Los llamados al Congreso de Estados Unidos para que apruebe un camino a la ciudadanía para más de medio millón de amparados por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) se multiplicaron este jueves 14 de septiembre después de que un juez federal dictaminó que el beneficio migratorio es ilegal.

De costa a costa, defensores de los inmigrantes y los mismos beneficiados alzaron sus voces tras la decisión del juez Andrew Hanen, que el miércoles 13 de septiembre falló por segunda vez en favor de una demanda que pide el fin del programa al considerar que el Gobierno del expresidente Barack Obama (2009-2017) violó la ley al establecer DACA en 2012.

El magistrado se había puesto de parte de los demandantes liderados por Texas en junio de 2021, pero se vio obligado a dar una nueva decisión a la luz de una normativa que emitió el Gobierno del presidente Joe Biden en agosto de 2022 para remediar la infracción.

Hanen determinó el miércoles que el recurso sigue violando la ley, lo que desencadenó una nueva ola de reacciones de los defensores de los inmigrantes. En Washington DC, miembros de varias organizaciones encabezadas por United We Dream realizaron este jueves una marcha frente al Congreso.

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“Necesitamos algo permanente. DACA siempre ha sido algo temporal. No podemos seguir dejando en manos de los jueces este tema”, dijo Jennifer Romero Espinosa, de la organización CASA, en una conferencia de prensa al terminar la manifestación.

En Texas, Karina Hernández, de La Unión del Pueblo Entero (LUPE), se unió al llamado y dijo que es hora de que el Congreso “actúe”.

También hizo un llamado a la Casa Blanca para que cumpla sus promesas de ayudar a los beneficiarios de DACA, personas que llegaron al país de forma irregular siendo niños y a las que el programa protege de la deportación. “Queremos una resolución, no más promesas vacías. No podemos seguir viviendo de esperanzas”, señaló en un comunicado.

En su fallo del miércoles el mismo Hanen escribió que la solución para los soñadores, como se conoce a los amparados por DACA, “recae en la rama legislativa y no en la ejecutiva o la judicial”.

Es algo de lo que son conscientes congresistas como Sylvia García, integrante demócrata de la Cámara de Representantes, quien encabezó un grupo bipartidista que presentó en junio la propuesta de ley “American Dream and Promise Act”, que tiene como objetivo otorgar la residencia permanente a unos 580 mil beneficiarios actuales de DACA.

García, quien representa a Texas en la Cámara, y la también congresista demócrata Delia Ramírez hablaron hoy con inmigrantes y activistas para escuchar sus peticiones. “Por favor, mantengan el espíritu, la fe y la esperanza. Vamos a seguir luchando”, dijo García, y agregó que ya ha conseguido el apoyo de 200 legisladores para aprobar su proyecto en la Cámara, dominada por los republicanos.

Por su parte Ramírez, que representa a Illinois y está casada con un inmigrante amparado por DACA, advirtió que no se puede dejar el futuro de los soñadores en manos de la justicia y apuntó su dedo al Tribunal Supremo, de corte conservador.

Con todo, el Fondo Mexicoamericano de Defensa Legal y Educación (MALDEF), que asumió la defensa de DACA en el juicio, ha señalado que apelará la decisión de Hanen. “Desde el principio era claro que serían las altas cortes, incluyendo el Tribunal Supremo, quienes deberán decidir sobre la legalidad del programa”, señaló Thomas A. Sáenz, presidente de MALDEF, en una declaración escrita a EFE.

Aunque DACA ya logró pasar una prueba en 2020 cuando el Tribunal Supremo falló en contra de la orden de poner fin al programa emitida por el entonces presidente Donald Trump, el cambio en la composición del máximo tribunal preocupa a los activistas.

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No obstante, defensores y soñadores coincidieron en que no abandonarán la defensa del programa. Arelí Hernández, beneficiaria de DACA e integrante de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), resaltó que la lucha de los soñadores “no es nueva ni reciente”.

“Como yo, más de medio millón de personas que son titulares de DACA hemos desarrollado raíces profundas en este país. No seremos desarraigados por caprichos políticos”, aseguró.

Las organizaciones también hicieron un llamado a los soñadores para que renueven el amparo, ya que el fallo de Hanen no puso fin al programa y permite que los beneficiarios continúen protegidos de la deportación mientras continúa el litigio. EFE

Un juez ordenó este viernes 4 de diciembre al gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que restaure en su totalidad la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), programa que él quiso suspender y que protege de la deportación a cientos de miles de jóvenes inmigrantes.

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La orden del juez federal Nicholas Garaufis, de la corte del distrito Este de Nueva York, obliga al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a reabrir el programa para nuevas solicitudes, posibilidad que la Administración Trump eliminó al fracasar en su intento por derogar el programa creado por la Administración del presidente Barack Obama en 2012.

En su fallo del caso “Batalla Vidal v. Wolf”, el tribunal determinó además que DACA debe volver a ser como era antes del intento del Gobierno Trump de cancelar el amparo migratorio en septiembre de 2017, fecha desde la cual el programa no recibe nuevas solicitudes, de acuerdo con una de las abogadas defensoras de los soñadores, Karen Tumliun, del National Immigration Law Center.

El juez les ordenó además que, a más tardar el lunes, deben publicar en todos sus sitios web que está aceptando solicitudes iniciales de DACA, peticiones de renovación y el permiso de viaje (“advance parole”) que permite salir del país y regresar de forma legal en los términos que existían antes del infructuoso intento gubernamental.

Este mismo aviso debe dejar en claro que las cerca de 66 mil peticiones de renovación de DACA de un año emitidas después del memorando de DHS de este verano en el que se modificaba el programa se extenderán automáticamente a dos años.

En resumen, el programa DACA, que ha protegido a miles de jóvenes de ser deportados desde que fue creado en 2012 y les ha permitido estudiar, trabajar y viajar, debe volver a ser restaurado a nivel nacional a como era antes de septiembre de 2017, cuando el Gobierno Trump anunció su cierre.

Garaufis determinó el pasado noviembre que el secretario interino de DHS, Chad Wolf, asumió ese cargo de manera ilegal, por lo que invalidó todas las disposiciones del memorando firmado por él este verano.

