Frases de “El Exorcista” y solicitudes de renuncia: los momentos tensos de Kristi Noem en el Congreso de EE. UU.

La secretaria de Seguridad Nacional protagonizó el pasado 11 de diciembre varios momentos tensos tras acudir a una audiencia en el Congreso de EE. UU.

Pavel Arellano

12 de diciembre de 2025

|

12:44h

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La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, testifica durante una audiencia del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes titulada «Amenazas mundiales para la patria» en el Capitolio de Estados Unidos, en Washington, DC, EE. UU., el 11 de diciembre de 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., protagonizó el pasado 11 de diciembre una serie de tensos momentos al acudir a una audiencia en la Cámara de Representantes.

El motivo de la audiencia, y de los numerosos encontronazos que tuvo Noem con algunos legisladores, fue que está señalada de “empeorar la seguridad en EE. UU. por su política de deportaciones“.

Algunos legisladores pidieron la dimisión de Noem y la acusaron de usar fondos públicos para su propio beneficio.

“Está haciendo que Estados Unidos sea menos seguro. Así que, en lugar de sentarse aquí y hacernos perder el tiempo con más corrupción, mentiras e ilegalidades, le pido que renuncie si el presidente Trump no la despide antes“, dijo el congresista Bennie Thompson.

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Otro de los legisladores que exigió la renuncia de Noem fue el demócrata Shri Thanedar.

Tras los señalamientos, la secretaria se limitó a decir: “Consideraré su petición de dimisión como un respaldo a mi trabajo, muchas gracias“.

Otro de los puntos por los que Noem fue criticada por los demócratas fue su solicitud al presidente Donald Trump de ampliar a 30 los países que tengan restricciones para acceder a territorio estadounidense.

Esto se debió al tiroteo ocurrido en noviembre pasado en las cercanías de la Casa Blanca, en el que fueron atacados dos miembros de la Guardia Nacional.

Mientras que Noem calificó el hecho como un “atentado terrorista”, algunos demócratas lo describieron como un “evento desafortunado”.

Uno de los momentos más curiosos ocurrió al inicio de la audiencia, cuando un legislador demócrata hizo referencia a una escena de la película de terror El exorcista.

“¡Alto a las redadas de ICE! ¡El poder de Cristo te obliga! ¡Acaben con las deportaciones, el poder de Cristo te obliga!“, fue la frase que se escuchó en el Congreso de EE. UU.

Al final, Noem abandonó antes la Cámara de Representantes, al argumentar que debía asistir a otra reunión.

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En su salida, varios manifestantes afuera del Congreso comenzaron a seguirla y a gritarle que “debería tener vergüenza”.

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OEA traza hoja de ruta regional para transformar cárceles; y Guatemala se compromete a adoptarla

Guatemala busca liderar esfuerzos regionales con apoyo de la OEA para fortalecer los sistemas penitenciarios, priorizando la rehabilitación, la dignidad humana y la seguridad ciudadana.

Glenda Burrión

23 de octubre de 2025

|

11:36h

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Guatemala busca adoptar reformas penitenciarias con apoyo de la OEA, impulsando 28 recomendaciones para modernizar cárceles, reducir hacinamiento y fortalecer la reinserción social. (Foto, Prensa Libre: EFE)

Delegaciones de la región analizaron acerca de los elementos para una reforma penitenciaria en el marco de la Quinta Reunión de las Autoridades Responsables de las Políticas Penitenciarias y Carcelarias de los Estados Miembros de la OEA (GAPECA V), realizada en Guatemala, recientemente.. 

Al cabo de las reuniones que se desarrollaron del 21 al 22 de octubre de 2025, los representantes de toda América formularon 28 recomendaciones orientadas a transformar los sistemas penitenciarios y carcelarios en espacios centrados en la rehabilitación, la dignidad humana y la seguridad pública. 

El evento, celebrado en Antigua Guatemala, reunió a ministros, directores de prisiones y expertos internacionales bajo el lema “Renovación penitenciaria en las Américas: Tecnología, enfoques diferenciados y dignidad humana”.

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Las conclusiones representan un paso decisivo para la modernización del sistema penitenciario guatemalteco y la cooperación regional, según se indicó.  

Guatemala busca modernizar su sistema penitenciario 

Durante la inauguración, el presidente Bernardo Arévalo reafirmó el compromiso del país con una reforma profunda del sistema penitenciario.

