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Digitalización incompleta: Guatemaltecos todavía ven burocracia al tratar con el Estado

Sun, 22 Feb 2026 14:00:00 +0000

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Digitalización incompleta: Guatemaltecos todavía ven burocracia al tratar con el Estado

El 35% de la conversación en redes sociales es negativa. Las críticas de los guatemaltecos se centran en la burocracia, la lentitud y los procesos aún semidigitales. Expertos piden priorizar un plan de modernización del Estado para reducir tiempos y costos.

Mauricio Álvarez

22 de febrero de 2026

08:00h

Los guatemaltecos perciben como lentos, burocráticos y complicados los trámites en el país. Piden que se digitalice y faciliten los procesos. (Foto Prensa Libre: Freepick)

En Guatemala, los trámites públicos digitales aún son percibidos como burocráticos, lentos y engorrosos, según un estudio de escucha social elaborado por DataLab, mediante tecnología de análisis especializada GOO, que monitoreó la conversación digital sobre trámites en línea, digitalización y modernización entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2025. Durante ese período se identificaron 11 mil 342 menciones relacionadas con el asunto, de las cuales el 35% reflejan un sentimiento negativo y tan solo un 6.1% positivo.

De acuerdo con los resultados, la conversación digital evidencia una brecha entre el avance tecnológico de la población y el ritmo de modernización estatal. En ese sentido, Sigfrido Lee, investigador asociado del CIEN, señaló que los resultados muestran que el Estado no ha acompañado el proceso de digitalización que vive la sociedad.

“Mientras la población ha avanzado en la incorporación de instrumentos digitales en su vida diaria, buscando una mayor digitalización, el Gobierno ha permanecido atrás, lo cual se convierte en un cuello de botella para la actividad económica y, en general, para la vida diaria de los guatemaltecos”, explicó.

En esa misma línea, Rodolfo Fuentes, socio de Teach Consulting para Centroamérica, señala que la región aún enfrenta el reto de migrar de procesos tradicionales a esquemas digitales integrales. “Nuestros países se encuentran abordando el asunto de cómo el Gobierno pasa de ser una institución basada en procesos legados, donde todavía el papel es importante, a la digitalización del Estado”, indicó.

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Para María del Carmen Aceña, exministra de Educación y experta en políticas públicas, estos resultados evidencian que la digitalización no ha sido asumida como un proyecto de país. “La digitalización es un proceso de transformación de un país. Su economía, su sociedad y la administración pública tienen que incorporar tecnologías digitales. Y ahora que tenemos internet de alta velocidad, inteligencia artificial y muchas plataformas electrónicas, es una gran oportunidad para buscar la eficiencia de los servicios públicos”, explicó.

Lee añadió que la falta de implementación efectiva de recursos tecnológicos genera un “cortocircuito” entre una sociedad que se digitaliza y un aparato estatal que mantiene procesos tradicionales. “Los procesos no se están transformando. Primero hay que quitar todos aquellos trámites que no se necesitan, luego simplificar y automatizar. Pero no vemos nada de esto, y la población lo resiente, y se nota en los comentarios que hacen en las distintas redes sociales”, enfatizó.

Fuentes explica que la digitalización del Estado no se limita a colocar servicios en línea, sino que implica una transformación más amplia basada en tres pilares: “El primero es cómo el Gobierno atiende mejor a sus ciudadanos por medio de la tecnología; el segundo, la utilización de los datos para mejorar la gestión pública; y el tercero, cómo se incorpora la inteligencia artificial a las instituciones del Estado para servir mejor a los ciudadanos”, detalló.

La mayor parte de la conversación se concentra en redes sociales como X (48.8%), Facebook (23.4%) y TikTok (25.8%). En X predominan los señalamientos sobre la burocracia como obstáculo para emprender e invertir, las críticas a la gestión pública y los desafíos en servicios como el sistema de salud. Los usuarios vinculan los procesos complejos y lentos con barreras para la innovación y la actividad económica.

Retos en la confianza

El estudio también identifica una narrativa recurrente de desconfianza institucional, especialmente vinculada al atraso digital, la falta de transparencia y la percepción de mala gestión pública. Esta desconfianza no solo se relaciona con la eficiencia de los servicios, sino también con el uso de plataformas digitales estatales.

Sobre este punto, Lee destaca que la conversación refleja dudas incluso ante procesos digitalizados. “El estudio refleja algo muy interesante respecto de la confianza, porque lo que está diciendo es que, incluso aunque se digitalizaran, no sienten confianza, precisamente, en compartir la información personal o incluso dinero a través de estos medios”, indicó.

Fuentes señala que la confianza ciudadana está estrechamente vinculada a la transparencia y al manejo de los datos. “Cuando los gobiernos logran generar transparencia con reglamentos claros, y el ciudadano entiende qué se está haciendo con su información, es cuando se minimiza el riesgo y se da la confianza. Esto es clave para la adopción de los servicios digitales”, afirmó.

Lee agregó que los comentarios sobre ciberseguridad y protección de datos son constantes, lo que evidencia que el problema no se limita a la tecnología, sino a la percepción sobre la capacidad institucional. “Al final de cuentas, los procesos tal cual existen hoy en día en el Estado no solo no responden a los intereses o necesidades de la población, sino que, además, no se tiene confianza en el Estado para implementar estos procesos”, señaló.

Aceña advierte que la confianza está directamente ligada a la seguridad y al marco legal. “Los servicios digitales vienen con todo un proceso de ciberseguridad, de resguardo de bases de datos. Entonces, se necesita cierta legislación”, afirmó.

Según Lee, la transformación digital implica también un cambio cultural que debe comenzar desde el propio Gobierno. “Ese cambio cultural tiene que empezar desde el mismo Gobierno y en entender que tiene que generar procesos de confianza, incluso aunque fueran manuales. Lo que denota esto es que la población no percibe que el Estado tenga la capacidad para hacerlo”, afirmó.

Obstáculos en los trámites

Otro de los hallazgos del estudio es que la ciudadanía percibe que muchos trámites siguen siendo burocráticos, pese a contar con componentes digitales. Los comentarios en redes sociales señalan que los procesos continúan requiriendo gestiones presenciales, duplicación de requisitos y largos tiempos de espera.

Para Lee, esta es una digitalización incompleta. “Lo que sucede hoy es que el formulario está en línea, lo puedo descargar, pero lo tengo que llenar a mano y, de todos modos, me tengo que trasladar a la capital para entregarlo. Eso no es digitalización; semidigital sigue siendo manual”, subrayó.

Fuentes coincide en que digitalizar trámites visibles es solo una parte del proceso, y que el verdadero reto está en la modernización interna del Estado. “Mucho de lo que el ciudadano ve son los trámites de frente, pero por atrás las instituciones también tienen que modernizar sus procesos y herramientas, incluso sistemas que llevan 20, 30 o 40 años y que ya presentan obsolescencia técnica”, explicó.

Para Aceña, esto responde a procesos que nunca fueron revisados de fondo. “Los trámites son largos muchas veces a propósito. Tienen que pasar por siete personas el expediente. Cuando uno revisa procesos, descubre que hay pasos que no son necesarios, pero se hacen porque así dice la ley, aunque nadie sabe qué ley”, dijo.

Aceña subrayó que digitalizar no es simplemente trasladar un formulario a internet. “Usted tiene que ir a la par revisando procesos. Si un proceso tiene diez pasos que no necesita, hay que quitarlos. Si no reduce tiempos y costos, no es verdadera digitalización”, señaló.

En esa línea, Lee explicó que la digitalización debe ser integral y enfocada en resultados concretos. “Lo primero es entender que realmente la digitalización tiene que ser completa. Y un primer inicio son los trámites, pero hacia donde va la digitalización, y donde están sus grandes virtudes, es en reducir tiempos y costos. Si no me está reduciendo tiempos y costos, no está teniendo efecto”, indicó.

Mayor eficiencia en los servicios públicos

El análisis de DataLab también muestra que las preocupaciones ciudadanas se extienden a sectores como la salud, donde la burocracia es percibida como un obstáculo para el acceso oportuno a servicios. En general, los usuarios posicionan la digitalización no solo como una mejora tecnológica, sino como una herramienta para fortalecer la transparencia, la eficiencia operativa y la calidad de los servicios públicos.

Fuentes señala que uno de los beneficios más relevantes de la digitalización estatal es el uso estratégico de la información. “El Gobierno consume y acumula una cantidad de datos gigantesca, y esos datos se pueden utilizar para mejorar la gestión del Gobierno y la atención a los ciudadanos”, explicó.

En Facebook, la conversación gira en torno a los retos en los servicios digitales, la demanda de rendición de cuentas y la ineficiencia de los servicios públicos. Aunque se reconoce el valor de las transacciones en línea, predominan las quejas por fallas técnicas, dificultades para completar pagos y tiempos de respuesta lentos.

Algunos trámites aún requieren gestiones presenciales, lo que refuerza la molestia ciudadana y la expectativa de procesos más accesibles y eficientes. Para Lee, la digitalización no debe limitarse a trasladar trámites al formato digital, sino implicar un cambio más amplio en la relación entre el Estado y la ciudadanía.

“La transformación digital no solo se trata de resolver trámites; se trata de un cambio de paradigma, donde el Gobierno se acerca a la población en la toma de decisiones. Incluso la digitalización puede servir para que la sociedad se sienta parte de los procesos del Estado”, concluyó.

En TikTok, en cambio, la conversación se centra principalmente en trámites concretos y atención al usuario, con contenidos institucionales que explican cómo obtener certificaciones, antecedentes y otros servicios en línea, donde predominan las preguntas operativas sobre cómo realizar gestiones específicas, más que críticas directas.

Demandas generacionales

El estudio también evidencia que la percepción sobre la digitalización del Estado no es homogénea y varía según la generación, tanto en sus preocupaciones como en sus expectativas sobre los servicios públicos digitales.

Fuentes añade que este fenómeno también responde a cambios generacionales dentro del propio Estado y en la ciudadanía. “Conforme el personal que trabaja en el Gobierno se va renovando, las nuevas generaciones están acostumbradas a vivir en un mundo digital, por lo que utilizar sistemas antiguos hace que la experiencia sea más compleja tanto para funcionarios como para ciudadanos”, señaló.

En el caso de los baby boomers, que representan el 9% de la conversación, la principal inquietud se centra en la seguridad de los datos y el temor a la exclusión digital. Sus comentarios reflejan preocupación por el posible robo de identidad, el mal uso de la información personal y la capacidad del Estado para proteger datos sensibles. Solicitan explicaciones claras, garantías de seguridad y opciones híbridas que no los dejen fuera del sistema.

Por su parte, la generación X concentra el mayor volumen de participación, con un 42.9%, y enfoca su discurso en la experiencia práctica con los trámites. Sus principales quejas giran en torno a procesos lentos, duplicación de requisitos y plataformas desarticuladas entre instituciones. Este grupo demanda automatización real, integración de sistemas y respuestas claras sobre plazos y beneficios concretos de la transformación digital.

Los millennials, que representan el 28.6% de la conversación, muestran una postura crítica frente a las promesas de modernización que no se traducen en mejoras funcionales. Para este segmento, no basta con digitalizar: los servicios deben ser rápidos, confiables y medibles, con seguimiento público sobre su implementación.

Por su parte, la generación X concentra el mayor volumen de participación, con un 42.9%, y enfoca su discurso en la experiencia práctica con los trámites. Sus principales quejas giran en torno a procesos lentos, duplicación de requisitos y plataformas desarticuladas entre instituciones. Este grupo demanda automatización real, integración de sistemas y respuestas claras sobre plazos y beneficios concretos de la transformación digital.

Los millennials, que representan el 28.6% de la conversación, muestran una postura crítica frente a las promesas de modernización que no se traducen en mejoras funcionales. Para este segmento, no basta con digitalizar: los servicios deben ser rápidos, confiables y medibles, con seguimiento público sobre su implementación.

En tanto, la generación Z, con un 19% de participación, centra su evaluación en la experiencia digital. Al ser nativos digitales, comparan las plataformas estatales con estándares tecnológicos modernos, por lo que señalan interfaces lentas, poco intuitivas o con errores.

Según el investigador asociado del CIEN, Sigfrido Lee, estas diferencias no son contradictorias, sino complementarias, y reflejan las distintas expectativas de la población frente al proceso de digitalización estatal. “Yo creo que, al final de cuentas, todos tienen razón. Con una plena digitalización se deberían resolver muchos de estos problemas al mismo tiempo, pero aquí lo importante es entender las distintas expectativas de la población”, señaló.

Lee explicó que algunos sectores priorizan la eficiencia del Estado; otros, la confianza y la seguridad de los datos; mientras que los usuarios más jóvenes ponen mayor énfasis en la experiencia digital y la facilidad de uso. “Hay unos esperando más eficiencia del Estado porque están más involucrados en estos procesos; otros, pensando en confianza; y otros, en cómo la experiencia digital debería facilitar todos estos procesos”, indicó.

En ese contexto, el investigador subrayó que la falta de transformación digital no solo genera ineficiencia administrativa, sino que también impacta en la competitividad y en la vida productiva de la población. “Las personas que están más avanzadas dentro de su vida productiva resentimos la falta de competitividad del Estado para atender y ayudarnos a resolver necesidades del día a día en el mundo empresarial y laboral”, puntualizó.

Para Lee, el trasfondo de estas demandas generacionales refleja una brecha más amplia entre el Estado y la ciudadanía. “El sentimiento que queda es la distancia entre el Gobierno y la población, que no entiende sus necesidades y que no las está resolviendo”, concluyó.

Lo que hay que hacer

Aceña plantea que la digitalización debe asumirse como una política de Estado y no como esfuerzos aislados entre instituciones. “Cuando se dice ‘vamos a digitalizar un país’, debe ser un proyecto dirigido por la Presidencia de la República. Si se pone como prioridad dentro de un proceso de modernización y se logra que el Congreso, el Organismo Judicial y otras entidades se suban al proceso, se puede tener un éxito rotundo”, señaló.