El juez ya había advertido a la Administración Trump que no podía crear sus propias leyes y dijo que sus ataques a este programa eran un “uso triste e inapropiado de la supuesta autoridad ejecutiva para negar a los beneficiarios de DACA y a aquellos que son elegibles la capacidad de ejercer sus derechos”.

Luego de que Trump derogara DACA, varios beneficiarios del programa junto con la organización “Se Hace Camino Nueva York” impugnaron la decisión, caso que fue asignado al juez Garaufis y que luego llegó a la Corte Suprema, que también había ordenado restaurar el programa.

Pero todavía sigue vivo un litigio presentado por fiscales generales de estados gobernados por republicanos en contra de DACA, por lo que se espera que pueda haber futuras novedades judiciales.

Ante este panorama, el presidente electo, Joe Biden, ha prometido que una de las primeras cosas que hará tras llegar a la Casa Blanca el 20 de enero de 2021 es promover una legislación que garantice un estatus migratorio permanente a los “soñadores”.

La máxima instancia judicial estadounidense, de mayoría conservadora, dijo que aceptó abordar tres fallos de cortes inferiores que bloquearon la iniciativa de Trump de poner fin al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), creado en 2012 por su antecesor Barack Obama para amparar a los jóvenes conocidos popularmente como “soñadores”.

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Se estima que 39 mil 257 jóvenes guatemaltecos que fueron aceptados para este programa por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

El programa fue creado por el expresidente Barack Obama y daba oportunidad de estudiar y trabajar a unos 800 mil jóvenes, en situación irregular, conocidos popularmente como soñadores.

Detienen decisión

En septiembre de 2017 el anuncio de la cancelación del Daca fue oficializado por el fiscal general, Jeff Sessions, quien indicó que el Congreso debía dar una solución antes de seis meses, que fue cuando finalizaba la prórroga que dio la administración del presidente Donald Trump para que empezaran a expirar los permisos temporales de estancia y de trabajo que concedía el programa, los cuales se renovaban cada dos años.

Se suponía que el plan de Trump era que en agosto próximo caducaran todos los permisos a los soñadores, pero fallos judiciales detuvieron las intenciones del presidente estadounidense.

En abril de 2018 el juez John Bates, de Washington DC, calificó de “ilegal” la decisión de poner fin al DACA, el programa que protege de la deportación a casi 800 mil jóvenes llegados cuando niños a Estados Unidos con sus padres, conocidos como “Dreamers” (soñadores) y en su inmensa mayoría latinos.

En el fallo Bates aseguró que la decisión de la administración de Trump fue “arbitraria” y “caprichosa”, y ordenó al Gobierno continuar con el DACA y, por primera vez, reabrirlo a nuevos aplicantes.
Bates fue el tercer juez que falló contra la decisión de Trump de poner fin a este programa implementado por su antecesor en 2012.

Trump ha tomado la suspensión de sus acciones como “buena noticia para traficantes” de migrantes, el mandatario de EE. UU. argumenta que, “La decisión judicial es extraordinariamente errónea. Lo peor es que crea un incentivo para que venga más inmigración joven ilegalmente”.

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“En Arizona nos quitaron la posibilidad de pagar como residentes, nos cerraron la puerta para terminar una carrera. Un semestre estabas pagando como residente y de pronto al siguiente debías pagar como extranjero”, dijo a la mexicana Emily Camacho, que en su día se acogió al programa de protección DACA, promulgado por la Administración de Barack Obama en 2012 y cancelado por la de Donald Trump el año pasado.

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Camacho, que llegó a Arizona cuando solo tenía 5 años y ya ha cumplido los 20, tomó “la dura decisión” de dejar a su familia para continuar estudios de Administración de Empresas en St. Mary's University, en San Antonio, Texas.
La joven indicó que las universidades privadas en Texas no tienen matrículas diferentes para estudiantes que no son residentes legales en el país y que por tal motivo los estudiantes con DACA como ella pueden pagar lo mismo que estudiantes locales.

Karina Ruiz, presidente de la Coalición del DREAM Act (acrónimo en inglés de Educación para Menores Inmigrantes Soñadores), señaló que la imposibilidad de pagar matrículas como residentes en universidades y colegios comunitarios está impactando duramente a los “soñadores” en Arizona.

“Simplemente, muchos no pueden pagar tanto dinero. Las opciones son muy pocas, pero de todas formas les estamos pidiendo que no se den por vencidos y que por lo menos continúen tomando una clase”, dijo Ruiz.

Tras una larga y dura lucha legal en las cortes, el pasado abril la Suprema Corte del Estado de Arizona dictaminó que los jóvenes estudiantes con DACA no tienen derecho a pagar matrículas en universidades y colegios comunitarios al mismo precio de los residentes del estado.

El fallo se produjo debido a una ley estatal aprobada por los votantes en 2006, que niega este derecho a todos aquellos no cuenten con un estatus legal en Estados Unidos, sin importar cuántos años lleven viviendo en Arizona o si se graduaron en escuelas secundarias locales.

La decisión de la corte triplicó de un semestre a otro el costo de una educación superior para los beneficiarios del programa DACA.

En la Universidad de Arizona (UA), los denominados “soñadores” pagarán hasta 18 mil dólares por semestre cuando comiencen las clases a partir del próximo lunes.

Un residente local paga, en comparación, 12 mil dólares por precio reducido que les otorga la alta casa de estudios.

Antes del fallo de la corte, más de 2 mil “soñadores” estaban registrados en “colleges” comunitarios a través del estado y otros 300 asistían a universidades públicas.

Sin Soluciones

En 2014, Obama trató de ampliar el alcance de DACA para beneficiar a más “soñadores”, pero un grupo de estados republicanos le demandó y la justicia anuló la ampliación del programa, así como otro plan, llamado DAPA y que buscaba frenar la deportación de los padres de los jóvenes indocumentados.

Con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el poder, el programa DACA ha sufrido varios reveses y ha visto disminuir su número de beneficiarios, que superó los 800 mil y actualmente se sitúa en 703 mil 890, según datos del 31 de julio del Servicio de Ciudadanía e Inmigración.

En septiembre pasado, Trump anunció que DACA debía expirar el 5 de marzo si el Congreso no llegaba a un acuerdo sobre inmigración.