El plan de transformación busca reducir la sobrepoblación carcelaria, mejorar la infraestructura penitenciaria y promover programas de reinserción social efectivos, con el fin de disminuir la reincidencia delictiva y fortalecer la seguridad ciudadana.

En La Antigua Guatemala se clausuró la V Reunión de Autoridades Penitenciarias y Carcelarias de la @OEA_oficial, enfocándose en la modernización y la reinserción social.
#ReuniónPenitenciariaOEA#RenovaciónCarcelaria pic.twitter.com/SuK0h8eKak

— MinGob (@mingobguate) October 23, 2025

Recomendaciones regionales con impacto para Guatemala 

Las 28 recomendaciones adoptadas en Antigua servirán de guía para los Estados Miembros, entre ellos Guatemala.

Las medidas se agrupan en seis grandes ejes temáticos:

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1. Gestión Penitenciaria del Futuro (1–6) 

• Promueven la humanización de los sistemas penitenciarios, el uso de modelos de gestión basados en resultados, y la adopción de políticas centradas en la rehabilitación y la reinserción social. 

• Se impulsa la prevención de la tortura, la evaluación empírica de resultados y la lucha contra la discriminación en el sistema penal. 

• Introducen la justicia restaurativa como complemento a la retributiva. 

2. Remodelación y Construcción de Cárceles (7–10) 

• Abordan el hacinamiento, la modernización de infraestructura penitenciaria, la profesionalización del personal, y la seguridad institucional. 

• Buscan transformar las cárceles en espacios seguros, dignos y orientados a la reinserción. 

3. Rehabilitación con Enfoque Diferenciado (11–14) 

• Proponen políticas adaptadas a distintos perfiles de internos (mujeres, jóvenes, alta seguridad, etc.), financiamiento sostenible y participación de la sociedad civil en las reformas. 

4. Tecnología y Seguridad Penitenciaria (15–18) 

• Promueven el uso de tecnología para seguridad, rehabilitación y gestión administrativa, la creación de marcos éticos y legales para su uso y un sistema regional de información penitenciaria coordinado por la OEA. 

5. Infiltración del Crimen Organizado (19–23) 

• Se establece una estrategia integral anticrimen penitenciario, enfocada en inteligencia, integridad del personal, control de comunicaciones, cooperación regional y transparencia. 

6. Recomendaciones Generales y Seguimiento (24–28) 

• Proponen la creación de una red interamericana de cooperación técnica penitenciaria, un programa regional de capacitación, la convocatoria de la VI reunión y el seguimiento técnico a cargo del Departamento de Seguridad Pública (DSP) de la OEA.

La OEA, a través de su Departamento de Seguridad Pública, será la encargada de coordinar una Red Interamericana de Cooperación Técnica Penitenciaria, un Programa Regional de Capacitación y un Sistema Regional de Información Penitenciaria.

Estas acciones buscan que los sistemas penitenciarios evolucionen hacia espacios más humanos y eficientes, donde la rehabilitación y reinserción social sean el eje central. 

“Aprueben el dinero para nuestros soldados y policías”, “diputaratas inútiles”, “sino quieren trabajar el pueblo los va a sacar”, eran parte de las leyendas que portaban escritas muchos de los que se concentraron en calles cercanas a la sede parlamentaria.

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“Esta es una muestra innegable de que la gente ya esta harta de que los diputados de la derecha y la izquierda opositora no trabajan por los salvadoreños ni dejan trabajar al gobierno del presidente Nayib Bukele”, dijo a la prensa uno de los principales organizadores de la protesta, Walter Araujo.

Araujo, quien en el pasado fue diputado y llegó a ser presidente del Congreso y del Tribunal Supremo Electoral (TSE), aseguró que “los ciudadanos daremos un compás de espera de quince días” a los diputados para que “aprueben el préstamo” de lo contrario advirtió que “el pueblo saldrá nuevamente a las calles a protestar”.

En la protesta de este domingo, a la que acudieron en su mayoría simpatizantes del partido Nuevas Ideas el cual ayudó a formar el presidente Bukele, los participantes dejaron pegados en un portón de acceso al Congreso cruces negras como señal que en las elecciones legislativas de febrero de 2021 “los diputados que no apoyan al pueblo no serán reelectos”.

El pasado 9 de febrero en una acción que ha sido muy criticada por distintos sectores en el país, soldados del ejército fuertemente armados con fusiles de asalto y policías antimotines entraron al llamado Salón Azul de la Asamblea Legislativa, antes de la llegada del presidente.

