Delegado de la misión tripartita de la OIT expuso que consideran oportuno construir un sistema de negociación de los pactos colectivos en Guatemala

La misión tripartita de la OIT concluyó su visita a Guatemala, y uno de los delegados del sector sindical expone la necesidad de establecer un sistema de negociación de pactos colectivos, especialmente en el sector público. La misión vino para revisar la hoja de ruta acerca de la libertad sindical..

Lot Álvarez y Rosa María Bolaños

24 de agosto de 2025

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07:00h

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Entre los temas que se abordaron durante las reuniones con la misión tripartita de la OIT fue el seguimiento a la hoja de ruta de libertad sindical y negociación colectiva, informó el gobierno. Uno de los delegados brindó declaraciones al finalizar la visita. (Foto, Prensa Libre: Mintrab).

Luego de escuchar a los actores durante la visita a Guatemala y de conjugar las posturas con informes de la Comisión de Expertos, se diagnosticó —y las partes coincidieron— que se debe construir un sistema de negociación colectiva, particularmente en el sector público, afirmó el delegado de la Confederación Sindical Internacional, quien formó parte de la misión de la OIT que visitó el país esta semana.

Entre el 19 y el 22 de agosto del 2025, Guatemala recibió la visita de una misión tripartita conjunta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Confederación Sindical Internacional (CSI), con el objetivo de fortalecer los esfuerzos en la implementación de la hoja de ruta sobre libertad sindical, informó el Ministerio de Trabajo (Mintrab).

Al finalizar la visita, José Olivera, integrante de la delegación de la CSI, brindó una conferencia de prensa en la que expresó que los diferentes actores coindicen en que es necesario construir un sistema de negociación de los pactos colectivos en Guatemala principalmente en el ámbito del sector público.

Olivera explicó que representó a la delegación en nombre de la Internacional de la Educación —sector que forma parte de la CSI—, y que desde su rol como miembro del Comité Político Regional de dicha organización en América Latina, llevan cerca de cinco años trabajando de manera sistemática temas vinculados con la OIT.

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Indicó que la misión tenía un objetivo claro, explícito y documentado: acompañar el cumplimiento de la hoja de ruta, analizar los avances y los pendientes, así como evaluar las asistencias técnicas que deben continuar en los próximos meses.

Se mostró optimista tras la visita, al percibir disposición del Gobierno para impulsar transformaciones en materia de libertad sindical y negociación colectiva. Esta postura —afirmó— coincide con la visión de diálogo social promovida por las organizaciones sindicales, tanto autónomas como globales, y también por las cámaras empresariales representadas por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).

“Pocas veces tenemos esta coincidencia política que ahora tenemos que transformar en realizaciones concretas”, expresó, en referencia a que en noviembre el Consejo de Administración de la OIT evaluará el grado de cumplimiento de la hoja de ruta, que incluye desafíos estructurales.

Olivera señaló que, aunque se han registrado avances, también se identificaron problemas estructurales que requieren atención urgente y que deben ser asumidos como una responsabilidad del Estado guatemalteco en su conjunto, no solo del poder Ejecutivo, sino también del Congreso de la República, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, entre otros organismos que deben ser proactivos en la búsqueda de soluciones para garantizar la libertad sindical y la negociación colectiva como derechos humanos fundamentales.

En cuanto a los retos estructurales, destacó dos aspectos clave: la negociación colectiva en el sector público y, particularmente, la situación de los municipios.

Señaló que, al abordar la hoja de ruta, se identificaron múltiples dificultades en los procesos de homologación de pactos colectivos. Luego de escuchar a los actores y de contrastar sus posturas con los informes de la Comisión de Expertos, se concluyó —con coincidencia entre las partes— que es necesario construir un sistema específico para la negociación colectiva en el ámbito público.

Afirmó que el sector municipal genera especial preocupación por lo que implica para la convivencia democrática y el fortalecimiento del rol del Estado.

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Olivera sostuvo que en los municipios se evidencian problemas estructurales profundos, y que este punto fue incorporado en la hoja de ruta, así como en el informe final que el director de la misión presentará al Consejo de Administración en los próximos días.

Consultado sobre lo que debe mejorarse en el ámbito municipal, refirió que la misión se reunió con representantes de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), y que se observó una práctica clientelar en la función pública municipal, sin estabilidad laboral, con abusos institucionales que posteriormente derivan en procesos de reparación y reclamación, con alto costo para el Estado.

