Conceden arresto domiciliario a “la Patrona”, condenada a nueve años de cárcel por dos delitos

“La Patrona”, presunta líder de la estructura criminal “Los Espartacos”, fue beneficiada con arresto domiciliario.

Hedy Quino y Elmer Vargas

18 de octubre de 2024

|

16:58h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

El Tribunal Décimo de Sentencia Penal beneficio a Gloria González, alias "La Patrona", con arresto domiciliario. (Foto: Hemeroteca PL)

Gloria González, alias “La Patrona”, condenada por asociación ilícita y encubrimiento propio, saldrá de prisión por medidas sustitutivas que le otorgó el Tribunal Décimo de Sentencia Penal.

La resolución que beneficia a “La Patrona” con arresto domiciliario se da a menos de un mes de haber sido condenada por el caso de la muerte de Eddy Ruiz y Dinora Lemus.

El Tribunal también resolvió que la sentenciada deberá colocar su huella en el control biométrico cada 30 días y debe hacer el pago de una caución económica de Q5 mil.

La condena

El 20 de septiembre pasado, Gloria González “La Patrona” fue condenada a ocho años de prisión por asociación ilícita y uno más por encubrimiento propio, y no por asesinato como lo pedía el Ministerio Público (MP).

EN ESTE MOMENTO

Canasta básica en Guatemala: esto gastó una familia en marzo según el INE

MEM autoriza inscripción de tres productoras locales de etanol como proveedoras para mezcla con gasolinas

El Tribunal Décimo de Sentencia Penal cambió los delitos de asesinato a encubrimiento propio y el de asociación delictiva por asociación ilícita.

El MP señalaba a González de haber ordenado la muerte de Eddy Ruiz y Dinora Lemus; sin embargo, con el cambio de delitos la condena fue menor a la que solicitaba la Fiscalía, que era de 60 años.

El MP señala a González de dirigir la estructura criminal denominada “Los Espartacos”, el cual era liderado por su esposo Antonio Jerez, ya fallecido.

Tres personas pasarán 61 años en la cárcel por el violento crimen sexual de la joven mujer, que ocurrió entre el 12 y 13 de agosto de 2022.

El año pasado el caso de Yajaira Marina de Guadalupe Ajú Hernández conmovió a la sociedad guatemalteca por la saña con que fue hallado su cadáver en el kilómetro 14 de la ruta antigua a San Pedro Ayampuc, Guatemala.

No era el primer caso que se reportaba en sectores de este municipio.

LE RECOMENDAMOS

El dramático relato de la madre de Yajaira Ajú, la mujer que salió a divertirse con amigas y apareció muerta en una casa abandonada en el 2022

Juicio por crimen contra Yajaira Ajú, la mujer que salió a divertirse con sus amigas y apareció muerta, llega a su etapa final

El cuerpo tenía golpes en todas partes, incluidos sus genitales. El informe médico forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, (Inacif) reveló que finalmente murió por asfixia por estrangulamiento.

Por este caso el Tribunal Noveno de Sentencia Penal de Guatemala condenó a 61 años de prisión inconmutables a Andre Ibrahim Pinto Lima, César Augusto Monzón Miranda y Alma Guadalupe Alvarado Mejía, por los delitos de plagio o secuestro, violación con agravación de la pena y asesinato.

La sentencia es por el crimen en contra de Aju Hernández, de 31 años. La Fiscalía contra el Delito de Femicidio logró convencer al Tribunal de la implicación de los tres individuos en el violento crimen sexual de la mujer.

De acuerdo con María José Mansilla, del departamento de prensa del Ministerio Público (MP), la pena que recibieron las tres personas fue de 26 años por plagio o secuestro, 26 años por asesinato y 9 años por violación con agravación de la pena para cada uno.

El hecho ocurrió entre el 12 y 13 de agosto de 2022, contra Aju Hernández, cuyo cuerpo fue encontrado en el kilómetro 14 de la ruta antigua al municipio de San Pedro Ayampuc, Guatemala, en el interior de un inmueble abandonado.

De acuerdo con la investigación de la fiscalía, según Mansilla, el 13 de agosto de 2022, la víctima salió de un restaurante ubicado en la zona 6, y tras interceptarle el paso y plagiarla, los sindicados la llevaron hacia un hotel donde los tres la agredieron física y sexualmente. Allí mismo le dieron muerte, estrangulándola.

