El Flujograma de la Justicia Criminal es una herramienta que mide los niveles de eficiencia del sistema de seguridad y justicia y de las instituciones que lo integran: el Ministerio de Gobernación (Mingob), encargado de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Sistema Penitenciario (SP), que regula la seguridad interna del país.
El Ministerio Público (MP) ejecuta la persecución penal pública, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) se encarga de la investigación científica forense y emite dictámenes periciales.
El Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) se constituye como defensa pública gratuita, en el ramo penal, para las personas que lo requieran, mientras que el Organismo Judicial (OJ) se encarga de impartir justicia.
A través de la eficiencia global se cuantifica el desempeño del sistema en su conjunto. El indicador establece una relación entre los casos que han salido de forma definitiva del sistema en un año determinado, expresados como una razón del total de casos que ingresaron en el año analizado, más aquellos que en años anteriores no hayan sido resueltos.
La eficiencia del sistema de la justicia criminal en Guatemala fue de 33.2% en 2018. Eso significa que de cada cien casos en el sistema, se les dio salida a 33.
Cómo se gasta en seguridad
Las instituciones que forman parte del Flujograma han experimentado un crecimiento positivo en las asignaciones presupuestarias asignadas entre 2012 y 2018.
En el 2012, el total de recursos trasladados por el gobierno central ascendía a Q5 mil 142.9 millones, y desde ese año han aumentado en términos nominales a una tasa interanual promedio de 9.3%, por lo que ascendió la cantidad trasladada en el 2018 a Q8 mil 864.9 millones —ver tabla 2—.
¿Qué resultados se han generado a partir de los recursos trasladados? es la pregunta que resalta luego de analizar las tendencias a lo largo del tiempo. Entre 2012 y 2018 las máximas autoridades de las instituciones han cambiado, así como las prioridades en sus planes estratégicos.
Al estudiar los datos se encuentran comportamientos que evidencian tanto avances como retrocesos. Al no contar con una encuesta de victimización periódica, se tiene una visión parcial de la evolución de los indicadores de seguridad —se registran denuncias—.
El número de denuncias por extorsión ha aumentado, pues pasó de cinco mil 268 en 2012 a ocho mil 672 en 2018. Ha habido una reducción en la cantidad de homicidios por año: en 2012 se registraron cinco mil 155 y en 2018 fueron tres mil 884.
El hacinamiento en el SP ha crecido. La tasa de ocupación pasó de 225% en 2012 a 352% en 2018. La eficiencia total del sistema de justicia criminal ha mejorado y pasó de 20.8% en 2012 a 33.2% en 2018. No obstante, la eficiencia institucional del MP y el OJ han tenido un comportamiento contrario. Mientras el MP ha mejorado su eficiencia entre 2012 —22.7%— y 2018 —37.7%—, el OJ ha experimentado una reducción —pasó de 26.1% en 2012 a 19.8% en 2018.
Presupuesto del 2020
El presupuesto propuesto para el 2020 asciende a la cantidad de Q9 mil 359.3 millones. Al comparar el presupuesto aprobado en el 2019 para estas instituciones con el del 2020, se observa un crecimiento total de 5.6%, equivalente a Q494.4 millones. Sin embargo, el incremento es distinto para cada institución; por ejemplo el presupuesto propuesto para el OJ es el que experimenta un mayor aumento interanual —14.9%—, que en términos absolutos representa un incremento de Q300.5 millones.
Por otro lado, el IDPP es la institución que experimenta el mayor decrecimiento relativo (-8.7%), que en monto representa una reducción de Q21.1 millones —consultar tabla 2—.
Luego de analizar los recursos propuestos surgen dos preguntas: dados los recursos que se aprueben para 2020, ¿de qué forma adaptarán las instituciones del Flujograma sus acciones estratégicas y operativas? ¿Qué resultados se pueden esperar?
Las respuestas no son sencillas. En primer lugar, porque las instituciones se verán obligadas a priorizar a partir de algún criterio; en segundo lugar, porque se necesita una priorización coordinada para alcanzar una mejora conjunta.
Para que esto ocurra es necesario desarrollar e institucionalizar un modelo en el cual se encadenen las acciones impulsadas por cada una de las instituciones, para generar un resultado común, a fin de garantizar que la suma de acciones institucionales individuales da como resultado una mejora en la situación de seguridad y justicia para los guatemaltecos.
* David Casasola es investigador del Cien
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