El delegado alertó sobre la problemática de los gobiernos con autonomía —como los municipales o departamentales—, donde cada cambio de administración conlleva la modificación de políticas y la destitución de trabajadores, a menudo con fines partidistas.

Citó como ejemplo a su país, Uruguay, que —según la OIT— posee uno de los sistemas laborales más avanzados, pero que actualmente enfrenta problemas similares tras elecciones locales.

Recordó que el funcionario público debe estar al servicio de la nación, no de una facción política.

A su juicio, esto obliga a discutir no solo sobre la negociación colectiva, sino también sobre el respeto a la libertad sindical, la carrera del funcionario público y la estabilidad laboral como pilares para el fortalecimiento institucional del Estado guatemalteco.

Olivera mencionó que la participación de las delegaciones tripartitas durante junio en la conferencia de la OIT en Ginebra permitió concretar esta visita, solicitada por el Gobierno en marzo.

Olivera concluyó que la misión no vino a supervisar ni a evaluar oros temas, sino a apoyar el cumplimiento de la hoja de ruta, compuesta por unos siete puntos con un eje transversal: la libertad sindical y la negociación colectiva. Esa fue la agenda prioritaria durante las 72 horas de visita.

La misión abordó el problema de forma global, incluyendo a todos los sindicatos. Uno de los temas que se discutió fue el de los pactos colectivos. Reiteró que, por mandato de la OIT, es esencial promover el diálogo social como vía para resolver los conflictos entre el Estado empleador y sus trabajadores, o entre empleadores y trabajadores en el sector privado.

El mensaje final del delegado fue un llamado a que todos los sectores sociales —tanto los responsables de gobernar como aquellos que influyen en la opinión pública— generen condiciones para que el diálogo social, con las partes sentadas en una mesa, sea el mecanismo primordial para resolver los conflictos.

Del 19 al 22 de agosto, Guatemala recibe la visita de la Misión Tripartita OIT-OIE-CSI, con el objetivo de dar seguimiento a la implementación de la Hoja de Ruta sobre Libertad Sindical.

Conoce más aquí https://t.co/7L9dLNrvP7#MintrabAvanza #UtzSamaj pic.twitter.com/1KuBNHu31t

— MINTRAB (@MINTRABAJOGuate) August 20, 2025

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Urias Gamarro

15 de agosto de 2025

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El Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala y el Ministerio de Educación mantienen un conflicto debido a la discusión del nuevo pacto colectivo sobre condiciones laborales. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

La delegación, enmarcada en el proceso de cumplimiento de la Hoja de Ruta sobre Libertad Sindical en Guatemala, sostendrá reuniones con diversos sectores.

Desde Ginebra, Suiza, participarán también representantes de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y de la Central Sindical Internacional (CSI), quienes acompañan esta auditoría solicitada en mayo pasado por el sector sindical, tras la presentación de una denuncia.

La misión estará en el país del 19 al 21 de agosto y se aclaró que su único objetivo es conocer el cumplimiento de dicha hoja de ruta.

En el sistema de la OIT, una Comisión de Encuesta representa el mecanismo sancionador ante violaciones de derechos laborales. Las implicaciones de esa medida pueden repercutir en el comercio internacional y la inversión. Actualmente, Guatemala no está en ese escenario.

Durante el primer semestre surgió un conflicto laboral entre el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) y el Ministerio de Educación (Mineduc), debido a la discusión del nuevo pacto colectivo sobre condiciones laborales, un tema que probablemente será abordado por la misión.

Reuniones clave

Durante la auditoría, la misión sostendrá encuentros con diferentes actores. Uno de los temas centrales será el análisis de los avances y desafíos en la implementación de la hoja de ruta, así como el intercambio de prioridades de acción y apoyo con el Ministerio de Trabajo (Mintrab), la Comisión Nacional Tripartita de Relaciones Laborales y Libertad Sindical, y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).

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También se prevén reuniones con representantes del Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco, los sindicatos globales y la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam).

Con la Comisión de Trabajo del Congreso de la República, se abordará la posible aprobación de reformas legislativas acordadas por los actores tripartitos. A esta reunión se sumará el presidente del Legislativo, Nery Ramos.

Asimismo, con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se tratará la protección de los derechos a la libertad sindical y la negociación colectiva, así como la efectividad de los procesos de reinstalación laboral.