También subrayó que el primer paso es el liderazgo y la convicción institucional. “Primero necesita que el Gobierno esté totalmente convencido de que tiene que digitalizarse. Tiene que ser una estrategia nacional y empezar con los ministerios grandes que manejan bases de datos, como Educación y Salud”, afirmó.

Aceña indicó que la transformación digital debe ir acompañada de una revisión de los procesos administrativos para eliminar trámites innecesarios. “Usted tiene que ir a la par revisando procesos. Si un proceso tiene diez pasos que no necesita, hay que quitarlos. Muchas veces los trámites son largos porque se heredaron así, no porque sean necesarios”, explicó.

Fuentes destaca que la coordinación institucional es clave para avanzar en gobierno electrónico. “Cuando las instituciones del Estado trabajan en conjunto en estos temas, la capacidad de atender de una manera más ágil a los ciudadanos y realizar sus procesos se ve beneficiada de gran manera, y también genera ahorros”, indicó.

Añade que las estrategias de digitalización deben responder a un plan integral y no a acciones aisladas. “Una estrategia no puede ser algo que esté desconectado de un plan general. Donde los Gobiernos han centralizado la toma de decisiones y priorizado sus inversiones en digitalización es donde se ha visto mayor éxito”, explicó.

Lee considera que la digitalización debe servir para acercar al Estado con la ciudadanía. “Lo más importante es que permite al Gobierno entender qué es lo que le importa a la población y, a partir de eso, crear soluciones a esas necesidades”, dijo.

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5 mil propiedades salieron del limbo legal en 3 años, ¿cómo otorgar títulos más rápido en Guatemala?

Thu, 05 Feb 2026 12:00:00 +0000

justicia

5 mil propiedades salieron del limbo legal en 3 años, ¿cómo otorgar títulos más rápido en Guatemala?

Especialista en derechos de la propiedad propone agilizar gestiones en los ámbitos municipal y del Organismo Judicial, tras lentos procesos de titulación supletoria. La falta de coordinación entre instituciones hace más lento el proceso, lo cual limita el acceso a crédito, herencias e inversión.

Mauricio Álvarez

5 de febrero de 2026

06:00h

Un proceso de titulaci´ón supletoria en Guatemala puede requerir testigos, audiencias y publicaciones de edictos, lo que lo hace tardado. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Según datos del Registro de la Propiedad recopilados por el Observatorio de Derechos para la Propiedad, entre 2021 y 2024, un total de 5,415 personas o expedientes lograron obtener un título de propiedad utilizando el mecanismo legal llamado titulación supletoria. Se trata de un instrumento legal que permite convertir la posesión en propiedad, siempre que se cumplan requisitos como posesión pacífica, pública y continua por al menos 10 años.

Para María Andrea Cáceres, directora ejecutiva del Observatorio, una parte significativa de la población guatemalteca posee terrenos únicamente bajo derechos posesorios, sin contar con un título de propiedad inscrito. Esto impide a los guatemaltecos poder explotar comercialmente, heredar sus propiedades y acceder a créditos bancarios.

Para Cáceres, el proceso suele ser lento y para agilizarlo es necesario avanzar hacia la digitalización y modernización del sistema para ampliar la formalización de la propiedad, reducir conflictos y promover el desarrollo económico y el ordenamiento territorial en el país.

Este es un extracto de la conversación que tuvo con Prensa Libre.

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En Guatemala una gran parte de la población posee su tierra, pero no cuenta con un título inscrito. ¿Qué tan grande es este problema?

Actualmente no existe una estadística que nos diga cuántas personas tienen derechos posesorios versus derechos inscritos. A la fecha, en el Observatorio el único dato que hemos logrado obtener es a través del Registro de Información Catastral (RIC) es sobre cuántos procesos de titulación supletoria se han llevado a cabo en los últimos años.

Aunque el proceso es judicial, en su última etapa pasa necesariamente por el Registro de la Propiedad. A partir de información proporcionada por el Registro de la Propiedad y el Segundo Registro, sabemos que entre 2021 y 2024 se acumularon 5,415 casos que lograron titularse mediante titulación supletoria.

En Guatemala, cuando se tiene propiedad, se tiene el goce pleno del bien inmueble porque está debidamente inscrito. La posesión, como tal, no tiene ese paso de inscripción, pero puede optar al proceso de titulación si cumple con los requisitos de ley.

¿Cuáles son esos requisitos y cómo funciona la titulación supletoria?

Los requisitos son que la posesión sea continua, pacífica, pública, de buena fe y a nombre propio. Si se cumplen estos requisitos y se tienen al menos 10 años de posesión del inmueble, se puede optar a la titulación del derecho de propiedad. Esto descarta casos como invasiones o situaciones en las que no se pueda comprobar un tracto sucesivo.

El problema es que en Guatemala este proceso involucra el auxilio de abogados y una fase judicial. Además, participan otros actores como la municipalidad, la Procuraduría General de la Nación (PGN), se requieren testigos, audiencias y publicaciones de edictos. Todo esto hace que muchas personas no inicien el proceso, ya sea por desconocimiento, por el costo o por falta de interés.

¿Qué papel juega el Registro de Información Catastral (RIC) en este proceso?

El RIC inicia declarando un territorio en proceso catastral. A partir de ahí, realiza mediciones físicas y un análisis legal, verificando en el Registro de la Propiedad si los inmuebles están inscritos. Una vez concluido ese análisis, el predio se declara catastrado.

Un predio puede declararse regular o irregular. Es regular cuando coincide lo medido físicamente con lo inscrito en el Registro de la Propiedad y cuando el poseedor coincide con el titular. Si no coincide —por diferencias de área, sobreposición de fincas o porque no está inscrito— se declara irregular.

¿Qué sucede con los predios declarados irregulares?

Hay casos en los que la irregularidad se debe únicamente a que existe una posesión legítima, pacífica y continua, pero el inmueble no está inscrito. En esos casos, las personas pueden optar a una titulación supletoria especial que impulsa el RIC.

Esta titulación es gratuita, masiva y administrativa. Debe cumplir con los mismos requisitos del Código Civil, pero no requiere un proceso judicial. Desde que se implementó, ha permitido titular a varias familias, aunque únicamente aplica para territorios que están en proceso catastral o cuya declaratoria ya finalizó.

¿Qué tan relevante es hoy esta titulación especial?

El año pasado hicimos una estadística y encontramos que la titulación especial ya representaba el 12% de los procesos actuales. Este año, el RIC ha avanzado con más casos de titulación especial administrativa, por lo que es probable que ese porcentaje haya aumentado.

¿Cómo describen el estado actual de la titulación supletoria en Guatemala?

Es un proceso lento. Es lento por todas las aristas que requiere: declaraciones testimoniales, informes municipales, audiencias a la PGN y, en algunos casos, procesos de oposición que pueden extender aún más los tiempos y que se revise el proceso.

¿Existe una falta de coordinación entre las instituciones involucradas?

Sí, y depende mucho de la municipalidad. Cada municipalidad tiene sus propios procesos y hay algunas que se tardan muchísimo en enviar los informes. Aunque el plazo legal es de 15 días, en la práctica pueden tardar hasta dos años.

Existen multas diarias por esos retrasos, pero la ejecución de esas multas es muy difícil. Además, los informes municipales suelen llegar con errores de forma o de fondo, lo que retrasa aún más los procesos.

¿Qué impacto tiene no contar con un título de propiedad?

Cuando una propiedad está debidamente inscrita, las personas pueden acceder a créditos bancarios, hipotecar, constituir usufructos, arrendar y disponer plenamente de su bien. En cambio, con derechos posesorios no existe certeza total y los bancos no suelen otorgar créditos porque no pueden ejecutar adecuadamente el inmueble. Las personas pueden acceder a otro tipo de créditos, pero no pueden usar el bien inmueble como garantía.

¿En dónde identifica los principales cuellos de botella del sistema?

El Registro de la Propiedad es el último eslabón y se limita a operar lo que viene de la resolución judicial, por lo que no es el principal problema. Los mayores obstáculos están a nivel municipal y en el sistema de justicia, especialmente cuando los informes no se entregan de forma oportuna.

Las personas suelen enfrentarse a diversos obstáculos, el costo es uno de los principales. En la titulación supletoria siempre se necesita abogado y es un proceso oneroso. En cambio, la titulación especial es gratuita.

Otra diferencia importante es el plazo para obtener la inscripción de dominio, en la titulación supletoria requiere 10 años de posesión, mientras que la titulación especial solo 5 años. Además, en la titulación supletoria intervienen más actores, mientras que en la especial solo participan el RIC, la municipalidad y el Registro de la Propiedad, lo que la hace mucho más ágil.

¿Considera viable la digitalización del proceso de titulación supletoria?

Sí, sería lo más ideal. Actualmente no existe una entidad que verifique de forma integral que lo que se está titulando físicamente sea correcto, lo que genera sobreposiciones y conflictos. Digitalizar el proceso ayudaría a tener mayor control y a viabilizar la titulación para más personas.

¿Qué tan importante es la titulación para el desarrollo del país?

Es uno de los temas más importantes en materia de propiedad inmueble. No solo permite disponer del bien, sino que brinda certeza jurídica, evita conflictos, convierte la propiedad en un activo y promueve inversión tanto en áreas urbanas como rurales. Además, contribuye al ordenamiento territorial, a una mejor planificación y a la provisión adecuada de servicios públicos, evitando una expansión urbana desordenada.

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Baja carga de registros sanitarios en un 50% con llegada de sistema informático, según MSPAS

Tue, 20 Jan 2026 14:02:00 +0000

negocios

Baja carga de registros sanitarios en un 50% con llegada de sistema informático, según MSPAS

La implementación de la plataforma Siamed Web permitió reducir la acumulación de registros sanitarios del MSPAS, que alcanzaba unos 20 mil trámites. Aunque autoridades y la industria reconocen avances en procesos, admiten que persisten retos en capacitación y uso adecuado de la herramienta.

Mauricio Álvarez

20 de enero de 2026

08:02h

En noviembre de 2025 se contabilizaban alrededor de 20 mil expedientes de registros sanitarios acumulados. Con la implementación de Siamed Web, la presa se ha reducido en almenos un 50%. (Foto Prensa Libre: Freepick)

Desde el lanzamiento de la plataforma de digitalización de permisos sanitarios Siamed Web, el pasado 3 de noviembre del 2025, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) reporta una reducción de aproximadamente 50% en la presa de expedientes, que en ese momento ascendía a cerca de 20 mil trámites.

La plataforma fue creada mediante una alianza con la Cámara de la Industria de Guatemala (CIG), con el objetivo de gestionar de forma moderna y centralizada los registros sanitarios de medicamentos, cosméticos, productos afines, laboratorios y trámites vinculados a la regulación sanitaria en el país.

Según Allan Kevin Solís, director de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud del MSPAS, la plataforma cuenta actualmente con 264 usuarios activos y su implementación se ha realizado de forma progresiva. “Nos hemos reunido con diferentes gremiales para dar a conocer la existencia de esta herramienta y promover su uso”, explicó.

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“Lo que buscamos es poder modernizar los procesos, hacer autorizaciones de productos afines, como: plaguicidas, permisos de importación, gestiones de farmacovigilancia, y registros de los laboratorios”, comentó Solís.

El funcionario indicó que, junto con el socio cooperante, la cartera de Salud ha organizado seminarios web y reuniones técnicas para socializar el funcionamiento del sistema e identificar áreas de mejora. “Hemos tenido una relación estrecha con el cooperante para ir viendo qué ajustes se le pueden hacer a la plataforma”, añadió.

Avances y mejoras a la plataforma

Para Solís, uno de los principales avances fue reducir la presa que se tenía en un aproximado del 50%. “Hay que tomar en cuenta también que fue una presa que se mantuvo por mucho tiempo. Había personas que venían a dejar 500 trámites, eso nos hizo daño en ese lapso de tiempo”, explicó.

Andrés Schellenberg, miembro de la junta directiva de la CIG, resaltó que los avances se han notado, principalmente en los productos afines a cosméticos y algunas renovaciones de licencias. “Estamos hablando de presas de semanas y no de meses como era antes del lanzamiento de Siamed Web”, enfatizó.

Sin embargo, reconoció que la aplicación no está funcionando al 100%. “Todavía hay áreas de mejora, sobre todo en manejo de bases de datos, capacitación del personal. Hemos abierto estadios para poder hacer las capacitaciones a los usuarios”, dijo.

Solís reconoció que han identificado algunos inconvenientes en la carga de los documentos solicitados, ya que las personas no lo hacen en los formatos solicitados. “Si no logran pasar la fase de cargar ese documento, no pasan y no progresan para poder cargar todo el expediente. Y como no les permite realizar su trámite, entonces aducen que la página no funciona”, dijo. Asimismo, estimó que un 30 a 50% de errores pertenece a este tipo.

Retos pendientes

Solís reconoció que uno de los retos a los que se han enfrentado en la implementación de la plataforma ha sido el temor a la certeza de hacerlo en una herramienta en línea. “No es lo mismo ir a dejar físicamente un trámite a hacerlo a través de una plataforma”, aseguró.

También agregó que pese a que han socializado la aplicación, aún continúan recibiendo expedientes en físico. “Lo que se pretende es disminuir los trámites en físico e ir promoviendo la utilización de la plataforma para ir quitando la presa”, afirmó.

En la misma línea, Schellenberg admitió que han encontrado resistencia de parte de la industria. “Todavía nos hace falta digitalizar un pago, aún se tiene que hacer de forma física y luego hay que llevar la boleta a dirección, para posteriormente concluir el proceso en la herramienta. Ha sido la mayor resistencia que la industria ha puesto en el tema”, señaló.

Otro reto identificado desde el MSPAS es la difusión de la información y la capacitación. “Necesitamos capacitar al regulado, dar a conocer la plataforma y su funcionalidad. Hemos trabajado con las jefaturas y hemos tenido acercamientos con cámaras e instituciones”, dijo.

