCN- Nación), remarcó: “Este país está tan dividido que tenemos dos cuerpos de bomberos”. Manifestó que su objetivo es disminuir la brecha de trabajo informal y facilitar créditos.

Mario Leal, vicepresidenciable por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), reconoció que el país no ha logrado cumplir los acuerdos, y afirmó que su partido incluye programas que faciliten el acceso a los servicios sociales.

Rodolfo Neutze, de Compromiso, Renovación y Orden (Creo), dijo: “Somos responsables de nuestro futuro”, al referirse a las protestas sociales que exigen las condiciones sociales que no se dan en el país.

Al foro no asistieron candidatos de Libertad Democrática Renovada (Líder) y Visión con Valores (Viva).