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La Procuraduría General de la Nación (PGN) brindará un balance sobre la homologación de pactos colectivos, mientras que el Ministerio de Gobernación (Mingob) detallará los avances contra la violencia antisindical, la impunidad y las medidas de protección a sindicalistas en riesgo.

El presidente Bernardo Arévalo sostendrá una reunión final con la misión, en la cual se presentará un balance y se definirán prioridades de acción y apoyo técnico, con cronograma.

Interpretación técnica

El abogado José Guillermo Gándara, experto en derecho del trabajo y normas internacionales, explicó que la misión es un mecanismo extraconvencional de la OIT. Está integrada de forma tripartita por representantes de reconocida trayectoria internacional en la promoción de los derechos fundamentales del trabajo.

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Indicó que, durante los últimos 15 años, estas misiones han facilitado acuerdos importantes para Guatemala, especialmente en la formulación de la hoja de ruta sobre libertad sindical y negociación colectiva.

“Estas visitas periódicas buscan recabar información in situ de los actores sociales y gubernamentales respecto del cumplimiento de la hoja de ruta, así como de los avances en las investigaciones y judicialización de delitos cometidos contra sindicalistas”, afirmó Gándara.

Añadió que la información recabada y las recomendaciones de la misión se presentan al Consejo de Administración de la OIT para su análisis durante las sesiones anuales.

Gándara concluyó en que esta misión es importante ya que del 17 al 27 de noviembre se realizará la 355 reunión del consejo de administración de OIT donde está agendado el caso de Guatemala acerca de la queja por incumplimiento de los convenios 87 y 98 sobre libertad sindical y negociación colectiva. “La información que se proporcione a los integrantes de la misión será analizada y expuesta al Consejo”, resaltó el especialista.

El Banco Mundial y la Organización Internacional de Trabajo (OIT) dan a conocer en un nuevo estudio publicado este 31 de julio que entre un 26 % y un 38 % de los empleos de América Latina podrían verse afectados por la inteligencia artificial (IA) generativa.

Hasta 87.8 millones de empleos podrían ser afectados por la IA, así como entre el 2.0 % y un 5.0 % de puestos de trabajo estarían en posible riesgo de ser totalmente automatizados, advierten las dos instituciones.

De acuerdo con el estudio, los empleos más afectados por la IA generativa, capaz de generar texto, imágenes y otros medios en respuesta a comandos, serán los empleos formales en zonas urbanas, en manos de trabajadores con mayor educación e ingresos: asalariados y autónomos tales como vendedores, arquitectos, educadores o sanitarios.

En Guatemala y Perú se verían afectados el 31 % de los empleos, 2.27 millones y 5.54 millones respectivamente; mientras que en Chile los efectos de la IA generativa podrían ser un 37%, equivalente a 3.29 millones.

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Sin embargo, el estudio también revela que la mitad de los 17 millones de empleos en Latinoamérica cuya productividad podría mejorar con la IA se ven obstaculizados por brechas en el acceso digital y la infraestructura.

El mismo informe indica que al menos un 8 % y un 14 % de los empleos podrían mejorar su productividad sin necesidad de una total automatización.

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“Es más probable que la tecnología aumente y transforme los puestos de trabajo en lugar de automatizarlos por completo”, predice la OIT.

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La IA podría afectar el mercado laboral de países como Ecuador en un 27 % (2.28 millones de empleos) y el 38 % en Costa Rica (840 mil), ligeramente por debajo de la media de los países desarrollados del 43 %.

En cifras absolutas algunos de los países con más empleos afectados por la nueva tecnología podrían ser:

• Brasil con 37 millones, 37 % del total de trabajadores nacionales
• Colombia con 8.24 millones, un 35 %
• México con 20.48 millones, también un 35 %

El estudio no comparó los datos de Argentina, ya que estos procedieron sólo de sus núcleos urbanos, por lo que el porcentaje de empleos afectados por la IA generativa fue sensiblemente superior al del resto de países de la región, del 44 %.

“Cuando se despliegan de manera sostenible, las tecnologías digitales, incluida la IA generativa, pueden aumentar la productividad y la creación de más y mejores empleos“, dijo el economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, William Maloney.