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Mon, 17 Nov 2025 11:00:00 +0000

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La nueva plataforma Siamed Web permitirá reducir los tiempos de trámite para registros sanitarios, renovar licencias y emitir permisos de importación. Autoridades estiman que los expedientes atrasados podrían resolverse en menos de seis meses.

Ximena Fernández

17 de noviembre de 2025

05:00h

Realizar trámites de forma digital permitirá el ingreso de nuevas medicinas al país. (Foto Prensa Libre: Freepik).

A partir de la digitalización de trámites de registros sanitarios de productos farmacéuticos, será posible que ingrese a Guatemala una amplia gama de medicamentos. Es decir, nuevos productos de medicinas y cosméticos, además de una mayor cantidad de los que ya se comercializan en el país.

La nueva plataforma para gestionar licencias sanitarias, registros sanitarios de productos farmacéuticos, autorizaciones de productos afines, así como permisos de importación del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), fue presentada el pasado 4 de noviembre con el nombre de “Siamed Web”, desarrollada gracias a una alianza con la Cámara de Industria de Guatemala (CIG).

Actualmente, el MSPAS registra una acumulación de aproximadamente 20 mil expedientes, entre los que se incluyen nuevos registros, renovaciones y otros procedimientos, según Edgar González, viceministro de Regulación de la Salud del MSPAS. Además, el ministerio recibe mensualmente unos tres mil expedientes nuevos, destacó Andrés Schellenberg, director de la Junta Directiva de la Cámara de Industria de Guatemala.

Para resolver esta acumulación, González afirmó que se elaboró un plan de gestión para atender el rezago, con el objetivo de procesar los expedientes pendientes en un plazo no mayor de seis meses. Por otro lado, estimaciones de la CIG indican que podría resolverse en un período de tres a cuatro meses.

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Beneficios para los usuarios y exportadores

Al reducir el tiempo de los procesos para registros y licencias sanitarias, aumentará la competitividad de cada producto e industria, lo que se traducirá en más opciones en el mercado, según Andrés Schellenberg, director de la Junta Directiva de la Cámara de Industria de Guatemala. Agregó que, si se acorta el tiempo para obtener nuevos registros, podrán lanzarse más cosméticos por temporada: “Más alternativas es igual a más competencia en precio y en calidad para la población”.

Desde el sector de alimentos y bebidas, Adriana de León, coordinadora de la Comisión de Alimentos y Bebidas de Agexport, indicó que la demora en los trámites impacta en el proceso para sacar los productos al mercado y hacerlos llegar al consumidor final. Es decir, gracias a la digitalización, las empresas podrán operar con mayor eficiencia, lo cual se reflejará en una mayor competitividad y reducción de costos.

Para los exportadores, Schellenberg señaló que contar con trámites más ágiles abrirá puertas en otros países. El directivo afirmó que eso permitirá responder con mayor rapidez y evitar riesgos por vencimientos de registros locales.

Además, Edgar González, viceministro de Regulación de la Salud del MSPAS, señaló que se eliminarán los tiempos muertos, ya que no habrá recepción en ventanillas ni traslados a evaluadores, entre otros pasos que provocaban pérdidas de tiempo para los usuarios.

¿Cómo se limpiará la presa?

Las mayores acumulaciones de expedientes, según Édgar González, viceministro de Regulación de la Salud del MSPAS, corresponden a registros de productos nuevos. También se reportan demoras en renovaciones de productos afines. “Hemos tenido acumulaciones de incluso 12 meses para poder responder”, afirmó, y añadió que esta situación se ha prolongado en los últimos dos años.

Respecto de los trámites ingresados de forma física, González explicó que continuarán siendo evaluados en ese formato, mientras que la nueva plataforma permitirá realizar los nuevos trámites de forma digital. Añadió que habrá una jerarquización: se avanzará primero con los productos afines y se dejarán al final los medicamentos de mayor complejidad.

Adriana de León, coordinadora de la Comisión de Alimentos y Bebidas de Agexport, subrayó que durante la fase inicial e implementación debe haber acompañamiento técnico para resolver cualquier inconveniente: “Realizar esto desde el inicio permitirá que las empresas tengan confianza en que la digitalización realmente mejora la eficiencia sin introducir nuevos obstáculos”.

“El mayor impacto que vamos a visualizar es la reducción de tiempos y el aumento en la transparencia”, señaló Andrés Schellenberg, quien añadió que los usuarios podrán seguir el proceso de su expediente y no se podrá escoger qué archivos analizar.

Según el directivo de la Cámara de Industria de Guatemala, a partir de este cambio los permisos de importación podrán gestionarse en cuestión de horas, lo cual impactará de forma positiva en los tiempos dentro de los puertos.

González añadió que contarán con estadísticas de funcionamiento del sistema, con las cuales podrán establecer el tiempo exacto que toma cada trámite realizado a través de la plataforma.

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Ana Lucía González

2 de octubre de 2025

06:00h

Analistas señalan la importancia de medir los procesos en el sector público para saber si se avanza y evitar acciones aisladas, pese a que se han digitalizado más de 900 trámites. (Foto Prensa Libre: Freepik)l

Hace seis meses, la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) publicó el Informe de Estimación Nacional de Comercio 2025, sobre barreras al comercio exterior. El documento identificó una serie de obstáculos a la inversión en múltiples socios, entre estos, Guatemala, en el que señala una serie de barreras no arancelarias relacionadas con las licitaciones públicas, regulaciones técnicas, fitosanitarias, aduaneras, de propiedad intelectual, y otros procesos burocráticos que obstaculizan la inversión estadounidense en el país.

El informe fue uno de los argumentos del presidente Donald Trump para imponer barreras arancelarias del 10% a Guatemala, lo cual ha presionado al país al gobierno a apresurarse para enmendar este rezago.

Las fallas comienzan desde trámites largos en la importación, barreras en el comercio, compras del sector público, propiedad intelectual, servicios, inversión, derechos laborales y otras que fueron identificadas por el USTR. En respuesta, la ministra de Economía, Gabriela García, reconoció estas barreras “no arancelarias” y ofreció avances en el corto plazo.

Las tres carteras identificadas con alta prioridad para corregir estas barreras técnicas, con trámites largos y engorrosos, fueron el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y el Ministerio de Ambiente (MARN). Sin embargo, el rezago alcanza también al Ministerio de Economía, Registro de la Propiedad, Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), sin excluir a casi todo el Ejecutivo, municipalidades y demás instituciones del Estado que atraviesan la misma problemática.

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Ana Isabel Antillón, líder de Certeza Jurídica de Guatemala No Se Detiene, resume la situación con este ejemplo: “En el MSPAS te piden completar un formulario en Google, pero tienes que convertirlo a PDF, lo imprimes y luego se entrega en ventanilla, ¿de qué sirve la tecnología entonces?”, cuestiona.

Sigfrido Lee, analista del Cien, subraya la importancia de medir los procesos para saber si se avanza y evitar acciones aisladas que no cambian el resultado total. Destaca la digitalización como una herramienta crucial para transparentar, agilizar y hacer accesibles los procesos, eliminando excusas para la informalidad. “La digitalización debe ir acompañada de una transformación”, aclara.

La queja del principal socio comercial del país ha puesto sobre la mesa la importancia de una discusión postergada en un eje básico de la transformación digital: trámites que no se simplifican. Analistas, funcionarios de gobierno y sector privado, exponen sus puntos de vista y plantean soluciones para una problemática difícil de cuantificar en tiempos y costos, pero con el objetivo común de concretar una meta trazada hace más de una década: una Nación 100% digital.

Trámites, un eslabón básico

De acuerdo con el documento “El fin del trámite eterno”, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2018, el trámite es la unidad más pequeña de la política pública. Desde obtener una partida de nacimiento, registrar una propiedad o abrir un negocio, es lo que conecta a los ciudadanos y a las empresas con su gobierno. La agilidad de los mismos tiene un impacto positivo en el clima de negocios, la percepción ciudadana y el acceso a servicios de primera necesidad. Sin embargo, en América Latina y el Caribe, la palabra “trámite” es sinónimo de dolor de cabeza.

Un ejemplo de esta situación es el Viceministerio de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud del MSPAS. Una de las direcciones – con el mismo nombre – tiene a su cargo tres departamentos relacionados: control de alimentos, productos farmacéuticos y afines; y control de establecimientos de salud.

Estos departamentos se vinculan con la industria exportadora para otorgar una serie de permisos relacionados con alimentos, medicamentos y cosmética, higiene personal o de casa.

Este es el detalle:

Trámites clave de alimentos e importaciones

Registro Sanitario de Alimentos y renovación de registro
- Tiempo anterior:
  - Nuevo: 1 mes
  - Renovación: 1 mes
  - Alto riesgo (pasa por LNS): 4 meses
- Tiempo actual:
  - Nuevo: 3 semanas
  - Renovación: 1 mes
  - Alto riesgo (pasa por LNS): 2 a 3 meses
Certificación Sanitaria de Importación (importante para exportadores por la importación de materia prima)
- Tiempo anterior:
  - Apostillado: 3 semanas
  - Sin apostilla: 1 semana
  - De un día a otro
- Tiempo actual:
  - Apostillado: 1 mes
  - Sin apostilla: 1 semana

Certificado de Libre Venta

Tiempo anterior: 1 día
Tiempo actual: 1 día

Trámites clave de medicamentos y productos afines

Registro Sanitario de Medicamentos
- Tiempo anterior:
  - Registro nuevo: 10 meses
  - Modificación de registro: 6 meses
- Tiempo actual:
  - Registro nuevo: 14 a 24 meses
  - Modificación de registro: 10 meses
Renovación de Registro Sanitario
- Tiempo anterior: Renovación de registro: 8 meses
- Tiempo actual: Renovación de registro: 12 meses
Registro sanitario de producto afín
- Tiempo anterior: Registro nuevo: 1 a 3 meses
- Tiempo actual: Registro nuevo: 7 a 9 meses
Renovación de registro sanitario
- Tiempo anterior: 1 mes
- Tiempo actual: 5 a 7 meses
Certificado de libre venta de medicamentos / productos afines / plaguicidas
- Tiempo anterior: 10 días
- Tiempo actual: 15 días
Inspección de buenas prácticas de manufacturas de medicamentos
- Tiempo anterior: 4 meses
- Tiempo actual: 5 meses
Inspección de buenas prácticas de manufacturas laboratorios afines, naturales, oficinales y fábricas
- Tiempo anterior: 2 meses
- Tiempo actual: 4 meses

El departamento de prensa respondió que estos tres departamentos evalúan alrededor de 300 mil solicitudes anuales, entre aprobadas y rechazadas. En cuanto a la digitalización, en agosto se implementó el Sistema Nacional de Alimentos Procesados (SNAP-GT), además de próximos lanzamientos en octubre y noviembre para avanzar en la transición de trámites físicos a digitales.

Reconocen que los trámites más críticos para el sector privado son las licencias sanitarias, los registros sanitarios y los permisos de importación de productos regulados. “Actualmente se desarrollan nuevos sistemas informáticos, acompañados de capacitaciones y talleres con el objetivo de reducir tiempos de respuesta y fortalecer la eficiencia en la gestión”, indicó la oficina de prensa del MSPAS por escrito, aunque no se concretó la entrevista presencial.

El Comisionado de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico (GAE), Edie Cux, señala que se ha avanzado, aunque admite que el MSPAS ha enfrentado retos en la implementación de la simplificación. Sin embargo, dicha comisión les ha brindado acompañamiento, y en octubre esperan liberar trámites relacionados con medicamentos y tarjetas de salud.

“En el Ejecutivo hemos pasado de 23 trámites simplificados a 840 en agosto de 2024, más 13 adicionales en los Ministerios de Gobernación y Salud; en total alrededor de 950 trámites en línea, algunos 100% digitales que cumplen los criterios del BID”, asegura Cux.

Ven falta de voluntad política

Otra situación que muestra el bajo desempeño es la inscripción de una sociedad. Fue el caso de un inversionista mexicano que solicitó registrar su nueva empresa a través del e-portal. Esta debía ser revisada por la SAT en tres días hábiles. Por un problema en la creación de la agencia virtual del representante legal, el trámite quedó inconcluso, atribuyendo la falla a un “colapso del sistema”.

Este y otros tropiezos siguientes demoraron la inscripción de la empresa hasta cuatro semanas, con costos adicionales para el inversionista, sin que existiera un canal institucional que explicara con claridad los motivos de cada demora, de acuerdo con una segunda fuente del sector privado que pide no ser citada.

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Sara Larios, viceministra de Asuntos Registrales del Ministerio de Economía, coordina cinco registros adscritos, siendo el Mercantil el que opera con mayor volumen. En el 2024, se inscribieron más de 380 mil operaciones. Y en el curso de este año, los cinco registros suman más de 500 mil inscripciones.

Asegura que ya están interconectados con entidades como la SAT y el Renap, en donde el 95% de los trámites en los cinco registros ya están digitalizados. “Parte de las dificultades no es por falta de voluntad, sino una revisión normativa, además de recursos financieros para modernizar las plataformas y mejorar formas de pago, con soluciones tecnológicas en el corto plazo”.

Por su parte, Luis de la Roca, registrador mercantil, explica que los tiempos de tramitación promedio son de dos días para empresas y comerciantes individuales; y seis días para sociedades mercantiles.

“Este registro tiene el 100% de sus trámites digitalizados, puesto que cada vez más usuarios usan los servicios en línea”, indica. Están interconectados con la SAT y el RENAP. Para reducir tiempos y evitar rechazos se implementan una serie de acciones, como la digitalización, con hasta el 83% de sociedades inscritas en forma digital. Modernización, a través de la mejora continua de plataformas; simplificación de requisitos, como “eliminar fotocopias”, guías registrales, capacitaciones, implementación de inteligencia artificial para el 2026, que evitará rechazos de expedientes y un chat interactivo que mejore la eficiencia de los servicios.