El Parlamento, en manos republicanas, no llegó a ningún acuerdo, pero DACA no llegó a expirar porque dos jueces, uno de Nueva York y otro de California, han obligado al Gobierno a mantener vivo el programa y a seguir aceptando solicitudes para renovar sus beneficios.

El pasado 15 de agosto se cumplieron seis años del plan DACA, sin que el Congreso haya encontrado aún una solución permanente para los miles de jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos de niños que protege ese programa.

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El juez federal del distrito sur de Texas, en Houston, Andrew S. Hanen, reanuda este lunes el caso que tambalea el futuro de los “soñadores”, jóvenes inmigrantes.
De hecho, Texas, junto a una coalición de estados, pidió el pasado miércoles en una corte federal en Houston el fin de Daca.
La continuidad de Daca dependería de la decisión del magistrado Hanen.
En todo caso, aunque el fallo sea a favor de los estados demandantes, el programa continuará vigente mientras la Corte Suprema de Justicia entra a valorarlo, debido al conflicto jurídico que el dictamen generará con los dictámenes de otros jueces que, en otras instancias, han restituido temporalmente la vigencia de Daca.
El 8 de agosto último Hanen, no tomó ninguna decisión sobre el futuro de Daca en respuesta a una demanda entablada el 1 de mayo por siete estados contrarios al programa.

El magistrado concedió un plazo hasta este lunes para que detractores y defensores del programa presenten nuevos argumentos, y tomar entonces una decisión.
¿Cuál fue el argumento para sustentar su petición? Que el programa agota recursos estatales y que nunca debería haber recibido protección federal.
Los defensores apuntaron que las afirmaciones que señalan que los destinatarios de DACA agotan los recursos del estado son “irrelevantes y enormemente infladas”.
Cabe señalar que Hanen es el juez que en su momento frenó la implementación de una ampliación del programa de DACA y el programa de DAPA, que hubiera protegido de la deportación a los padres de los “dreamers”.
Es por ello que los activistas tienen pocas esperanzas de que el tribunal en Texas falle a favor de los jóvenes migrantes.

Daca fue implementado el 15 de junio del 2012 durante el entonces gobierno de Barack Obama. Cinco años más tarde, el 5 de septiembre del 2017, el gobierno de Donald Trump anunció que programa debía expirar el 5 de marzo si el Congreso no llegaba a un acuerdo sobre inmigración, cosa que no ocurrió porque dos jueces, uno de Nueva York y otro de California, obligaron al Gobierno a mantener vivo el programa, aunque establecieron que solo podrían renovar su permiso aquellos inmigrantes que ya se hubieran beneficiado anteriormente.
De igual manera, el juez federal con corte en Washington John D. Bates reafirmó su orden de reactivar esa protección migratoria con la admisión de nuevas solicitudes, una decisión con la que el magistrado rechazó el recurso del Gobierno a su decisión inicial del 24 de abril último.

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“Temo que la puerta se está cerrando, cada vez se ve menos luz, es frustrante, de un momento a otro se podría perder el Daca y eso acabaría con mi futuro y el de mi familia”, dijo María del Carmen Juárez, inmigrante mexicana y madre de dos niñas nacidas en EEUU y, por tanto, ciudadanas estadounidenses.

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En las últimas semanas organizaciones que trabajan a favor de los soñadores han iniciado una intensa campaña en las redes sociales pidiendo que renueven sus permisos de Daca, especialmente si vencen antes del año 2020.

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Los demandantes piden poner el fin al programa con el argumento de que cuando creó Daca en 2012 con una orden ejecutiva, el presidente Obama abusó de su autoridad e impuso una fuerte carga financiera a los estados, que deben pagar el coste de la inmigración indocumentada.

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Por el momento el gobierno federal esta cumpliendo con estas órdenes, pero está apelando las decisiones.
Vargas considera que al final será probablemente el Tribunal Supremo de Estados Unidos el que diga la última palabra sobre el destino de Daca, algo que, en su opinión, podría pasar hacia finales de 2019.
“Mientras tanto creemos que el programa se mantendrá, por eso estamos pidiendo a todos aquellos que pueden, que renueven su Daca”, enfatizo Vargas, quien recomendó a cada soñador asesorarse legalmente antes de mandar su solicitud de renovación, especialmente si han tenido problemas legales.

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El magistrado, John D. Bates, con tribunal en Washington, rechazó así el recurso del Ejecutivo a su decisión inicial del 24 de abril.

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Bates, nombrado en el cargo por el expresidente George W. Bush (2001-2009), dijo que la suspensión fue “arbitraria y caprichosa” al no dar el Gobierno una “explicación racional” para ella, algo que reiteró este viernes.

El magistrado, no obstante, congeló nuevamente la aplicación de su fallo hasta el 23 de agosto, para dar margen al Ejecutivo a decidir si recurrirá a una instancia superior y si solicitará una suspensión temporal.

“El tribunal no sostuvo en su opinión previa, y no lo mantiene hoy, que el DHS (Departamento de Seguridad Nacional) carezca de autoridad legal o constitucional para rescindir el programa DACA”, argumentó el juez.

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“Por el contrario, el tribunal simplemente sostiene que, si el DHS desea rescindir el programa o tomar cualquier otra medida, debe dar una explicación racional de su decisión”, añadió.

La suspensión del DACA ordenada en septiembre por Trump tenía que entrar en vigor el pasado 5 de marzo, aunque nunca llegó a materializarse por los desafíos legales que enfrentó la decisión del presidente.

De hecho, en enero, otro juez federal ya ordenó la reactivación parcial del DACA con la admisión de las solicitudes de renovación a aquellos que ya habían recibido previamente los beneficios de este programa y que se estaban quedando sin protección.

Ese fallo, a diferencia del de Bates, ya se ha puesto en práctica.

El plan DACA fue promulgado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama para proteger de la deportación y otorgar permisos temporales de trabajo y residencia a unos 690 mil jóvenes, que llegaron al país sin papeles cuando eran menores y a los que se conoce como “soñadores”.

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En sus planes para combatir la inmigración, el Gobierno de Trump optó por derogar el programa al considerarlo ilegal, una decisión que hubiese dejado a esos jóvenes sin sus permisos y en riesgo de deportación.

La decisión de Trump ha sido desafiada en diferentes cortes del país, por lo que es posible que el caso termine sobre la mesa del Tribunal Supremo en los próximos meses.