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Invertir más para beneficiarse del cambio

Maloney explicó que para aprovechar las oportunidades de la IA es importantes que los países latinoamericanos inviertan en conectividad y habilidades, así como fortalezcan los sistemas de protección para “garantizar que nadie se quede atrás”.

El estudio concluye con recomendaciones para que la región aproveche plenamente el potencial de la IA generativa, que incluyen la implementación de programas de aprendizaje permanente para mitigar la pérdida de empleos y mejorar la productividad.

La OIT y el BM también aconsejan la mejora de los sistemas de protección social para estabilizar la transición a esta nueva tecnología, abordando las brechas de género que puedan surgir, así como mejorar la infraestructura digital e incentivar la adopción de tecnologías digitales.

La directora regional de la OIT para Latinoamérica y el Caribe, Ana Virginia Moreira, concluye que se necesita un diálogo social sólido e inclusivo para gestionar de forma eficaz los impactos de la IA generativa.

Con ello, aseguró, “se puede garantizar que el poder transformador de la inteligencia artificial se aproveche de forma responsable, abordando las necesidades de todos los trabajadores y mitigando al mismo tiempo los riesgos asociados con el cambio tecnológico”.

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El objetivo principal fue colocar de nuevo el tema sobre la mesa e impulsar la ratificación de la iniciativa 4981, que se encuentra en el Congreso de la República, pendiente de su tercer debate, la cual tiene como propósito dignificar las condiciones de trabajo de aproximadamente 300 mil trabajadores.

Las trabajadoras del hogar continúan con bajos salarios y sin protección social en su mayoría, en desigualdad de condiciones y una difícil fiscalización para el cumplimiento de sus derechos por parte del Ministerio de Trabajo, afirmó Floridalma Contreras, presidenta del Sindicato de Trabajadoras Domésticas (Sitradomsa).

“Hay una subvaloración general de estas tareas, a las que se dedican un gran porcentaje de mujeres”, afirmó Luis Linares, coordinador del proyecto de trabajo decente para todos, de Asíes.

María Isabel Salazar, viceministra de Trabajo, expresó que “deben prevalecer las conquistas jurídicas en materia de legislación”, porque el Código de Trabajo ya incluye algunos aspectos de protección hacia este segmento, pero está disperso.

Sin embargo, aclaró que la ratificación del Convenio 189 es importante, pero debe ir acompañada del cumplimiento de la ley vigente, por lo tanto, consideró que debe ser un complemento y no un “obstáculo”.

Salazar enfatizó que es necesario fortalecer a la Inspección General de Trabajo para atender los casos del trabajador doméstico.

Desempolvar iniciativa

La Iniciativa 4981 fue presentada en enero de 2016. Dispone aprobar el convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos, número 189 de la OIT.

Entre los aspectos clave de este convenio están la fijación del salario mínimo, reformas al Código de Trabajo en los artículos 162 a 164, facilitar la labor de inspección con acceso a los domicilios, entre otros.

Sergio Estuardo Matta, presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso, dijo que la Iniciativa 4981 tuvo un dictamen favorable en marzo de 2016. Ese mismo año quedó en segunda lectura y ya no tuvo seguimiento.

“Estoy interesado en desempolvar esta iniciativa para que sea una realidad, es de suma importancia para el país pues se vulneran derechos de estos trabajadores”, enfatizó el legislador.

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Por su parte, Contreras indicó que el Congreso tiene en sus manos ratificar esta iniciativa para que siga el curso en su tercera lectura, y solicitó al diputado Matta el poder socializarlo en la Comisión de Trabajo.

“Llevamos 30 años desde el movimiento de mujeres luchando para que las trabajadoras sean dignificadas, pero el programa Precapi del IGSS es un desastre, puesto solo atiende accidentes y maternidad”, señaló Contreras.

En ese sentido, Linares resaltó que existe poca información sobre el programa del Precapi y enfatizó que el IGSS debería brindar la oportunidad a aquellos empleadores que desean cubrir la afiliación plena para el trabajador doméstico, pero la institución solo acepta a partir de tres o más trabajadores.

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Sin embargo, en Guatemala no existe una relación laboral formal entre las plataformas tecnológicas y los “socios”, “aliados” o “contratistas independientes”, como les llaman las empresas.

Según el último informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las plataformas digitales pueden crear nuevas oportunidades de empleo, pero distorsionan el concepto entre empleado y autónomo.