Discusión postergada

De acuerdo con Antillón parte de las razones de este rezago se debe a una discusión que no se ha tenido por muchos años, donde el funcionario público debería ejercer una función más sustantiva, como el análisis de expedientes, en vez de limitarse a recibirlos y poner un sello.

“Hace falta voluntad política y visión de la atención del ciudadano como prioridad para todos los servicios. Esto alcanza a todas las instituciones, en donde las quejas de los ciudadanos tienen un impacto en tiempo, costos y movilidad”, expone. Además, parte de la problemática es que los trámites digitalizados funcionan en los ministerios como islas, sin comunicar información con el resto de instituciones. Esto hace que se pierda competitividad, para los ciudadanos y como país, comenta.

Para Lee, parte del problema es que se corrió con cumplir con la ley y digitalizar los formatos, pero no se corrigieron los procesos. “Esto lleva a automatizar los vicios de los procesos, en lugar de simplificarlos primero”, señala.

“Hace falta voluntad política y visión de la atención del ciudadano como prioridad para todos los servicios. Esto alcanza a todas las instituciones, en donde las quejas de los ciudadanos tienen un impacto en tiempo, costos y movilidad”.

Ana Isabel Antillón, líder de la Mesa Certeza Jurídica de Guatemala No Se Detiene

Considera que la falta de transparencia en la publicación de los tiempos de los trámites por parte de cada ministerio contribuye a una percepción negativa, a pesar de que pueden darse mejoras parciales. Así, un empresario puede tardar entre seis y 18 meses en iniciar operaciones porque, aunque tenga permisos de algunas instituciones como la SAT o el Registro Mercantil, le faltan los del Ministerio de Salud o el Ministerio de Ambiente.

Cita el caso de un migrante en Los Ángeles que no puede comprar una casa en Guatemala sin viajar al país, a pesar de que la firma electrónica podría facilitar este proceso. Enfatiza que el problema no es la digitalización, sino los procesos. “El país falla en que, a pesar de tener trámites digitales, aún se requiere la presencia física en ventanillas”, subraya Lee.

Cacif: “Hay impacto económico”

Para el presidente del Cacif, Charles Bland, los avances en la simplificación de trámites en Guatemala han sido pocos, a pesar de la insistencia. De esa cuenta, la lentitud en los procesos, trámites y resoluciones tiene una serie de impactos económicos, como que las empresas pequeñas deben dedicar una parte importante de sus recursos a personal para gestionar, lo que les resta competitividad y posibilidades de desarrollo.

“Aunque no hay indicadores específicos de las pérdidas económicas, la tramitología encarece los productos para el consumidor final”, asegura Bland.

En el afán de proponer mejoras, comenta que Cacif ha tenido acercamientos con el Ministerio de Economía, de Salud y otros para apoyar la digitalización y facilitación de trámites, buscando que los requisitos sean mínimos, fáciles de cumplir y con tiempos claros.

“La razón de la persistencia de muchos trámites, incluso digitalizados, se atribuye a una cultura burocrática donde se le da más importancia al proceso que al resultado. Por eso se busca un balance de trámites mínimo necesario, lo que aumentaría la competitividad del país”, asegura.

A lo que Lee añade que la competitividad en general – aranceles, infraestructura, trámites – facilita incursionar en nuevos mercados.

Un nuevo modelo de gobernanza

Para Antillón debe darse una actividad interconectada, interoperabilidad, en donde la entidad coordinadora -GAE- tenga un rol vinculante con estándares, indicadores de desempeño y otros.

El Comisionado de la GAE es consciente de este necesidad y añade que para que los trámites sean efectivos una vez simplificados y digitalizados, dicha Comisión promueve estándares como la trazabilidad de la información, ciberseguridad, interoperabilidad, pasarelas de pago, resultados electrónicos y el uso de firma electrónica avanzada.

Para abordarlo, anuncia la firma de un apoyo para el gobierno de Guatemala para fortalecer la gobernanza electrónica con la Unión Europea, e implementada con Estonia, por un monto de 2 millones de euros no reembolsables.

Consciente de esta limitación, propone tres soluciones para los próximos meses enfocadas en: propiciar la conversación sobre protección y gobernanza de datos; seguimiento a entidades clave como Salud, Agricultura y Ambiente, para mejorar los controles de calidad y por último, actualizar el Acuerdo Gubernativo de la GAE para fortalecer la coordinación y rectoría.

Charles Bland considera que para avanzar, se necesita la voluntad de los ministros y la presión del presidente para que la digitalización y la facilitación de trámites sean una prioridad, ya que la falta de agilidad en los registros afecta la economía. “La colaboración del sector privado está disponible, pero la presión debe venir desde el gobierno”.

Con información de Ximena Santiago.

Línea temporal de la GAE

Los primeros esfuerzos por la rendición de cuentas y digitalización del país comenzaron en el 2012, con la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (Copret). La instancia perdió fuerza y con la crisis política se debilitó. Posteriormente fue desactivada. En el 2016, el gobierno de Jimmy Morales crea la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico (GAE) que sustituyó a la Copret con el fin de promover de nuevo el gobierno digital.
Uno de sus cuatro ejes de trabajo es la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, amparado en el Decreto 5-2021, concebido para modernizar la gestión administrativa del Estado.
Edie Cux, coordinador y director ejecutivo de la GAE, indica que esta ley establece un seguimiento general para dicho ente, excepto los relacionado con el comercio exterior, que es competencia del Ministerio de Economía.
La GAE tiene un presupuesto ordinario de Q14 millones en 2025. Parte de sus limitaciones es que no tiene un rol vinculante, sino de asesor en el Ejecutivo. “La ley otorga facultades, pero no una rectoría con capacidad de control, regulación y sanción; apostamos por la gobernanza para fortalecer sus capacidades y vinculación política con las autoridades, lo cual es clave para avanzar”, asegura Cux.

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Conectar ciudadanos con el gobierno: “Los usuarios esperan un Estado con madurez digital”

Thu, 06 Mar 2025 12:00:00 +0000

gobierno electrónico

Conectar ciudadanos con el gobierno: “Los usuarios esperan un Estado con madurez digital”

Antes de la identidad digital y el gobierno electrónico, experto llama a pensar más allá de incorporar tecnología, y a hacer una reflexión estratégica sobre el servicio que se busca resolver al ciudadano.

Ximena Santiago

6 de marzo de 2025

06:00h

“El usuario ya está acostumbrado al uso de plataformas electrónicas, al comercio electrónico, a las transferencias bancarias, a interactuar a través de medios digitales. ¿Qué nos hace pensar que cuando un ciudadano quiere vincularse con el sector justicia lo querrá hacer de manera física y en papel?”.

Mario Lara es contundente en su crítica a cómo las oficinas públicas no han logrado avanzar al mismo ritmo que las privadas en temas de transformación digital. Por décadas fue jefe del departamento de Desarrollo Institucional en el Poder Judicial de Chile, donde, entre otros proyectos, tuvo a cargo grandes tareas para introducir la innovación en Chile, que hoy es el país más avanzado en el tema en Latinoamérica, junto a Uruguay.

Hoy, Lara es consultor de Innovecito, y trabaja con gobiernos en toda la región para romper paradigmas y crear estrategias que funcionen a los usuarios, antes de pensar en toda la adopción tecnológica que conlleva.
Este es un extracto de la conversación que tuvo con Prensa Libre.

Hay una ley para la simplificación y digitalización de trámites en Guatemala, pero hay ministerios que todavía están con trámites pendientes. ¿Qué falta?

Las leyes son el soporte necesario para que se lleven adelante este tipo de modificaciones. Sin embargo, es un error pensar que la transformación digital, ya sea una institución, la prestación de un servicio o un poder del Estado, se reduce exclusivamente a la incorporación de tecnología. Son muchísimos los casos de fracaso rotundo, tanto en el mundo público como privado. Lo clave dentro del proceso de transformación digital es entender el problema que tenemos, luego identificar la solución tecnológica que va a apoyar ese problema. Por lo tanto, la clave tiene que ver con las personas que se desempeñan en la institución, en entender cuál es la problemática que se quiere solucionar, en darse la oportunidad de generar una reflexión estratégica de la manera en la que se hacen las cosas para darle la posibilidad de transformarse y luego viene lo digital como una solución, desde el punto de vista del soporte.

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Para lograr la transformación digital, ¿es oportuno iniciar con una ley?

Distintos países han apostado primero por la transformación digital de la administración central del Estado, aquellos servicios que dependen del Ejecutivo, a través de los diferentes ministerios, y otros países han sido otras instituciones las que lo han liderado. En el caso de Chile, el Poder Judicial ha sido un órgano que ha desarrollado una implementación mucho más agresiva de la tecnología, ha sido mucho más acelerado que el resto de los órganos del aparato estatal y eso generó algunas ventajas porque de alguna manera en distintos momentos de la vida, tanto social como institucional, se relacionan tanto los ciudadanos como las empresas y las instituciones con el poder judicial, por lo tanto, el establecer un poder judicial ágil y moderno acelera un poco el proceso de transformación digital del resto de los aparatos del sector público.

Pasa que los ciudadanos a veces acceden, por ejemplo, a un determinado servicio del aparato público, como, por ejemplo, relaciones exteriores a propósito de trámites de extranjería. Sin embargo, con el poder judicial se está en constante vínculo, por relaciones laborales, familiares, comerciales, tributarias o de comercio. Entonces, esto genera que sean los ciudadanos los que comienzan a tener en un apetito por un mejor estándar en la prestación de servicio y eso lleva finalmente a que los liderazgos de las distintas instituciones se pongan de acuerdo para poder mejorar ese estándar de prestación de servicio y no permitir que los ciudadanos tengan que pagar costos no financieros, costos de tiempo, costos de transacción, porque existen ineficiencias en el Estado como que no somos capaces de interconectarnos entre nosotros. Entonces, eso lleva a que el nivel de madurez tecnológica de una institución arrastra a él el avance y la progresión de las demás.

A partir de la experiencia de Chile, ¿cómo hacer digital un gobierno?

Lo primero tiene que haber una reflexión estratégica y una visión institucional respecto de la modernización independiente de quién está en la posición de liderazgo de la institución. Con eso el poder judicial chileno fue muy comprometido al tener un norte de modernización de la prestación del servicio de justicia independiente que, por ejemplo, los presidentes de la Corte Suprema en Chile cambian cada dos años. Ningún cambio de presidente ha significado que Chile retroceda implementación de tecnología. Hay una visión común del pleno de la Corte Suprema respecto de aquello.

Lo segundo es avanzar decididamente en la incorporación tecnológica en distintas etapas y la primera tiene que ver con este proceso de transformación digital hacia el interior de la institución. Repensar nuestros procesos, ver la forma en la que trabajamos, el entender cuáles son las necesidades de los ciudadanos para poder prestar un servicio que sea ágil desde punto de vista interno se logra con la implementación de ciertas herramientas que están ajustadas al diseño funcional de la institución.

La siguiente etapa tiene que ver con comprender cuáles son las necesidades de las personas. En general, las instituciones públicas tienen una particularidad, sus usuarios están cautivos. Yo no puedo ir al Ministerio de Hacienda a resolver un problema que tenga que ver con agricultura. Agricultura tiene sus usuarios cautivos, el poder judicial también los tiene. Entonces, a veces las instituciones se sienten con esta posición de que tienen que venir a mí y yo veré la manera en la que los atiendo y en la que respondo a sus necesidades, sin embargo, la sociedad ha cambiado. A 25 años de entrado en este siglo, los ciudadanos están acostumbrados al uso de plataformas electrónicas, al comercio electrónico, a las transferencias bancarias, al interactuar a través de medios digitales. Prácticamente, la vida la desarrollamos a través de diferentes aplicaciones en nuestro teléfono celular.

“¿Qué nos hace pensar que cuando un ciudadano quiere vincularse con el sector justicia lo que era hacer de manera física, a través de papeles y en forma presencial? “

Las instituciones tienen que comprender que los usuarios a los que atienden están acostumbrados a recibir un estándar de servicio de distintas instituciones públicas y privadas que están hoy día en el contexto digital: la banca, el comercio, las importaciones, las relaciones sociales. Por lo tanto, los poderes judiciales o los órganos de la administración del Estado tienen que comprender cuál es el usuario que están atendiendo y readecuar sus servicios a un contexto, en este caso digital e inmediato. Esa es la segunda etapa.

Teníamos la transformación inicial de carácter interno, después cómo nos transformamos en los servicios digitales hacia las personas y luego tenemos que volver a repensar en cómo las tecnologías más emergentes y potentes hacen más fácil el proceso de gestión de las causas judiciales, porque no es real que es más fácil leer un expediente que está en 400 páginas digitales que 400 páginas en papel. El digital tiene sus beneficios, pero también sus desafíos.

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En el papel, los jueces lo podían marcar, destacar, hacer una señal, doblar una hoja para poder decir “aquí está lo relevante”. Eso en digital cuesta bastante más y la experiencia de los usuarios con eso es diferente. Entonces, hoy los jueces enfrentan el mismo problema que tenían antes en otra plataforma. Antes tenían el problema de leer un expediente de 400 páginas y entenderlo. Hoy tienen ese mismo problema, solo que el expediente es digital y existen tecnologías que es lo que estamos trabajando de manera más avanzada, como por ejemplo, la inteligencia artificial que permite acelerar ese proceso, en una lógica en que la inteligencia artificial debe ser vista e incorporada dentro de la función jurisdiccional como una herramienta de asistencia a la labor del juez, sin que el juez pierda ni su independencia, ni su capacidad resolutiva ni la responsabilidad respecto de sus decisiones.

¿Qué fluyó de forma más fácil y qué fue lo que más tiempo les tomó?