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Los legisladores firmaron lo que se conoce como una solicitud de aprobación, una maniobra de procedimiento que puede llevar la legislación a la Cámara baja si está firmada por la mayoría de sus integrantes, sin tener que pasar por un comité, como es tradicional.

“El presidente Donald Trump nos dio hasta el 5 de marzo para encontrar una solución, y el Congreso falló. Esta es una oportunidad para hacer nuestro trabajo y cumplir con nuestro cometido”, apuntó en conferencia de prensa enfrente del Capitolio Jeff Denham, representante por California y principal impulsor de la medida.
Para que esta petición sea efectiva necesita contar con el respaldo de 219 legisladores, lo que significa que además del respaldo de los demócratas, que se da por descontado, necesita el apoyo de 26 republicanos.
En ese contexto, Denham aseguró que están trabajando para obtener el consenso de la manera “más rápida posible” y se mostró convencido de que lo conseguirán próximamente.

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El esfuerzo es encabezado por Denham y dos de sus colegas republicanos moderados -Will Hurd, de Texas, y Carlos Curbelo, de Florida-, aunque en las primeras horas ya han conseguido reunir el apoyo de 15 legisladores.
La medida supone una crítica al presidente de la Cámara baja, Paul Ryan, que se ha negado a convocar voto alguno sobre el asunto.

“En 28 años nunca había firmado una petición de este tipo cuando la mayoría de la Cámara ha sido republicana, pero en este caso pienso que los 'soñadores' necesitan una solución a su situación”, dijo en la conferencia Ileana Ros-Lehtinen, congresista por Florida.
Unos 690 mil jóvenes indocumentados, conocidos como soñadores, que llegaron al país cuando eran niños, se encuentran en una situación de limbo legal después de que Trump decidiera terminar con el programa Daca.
Trump anunció que Daca debía expirar el 5 de marzo, pero el programa no llegó a concluir porque dos jueces, uno de Nueva York y otro de California, obligaron al Gobierno a mantener vivo el programa, aunque establecieron que solo podrían renovar su permiso aquellos inmigrantes que ya se hubieran beneficiado anteriormente.

Además, a finales del mes pasado, un juez de Washington D.C. determinó que el Gobierno debe aceptar nuevas solicitudes de Daca, aunque dio al Gobierno un plazo de 90 días para justificar por qué lo finalizó.
Los líderes de esta medida explicaron que quieren poner a debate cuatro propuestas, incluyendo un proyecto impulsado por el legislador republicano Bob Goodlatte, que cuenta con el apoyo de Trump, y la bipartidista “Ley del Sueño”.

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La propuesta legislativa que sume más votos será la que se dirigirá posteriormente al Senado para ser sometida a sufragio, paso previo para que pueda llegar a la firma presidencial.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, reiteró que Trump solo sancionará una ley que incluya sus “cuatro pilares”.
Esos “cuatro pilares” son: fondos para el muro fronterizo con México, una solución para Daca, la eliminación de la “lotería de visados” que beneficia a países con bajas tasas de migración a EE.UU. y el fin del actual sistema de reagrupación familiar, conocido por sus detractores como “migración en cadena”.
“Hemos sido claros sobre cuál es nuestra posición. Expusimos hace varios meses lo que queríamos que ocurriera y todavía nos gustaría que eso ocurriera y que hubiera una propuesta legislativa que incluyera los cuatro principios y pilares que el presidente ha delineado”, indicó Sanders. 

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“¡NO MÁS ACUERDOS CON DACA! (sic)”, dijo en Twitter el mandatario, quien ha empleado en la Casa Blanca las mismas tácticas de negociación que le hicieron famoso en el mundo inmobiliario.

Ese comentario sobre DACA, de cuatro palabras y en mayúsculas, supone un giro en la postura del presidente, pues hasta ahora Trump había insistido en que quería una solución para los jóvenes indocumentados, conocidos como “soñadores”, y había culpado a los demócratas del bloqueo de las negociaciones.

Hoy, sin embargo, el mandatario urgió a sus correligionarios a usar la llamada “opción nuclear” para cambiar las leyes del Senado y aprobar una ley migratoria sin DACA.

“Los republicanos deben usar la opción nuclear para aprobar leyes duras AHORA MISMO (sic)”, subrayó Trump.

La llamada “opción nuclear”, que el líder de la mayoría en la Cámara Alta -en este caso, el republicano Mitch McConnell- puede convocar de manera discrecional, cambia las reglas del Senado, al requerir una aprobación solo por mayoría simple (51) y no de 60 votos.

Así, esta excepción pone en peligro la capacidad del partido de la minoría para detener o bloquear el voto en casi cualquier materia, incluida la ley migratoria que los dos partidos llevan negociando durante meses en el Congreso sin haber alcanzado aún un acuerdo.

Grupos de legisladores de los dos partidos presentaron en varias ocasiones a Trump propuestas para dar una solución a los “soñadores”, pero el presidente no aceptó ninguna de ellas porque no contenían suficiente dinero para su muro con México o porque no acababan con el actual sistema de reagrupación familiar.

El programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) fue proclamado en 2012 por el entonces presidente presidente, Barack Obama (2009-2017), pero Trump ordenó que expirara en marzo, una decisión que ha sido bloqueada temporalmente por los tribunales.

El presidente está celebrando la Pascua en su club de Mar-a-Lago, en Palm Beach (Florida), y hoy acudió junto a la primera dama, Melania, a una misa en la iglesia episcopal Bethesda-by-the-Sea.

Preguntado sobre sus mensajes en Twitter, Trump consideró que los demócratas “tenían una gran oportunidad” para solucionar DACA, pero la estropearon y ahora el Gobierno deberá “echar un vistazo”.

“Tenían una gran oportunidad, los demócratas lo estropearon. Tenían una gran, gran oportunidad pero tendremos que echar un vistazo, porque México nos tiene que ayudar en la frontera. Ellos (los inmigrantes) pasan a través de México. Los envían a EE.UU. Ya no puede ser así”, consideró.

Trump insistió así en sus ataques a México, país al que amenazó hoy en Twitter con el fin del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), también conocido como Nafta.