Fernando García Granara, especialista de la OIT en Legislación Laboral y Diálogo Social, analizó que existen deficiencias en cobertura a la seguridad social, como el acceso al seguro por enfermedad, a prestaciones por accidente de trabajo, invalidez o pensiones, y también exposición a riesgos de seguridad y salud, que se han hecho más evidentes durante la pandemia del covid-19.

 Precedentes

La semana pasada se reveló que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) investiga a las aplicaciones de reparto y de transporte, con el objetivo de que formalicen su sistema tributario.

Por otro lado, los tribunales de justicia de países de Europa como Reino Unido e Italia han exigido a plataformas como Uber, Uber Eats, Deliveroo y Just Eat regularizar y reconocer a los repartidores y conductores como trabajadores.

En el Reino Unido, un tribunal dictaminó que la empresa Uber debe reconocer como empleados a los conductores, hasta ahora considerados colaboradores independientes, con lo que tendrán derecho a salario mínimo y vacaciones pagadas. El fallo sienta un precedente para transformar el modelo de negocio en los países en donde opera ese sistema.

García considera que cada país puede adoptar medidas y estrategias dirigidas a mejorar la protección laboral y social de los trabajadores de plataformas digitales.

Para ello se requiere una evaluación de la situación de las plataformas y de los trabajos que se crean, a fin de brindar una respuesta de política, medidas y regulación normativa, recomendó el especialista.

Prensa Libre consultó al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, encargado de velar por que se cumplan las normativas laborales en el país, pero la respuesta fue que aún están elaborando un análisis técnico sobre el tema.

García agregó que existe necesidad de conocer y tener información sobre la situación de las plataformas, empresas y trabajadores de estas en sus diferentes tipos, a fin de brindar una supervisión y promover el acceso a condiciones de trabajo decente.

“El conocimiento de la situación y las políticas deben permitir desarrollar respuestas y mecanismos de protección laboral y de supervisión, justamente dirigidas a la protección y a evitar situaciones de precariedad”, enfatizó el especialista de la OIT.

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“Son independientes”

Consultada Carolina Coto, gerente de Comunicación de Uber Centroamérica y el Caribe, afirmó que los socios conductores y socios repartidores que utilizan las aplicaciones Uber y Uber Eats son considerados   contratistas independientes porque pueden conectarse a la plataforma cuándo, cómo y dónde lo deseen, sin turnos, zonas ni requisitos de exclusividad establecidos, y prestan su servicio a los usuarios activos en ambas aplicaciones.

Indicó que los viajes cuentan con el respaldo de Seguros El Roble, para generar ingresos de manera flexible.

David García, gerente general de la plataforma tecnológica de transporte Kab Guatemala, dijo que los conductores aliados están subcontratados; es decir que no tienen una relación laboral directa de patrono-colaborador, porque para ellos son socios del modelo de negocio. Según explicó, el mayor porcentaje de ganancias lo recibe el conductor.

Promover el diálogo

El informe de la OIT Perspectivas sociales y del empleo en el mundo 2021: El papel de las plataformas laborales digitales en la transformación del mundo del trabajo, recomienda a los países en que operan las plataformas promover un diálogo internacional y una cooperación normativa para proteger mejor a sus trabajadores, ya que la pandemia sigue alimentando el crecimiento de la economía digital.

Los retos a los que se enfrentan los trabajadores de las plataformas están relacionados con la regularidad del trabajo y los ingresos, la falta de acceso a la protección social, la libertad de asociación y los derechos de negociación colectiva. El horario de trabajo puede ser a menudo largo e imprevisible.

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Las condiciones de trabajo se rigen, en gran medida, por los acuerdos de servicio de las plataformas, que a menudo se determinan de forma unilateral. Los algoritmos sustituyen cada vez más a los humanos en la asignación y evaluación del trabajo.

Los costes y beneficios de las plataformas digitales están distribuidos de forma desigual en todo el mundo.

El 96% de la inversión en estas plataformas se concentra en Asia, Norteamérica y Europa; y el 70% de los ingresos se concentra en solo dos países, Estados Unidos y China.

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El análisis contó con la colaboración y acompañamiento de la Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de la Maquila (Atrahdom) y el Sindicato de Trabajadoras Domésticas, Similares y a Cuenta Propia (Sitradomsa).