Los hechos

A la 1 de la madrugada del 13 de agosto, Yahaira Ajú, salió de un restaurante en la zona 6 de la Ciudad de Guatemala a donde había llegado la noche del día anterior con dos amigas.

Salió en estado de ebriedad, según la Fiscalía, e intentó irse en su moto. El secuestro ocurrió a esa hora, cuando no podía conducir su motocicleta.

Las amigas dejaron sola a Ajú ese 13 de agosto, y por esta razón ella intentó conducir la moto, pero una de las amigas le quitó la llave para evitar que lo hiciera. Todo apuntaba que tomara un taxi, pero no lo hizo.

Otra de las amigas llegó a la casa de Alma Hernández, madre de Yahaira, para entregarle el teléfono y la llave de la motocicleta, y le indicaron en donde la habían dejado.

Más tarde, ese mismo día, la mamá de la víctima recibió una llamada telefónica al número de su hija y un hombre habló, y posteriormente, con el paso del tiempo, y avance de las pesquisas, se comprobó que era la voz de Pinto Lima.

La Fiscalía logró comprobar que Pinto Lima, Monzón Miranda y Alvarado Mejía, llevaron por la fuerza a Yahaira Ajú Hernández a un hotel en la zona 6.

Ella se resistió en todo momento, de hecho, un empleado del hotel confirma que vio como la obligaban a bajarse del vehículo. Por esta razón no les permitieron el ingreso y los tres sujetos consumaron el crimen dentro del carro.

La necropsia confirmó los abusos que sufrió a manos de sus verdugos. “Le destrozaron sus partes íntimas”, revelan testigos.

Ajú Herández nació el 12 de diciembre de 1990 y residía en Chinautla. A los 17 años tuvo su primer hijo, y el segundo a los 29. Trabajaba para sostener a sus dos hijos, uno de 3 y otro de 15, y de vez en cuando salí a divertirse con sus conocidos.

@prensalibregt

Yajaira Ajú, era una joven universitaria. Salió a divertirse con sus amigas pero fue encontrada muerta en una casa abandonada. Un año después de ocurrido el hecho, la mamá reclama justicia. Entérese de este caso en Prensa Libre. #Guatemala #inseguridad #casocriminalreal

♬ sonido original – Prensa Libre

De esta forma, según la publicación que se hizo en el Diario de Centroamérica, la CSJ dejará en funciones únicamente el juzgado de turno de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer y Violencia Sexual, -MAIMI- con sede en el municipio de Guatemala y “el que funciona ininterrumpidamente las 24 horas del día”.

Este juzgado, según la CSJ, tiene “competencia para conocer los actos urgentes de investigación que se le requieran, medidas de seguridad y protección de las victimas y entre otros, el conocimiento de los delitos regulados en la Ley Contra el Femicidio y el Capitulo I del Titulo III Libro Segundo (parte especial) del Código Penal”.

En el considerando del Acuerdo 46-2023, la CSJ considera que las actividades que lleva a cabo esa judicatura es “idéntica a la competencia con el juzgado de Turno de Primera Instancia Penal Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer y Violencia Sexual de Guatemala y por eso se hace necesario suprimirlo”.

LE RECOMENDAMOS

Coronavirus: Juzgados y cárceles están saturados por alto número de infractores del toque de queda

“No hay sistema de justicia penal que soporte el número de casos de femicidios que existen en el país”

El Acuerdo en mención consta de 8 artículos y en ellos hace referencia a a supresión, a la distribución de funcionarios y personal judicial auxiliar, a la fase de liquidación de expedientes en trámite, al horario de atención, al personal en situación de disponibilidad, las disposiciones administrativas, las disposiciones derogatorias y finales y la vigencia, que es a partir de que se publique en el Diario Oficial.

La medida de la CSJ “se hace necesaria a efecto de hacer eficiente el manejo de los recursos humanos y financieros del Organismo Judicial”.

Reacciones

Claudia Hernández, directora de la Fundación Sobrevivientes, consideró que “han visto con mucha sorpresa esta toma de decisión, porque en lugar, incluso, de fortalecer alguno de los juzgados o tribunales, al personal, prácticamente lo envían a otros que no tienen la competencia especializada”.

“Si ellos consideraban que estaban duplicando funciones, pudieron haber ampliado otro juzgado sin competencia de turno, pero para que siguiera conociendo más casos de de femicidio y de delitos en contra de la violencia hacia las mujer”, explica Hernández.