La relación con los usuarios. Porque la sociedad ya tiene formas de trabajar y de relacionarse con distintas instituciones públicas, privadas, el mundo académico, el mundo del comercio, donde las herramientas digitales ya estaban presentes. Entonces, cuando el poder judicial propone una solución como una plataforma digital de atención de usuarios, era algo que la ciudadanía ya estaba ocupando con otras instituciones o con otras empresas con las que se relacionan. Por lo tanto, ese espacio es el que fluye más rápido, el diseño de soluciones para los usuarios porque socialmente son soluciones que ya están aceptadas.

“Si le preguntas a un funcionario de la institución, cualquier institución, ¿usted sabe usar el correo electrónico? Sí. ¿Tiene Facebook? También. ¿Hace transferencias electrónicas? Sí. ¿Ha comprado alguna vez por internet? Sí. ¿Tiene Instagram? También. sa persona sabe perfectamente usar la tecnología. El que tiene un problema con la tecnología es el que diseña un software de gestión institucional que no se adecua a las necesidades del usuario”.

Hace 10 años proponerles a los jueces hacer audiencias por videoconferencia era algo absolutamente imposible y descabellado, sin embargo, las personas ya teníamos Skype, ya hacíamos videoconferencias con tu familia, no pasaba nada, ya lo habías aceptado que era un canal de comunicación real y eso la sociedad en general lo tenía incorporado dentro de todo su desempeño comercial, económico, académico y social. Eso fue una innovación para la institución, pero no necesariamente para las personas.

La parte más difícil de implementar es cambiar el paradigma de funcionamiento interno. Pasar de la cultura del papel a la digital, porque en general estos procesos son bastante más largos, son desarrollos tecnológicos robustos que requieren de muchísimo más tiempo, pero hoy existen metodologías que te permiten de manera rápida y ágil estar constantemente entregando mejoras incrementales a esas plataformas sin dejar de lado la experiencia de uso desde el inicio.

¿Cuáles fueron los desafíos para los funcionarios públicos?

Los equipos de tecnología de las distintas instituciones siempre tienen una frase, que dice: “Lo que pasa es que los funcionarios son antiguos, no están alfabetizados digitalmente”. Ese mismo discurso lo emplean respecto de los ciudadanos: “Es que hay una brecha digital en la ciudadanía, la ciudadanía no está alfabetizada digitalmente”. Pero si le preguntas a un funcionario de la institución, cualquier institución, ¿usted sabe usar el correo electrónico? Sí. ¿Tiene Facebook? También. ¿Hace transferencias electrónicas? Sí. ¿Ha comprado alguna vez por internet? Sí. ¿Tiene Instagram? También. Capaz que tenga TikTok. Esa persona sabe perfectamente usar la tecnología. El que tiene un problema con la tecnología es el que diseña un software de gestión institucional que no se adecua a las necesidades del usuario que lo tiene que ocupar.

Entonces, el principal desafío no está en el nivel de ustedes o seguridad de las plataformas tecnológicas. Está en que la experiencia de usuario sea lo suficientemente buena para que la persona se acostumbre. A ninguno de nosotros que se compra un teléfono inteligente le costó acostumbrarse, es más, esos teléfonos ni siquiera vienen con manuales de uso. Antes te comprabas algo y venía con un manual. ¿Por qué? Porque estaba diseñado en complicado. Hoy es tan fácil de ocupar que ni siquiera vienen con manuales. ¿Por qué un sistema de gestión interna tiene que ser más complejo? Y te paras hoy día frente a un sistema de gestión de casos y parece la pantalla parece un avión de combate lleno de botones y cosas por todos lados. Hay que trabajar en la experiencia de los usuarios.

¿Cuáles son los servicios más importantes para el ciudadano chileno?

En el caso chileno hay dos experiencias positivas. Una es la del poder judicial, que partió antes que el resto de las instituciones con un vínculo digital con los ciudadanos, donde se implementaron diferentes formas. La primera es que la relación fuera digital desde el origen, entonces el vínculo entre los ciudadanos y el poder judicial es un portal que denominamos Oficina judicial virtual. Pero luego también comprendimos que no todos los usuarios hablan el lenguaje juez, el lenguaje jurídico. Entonces se diseñaron ciertos espacios de guía, de orientación y además de presentarles trámites que están prediseñados para que el usuario que necesite, por ejemplo, tramitar una pensión de alimentos, simplemente seleccione el tipo de trámite que es, llene sus datos y la plataforma complete este documento por la persona.

La otra experiencia que es muy positiva es la de la administración central del Estado, porque diferentes servicios públicos, la policía, extranjería, impuestos internos, aduana, el que quisieras, todos tenían sus plataformas de atención digitales, pero en cada uno de ellos tenías que registrarte con usuario y contraseñas diferentes. Hay un organismo en Chile que se llama Gobierno Digital, ellos pertenecen a un ministerio del Ejecutivo y trabajaron en la construcción de una aproximación a la identidad digital que se llama la clave única y es un usuario y contraseña que da el Estado y que es útil para todos los servicios públicos.

“En Chile, ya no necesitas aprenderte un usuario y contraseña de cada una de las plataformas, sino que siempre accedes con un único registro que tiene una evaluación previa biométrica”.

Entonces, ya no necesitas aprenderte un usuario y contraseña de cada una de las plataformas, sino que siempre accedes con un único registro que tiene una evaluación previa biométrica, que se te entrega presencialmente en un lugar y luego todo digital para poder acreditar de que tú eres tú, pero de ahí para adelante opera 100% en digital con todos los servicios. Esa misma clave única que tienen los ciudadanos para cualquier servicio del aparato gubernamental, el poder judicial la tomó para sí y hoy toda la interacción de los ciudadanos en el sector justicia también se realiza con la clave única y creo que las cosas más utilizadas por los ciudadanos son las que tienen que ver con los servicios que presta, lo que nosotros llamamos el Registro Civil, que es como el Registro Nacional de las Personas, en donde están los certificados de nacimiento, defunción, matrimonio, herencia, vehículos y todo lo demás.

¿Qué cree que Guatemala puede aprender de Chile para avanzar en la transformación digital?

Creo que lo importante es aprender de cuáles han sido esos errores y no cometerlos de nuevo y creo que Guatemala tiene una posibilidad desafiante y es que el proceso de transformación digital del Estado y entendamos al Estado a los tres poderes, hoy puede ser perfectamente liderado por una nueva corte suprema que se acaba de constituir en el país, de manera tal de que establezca un cierto estándar desde el punto de vista tecnológico y eso va a llevar a que los servicios, por ejemplo, del ejecutivo también lleguen a ese estándar tecnológico y empezar con este proceso de interoperabilidad tan necesario.

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La ruta digital de Guatemala: De la burocracia al gobierno electrónico

Thu, 06 Mar 2025 07:00:00 +0000

estado digital

La ruta digital de Guatemala: De la burocracia al gobierno electrónico

Guatemala avanza en con inversión en conectividad, reducción de trámites y crecimiento del comercio en línea. Sin embargo, la falta de talento especializado, un marco legal incompleto y la fragmentación de proyectos siguen siendo retos clave.

Juan Carlos Ruiz

6 de marzo de 2025

01:00h

La cooperación entre el gobierno y las empresas resulta clave para avanzar en la digitalización. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Para generar una ruta que permita a Guatemala convertirse en un país digital, es necesario analizar las acciones de otras naciones más avanzadas. En este punto, se evidencia que aún queda trabajo por hacer. Desde la digitalización de los trámites gubernamentales hasta el apoyo a nuevas tecnologías, es fundamental acelerar el proceso.

Un estudio de BBVA Research, denominado Índice DiGiX, evalúa el nivel de digitalización en 99 países. Entre los mejor posicionados figuran Luxemburgo, Estados Unidos, Países Bajos, Singapur y Hong Kong. Estas naciones destacan por tres factores clave:

Infraestructura sólida y precios accesibles.
Uso de tecnología en los ámbitos personal, empresarial y gubernamental.
Reglamentaciones que fomentan la innovación.

Cuando se piensa en un país digital, se visualizan territorios con buena infraestructura, menor burocracia y generación de riqueza. Sin embargo, también se trata de países que promueven la inversión y la innovación. La digitalización de los servicios públicos y una conexión eficiente a internet son esenciales. Además, la cooperación entre el gobierno y las empresas resulta clave para avanzar en este proceso.

En los últimos cinco años, Guatemala ha logrado avances significativos en su proceso de digitalización. A continuación, se analizan algunos de estos progresos.

Simplificación burocrática

La Ley Antitrámites (Decreto 12-2022) permitió reducir la burocracia en un 30 %. Actualmente, el portal tramites.gob.gt ofrece 187 servicios en línea, desde la renovación del pasaporte hasta la obtención de permisos ambientales. Más de 2 millones de personas utilizan estos servicios cada año.

Un ejemplo destacado es el Registro Nacional de las Personas (Renap), que redujo el tiempo de emisión del Documento Personal de Identificación (DPI) de 45 días a 72 horas, gracias a su plataforma digital.

Expansión de la conectividad

La empresa Millicom (Tigo) invirtió 1,000 millones de dólares para expandir la red 4G al 85 % del país y llevar fibra óptica al 40 % de los hogares urbanos.

En áreas rurales, el proyecto Conéctame GT instaló 150 centros de internet satelital, beneficiando a 50,000 personas en departamentos como Huehuetenango y Petén. A pesar de estos avances, solo el 35 % de las comunidades rurales cuenta con una conexión estable, aunque la cifra ha mejorado respecto al 18 % registrado en 2020.

Innovación local con impacto global

La Universidad del Valle de Guatemala (UVG) ha demostrado el potencial del país en el ámbito tecnológico. Recientemente, desarrolló el primer nanochip para dispositivos médicos portátiles, lo que atrajo una inversión de 20 millones de dólares por parte de empresas tecnológicas interesadas en el talento guatemalteco.

Crecimiento de la economía digital

El comercio en línea creció un 125 % entre 2020 y 2024, generando ventas anuales por 2,700 millones de dólares. Plataformas como el Marketplace de Facebook se han convertido en herramientas clave para 85,000 pequeñas empresas, muchas de ellas lideradas por mujeres.
Un estudio de PCMI estima que las ventas en línea podrían alcanzar los 5,300 millones de dólares en 2027.

Retos pendientes

A pesar de los avances en digitalización, Guatemala aún enfrenta desafíos importantes:

Marco legal incompleto: Algunas leyes, como las de ciberseguridad y protección de datos, aún no han sido aprobadas. Aunque existen proyectos de ley en discusión, es necesario adoptar las mejores prácticas de países más avanzados para agilizar el proceso y reducir brechas.
Desigualdad tecnológica: La mayoría de los usuarios de internet se concentran en la Ciudad de Guatemala y Quetzaltenango, lo que deja una gran oportunidad para ampliar la conectividad en otras regiones.
Falta de talento especializado: Solo se gradúan 500 ingenieros en sistemas al año, una cifra insuficiente para la creciente demanda del sector tecnológico.
Proyectos aislados: En comparación con Estonia, que cuenta con una Estrategia Digital Nacional 2030 con 142 metas claras, en Guatemala existen más de 115 proyectos digitales distribuidos en 15 instituciones, sin una coordinación efectiva. Además, cada ministerio maneja su propia plataforma, lo que genera duplicidad de esfuerzos y desperdicio del 40 % del presupuesto destinado a tecnología.

Lecciones de otros países

Inversión en infraestructura: Luxemburgo invierte el 3 % de su PIB en tecnología y ha logrado que la fibra óptica cubra el 95 % del país. En Guatemala, el proyecto Conéctame GT busca llevar internet a comunidades rurales. A principios de este año, se reportó que 320 de las 1,200 comunidades planificadas ya cuentan con conexión. Si bien es un avance, es necesario acelerar la implementación.
Educación: En Singapur, la enseñanza de programación y robótica inicia desde la primaria. En Guatemala, existen iniciativas como Club de Robótica Guatemala, Codezilla.gt, la mesa de trabajo de Talento Digital de la comisión ITO de Agexport, Intecap y Kinal. Sin embargo, es necesario ampliar su alcance para lograr un impacto nacional. Para ello, la colaboración entre el sector privado y el gobierno es clave.
Emprendimiento: Fomentar el emprendimiento y la innovación es crucial para la creación de empleos y el desarrollo de un ecosistema digital sólido. Un ejemplo exitoso es Israel, donde el programa Yozma, impulsado por el gobierno, ofreció incentivos a inversionistas extranjeros. Como resultado, la inversión en startups pasó de 50 millones de dólares a 3,100 millones de dólares en solo 10 años, lo que generó un crecimiento en la industria tecnológica, de 5,000 a 150,000 empleos.

Si Guatemala lograra un modelo similar, podría consolidarse como un país generador de tecnología para el mundo. Para ello, es fundamental establecer incentivos, reglas claras y financiamiento para nuevos emprendedores.

Aunque el país aún no alcanza el nivel de Singapur o Luxemburgo, hay razones para el optimismo. La clave está en priorizar el acceso tecnológico, mejorar la educación y atraer inversiones.

Con estos pasos, Guatemala no solo generará empleo y riqueza para sus habitantes, sino que se convertirá en un referente de transformación digital, demostrando que una visión clara y la colaboración entre sectores pueden cambiar el rumbo de una nación en pocos años.

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Firma electrónica avanzada en Guatemala: ¿Qué instituciones ya la tienen y por qué es importante?

Tue, 04 Mar 2025 00:00:00 +0000

gobierno electrónico

Firma electrónica avanzada en Guatemala: ¿Qué instituciones ya la tienen y por qué es importante?

Todavía existen 15 instituciones de gobierno que no adoptan medida voluntaria. Según expertos, además de evitar colas en oficinas públicas y presencialidad en los trámites, la herramienta blinda al usuario de suplantación de identidad.

Ximena Fernández

3 de marzo de 2025

18:00h

Alrededor de 31 entidades cuentan con una firma electrónica. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Alrededor de 31 instituciones cuentan ya con una firma electrónica avanzada, lo cual puede ayudar a los usuarios con la agilización de sus trámites, sobre todo porque en algunos no se requiere presencialidad. No obstante, aún quedan entidades que no cuentan con una firma electrónica.