También, forma parte del proyecto Trabajo decente: un largo camino hacia el trabajo decente, que cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea

Según los resultados en junio de este año, la pandemia provocó una disminución generalizada del salario de las trabajadoras domésticas, pero solamente el 22% de los empleadores indicó que lo redujo.

En los casos que hubo recorte, en el 36% de los casos este fue de la mitad del salario, y la principal causa para la rebaja fue la situación económica de la familia, que también sufrió un impacto en los salarios de los patronos.

Pandemia agudizó situación de trabajadoras

La directora de Atrahdom, Maritza Velásquez afirmó que durante la pandemia el 65% de las trabajadoras quedaron confinadas en los hogares de sus empleadores, y un 35% renunció a sus plazas de trabajo.

“Otro efecto que manifestaron las trabajadoras fue que de 3 días a la semana de trabajo que tenían en promedio bajó a 1 día laboral y con salarios reducidos porque los empleadores también fueron afectados en sus trabajos”, dijo la representante.

De junio a julio 2020 solo un 3% recibió ayuda de los programas de gobierno, y hubo casos en que los empleadores registraron a las empleadas domésticas dentro de sus empresas para cobrar el Bono de Protección al Empleo y no se los entregaron, con relación a ese tema Atrahdom asesoró a dos mujeres trabajadoras y llegaron a acuerdos con los patronos, quienes les entregaron el beneficio, afirmó Velásquez.

En opinión de Velásquez el panorama no cambiará para el próximo año, por la misma caída y desempleo de empleadores, y las expectativas económicas no favorecerán a una mejora en las condiciones laborales de ese sector.

“Además, la pandemia aún continúa presente y mantendrá el mismo margen de posibilidades de conseguir empleos, porque la vacuna se va a considerar como un requisito en muchos empleos”, enfatizó la directora de Atrahdom.

Precariedad salarial se mantiene

La precariedad en materia salarial es confirmada por las opiniones expresadas en los grupos focales de la encuesta de Asíes, donde las participantes hicieron referencia a la necesidad de devengar un salario justo o un buen salario, y a la aspiración de que se cumpla con el pago del salario mínimo.

Las participantes en los grupos focales de la capital indicaron que el salario que perciben oscila entre Q800 y Q1 mil 200 por mes.

Solo un 4% de mujeres trabajadoras del hogar recibe Q2 mil 200 mensuales o más del salario mínimo, indicó Luis Linares, investigador de Asíes.

De acuerdo con la información recabada en las entrevistas las trabajadoras que laboran por día devengan entre Q100 y Q150 por jornada de trabajo, monto que depende de las tareas que realizan, el tamaño de la vivienda y el tiempo que dedican.

En esta modalidad, si se laboran 25 días al mes (de lunes a sábado), el ingreso oscilaría entre Q2 mil 500 y Q3 mil 750 mensuales.

Según indica Atrahdom en ocasiones se exige a las trabajadoras domésticas laborar más de 12 horas diarias, y cuando muestran su descontento se les reduce la jornada, pero también el salario.

Una de las participantes de los grupos focales mencionó que en las comunidades les pagan el día a Q20 y por ello, muchas de ellas deciden migrar a la ciudad.

Entre el 2013 y 2019, el 43% y el 49%, respectivamente, de las trabajadoras domésticas laboraba más de 48 horas semanales, las horas trabajadas según dominio de residencia, para ambos años el mayor porcentaje de quienes se ocupan más de 48 horas semanales corresponde a residentes en el área rural.

Solicitan conformar comisión paritaria

Velásquez informó que hace un mes enviaron una solicitud al Ministerio de Trabajo y Previsión Social para presentar la propuesta sobre la conformación de una Comisión Paritaria que analice el salario mínimo para trabajadores domésticos.

“Elaboramos un análisis jurídico, pero solo se ha podido presentar ante la Inspección General de Trabajo, pero no hemos tenido respuesta del despacho del ministro para poder plantearle el tema”, manifestó la directora de Atrahdom.

Uno de los obstáculos para crear la comisión sería que no existe una organización de empleadores del trabajo doméstico.

Sin embargo, el mismo Ministerio de Trabajo permitió incluir al sector empresarial la creación de los comentarios respectivos para el Convenio 189 sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, podría establecer el mismo procedimiento, enfatizó Velásquez.

Roberto Gatica, abogado laboralista explicó que la creación de la Comisión Paritaria es posible de acuerdo a normativas locales e internacionales, que otorgan ese derecho a las trabajadoras del hogar.