La crisis política generada en ese momento se originó por la negativa de los legisladores a aprobar el préstamo de US$109 millones que el Ejecutivo requiere para la compra de equipamiento del ejército y la Policía y que es clave para mantener en marcha un plan en contra de las violentas pandillas.

Al ver frustrada la convocatoria que hizo de una sesión extraordinaria en el Congreso, el domingo pasado Bukele dio un plazo de una semana a la Asamblea Legislativa, de mayoría opositora, para que aprobara el préstamo.

No obstante, la Corte Suprema de Justicia frenó las intenciones del Ejecutivo y ordenó el pasado lunes a Bukele abstenerse de hacer “uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionalmente establecidos” y de poner en riesgo la democracia y la separación de poderes en el país.

Además, el máximo tribunal dejó sin efecto la convocatoria para una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa que había realizado el Consejo de Ministros.

No puede menos que causar estupor la revelación reciente de que por lo menos seis mil mujeres guatemaltecas han desaparecido y se desconoce su paradero, y lo mismo que sucede con miles de niños enviados al extranjero, como incontenible actividad de la trata de personas.

Súmese a todo eso, los informes oficiales sobre el promedio de seis mil muertes al año causadas con arma de fuego, unas, y con armas punzocortantes, las demás.

Acerca de esas desapariciones figura en Internet, desde diciembre de 2015, un extenso reportaje publicado en el diario mexicano La Jornada, firmado por Sanjuana Martínez, bajo el titular “Alarmante, el número de mujeres guatemaltecas desaparecidas en México”, ilustrado con fotografías de familiares de algunas de las víctimas y con entrevistas verdaderamente estremecedoras.

Ayer, este diario publica una información acerca de la deforestación en el Parque Nacional Laguna Lachuá, en Alta Verapaz, atribuida a grupos criminales que comercian grandes cantidades de madera.

En fin, el problema es de enormes proporciones y su reducción a dimensiones normales resulta casi imposible, con los medios que actualmente cuenta el Estado. Afrontarlo y resolverlo es asunto de la competencia del Ministerio Público, del Ministerio de Gobernación y de otras instituciones, de conformidad con la cooperación interinstitucional establecida por la legislación específica.

Otra de las atribuciones relativamente nuevas añadidas al Ministerio Público es la emanada de la Ley de Extinción de Dominio, en la que el Estado reconoce que en los últimos años se han incrementado, de manera alarmante, los delitos que atentan contra el patrimonio del Estado y de los particulares, y de los que ocasionan grave daño a la vida, la integridad, la libertad y la salud de los habitantes de Guatemala, relacionados con la delincuencia organizada y otras formas de actividades ilícitas o delictivas.

Expresa, además esa ley, que los responsables de delitos económicos, infracciones de narcotráfico o de la delincuencia organizada, utilizan diversos mecanismos ilegales, mezclados con medios legales, para la transferencia y circulación de bienes, ganancias, frutos y productos de la criminalidad, así como para el encubrimiento u ocultamiento de la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o la propiedad real de esos bienes, ganancias o derechos, a sabiendas de que proceden de actividades delictivas y que, mediante actos de corrupción, tráfico de influencias y otros ilícitos, cada vez más personas individuales y jurídicas, han acumulado bienes con recursos provenientes de actividades ilícitas o delictivas.

Así, pues, el mapa de la criminalidad ya está definido y, en consecuencia, los organismos Ejecutivo y Legislativo, harían bien en fortalecer económicamente al Ministerio Público, al Ministerio de Gobernación y a otras entidades obligadas a dar cumplimiento a las leyes contra la criminalidad, para que aumenten personal y mejoren sustancialmente los sueldos, en el entendido de que la seguridad pública es hoy como ayer una necesidad primaria y urgente de la población guatemalteca.

De lo contario el gran esfuerzo que esas instituciones desarrollan siempre será insuficiente.

La transformación a la que hago referencia se debe, creo yo, a varios factores. Uno de los más importantes es que ciertos valores morales compartidos por las generaciones anteriores a aproximadamente 1980, comenzaron a diluirse rápidamente. Por consiguiente, la sanción moral de las conductas infractoras de aquellos valores se tornaron más leves y menos frecuentes.

Si las sanciones formales, es decir, las derivadas de la Ley —o más bien dicho, de las infracciones a la Ley— hubiesen compensado el proceso al que aludo arriba, pues quizás se hubiera logrado cierto nuevo equilibrio. Pero las leyes, ese mínimo de moralidad que toda sociedad necesita, no se han aplicado en Guatemala con la energía, la constancia y la objetividad mínimas necesarias para, siquiera, evitar el deterioro social. Por el contrario, durante más o menos el último medio siglo, las instituciones de justicia, las de represión del delito, las de Policía, dieron peores resultados.