A partir del decreto 47-2008 de reconocimiento de la firma electrónica avanzada, una firma electrónica es legalmente vinculante. Esto quiere decir que este tiene una validez legal y cuenta con las mismas condiciones que una firma manuscrita.

El uso de una firma electrónica avanzada dentro de la tramitología del Estado, puede beneficiar al usuario especialmente en temas de tiempo. Así lo destacó Valeria Prado, viceministra de Asuntos Registrales del Ministerio de Economía (Mineco). Prado señaló que para realizar diversas gestiones que tienen la posibilidad de usar una firma electrónica avanzada, el usuario no debe ir de manera presencial, reduciendo tiempos de cola, espacio físico y agilizando plazos además de mejorar márgenes de error.

Por otro lado, Josué López, gerente general de Cámara de Comercio de Guatemala, la firma electrónica avanzada, especialmente en el Estado, dota de transparencia a los trámites. Además, Prado argumentó que contar con una firma de esta índole va de la mano de la digitalización total de procesos lo que también resulta en trámites más sencillos. En otras palabras, el gobierno electrónico.

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Entidades que cuentan con una firma electrónica

Según los registros con los que cuenta la viceministra del Mineco, el listado a continuación demuestra las entidades del Estado que sí cuentan con una firma electrónica avanzada para uno o más trámites. Esto quiere decir que tanto el usuario puede utilizar la firma electrónica para rellenar ciertos trámites, como la entidad usar la firma electrónica institucional para los mismos trámites.

Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico
Contraloría General de Cuentas
Corte de Constitucionalidad
Corte Suprema de Justicia
Dirección General De Adquisiciones Del Estado Del Ministerio De Finanzas Públicas
Instituto Guatemalteco de Migración
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
Instituto Nacional de Administración Pública
Instituto Nacional de Bosques
Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
Ministerio de Educación
Ministerio de Energía y Minas
Ministerio público
Inacif
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Trabajo
Organismo Judicial
Policía Nacional Civil
Procuraduría de los Derechos Humanos
Registro de Garantías Mobiliarias
Registro de Mercado de Valores y Mercancías
Registro Mercantil
Registro de Prestadores de Servicios de Certificación
Registro de Propiedad Intelectual
Registro de la Propiedad
Registro de las Personas Jurídicas
Secretaría General de la Presidencia de la República
Superintendencia de Administración Tributaria
Superintendencia de Telecomunicaciones
Tribunal Supremo Electoral.

Además, tomando en cuenta que Cámara de Comercio es una entidad que registra las entidades que deciden contar con una firma electrónica avanzada, añadió algunas instituciones como el Ministerio de Gobernación, la Corte Suprema de Justicia, el Organismo Judicial, el Ministerio de Ambientes y el IGSS.

Entidades que no figuran en el registro de Mineco

Según Prado, uno de los puntos más importantes, es la digitalización total para poder contar con este tipo de herramientas. A partir de esto, se tomó en cuenta una tabla que el Gobierno Abierto y Electrónico compartió a Prensa Libre durante el 2024, con las entidades que ya cuentan con el 100% de sus sistemas para poder implementar los trámites digitales.

Las entidades que no se encuentran en el registro del Minec y cuentan con un sistema para implementar trámites digitales son las siguientes:

Ministerio de Desarrollo Social
Ministerio de la Defensa Nacional
Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente
Comisión Nacional de Energía Eléctrica
Coordinadora Nacional de Desastres (Conred)
Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos
Comisión Portuaria Nacional
Autoridad para el Manejo Sustentable del Lago de Atitlán y su Entorno,
Consejo Nacional de la Juventud
Oficina Nacional del Servicio Civil
Ministerio de Cultura y Deportes
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Ministerio de Agricultura y Alimentación
Ministerio de Salud, Previsión y Asistencia Social
Consejo Nacional de Áreas Protegidas

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Beneficios para una entidad

Ana Isabel Antillón, coordinadora de la mesa de Certeza Jurídica de la iniciativa Guatemala No Se Detiene, destaca que especialmente para las entidades, la firma electrónica avanzada dota de mayor seguridad a todos los documentos, ahorra tiempo y dinero en la agilización de trámites.

Asimismo, en cuestiones de seguridad, Antillón señala que evita la suplantación de identidad, puesto que la firma puede ser comprobable por medios biométricos.

“Cuando no se cuenta con firma electrónica, tienen que pasar a la parte de imprimir y escanear y firmar cada uno de esos documentos”, explicó Antillón y añadió que es lo que actualmente sucede en la mayoría de las instituciones.

¿Debería ser obligatorio?

Para López, la firma electrónica debería ser un mandato para todas las entidades. No obstante, según Prado, más que una obligatoriedad, la firma electrónica es un paso natural que las instituciones poco a poco van a adoptar.

“De hecho, la adopción de las misma ha sido de manera voluntaria en estas instituciones y cada vez más, las mismas instituciones van incrementando la cantidad de trámites que se pueden realizar”, sentenció Prado.

Pagar y obtener papeles en línea: Gobierno está atrasado en digitalización total de servicios al ciudadano

Tue, 21 Jan 2025 12:00:00 +0000

gobierno digital

Pagar y obtener papeles en línea: Gobierno está atrasado en digitalización total de servicios al ciudadano

La digitalización de trámites, obligatoria para todas las entidades del Estado, podría terminarse en tres meses, según Edie Cux, director ejecutivo de la GAE. No obstante, no todos los acuerdos gubernativos han sido aprobados, lo que imposibilita tener las gestiones disponibles para el público.

Ximena Fernández

21 de enero de 2025

06:00h

En abril aproximadamente, los trámites de todas las entidades del Estado podrían ser digitales según director de la GAE. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

En aproximadamente tres meses, los trámites digitales de todas las entidades podrían estar disponibles al público, señaló Edie Cux, coordinador y director ejecutivo de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico (GAE), esto a partir de que, según Cux, una cantidad significativa de trámites ya cuentan con sus sistemas desarrollados. No obstante un punto de atraso podría ser la publicación de todos los acuerdos gubernativos de los ministerios, puesto que no todos han sido aprobados, según explicó Ana Paola García, jefe de incidencia para la Dirección de Relaciones Institucionales de Agexport.

En agosto de 2024, venció el plazo dado por el Decreto 5-2021 de Digitalización y Simplificación de Trámites para que las entidades ingresaran en línea la totalidad de sus servicios. Sin embargo, cinco meses después de la fecha límite establecida por la ley, aún no se ha logrado la meta del 100% de digitalización.

A pesar de los contratiempos de diversos ministerios como el Ministerio de Salud (MSPAS), Cux espera lograr, en abril, contar con todos los trámites de manera digital: “Para cumplir con el 100% hacen falta unos tres meses, para ello tomando en cuenta los marcos normativos”. Esto último debido a que, según el director de la GAE, es uno de los puntos por los que algunas entidades —que no cuentan con uno—, no han podido avanzar.

Por ejemplo, el Comité de Digitalización del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn), asegura que el usuario externo podría realizar el 100% de los servicios que se prestan hasta finales del 2025. Este podría ser el caso de otros Ministerios, debido a que los acuerdos gubernativos son parte esencial para finalizar con la digitalización, mas la aprobación de los mismos ha resultado un proceso lento, según García: “Se volvió un cuello de botella la aprobación de los acuerdos gubernativos”.

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Otro punto es que, para identificar un trámite que se pueda llamar 100% digital, debe contar con características como pasarelas de pago electrónicas e interoperabilidad.

Para Ana Isabel Antillón, coordinadora del Eje de Certeza Jurídica de la iniciativa Guatemala No Se Detiene, una digitalización efectiva necesita de interoperabilidad entre todos los sistemas. “Al final, a donde tendríamos que llegar es a que haya una carpeta del ciudadano en donde se encuentre toda la información del usuario, no links distintos por cada institución”, aclaró Antillón.

Brecha por cubrir

Según Cux, alrededor de 1 mil dos trámites ya cuentan con un desarrollo de sistema, lo cual el director de la GAE calificó como “un avance significativo”. Además de esto, argumentó que algunos ministerios, optaron por publicar trámites de manera digital independientemente de los marcos normativos y esperar a que se aprueben más adelante.

Según el Marn, actualmente el usuario externo puede realizar más del 80% del inventario de los servicios en línea. No obstante, ese no es el caso de todos los ministerios. García mencionó entidades como el Ministerio de Salud o el Conap como entes que han resultado lentos en la creación de sus plataformas. Al mismo tiempo, los ministerios que sí cuentan con dichas plataformas culminadas, no deberían publicar por a la falta de los acuerdos gubernativos.

Un problema de la falta de digitalización, según García es que, debido a la falta de cobros en los trámites no digitalizados, es que varias empresas han decidido meter sus trámites sin debida supervisión, lo que ha resultado en la saturación de las respectivas colas de los ministerios y desembocando en tiempos más extendidos.

Interoperabilidad

“Incluso yendo más allá, hemos estado trabajando en una estrategia de temas de interoperabilidad, gobernanza y protección de datos, eliminando el uso de papel”, señaló Cux, las cuales son propuestas más allá de la digitalización de trámites, según el director de la GAE.

El Comité de digitalización del Marn aseguró que están buscando generar conexiones interinstitucionales con entidades como el Renap y/o la SAT, para poder realizar el intercambio de información y optimizar de mejor manera los procesos mediante autocompletados de información general en los formularios.

Por otro lado, sobre temas de pasarelas de pagos, Cux argumentó que los sistemas tienen contemplados esos módulos, puesto que, según el director de la Gae, ese era un estándar que se definió desde la Comisión. “Que no sean solo los formularios, sino que contengan puntos como la firma electrónica avanzada, sistemas de pago, entre otros”, mencionó Cux, quien añadió que varias entidades lograron convenios con las entidades bancarias para facilitar la creación de dichas pasarelas.

Estos 10 trámites ya se pueden hacer digitalmente en Guatemala

Wed, 30 Oct 2024 12:00:00 +0000

gobierno electrónico

Estos 10 trámites ya se pueden hacer digitalmente en Guatemala

A partir de la ley de que obliga a la digitalización y simplificación de trámites, las diferentes entidades del Estado han puesto a disposición las primeras gestiones que se pueden realizar parcial o totalmente en línea.

Ximena Fernández

30 de octubre de 2024

06:00h

Existen trámites en varias instituciones guatemaltecas que ya se pueden hacer en líneal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

A partir del Decreto 5-2021 que dio vida a la Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, se ha buscado la digitalización de todos los trámites de las instituciones del Estado, las cuales deberían haberse digitalizado a finales de agosto del presente año. “Los trámites se lanzan a finales de agosto y septiembre, por lo que ahora nos encontramos recopilando información”, aseguró Edie Cux, director de Gobierno Abierto y Electrónico (GAE), quien mencionó que en estos momentos se encuentran revisando la efectividad de los trámites disponibles en línea.

Según Ana Isabel Antillón, a partir de la simplificación y digitalización se reduce el tiempo en realizar la gestión, puesto que se puede ejecutar todo de manera virtual y sin tener que movilizarse. Asimismo, Antillón mencionó que las entidades también se benefician, puesto que hay más trazabilidad sobre la documentación y los expedientes, además de una reducción en papel, tinta y traslado de expedientes.

Según Cux, estos son algunos de los trámites que ya se encuentran en línea, listos para las demandas de los usuarios.

1. Solicitud de recepción y libre plática

Entidad: Ministerio de Defensa Nacional

A partir de esta solicitud, se autoriza la entrada de un vehículo marítimo en aguas nacionales y contarán con los permisos necesarios para iniciar operaciones de carga, descarga, embarque y desembarque de pasajeros. “La Recepción Oficial asegura que el vehículo cumple con los requisitos legales y de seguridad, mientras que la Libre Plática permite al capitán del vehículo marítimo realizar las operaciones correspondientes en puertos nacionales”, explica la página oficial del Ministerio de la Defensa Nacional.

¿Cómo realizar la solicitud?

Ingresar a la página web del Ministerio de Defensa Nacional y Autoridad Marítima Nacional.
Hacer click en la sección de “trámites” ubicada en la parte superior derecha de la pantalla.
Buscar, en la barra de búsqueda, el trámite requerido.
Presionar el botón que dice “trámite”, esto lo llevará a la solicitud. En este apartado es necesario iniciar sesión para solicitar el trámite deseado.
Luego de esto habrán cuatro pasos: requisitos, diagrama de flujo, soporte y solicitud.
Al llegar al último paso podrá solicitar el trámite y esperar la respuesta.

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2. Solicitud de Certificado de Apostilla

Entidad: Ministerio de Exteriores (Minex)

Según un documento del Minex titulado “La Apostilla en Guatemala”, este certificado busca la acreditación del origen de un documento público y la autenticidad de la firma de un funcionario. Asimismo, este certificado aplica a los documentos presentados por una autoridad o funcionario del Estado, entre los que se encuentra el Ministerio Público (MP), los Secretarios y Agentes Judiciales. Del mismo modo, aplica a documentos administrativos, notariales, certificados oficiales, documentos emitidos por establecimientos académicos y certificados de registros mercantiles y patentes.

¿Cómo realizar la solicitud?

Ingresar a la página web de Minex.
Hacer click en “solicitudes y trámites en línea”, esta página dirigirá a un apartado con un mensaje que indica el ingreso a otro enlace.
Hacer click a este enlace, el cual dirige a un apartado para la solicitud de apostilla.
Hacer click en el botón rosado que lee “Nuevo sistema de apostilla”.
Este botón lo llevará a una página externa en donde tendrá que iniciar sesión. Luego de esto, la página lo llevará automaticamente a la sección para crear la solicitud.
Luego de identificar los requisitos requeridos en la página, dar click a realizar solicitud.
Esto abrirá un menú con dos opciones de trámites a realizar.
Dar click en “solicitar” en la sección de Apostilla
Llenar los datos solicitados y enviar solicitud.