“México está haciendo muy poco, si no NADA para evitar que la gente llegue a México a través de su frontera sur y, luego, a Estados Unidos. Se ríen de nuestras tontas leyes de inmigración. Tienen que acabar con la gran droga y el flujo de gente o voy a acabar con NAFTA. ¡NECESITAMOS UN MURO! (sic)”, dijo Trump.

La renegociación del TLCAN, en vigor desde 1994, fue impulsada por el Gobierno de Trump, quien durante las conversaciones ha usado un tono duro y ha amagado en varias ocasiones con salirse del pacto.

Trump también criticó hoy una política conocida como “catch and release” (atrapar y liberar) y que su Gobierno sigue implementado, pese a que tiene discrecionalidad para acabar con ella.

Esa política permite a los agentes fronterizos liberar a los inmigrantes que atrapan en la frontera con la idea de que, si no suponen un peligro para la seguridad de Estados Unidos, pueden permanecer en libertad mientras esperan a un juicio migratorio que examine su deportación.

“Los agentes de la Patrulla Fronteriza no pueden hacer su trabajo adecuadamente en la frontera debido a las ridículas leyes liberales demócratas como 'catch and release'”, consideró en Twitter.

El mandatario, que tiene previsto volver hoy a Washington, ha pasado el fin de semana en compañía de Stephen Miller, uno de sus asesores más cercanos y considerado el artífice de sus propuestas más duras en materia migratoria.

El acto fue organizado por diversas organizaciones sociales, como la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU) y United We Dream, cuya estrategia fue emplear las propias palabras de Trump, que en algunas ocasiones ha mostrado cierta simpatía por los inmigrantes, con el propósito de hacerle cumplir su palabra.

En septiembre pasado, Trump anunció que acabaría con el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), impulsado en 2012 por el Gobierno de Barack Obama, y dio al Congreso hasta el próximo 5 de marzo para aprobar una alternativa que ofreciera una solución migratoria permanente a esos jóvenes, los llamados ‘soñadores’.

Sin embargo, en enero, Trump anunció que solo aceptaría un reemplazo del DACA si iba condicionado a otros tres temas: fondos para la construcción del muro con México, la eliminación de una lotería que sortea visados a países con baja tasa de emigrantes a EE.UU., y la imposición de trabas a la reunificación familiar de los inmigrantes legales en la nación.

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Por este motivo, no fue extraño ver hoy a manifestantes portando pancartas pidiendo al presidente que “no deporte a la juventud inmigrante” o incluso exigiendo al mandatario que encuentre una solución al problema que él mismo ha creado: “Tú mataste el DACA… arréglalo antes de que sea demasiado tarde”.

Asimismo, el grupo desplegó un cartel en el que se podía ver una cuenta atrás con las horas que restan para que se cumpla el plazo dado al Congreso para sacar adelante una legislación que regularice la situación de los soñadores de manera permanente.

El acto sirvió además para que la ACLU presentara una campaña publicitaria, cuyo coste alcanzará los “seis dígitos”, según la organización, con la que buscarán concienciar al presidente mediante spots y anuncios en la prensa.

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En consonancia con la estrategia empleada hoy durante la protesta, en el anuncio televisivo se puede ver a Trump diciendo “amo a estos jóvenes” a lo que la ACLU responde: “Trump, es hora de demostrar tu amor”.

El Departamento de Justicia había solicitado a la máxima corte del país que interceda directamente, evitando la participación de cortes de apelación, para rever las decisiones que mantienen en marcha el programa Daca.

Ese programa protege de la deportación y legaliza la situación de inmigrantes llegados a Estados Unidos aún en la infancia, aunque el presidente Donald Trump decidió que el gobierno no lo renovaría y que los beneficios aprobados para unos 690.000 inmigrantes se extinguirían el 5 de marzo.
Sin embargo, dos cortes federales -una en California y otra en Nueva York- bloquearon la determinación presidencial y mantuvieron vigente el programa.

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Este rechazo de los jueces de la Suprema Corte de discutir ahora la cuestión significa que la controversia sobre la interrupción o manutención del programa Daca deberá seguir su curso normal antes de retornar al máximo tribunal del país.
En ese período, el gobierno se verá forzado a aceptar pedidos de renovación de los beneficios ya otorgados al abrigo del programa Daca.
La decisión de no aceptar el pedido del gobierno de interceder en la controversia fue adoptada por la unanimidad de los jueces de la Suprema Corte.

En una nota oficial, un vocero de la Casa Blanca reafirmó su convicción de que el programa Daca “es claramente ilegal”.
Ese programa “proporciona en masa permisos de trabajo y un sinfín de beneficios gubernamentales a inmigrantes ilegales”, afirmó el portavoz Raj Shah.

“Más tiempo en el reloj”

En una teleconferencia el fiscal general de California, Xavier Becerra, apuntó que la decisión de la Suprema Corte “es una victoria para los 'dreamers' y sin dudas una gran victoria para California. Una victoria del imperio de la ley y de nuestra economía”.
Exlegislador, el fiscal Becerra es uno de los más notorios defensores de la continuidad del programa Daca.
La inmigrante Eliana Fernández, que legalizó su situación migratoria gracias al programa, dijo que se sentía “encantada” con la decisión, pero alertó que la situación de esa comunidad aún no está resuelta. “Necesitamos una solución que sea permanente”, dijo.
El senador Richard Blumenthal señaló que la decisión de la Corte de mantener la controversia en su curso normal en el sistema judicial “pone algo más de tiempo en el reloj”.
Sin embargo, añadió, “no logra resolver el problema fundamental y no disminuye la urgencia del Congreso en adoptar una acción inmediata”.

La adopción de una reforma completa del sistema migratorio se tornó un rompecabezas hasta ahora imposible de resolver para el Congreso.
Los legisladores del partido Demócrata en las dos cámaras del Congreso se niegan a votar un proyecto de presupuesto federal para el año fiscal a menos que se halle una solución a los inmigrantes que por ahora se benefician del Daca.
Desde octubre del año pasado el estado federal ha funcionado apenas con presupuestos temporarios ante la dificultad de hallar un terreno común que permita al Congreso aprobar una reforma del sistema migratorio.

Trump se muestra pesimista sobre su poder de tumbar DACA

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se mostró pesimista sobre su capacidad para acabar con el programa Daca en el Tribunal de Apelaciones del Noveno Distrito, de mayoría progresista y al que le corresponde decidir ahora sobre el futuro del plan migratorio.
En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, Trump volvió a cargar contra la judicatura de EE.UU. y aseguró que “no hay nada tan malo” como el Tribunal de Apelaciones del Noveno Distrito, con sede en San Francisco y que se ha posicionado en varias ocasiones en contra de sus políticas.