“Se esperaría que el próximo año el Ministerio de Trabajo pueda convocar a estos sectores para integrar la comisión paritaria. Además, deben ser elegidos y nombrados por el mismo ministerio en los primeros días del 2021”, enfatizó el laboralista.

Para promover el tránsito de la economía informal a la formal en el sector comercio, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, y la Cámara de Comercio de Guatemala lanzaron un programa gratuito de formalización para los micro-negocios de las capitales de los tres países.

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Las Cámaras ofrecerán a los micro-empresarios que se registren al programa, asesoría gratuita para la mejora integral de su negocio y acompañarles en el proceso legal de formalización.

Las asesorías y el acompañamiento personalizado se brindarán en tres áreas: mejora integral del negocio, orientación legal y desarrollo de destrezas gerenciales.

Además, los micro-negocios informales, tanto los que participen en el programa piloto y que se registren en la página www.formalizatunegocio.org, así como cualquier otro, tendrán acceso, de manera gratuita, a un conjunto de herramientas prácticas para aumentar la productividad y rentabilidad de sus negocios, así como para transitar hacia la economía formal.

Además, en el portal los micro-empresarios podrán realizar un autodiagnóstico empresarial en línea para autoevaluar el estado general de su empresa, lo cual les permitirá, si participan del programa piloto de las Cámaras de Comercio, diseñar su plan de mejora del negocio a la medida de sus necesidades.

Los usuarios también podrán auto diagnosticarse en ese portal acerca de su nivel de formalización en los aspectos legales aplicables, tales como registros mercantiles, permisos municipales, obligaciones laborales y tributarias, entre otros.

Los asesores de las Cámaras involucradas han sido capacitados por parte de la OIT para garantizar un acompañamiento personalizado y efectivo a los micro-negocios de la economía informal.

Apoyo en el marco del contexto regional

Este programa se realiza en el marco del proyecto ¨Construcción Participativa de una Estrategia Sectorial para el Tránsito a la Economía Formal en El Salvador, Guatemala, y Honduras¨ que ejecuta la OIT en conjunto con las Cámaras de Comercio del norte de Centroamérica, con el apoyo y financiamiento de Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

En promedio 8 de cada 10 trabajadores del sector comercio en El Salvador, Honduras y Guatemala se desempeñan en la economía informal.

Lo anterior, con una mayor afectación a las mujeres y personas jóvenes con baja escolaridad, las cuales tienen poco o nulo acceso a la protección social y cuyos ingresos son altamente vulnerables ante una crisis como la actual, estimándose que aproximadamente el 50% tiene ingresos menores a US$500; por lo cual la mayoría se encuentran en condición de pobreza.

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En esa fecha, el ministro de Trabajo, Gabriel Aguilera Bolaños, confirmó que la misión haría trabajo de campo por una semana con reuniones con representantes del sector trabajador, empleador, autoridades, derechos humanos y del sector justicia.

La votación en Consejo de Administración de la @OITnoticias para que se cerrará el caso contra Guatemala quedó en 27 votos a favor, 22 en contra y 4 abstenciones. La Comisión de Encuesta es la sanción que emite OIT contra un país. @prensa_libre @Economia_pl

— Urías Gamarro (@ugamarro_pl) November 8, 2018

Juan Carlos Tefel, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala, dijo este jueves que es una buena noticia para el país y confirma que hay avances en la Comisión Tripartita para investigar los casos relacionados con los asesinatos contra dirigentes sindicales, así como avances en materia laboral.

Sin embargo, reconoce en que hay que trabajar en un diálogo permanente con el sector trabajador para buscar acuerdos mutuos y consensos.

“Con esta votación, se retira una amenaza de intervención en temas laborales por parte de la OIT”, dijo Tefel.

Aparte, Rigoberto Dueñas, integrante de la Comisión Triprtita de la OIT, lamentó la posición que se votó en la reunión del Consejo de Administración y señaló al sector empleador y de Gobierno de haber trabajado en conjunto para cerrar el caso contra Guatemala.

A su entender, no se ha investigado el asesinato de al menos 70 dirigentes sindicales y existe bloqueo de los patronos para la organización sindical y negociación colectiva.

“Este es un monumento a la impunidad, porque las amenazas continúan contra el sector trabajador”, señaló el dirigente sindical.

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