3. Licencias ambientales

Entidad: Ministerio de Ambientes y Recursos Naturales (Marn)

Según el Acuerdo Gubernativo Número 137-2016, en el artículo 61, las licencias ambientales deben estar vigentes durante todas las fases de un proyecto, obra, industria o actividad. Existen tres tipos de licencias ambientales: A y B, las cuales cuentan con una vigencia de 3 años y un máximo de 5. Las licencias tipo C, son para obras, industrias o proyectos categrizados en el Listado Taxativo, esto con la intención del desarrollo sostenible del país.

¿Cómo realizar la solicitud?

Ingresar a la página web del Marn.
Hacer click a la opción que dice “Saga” en la parte superior derecha de la página.
Iniciar sesión o crear una cuenta.
Al abrirse el portal, abrán cuatro opciones, dirigirse al último paso y hacer click en “licencias ambientales”
Se abrirá un menú que lee “Solicitud Licencias Saga”, hacer click en esta opción.
Al abrirse el espacio para la solicitud de licencias, hacer click en “solicitar licencia”.
Ingresar datos y enviar solicitud.

4. Permisos de Trabajo de Personas Extranjeras

Entidad: Ministerio de Trabajo (Mintrab)

Esta solicitud busca que las personas refugiadas, solicitantes de la condición de refufiado o extranejeros en general puedan trabajar legalmente en Guatemala a partir de un permiso especial otorgado por el Mintrab.

¿Cómo realizar la solicitud?

Ingresar a la página web de Mi Primer Trabajo, del Mintrab.
Buscar la opción “Permiso de Trabajo de Personas Extranjeras”.
Hacer click en “ir a sitio” e iniciar sesión.
En el menú de la parte izquierda hacer click en “Empresas”.
Hacer click en “nuevo permiso”.
Agregar una nueva empresa y llenar los datos solicitados.

5. Licencia sanitaria de transporte de alimentos no procesados

Entidad: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga)

A partir de este trámite, será posible conseguir una licencia de transporte para vehículos que transportan específicamente alimentos no procesados. Según la página oficial del Maga, el motivo de esta licencia es para proteger los alimentos durante el transporte y evitar de esta manera la contaminación. Este trámite se puede descargar en línea para el ingreso de todos los datos y luego ser llevado a las instalaciones para la revisión.

¿Cómo realizar la solicitud?

Ingresar a la página Web de Maga.
Hacer click en la opción “simplificación”, que se encuentra en el menú principal de la página.
Ingresar a “tramites de esta institución”, lo cual abrirá una página externa con un menú de todos los trámites disponibles en línea.
Fijarse estar en la sección de formularios.
Buscar el trámite requerido.
En la sección de “acciones” hacer click en el ícono de descarga.
Esto descargará un documento con la solicitud y requisitos.
Llenar la solicitud.

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6. Registro General de Adquisiciones del Estado

Entidad: Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE)

Según un documento publicado por el Ministerio de Finanzas, “el Registro General de Adquisiciones del Estado es la dependencia responsable de registrar a las personas individuales o jurídicas, nacionales o extranjeras, para poder ser habilitadas como contratistas o proveedores del Estado”.

¿Cómo realizar la solicitud?

Ingresar a la página web de RGAE.
Buscar en el costado izquierdo “Activar usuario” si es el primer ingreso o “Ingresar al sistema” si ya se había realizado un registro.
Ingresar datos y luego selecciónar la opción de RGAE.
Hacer click en “nueva solicitud”.
Seleccionar la opción requerida y hacer click.
Aceptar la selección y la solicitud y la solicitud se estará enviando automaticamente.

7. Revisión a la jubilación

Entidad: Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec)

La jubilación es para cualquier trabajador que haya cumplido 50 años de edad y haya tenido un mínimo de 10 años de servicios. Asimismo, para todas aquellas personas que tengan un mínimo de 20 años de servicios, sin importar su edad. “Siempre que durante ese período haya efectuado los pagos correspondientes para el financiamiento del Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado”, según el Artículo 5 de la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado. Cux menciona que aunque todavía hay mucho que recorrer, ya se ha logrado la agilización de este trámite.

¿Cómo realizar la solicitud?

Ingresar a la página web de Onsec
En la barra de búsqueda ingresar “revisión a la jubilación”.
Esto abrirá un artículo de cómo realizar el trámite.
Ingresar al primer link enlistado en el artículo.
Esto lo llevará a una página externa.
Crear un usuario con los datos requeridos.
Hacer click en la opción de “Trámites de Previsión Civil” y luego hacer click nuevamente en la misma categoría.
Buscar la opción de jubilación e ingresar.
Crear una solicitud e ingresar los datos requeridos.
Enviar la solicitud.

8. Licencia de operación de transportes de combustibles líquidos

Entidad: Ministerio de Energía y Minas (MEM)

Según la página oficial del MEM, la licencia de transporte busca la autorización para la operación de transportes que contengan gasolina regular, gasolina superior, diésel, petróleo, mezclas oleosas, entre otras.

¿Cómo realizar la solicitud?

Ingresar a la página web de MEM
Buscar la cuarta opción que lee “Trámites MEM”, en el menú ubicado en la parte derecha de la página y hacer click.
Dentro de la página externa, buscar en la parte de abajo el botón “Servicios en línea”.
Ingresar datos e iniciar sesión.
Habrá tres opciones, seleccionar “Trámites para la Dirección General de Hidrocarburos” e ingresar la empresa que hace la solicitud.
Seleccionar el trámite requerido.
Ingresar los datos requeridos y enviar.

9. Registro sanitario de productos utilizados en alimentación animal

Entidad: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga)

Este registro es específicamente para todas las personas individuales y jurídicas que se encuentran interesadas en realizar actividades que tengan que ver con Insumos para los animales. Este trámite se puede descargar en línea para el ingreso de todos los datos y luego ser llevado a las instalaciones para la revisión.

¿Cómo realizar la solicitud?

Ingresar a la página Web de Maga.
Hacer click en la opción “simplificación”, que se encuentra en el menú principal de la página.
Ingresar a “tramites de esta institución”, lo cual abrirá una página externa con un menú de todos los trámites disponibles en línea.
Fijarse estar en la sección de formularios.
Buscar el trámite requerido.
En la sección de “acciones” hacer click en el ícono de descarga.
Esto descargará un documento con la solicitud y requisitos.
Llenar la solicitud.

10. Registro de establecimientos comerciales en los que se venden animales

Entidad: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga)

Este registro es necesario para todo aquel establecimiento comercial en donde se vendan animales domésticos. Este trámite se puede descargar en línea para el ingreso de todos los datos y luego ser llevado a las instalaciones para la revisión.

¿Cómo realizar la solicitud?

Ingresar a la página Web de Maga.
Hacer click en la opción “simplificación”, que se encuentra en el menú principal de la página.
Ingresar a “tramites de esta institución”, lo cual abrirá una página externa con un menú de todos los trámites disponibles en línea.
Fijarse estar en la sección de formularios.
Buscar el trámite requerido.
En la sección de “acciones” hacer click en el ícono de descarga.
Esto descargará un documento con la solicitud y requisitos.
Llenar la solicitud.

Buscan que firma electrónica avanzada sea obligatoria en Guatemala

Mon, 28 Oct 2024 23:30:52 +0000

gobierno digital

Buscan que firma electrónica avanzada sea obligatoria en Guatemala

La ley 47-2008 fue aprobada en el 2008, no obstante, no es obligatoria para las diferentes entidades del Estado. Expertos señalan beneficios de herramienta, ya que en la actualidad el Estado gasta recursos en conseguir firmas físicas.

Ximena Fernández

28 de octubre de 2024

17:30h

Firma electrónica avanzada no es obligatoria para entidades del Estado. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Desde el 14 de octubre de 2024, el presidente Bernardo Arévalo, utiliza una firma electrónica avanzada específicamente para la exoneración de multas y recargos a los contribuyentes, según lo menciona el Acuerdo Gubernativo 160-2024, publicado por el Ministerio de Gobernación en el Diario de Centro América. Esto quiere decir que, al estar certificada la firma del presidente, no se precisa su presencia física para esos dos tipos de trámites.

La ley 47-2008, de firma electrónica avanzada, se desarrolló en 2008 para el reconocimiento de las firmas de manera digital. No obstante, esta ley no es obligatoria para que entidades del Estado la implementen, por lo que, según Martin Asencio Cofiño, socio de la Gremial de Tecnología e Innovación de la Cámara de Industria de Guatemala, el tema no ha avanzado en los últimos años.

Cuando esta ley fue aprobada en 2008, buscaba el registro legal de una firma para poder utilizarla de manera virtual. Una firma electrónica avanzada no es lo mismo que un escáner de una firma, explicó Josué Lopez, gerente general de Cámara de Comercio, quien agregó que actualmente algunas instituciones confunden estos dos términos.

“Una firma electrónica es nuestra firma manuscrita en un medio digital y tiene la misma validez legal”, aseguró López, quien agregó que para poder obtener esta firma, se debe avocar a un prestador de servicios de certificación autorizado por el Ministerio de Economía (Mineco). López describió a estos prestadores de servicios como una especie de “Renap”, pero específicamente para validar las firmas electrónicas.

Actualmente la firma electrónica avanzada no es obligatoria para las entidades del Estado, señaló Nery Rodas, diputado del bloque Cabal. Sin embargo, aunque sería beneficiosa tanto para los guatemaltecos como para las entidades en sí, mientras no sea obligatoria, López argumentó que los cambios tecnológicos serán mucho más lentos.

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Reduce costos y no requiere de presencialidad

“Sería de mucho beneficio contar con la obligatoriedad de la firma electrónica. Puede reducir costos, agilizar procesos y no tener que asistir a las instalaciones del Estado a realizar trámites”, aseguró López. Asimismo, Asensio puntualizó que a partir de este tipo de firmas, los procesos podrían volverse más transables, transparentes y públicos.

Asensio aseveró que mientras más gastos de uso tenga un vehículo como la firma electrónica avanzada, más transparente podría llegar a ser el país. “Da trazabilidad al tema pues permite hacer el proceso de forma automatizada”, profundizó Asensio, quien agregó que a partir de esto, los guatemaltecos van saliendo de un proceso que denominado como “arcaico”, para modernizarse.

Del mismo modo, Asensio recalcó que el Estado también podría beneficiarse a partir de la estandarización de procesos. “No tiene idea de cuántos recursos pierde el Estado en recabar una firma”, expresó el gerente de desarrollo de negocios. Según Asensio, las firmas podrían realizarse de manera automatizada y estandarizada a partir de flujos de firma electrónica avanzada.

A partir de esto, Asensio insistió en que a partir de estas herramientas se pueden conseguir las firmas necesarias sin requerir de la presencialidad de las personas específicas para plasmar solamente una firma.

Nuevas políticas

Rodas aseguró que dentro del Congreso se está buscando actualmente que la firma electrónica avanzada sea obligatoria para todas las entidades del Estado. “Si no lo dejamos obligatorio, va a pasar lo que sucede con la digitalización de trámites, en donde todo es digital hasta el momento de firmar”, expresó Rodas, quien señaló que los usuarios actualmente deben imprimir los documentos para firmarlos, lo cual deshace cualquier intento de digitalización.

Según Rodas, actualmente se están trabajando 15 iniciativas para apoyar a la digitalización del Estado que se están trabajando dentro de 16 mesas técnicas. Y específicamente para esta ley, está en proceso una iniciativa de reforma que vuelva obligatoria la firma electrónica avanzada no solo a nivel nacional, sino también internacional.

Rodas explicó que a finales de noviembre buscan tener listas todas estas iniciativas que se están trabajando dentro de estas mesas y poder presentarlas no solo al Foro Parlamentario de Transformación Digital, sino a todos los diputados que estén dispuestos a firmar estas iniciativas.

La meta, aseguró Rodas, es contar con la mayoría de las iniciativas aprobadas antes de junio de 2025. No obstante, el diputado señaló que no es tan sencillo lograr esto ya que “muchos legisladores, funcionarios todavía no le ven la importancia y el valor a la digitalización”, enfatizó Rodas.

Qué es la firma electrónica avanzada, cómo se obtiene, costos y usos para trámites

Fri, 27 Sep 2024 11:00:00 +0000

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Qué es la firma electrónica avanzada, cómo se obtiene, costos y usos para trámites

Con la modernización constante de la tecnología, para diversas comunicaciones, trámites, documentos o transacciones es opcional usar firmas electrónicas, mientras que en algunos casos ya es obligatorio.

Rosa María Bolaños

27 de septiembre de 2024

05:00h

La firma electrónica avanzada aún no es de uso masivo, pero ya tiene más demanda para hacer trámites o firmas de documentos. (Foto, Prensa Libre: Freepik).

La Ley para el reconocimiento de las comunicaciones y Firmas Electrónicas fue creada con el decreto 47-2008 y su reglamento emitido con el Acuerdo Gubernativo 135-2009 y sus reformas, explica Valeria Prado, viceministra de Asuntos Registrales, del Ministerio de Economía (Mineco).

Aunque su uso no se ha masificado, ha ido en crecimiento constante, el cual se notó principalmente durante y después de la pandemia. Por ello es importante conocer estas opciones para su uso, cómo se pueden obtener, los costos, así como recomendaciones.

En el 2017 había un total de 1 mil 716 certificados según datos acumulados.
Mientras que en el 2020 se duplicó la cifra del año anterior a ese llegando a 13 mil 350.
De ahí en adelante se notó más este uso, ya que en el 2021 sumaron otras 11 mil 582; en el 2022, fueron 81 mil 739; mientras que en el 2023 se experimentó otro salto porque se registraron 105 mil 622. Al 25 de septiembre de 2024 se han registrado 93 mil 825, llegando al acumulado de 306 mil 118 en los años de vigencia.