Ese tribunal de apelaciones es el encargado de decidir ahora sobre el futuro del plan Daca, al que Trump quiere poner fin el 5 de marzo y que actualmente permite a 700 mil jóvenes indocumentados, conocidos como “soñadores”, trabajar y residir legalmente en EE.UU. sin miedo a ser deportados.
Trump consideró que “no habrá ninguna sorpresa” en el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito y añadió: “Nosotros perdemos, perdemos, perdemos y luego peleamos en el Tribunal Supremo”.
“Veremos qué ocurre, esa es mi actitud”, añadió el mandatario.
Trump reaccionó así a la decisión del Tribunal Supremo, que rechazó una petición de su Gobierno para que interviniera en la disputa legal sobre Daca y sentara un precedente a nivel nacional.
Sin un precedente nacional, sigue en vigor la decisión del juez William Alsup, de la corte del distrito norte de California, quien en enero ordenó a Trump que reactivase el programa Daca para todo EE.UU. y siguiera recibiendo solicitudes de renovación hasta que se resuelvan todos los litigios pendientes.
El fallo de ese juez, sobre el que ahora tendrá que posicionarse el Tribunal de Apelaciones del Noveno Distrito, impide a Trump acabar con Daca el próximo 5 de marzo, como tenía previsto.
El pasado septiembre, Trump anunció el fin de Daca, pero dio al Congreso hasta el 5 de marzo para encontrar una solución permanente para los miles de jóvenes indocumentados protegidos por ese programa migratorio, proclamado en 2012 por el entonces presidente, Barack Obama.
La Casa Blanca también mostró su desacuerdo con el Tribunal Supremo e insistió en que Daca es “claramente ilegal”, pues “proporciona en masa permisos de trabajo y un sinnúmero de beneficios del Gobierno a inmigrantes ilegales”, según dijo en un comunicado el portavoz adjunto de la Casa Blanca, Raj Shah.
Consideró, además, que la decisión del juez de California supone una “usurpación” de la autoridad legislativa que recae en el Congreso para cambiar el sistema migratorio de EE.UU.
Tanto la Casa Blanca como el Departamento de Justicia, a través de su portavoz Devin M. O'Malley, aseguraron que seguirán defendiendo en los tribunales su decisión “legal” de acabar con Daca y que llevaran el caso ante los tribunales de apelaciones y, si es necesario, de nuevo ante el Tribunal Supremo. 

En una incendiaria diatriba, el mandatario fustigó a la oposición demócrata por no respaldar su política de endurecimiento de las leyes migratorias y urgió al Congreso a aprobar la construcción del muro fronterizo con México, una de sus principales promesas.

Ante la conferencia CPAC, uno de los foros más importantes de los conservadores estadounidenses, Trump leyó la letra de la canción de 1968 de Al Wilson, “The Snake” (La serpiente), sobre un reptil enfermo que recompensa con un mordisco venenoso a la “mujer tierna” que lo ayudó a recuperarse.
“Ustedes tienen que pensar esto en términos de inmigración”, señaló el mandatario, antes de compartir esa balada basada en una fábula de Esopo.

“'Te salvé', gritó la mujer/ 'Y me has mordido, pero ¿por qué?'/'Sabes que tu mordida es venenosa y ahora voy a morir'/'Oh cállate, mujer tonta', dijo el reptil con una sonrisa/'Sabías muy bien que era una serpiente antes de que me llevaras'”, recitó Trump, en medio de los aplausos de la audiencia.

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“Eso es lo que estamos haciendo con nuestro país”, concluyó. “Estamos dejando entrar a la gente, y va a haber mucha gente. Solo va a ser peor. Le damos protección como nunca antes”.
Trump, que también apeló a esta metáfora al cumplir 100 días de gobierno en un mitin en Pensilvania, subrayó que “una nación fuerte debe tener fronteras fuertes”.

“Hacemos un llamado al Congreso para que construya un gran muro fronterizo para evitar que drogas y criminales peligrosos ingresen a nuestro país”, dijo.
Trump aprovechó además para repasar los logros de los agentes de control migratorio, diciendo que el año pasado arrestaron a más de cien mil extranjeros que habían cometido “miles de crímenes” y para reforzar su rechazo a las jurisdicciones del país donde las autoridades se niegan a identificar a los indocumentados para su deportación.

Ciudades santuario y “dreamers” 

“Estamos tomando medidas enérgicas contra las ciudades santuario”, dijo, luego de amenazar la víspera con retirar las tropas federales del estado de California, el más poblado y rico del país, por su negativa en cooperar con el arresto de inmigrantes ilegales.

En la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), autodenominada cuna del “conservadurismo moderno”, Trump también criticó a la oposición demócrata por no apoyar su propuesta para regularizar a los “dreamers“, jóvenes llegados ilegalmente al país cuando eran niños.

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Su plan, que el Senado rechazó la semana pasada junto con otros proyectos, abría la vía hacia la ciudadanía a 1.8 millones de esos “soñadores“, pero acababa con la lotería de visas de residencia y acotaba las autorizaciones de reunificación familiar, además de exigir fondos millonarios para el controvertido muro.
“Los demócratas están siendo totalmente insensibles”, señaló, al cuestionar lo que consideró una falta de respuesta para reemplazar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Daca), que su administración busca terminar.
Barack Obama creó el Daca en 2012 para atender la situación de los “dreamers”, luego de que la reforma migratoria que promovía fracasara en 2010 en un Congreso dominado por los republicanos.

Trump se declaró escéptico sobre la posibilidad de lograr una alternativa para estos jóvenes inmigrantes, la mayoría latinoamericanos. “Y no es por los republicanos, es por los demócratas”, recalcó.
El mandatario, muy cuestionado por presuntamente tildar a las naciones africanas, El Salvador y Haití de “países de mierda”, reiteró su idea de la inmigración basada en “méritos”.
“Queremos personas que tienen habilidades, que pueden mantenerse económicamente, que pueden contribuir a nuestra economía, que amarán a nuestra gente y que compartirán nuestros valores”, dijo.