Por tanto, mi impresión es que, a diferencia de lo que ocurrió en los países de Europa occidental, en donde las instituciones formales sí llenaron los vacíos que se abrían al relativizarse la moral pública, por lo menos en una medida importante, en Guatemala los dos órdenes se deterioraban paralelamente.

A veces me pregunto cuánta más violencia, cuánta más delincuencia, cuánta más emigración ilegal hace falta hasta que las élites sociales, económicas y políticas decidan cambiar de actitud ante el problema de la falta de seguridad pública que aqueja, sobre todo, a los más pobres. No he podido responderme esa cuestión. Cuando las páginas de los diarios presentan otros “cuatro asesinatos” o cosas parecidas imagino que, ahora sí, las élites se conmoverán y pondrán de lado sus rencillas para reformar lo que haga falta y brindar seguridad pública a los habitantes del país. Pero nada pasa.

Hoy en día la seguridad es una actividad sumamente sofisticada. En Guatemala, sin embargo, se la sigue mirando como algo relativamente empírico. Una actividad que no necesita de técnicos y de profesionales altamente capacitados, sino que puede funcionar con servidores más o menos improvisados y, por lo general, muy mal remunerados —en el sector privado, también—. En lugar de formar parte de la clase profesional de la sociedad guatemalteca, los agentes de seguridad —en lo público y en lo privado— integran los escalones más modestos de la pirámide de ingresos.

En otras sociedades los agentes de seguridad son héroes en la literatura, la televisión y en el cine. Son elementos claves de la vida ciudadana y son vistos con cierta jerarquía social que no tienen otros profesionales. Me pregunto, de nuevo, ¿cuántas muertes violentas más tienen que ocurrir hasta que las élites decidan darle a la seguridad pública el lugar que le toca?

Cruz refirió que el proceso para el cambio ya lo inició la SAT y se aplicaría entre 2018 y 2019.

Insistió Cruz en que la razón principal para impulsar el cambio es que la ley manda que cada decenio los propietarios de automóviles deben refrescar sus datos ante la SAT.

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“Queremos implementar nuevos mecanismos de seguridad en las placas, así como en los documentos, para evitar falsificación o alteraciones”, explicó el funcionario.

El intendente resaltó que el próximo año se empezará con el proceso de licitación de las nuevas matrículas y se adquirirá otro lote de las actuales para surtir la demanda en ese período.

En el 2017, señaló el funcionario de la SAT, se trabajará sobre el diseño de la nueva placa.

El parque vehicular activo en el país, al 31 de julio, ascendía a 3.1 millones de unidades, según datos oficiales.

El último cambio generalizado de placas se llevó a cabo en el 2004 y previo a ese, en 1988.

Placas de papel

El Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria aprobó en junio adquirir 300 mil placas metálicas para circulación de motocicletas.

La adjudicación la ganó la única empresa oferente, Tonnjes C.A.R.D. International, S. A., por un monto de Q10 millones 842 mil, según el portal Guatecompras.

La decisión ocurrió por el constante aumento en la venta de motos. Según la SAT, las empresas comercializadoras de motos venden 12 mil unidades al mes.

“Con este plan atenderemos las necesidades de inclusión que pide la población, va a permitir que junto a acciones encaminadas a mejorar la seguridad tengamos mecanismos para brindar a los habitantes oportunidades de desarrollo“, aseguró a la AFP el alcalde de Ciudad Delgado, Tomás Minero.

El plan es una iniciativa del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia, encabezado por el presidente Salvador Sánchez Cerén, y en el cual participan comunidades vinculadas a la Iglesia y la sociedad civil en general.

La entidad cuenta además con la asesoría técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El alcalde Minero explicó que en materia de prevención del delito, la comuna, con apoyo de la empresa privada, emprenderá proyectos de capacitación en oficios para habitantes de Ciudad Delgado.

Además, el ministerio de Educación mejorará condiciones de infraestructura en escuelas de la localidad, para evitar la deserción escolar.

En materia de seguridad, la Policía y la alcaldía han montado un sistema de cámaras en las calles y un centro de monitoreo que permitirá una mejor vigilancia, señaló el ministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara,

El “Plan El Salvador Seguro” será puesto en práctica inicialmente en diez de los cincuenta municipios con mayor índice de violencia en ese país, agregó Lara.