En la legislación guatemalteca se establecen dos niveles de firma electrónica, los cuales se caracterizan por tener propiedades y efectos legales distintos como la firma electrónica simple y la firma electrónica avanzada, explica el viceministerio.

“Esta última representa nuestra identidad digital para trámites y es certificada por una entidad prestadora de servicios de certificación, que haya sido producida por un dispositivo seguro de creación de firma”, además, tiene el mismo valor jurídico que la firma manuscrita en relación con los consignados en papel y será admisible en juicio, valorándose ésta, según los criterios de apreciación establecidos en las normas procesales, según el artículo 33 del decreto 47-2008, se agregó.

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Para obtenerla el interesado debe contactar con los prestadores de servicios de certificación que pueden ser personas jurídicas nacionales o extranjeras, públicas o privadas, domiciliadas en el país, y tienen ser autorizadas para esa labor por el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación (RPSC), adscrito al Mineco.

En la actualidad hay seis autorizadas, y en este enlace se pueden consultar https://www.rpsc.gob.gt/index.php/prestadores-autorizados/

Cámara de Comercio de Guatemala
5B
Registro Digital Prisma
Movilmax
Dsigner
CyberSign

Impulso necesario

El uso adecuado de la forma electrónica avanzada puede generar ahorro de tiempo y agilizar trámites, contratos u otra documentación.

Consultada al respecto, Prado atribuye a la falta de conocimiento de personas y empresas el hecho de que no se haya masificado aún el uso de este tipo de herramientas.

En los registros que existen en el país muchos trámites ya se pueden hacer cien por ciento en línea siempre y cuando la persona o empresa tenga su firma electrónica avanzada y así poder experimentar los beneficios de agilización en los trámites o no tener que acudir de forma presencial a alguna institución, añadió la funcionaria.

Inclusive, dentro del gremio de los profesionales del Derecho muchos desconocen la existencia de la firma electrónica avanzada lo cual podría ayudarles a agilizar trámites tanto a ellos como a sus clientes, comentó.

Los perfiles de firma electrónica avanzada

Hay varios perfiles de firma. Usar uno u otro depende de varios factores como el cargo o perfil que tiene la persona firmante, el proyecto, las necesidades o actividad profesional: de persona individual, funcionario público, profesional titulado, representante legal, relación con entidad y de persona jurídica.

Según los plazos o número de trámites

Firma de un solo uso: se usa encontratos laborales, apertura de cuentas bancarias, contratos de servicios entre otros.

Firma de larga duración: Puede variar según el prestador del servicio, pero por ejemplo puede ser de uno hasta tres años. Se usan en apertura de sociedades de emprendimiento, de sociedades y otros trámites ante el Registro Mercantil, traspaso electrónico de vehículos en la SAT, firma de expedientes médicos y recetas de medicamentos y en el área de seguros, y otros

Costos

Se debe tomar en cuenta que el obtener una firma electrónica avanzada requiere un pago, pero Prado considera que los precios pueden ser más competitivos conforme se vayan inscribiendo más prestadores del servicio.

Los precios varían en función del prestador de servicio de certificación, del plazo y del perfil de firma que se requiera.

Datos recabados en diferentes entidades refieren que en las firmas de los primeros cinco perfiles mencionados están en rangos entre Q189 a Q580. Y para la firma de persona jurídica puede rondar los Q2 mil 700 o hasta los Q4 mil.

Para las firmas de un solo uso reportan precios variados que van desde Q30 a Q65, o alrededor de Q150 para las que tienen un plazo de un año. Hay otras para firmar al menos 10 documentos.

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En qué trámites se puede usar

Los usos de las firmas electrónicas avanzadas son variados, y según una recopilación que hizo el viceministerio hay diferentes instituciones públicas y entidades privadas que ya las han implementado:

SAT: Traspaso electrónico de vehículos
Corte de Constitucionalidad: Sistema de Expedientes y de Pleno de Magistrados
Organismo Judicial: Antecedentes penales y notificaciones electrónicas
Contraloría General de Cuentas: Finiquito electrónico, cuentadancias, declaración jurada patrimonial en línea
Usac: Títulos universitarios
Agexport: licencias de exportación CAUCA Y RECAUCA.
IGSS: procesos médicos y administrativos
Instituto Guatemalteco de Migración: arraigos electrónicos
Ministerio Público: certificado RENAS (certificado del Registro Nacional de Agresores Sexuales)
Ministerio de Gobernación: Antecedentes policiales
Ministerio de Trabajo: Libro de salarios y contratos individuales
Ministerio de Finanzas Públicas: Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE)
Ministerio de Salud: medicamentos controlados
Registro Mercantil: Inscripción de sociedades, de empresas, y trámites en línea, entre otros,
Registro de Mercado de Valores y Mercancías: Certificaciones
Registro de Garantías Mobiliarias: Certificaciones y documentos administrativos
Ministerio de Economía: La ministra, viceministros, secretario general y sus directores, ya firman con firma electrónica avanzada estipulada en Acuerdo Ministerial No. 157-2018 (sistema de RRHH para contratistas SIC-029).

Experiencias estatales

Según el Registrador Mercantil General, Diego Montenegro, el 100% de los trámites en esa institución, a pesar de que no se tiene aún el acuerdo gubernativo que regule la simplificación, ya son electrónicos.

“Basta que el usuario, ya sea notario o un usuario individual, tenga firma electrónica avanzada, y no tiene necesidad de llegar a las instalaciones del Registro Mercantil”, aseguró el funcionario recientemente.

Según datos a julio 2024, se han inscrito 7 mil 100 sociedades durante el año y se ha tenido una reducción del 10% en trámites físicos y un incremento de 23% en electrónicos. En las empresas hay una reducción de 14% en trámites físicos y un incremento del 34% en electrónicos.

Montenegro menciona también que ahora hay bancos como el sistema 5B u otros bancos están vendiendo la firma electrónica avanzada de un solo uso además una firma para el plazo de un año lo cual ayuda a acercar a las personas esta herramienta.

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En los registros que están a cargo del Ministerio de Economía 100% está cumplimiento con la normativa con la ley de simplificación de trámites, los registros de valores, de garantías mobiliarias y de prestadores de servicios de certificación ya operaban electrónicamente solo faltaba completar el Registro Mercantil y el Registro de la Propiedad Intelectual, según Prado. En este último recientemente se implementó en los títulos la firma electrónica avanzada.

Experiencias de Prestadores de Servicios de Certificado

Josué López, gerente general Cámara de Comercio de Guatemala, expuso que en esa entidad cuentan con seis diferentes perfiles de firma electrónica avanzada, como los ya mencionados, y los requisitos varían según los usos que los clientes requieran. Además de las firmas de un solo uso o de larga duración.

Comenta que en los últimos cuatro años se ha avanzado en el uso de la firma electrónica avanzada, ya que la pandemia lo impulsó, sin embargo al compararlo con otros países de Latinoamérica aún se tiene que desarrollar gran parte del mercado en Guatemala, por eso parte importante radica en que el Estado pueda impulsar su uso a través de permitir para la realización de trámites ante sus propias instituciones hasta lograr trámites cien por ciento en forma digital.

La iniciativa privada puede impulsar que tanto sus clientes y proveedores puedan firmar contratos y acuerdos de forma digital teniendo políticas de cero papel, según López.

Los más de 300 mil certificados de firma electrónica emitidos ha permitido el ahorro de más de 15 millones de hojas de papel, agregó.

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En tanto Diego Fernández, gerente de Negocios en 5B, coincide en que al inicio el proceso de crecimiento fue lento, pero alrededor de 2020, en la pandemia, hubo un repunte.

Las más solicitadas son las de personas naturales, las de larga duración y las de colegiado, incluso la compañía tienen acuerdos con diferentes Colegios de Profesionales para ello, agregó al detallar el servicio que prestan por el portal electrónico.

Considera que desde el regulador deben promover su uso también través de la educación para que se puedan entender los posibles usos.

“Simplifica procesos, ayuda a generar más negocios y si cada vez lo van adoptado más, se va a llegar a punto de inflexión”, añade.

Fuentes: Datos de la Cámara de Comercio de Guatemala y del sitio ccg.com.gt; datos proporcionados por 5B y su sitio https://fid.5b.com.gt/, datos ; sitio electrónico de viafirma.com; Registrador Mercantil General, Diego Montenegro; y viceministra de Asuntos Registrales de Mineco, Valeria Prado.

Solicitar residencia para extranjeros en Guatemala podría ser más rápido a finales de año

Wed, 11 Sep 2024 13:00:00 +0000

migración

Solicitar residencia para extranjeros en Guatemala podría ser más rápido a finales de año

Uno de los procesos más complejos para inscribirse en el país es la legalización de un extranjero que viene a trabajar. Aunque el IGM afirma que trabaja en la digitalización, otros países competidores avanzan en la agilidad de esos procesos.

Ximena Fernández

11 de septiembre de 2024

07:00h

IGM busca digitalizar trámites para extranjeros (Foto Prensa Libre: Freepik)

Adquirir una residencia de trabajo en Guatemala puede tardar hasta un año, aunque la ley establece que debería durar entre 4 y 6 semanas. Según Wendy Mena, representante de la mesa de atracción de inversión extranjera de Guatemala No Se Detiene, esta situación podría afectar negativamente la imagen que el país busca proyectar ante los inversionistas.

En lo que va de 2024, 881 personas han solicitado la residencia laboral en Guatemala, según Sofía Hernández, jefa del Departamento de Residencias Guatemaltecas de la Subdivisión de Extranjería del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM). La mayoría de los solicitantes mantienen una relación laboral con personas guatemaltecas. Sin embargo, Mena señala que el proceso para optar a una residencia laboral no es amigable para el extranjero. Según la líder de atracción de inversiones, actualmente solo es posible solicitar este tipo de permisos a través de las embajadas, las cuales no siempre están presentes en todos los países. Como resultado, algunos extranjeros se ven obligados a viajar a otros países para realizar los trámites correspondientes.

Mena aseguró que, desde la perspectiva de la inversión extranjera directa, cuando un inversionista extranjero decide invertir en Guatemala, generalmente es necesario que una persona extranjera se traslade al país para supervisar el inicio de las operaciones. No obstante, actualmente, mudarse y comenzar a trabajar podría retrasarse hasta un año mientras se tramita la residencia. “Ni hablar de traer a su familia”, enfatizó Mena.

Un punto relevante a considerar es que en otros países, como Panamá, existen mecanismos para agilizar el trámite de permisos, lo que facilita el proceso en comparación con Guatemala, puntualizó Mena. “Hoy en día, el mundo es digital y ya no es necesario que un extranjero realice tantos trámites de manera presencial”, argumentó la experta en inversiones.

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Digitalización de trámites

El Programa Nacional de Competitividad del Ministerio de Economía (Pronacom) indicó que, para agilizar los trámites migratorios en Guatemala, es fundamental analizar el marco regulatorio, las leyes y los manuales de procedimientos del país, así como las plataformas del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM). Pronacom señaló que la agilización debe enfocarse en la digitalización y modernización de las plataformas, de manera que la presentación y seguimiento de las solicitudes puedan realizarse virtualmente. También recomendó la implementación de ventanillas únicas, para que los trámites se realicen en un solo lugar.

En relación con esto, Sofía Hernández, jefa del Departamento de Residencias Guatemaltecas del IGM, aseguró que se han implementado métodos para notificar de manera más expedita a los solicitantes. Aclaró que se informa a los interesados por medio de mensajes de texto, especialmente si hay errores en la solicitud o si se requiere la ampliación de algún expediente.

Actualmente, Hernández explicó que el proceso debe realizarse de forma presencial, específicamente para ingresar el expediente. Sin embargo, detalló que el trámite puede delegarse a una tercera persona hasta la fase final, momento en el que sí se debe hacer personalmente. No obstante, la jefa del departamento afirmó que se está trabajando para implementar pagos en línea y habilitar algunos trámites en línea a través de la subdirección, con el fin de agilizar las solicitudes de los extranjeros.

Entre los trámites mencionados por Hernández se encuentra el servicio en línea para la actualización de residentes temporales y permanentes. Las personas podrán iniciar esta solicitud a través de la página web, donde, dependiendo del tipo de residencia, podrán escanear los documentos que acrediten que continúan con el vínculo que dio origen a su residencia. Estos documentos se redirigirán automáticamente a las personas encargadas de su evaluación, lo que permitirá actualizar el estatus del residente de forma inmediata.

Para los residentes permanentes, se agregará el envío de la orden de pago de la cuota de extranjería, señaló Sofía Hernández, jefa del Departamento de Residencias Guatemaltecas del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM). Este pago, que deben realizar todos los residentes permanentes, se podrá efectuar a través de la banca en línea. “Cuando se acredite el pago, automáticamente quedará actualizado el residente permanente”, aseguró Hernández. Además, los residentes podrán obtener constancias y certificaciones en línea, como la Certificación de Registro Ordinario Migratorio y la Constancia de Estatus Ordinario Migratorio, agregó.

Hernández informó que se encuentran en las fases finales de este proyecto y esperan que durante este año se lance la digitalización de estos trámites, lo que permitirá reducir considerablemente las filas.

Atracción de inversiones y talento

Según el Programa Nacional de Competitividad (Pronacom), la falta de agilización en la obtención de residencias no ha afectado de manera significativa el interés de las empresas internacionales por ingresar al país. No obstante, Wendy Mena, representante de la mesa de atracción de inversión extranjera de Guatemala No Se Detiene, advirtió que el país podría perder oportunidades de adquirir conocimientos, capacitaciones y talento internacional, de los cuales Guatemala se beneficiaría. Además, algunas operaciones podrían retrasarse al no contar con extranjeros capacitados para ejecutarlas.

Guatemala busca atraer más inversiones sofisticadas, especialmente en tecnología y procesos, para lo cual generalmente es necesario que un extranjero capacite y enseñe a la población guatemalteca, señaló Mena. “Podríamos perder la inversión en tecnologías más avanzadas”, concluyó Mena, trabajadora de Invest Guatemala.