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés), emitieron un comunicado en la noche de este sábado en que anunciaban la reanudación de la aceptación de solicitudes para Daca, aunque solo a aquellos que hubieran gozado ya de sus beneficios con anterioridad.

ENTÉRESE POR SI SE LO PERDIÓ

Trump llama "países de mierda" a los que contaban con TPS

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La orden de Alsup fue en respuesta a una demanda presentada por el Fiscal General de California Xavier Becerra y otros procuradores generales del estado.
Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió  que quiere un sistema migratorio para las llegadas al país basado en “el mérito”, después de que esta semana levantara una gran polémica al llamar “países de mierda” a naciones emisoras de inmigrantes como Haití, El Salvador y los países africanos.

“Yo, como presidente, quiero que la gente que venga a nuestro país sea para ayudarnos a convertirnos en un país más fuerte y maravilloso de nuevo, gente que venga a través de un sistema basado en el mérito. No más loterías. Estados Unidos primero”, dijo hoy el multimillonario en Twitter.
Este sábado Trump dio por perdido el acuerdo migratorio fraguado durante meses en el Senado por un grupo bipartidista después de que en su última reunión sobre el asunto calificara a naciones como El Salvador o Haití como “países de mierda”.
El grupo negociador, conformado por tres senadores demócratas y tres republicanos, había alcanzado un principio de acuerdo legislativo para una ley que facilite la ciudadanía a más de un millón de jóvenes que ahora son susceptibles a la deportación y que se criaron en EEUU, los conocidos como “soñadores”.
Una de las disposiciones de la propuesta legislativa contempla también la eliminación de la lotería de visados, con la que ahora se reparten 50.000 permisos al año, para transformar la mitad de ellos en visados para los que se han visto afectados por el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS).

Activistas urgen a “soñadores” a renovar Daca

Defensores de los derechos de los inmigrantes urgieron hoy a los beneficiados con el programa de Daca que, tras el anuncio de las autoridades de Estados Unidos, renueven su estatus si es que no lo hicieron cuando el programa fue eliminado.
Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés), emitieron un comunicado en la noche de este sábado en que anunciaban la reanudación de la aceptación de solicitudes para Daca, aunque solo a aquellos que hubieran gozado ya de sus beneficios con anterioridad.

Futuro de los soñadores

Seis soñadores demandan a Trump por decisión de acabar con Daca

Los soñadores, que fueron traídos por sus padres indocumentados cuando eran niños, enfrentan la deportación tras la cancelación por parte del presidente Donald Trump del programa DACA, que los había legalizado temporalmente durante el Gobierno de Barack Obama (2009-2017).

“Oremos para que nuestros líderes en Washington, D.C. encuentren la valentía y sabiduría para promulgar una solución compasiva y permanente para los jóvenes dreamers (soñadores) que buscan ofrecer sus talentos y dones a este gran país”, señaló el arzobispo angelino.

Invitó a los católicos y al país a “orar y reflexionar en nuestra historia como una Iglesia y una nación inmigrante” durante el evento, organizado por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB).

Bajo el lema “Muchos viajes, una familia”, los obispos destacan además los aportes que los inmigrantes hacen al país.
“Esta es siempre una hermosa semana de oración y agradecimiento por los dones que los inmigrantes traen a nuestro país”, señaló Gómez.

El arzobispo resaltó una invitación del papa Francisco para pedir por los inmigrantes y desplazados en el mundo.

“Este año, juntos con el papa Francisco estamos orando por mayor respeto para la dignidad y los derechos de nuestros hermanos y hermanas”, aseguró monseñor Gómez.

Guatemaltecos podrían ser deportados

Esperan que se acepten las renovaciones del Daca

“En estas cinco décadas el rostro de los inmigrantes puede haber cambiado, europeos, asiáticos, suramericanos y de otras partes, pero sus rostros revelan un deseo común de asegurar las grandes bendiciones de la oportunidad estadounidense”, destacó el cardenal Daniel DiNardo, presidente de la USCCB.

La población inmigrante en Estados Unidos alcanzó 43,3 millones de personas en 2015, representando el 13,5 % del total, según la encuesta de la comunidad estadounidense que hace parte del Censo de EE.UU.

Para 2016, según la encuesta, los inmigrantes en el país y sus hijos sumaban aproximadamente 84,3 millones de personas, el 27 % del total de la población.

En cartas enviadas a la secretaria interina del DHS, Elaine Duke, los legisladores señalaron que, aunque el USPS admitió su responsabilidad en el manejo tardío de decenas de solicitudes, el Gobierno se niega a aceptarlas como válidas.

POR SI SE LO PERDIÓ

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“Le urgimos que revise su posición actual y que se procesen las solicitudes que tengan un matasellos del correo (antes) del 5 de octubre”, que es el plazo dado por la Casa Blanca para que unos 154 mil “soñadores” renovasen su amparo migratorio.
Sin embargo, decenas de cartas no llegaron a tiempo por fallos en el procesamiento de la correspondencia en el área de Chicago, donde se encuentra una de las tres oficinas de Inmigración en todo el país a la que los “soñadores” debían enviar su solicitud de renovación.
De los 154 mil “soñadores“, entre 21 mil y 22 mil no renovaron o no lo hicieron a tiempo su inscripción al plan Daca que les protegía de la deportación y les otorgaba un permiso de trabajo, según datos del DHS.
La orden ejecutiva del presidente Barack Obama, que creó en el 2012 esta protección para los llegados en la infancia, no prevé un mecanismo para apelar problemas de este tipo.
A su vez, el Departamento de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) señaló en un comunicado que no se responsabiliza por el método de servicio de correo escogido por las personas para la renovación, o por la demora en la entrega de la correspondencia.
En sus cartas, los legisladores demócratas exhortan además la aprobación en el Congreso del proyecto de ley bipartidista DREAM Act 2017, como forma de dar una solución definitiva a unos 800 mil soñadores.

La Corte de Apelaciones del 2do Circuito en Manhattan ordenó a jueces de Brooklyn a que decidan de forma expedita si un tribunal puede revisar apropiadamente la decisión de poner fin en marzo próximo al Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Daca en inglés).

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El Gobierno insiste en que no es posible.
Algunos activistas demandaron al Gobierno en cortes de Nueva York, California, Maryland y el Distrito de Columbia.
El Daca ha brindado protección a cerca de 800 mil personas, muchas de las cuales actualmente estudian la universidad, y que fueron traídas ilegalmente a Estados Unidos cuando eran menores de edad, o que llegaron con sus familias y permanecieron en el país una vez que expiró su visa.

Un panel de tres jueces del 2do Distrito emitió la orden tras escuchar los argumentos orales.
Dijo que el gobierno no tendrá que seguir produciendo documentos o dar una presentación antes de que un tribunal menor decida si los casos pueden proceder.
También indicó que únicamente decidirá el tema sobre si el tribunal menor puede o no limitar la producción de documentos hasta que se resuelvan esos asuntos.
El vicefiscal general, Hashim M. Mooppan, dijo al panel que el Gobierno planeaba solicitar a la corte federal de Brooklyn que desechara las demandas a principios de la próxima semana.
Dijo que los abogados que demandaron al Gobierno solicitan documentos y testimonios que revelen los procesos de deliberación en los niveles más altos de los departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia. Dijo que eso es “sumamente inapropiado”.

Los beneficiados con este programa, a los que se les llama “soñadores”, han visto con preocupación las exigencias del presidente Trump de ligar cualquier tipo de beneficio migratorio de carácter permanente a su favor, que se discute en el Parlamento, con la construcción de un muro en la frontera con México.
No obstante, Pelosi y los demócratas aseguran que las posibilidades no están languideciendo y que los votos necesarios para aprobar el proyecto de ley bipartidista Dream Act 2017, presentado por las congresistas Lucille Roybal-Allard (demócrata) y Ileana Ros-Lehtinen (republicana) se pueden conseguir para fin de año.

La demanda presentada el lunes en San Francisco dice que la medida viola los derechos constitucionales de inmigrantes que carecen de status legal y proveyeron información sobre sí al gobierno federal para participar en el programa.
“Las consecuencias son potencialmente catastróficas” , dijo Jesse Gabriel, un abogado de los demandantes.
“Esas personas pueden comunicar muy clara y poderosamente la magnitud a la que han organizado sus vidas alrededor de ese programa” .

La demanda se suma a otras presentadas por la decisión de Trump de terminar el programa conocido como Daca, que desde el 2012 permitió a casi 800 mil jóvenes inmigrantes obtener permisos de trabajo y quedar protegidos de deportación.

Más de una decena de estados, desde Maine hasta California, han demandado al Gobierno federal por su decisión de eliminar el programa, argumentando violaciones constitucionales similares. Otro demandante es el sistema de la Universidad de California.

Gabriel dijo que el impacto de la decisión de Donald Trump pesaba directamente en las vidas de sus representados y las decisiones que tomaron para avanzar sus carreras en Estados Unidos.
Puso el ejemplo de Dulce García, una abogada de 34 años en San Diego que vino a Estados Unidos desde México cuando tenía cuatro años. García firmó recientemente un arrendamiento de una oficina y contrató a empleados, pensando que podía quedarse y trabajar en Estados Unidos bajo el programa, dijo Gabriel.
“Ahora, el gobierno le segó la hierba bajo los pies” , dijo.

Los otros demandantes son maestros, un estudiante de medicina y uno de derecho. Provienen de México y Tailandia.      El portavoz del Departamento de Justicia Devin O’Malley culpó al gobierno de Barack Obama por iniciar el programa y dijo que el departamento defenderá la decisión de Trump.

“Lo que nos trajo a este punto fue la decisión arbitraria del gobierno previo de evadir la autoridad del Congreso” , dijo. “El Departamento de Justicia va a defender la posición de este gobierno y restaurar el imperio de la ley” .

¿Cómo nació DACA?

Ante la dificultad de aprobar una reforma migratoria y tras varios intentos sin éxito de que el Congreso diera luz verde a proteger de la deportación a quienes habían sido llevados de niños por sus padres a Estados Unidos, el entonces presidente Obama impulsó DACA en 2012.

“Son estadounidenses en su corazón, en sus mentes, en todas las formas posibles salvo en una: sobre el papel”, manifestó Obama, que firmó una orden ejecutiva para ello.

El programa se creó a través de un memorando del Departamento de Seguridad Nacional, por eso su rescisión no necesita pasar por el Congreso.

¿Cómo desaparecerá DACA?

Desde este martes, la administración estadounidense no procesa ya ninguna solicitud nueva. Las que se presentaron antes sí serán procesadas. Trump ha dado una prórroga de seis meses y los beneficiarios cuyos permisos expiran de aquí al 5 de marzo pueden pedir una prórroga hasta el 5 de octubre. A partir del 5 de marzo, los permisos irán caducando. Los últimos lo harán en agosto de 2019.

“Este es un proceso gradual, no una eliminación súbita”, dijo Trump en un comunicado.

¿Tienen alguna posibilidad estos jóvenes de quedarse en EEUU?

El mandatario ha dejado en manos del Congreso estadounidense aprobar una solución legislativa para los “dreamers” en los próximos seis meses. Pero pone una condición para apoyarla: que forme parte de una legislación amplia que proteja la frontera.

¿De qué nacionalidades son los “dreamers”?

La inmensa mayoría son latinoamericanos, en concreto mexicanos. También hay un grupo destacable de asiáticos, aunque mucho menor, procedentes de Corea del Sur, India y Filipinas.

Según el Instituto para Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés), más de 630.000 solicitudes de mexicanos se habían admitido en 2016. El siguiente grupo lo forman jóvenes originarios de los países del Triángulo Norte (Guatemala con 36 mil, El Salvador, Honduras) con unas 73 mil. De América Latina hay también una cifra importante de colombianos y peruanos.

¿Cuántos jóvenes están acogidos a DACA?

Según el Instituto de Política Migratoria, 1.9 millones de jóvenes indocumentados cumplían las condiciones para acogerse a DACA, pero muchos no solicitaron entrar en el programa. La cifra de las peticiones aprobadas por el Gobierno federal es de cerca de 788 mil.

El temor de muchos ha sido siempre que, de cambiar las cosas, las autoridades migratorias los pudieran localizar fácilmente para deportarlos, ya que la administración cuenta con todos sus datos personales, entre ellos su dirección. La administración Trump no tiene intención de borrar sus expedientes.