La activista relata que “si nos damos cuenta el número a nivel de denuncias, pues es de los más altos delitos denunciados en contra de las mujeres como violencia sexual, la violencia física, la psicológica. Y si tuviéramos más juzgados se agilizaría más el tema de los procesos que están encaminados”. 

Hernández refirió que “hoy en día tenemos un tremendo atraso en los juzgados con los que contamos y tribunales, que no se dan abasto y las agendas ya las tienen llenas y eso implica que ya tengamos audiencias para el próximo año”. 

“Vemos que en lugar de ser un mensaje más positivo para el tema de las mujeres, es como un retroceso, porque es un juzgado que se pudo haber aprovechado y al no lo hicieron. Entonces, sí vemos con mucha preocupación que empiecen a tomar este tipo de decisiones, considerando que se está duplicando el esfuerzo”, opina Hernández.

La directora de la Fundación Sobrevivientes expresa que “las cifras tan altas que se tienen en la materia pudieron haber agilizado muchos de los procesos en lugar de cerrarlo y distribuir a todo el personal a otros juzgados y tribunales que no son de competencia de feminicidio”. 

“Vemos como Fundación con mucha preocupación esta toma de decisión, no sé basada en qué, no sé si hicieron análisis de los datos de denuncias de las moras en el tema que se cuentan como para tomar esa drástica decisión”, enfatiza.  

“Golpe bajo”

Federico Reyes, doctor en criminología, por la Universidad de Glasgow, Escocia, considera que “bajo las actuales circunstancias que se viven en el país, se puede evidenciar que los crímenes en contra de la mujer se han incrementado durante los últimos cinco años.

“La creación y existencia de estos juzgados especializados fue precisamente para abordar con mayor especificidad, tiempo, dedicación y particularizar el abordaje a las circunstancias de los casos atendidos, en especial, 24 horas al día los 365 días del año”, explica.

Agrega que tanto la sociedad civil como los entes especializados en la investigación particular, “la recolección de evidencia, la atención a las víctimas y sobre todo el acceso a la justicia, la aplicación de la misma siguiendo los parámetros establecidos a nivel nacional e internacional, se espera que haya más juzgados especializados, el abordaje de especialistas quienes brindan apoyo legal, psico-jurídico, psicosocial y todos los esfuerzos en conjunción de ayudar a las víctimas y sus familias”.

“La investigación criminológica a todo nivel, indica que el abordaje integral de cualquier delito, en este caso, el femicidio debe de tener una atención específica, particular y personalizada, para poder aplicar las penas incluidas a los perpetradores”, comenta.

Reyes cree que “la especialización de personal dentro del Organismo Judicial ha sido un logro y sobre todo que la capacitación recibida por el personal a nivel nacional e internacional, ha ayudado en muchos casos, a la consecución de sentencias condenatorias”.

“En lugar de sumar a los ya saturados juzgados, se debería de incitar a la creación de más judicaturas en otras áreas geográficas del país, para tener mayor cobertura”, expresa.

El especialista en temas criminológicos afirma que “la palabra especialización, descansa en el hecho, de que a mayor demanda, se requiere mayor intervención y sentar precedentes para el cumplimiento de la ley, la no repetición y el abordaje integral para la víctima y su familia, como afectados directamente.

“El abordaje integral en la investigación criminológica de los otros entes especializados, realizan un trabajo con el fin de recabar evidencia, investigar desde distintos ángulos y sobre todo el coordinar esfuerzos para proveer a los entes especializados de las pruebas necesarias para aplicar la justicia como se espera”, dice Reyes.

Las estadísticas sobre estos delitos, explica Reyes, muestran un incremento preocupante durante los últimos 4 o 5 años a nivel nacional.

“Las familias de las víctimas reclaman justicia a través de los canales legalmente establecidos. Esto subraya el hecho de que deberían de incrementarse y cerrar juzgados especializados con personal competente, que de una manera integral se pretende que así sea el resultado”, puntualiza.

Icó Chub, una mujer de qeqchí de 32 años de edad, murió en forma violenta a manos de su pareja Mario Osvaldo Tut Ical, de 46 años, el 29 de octubre de 2018 en su casa ubicada en el sector Isla del Norte de la aldea San Miguel del municipio de Chisec, Alta Verapaz.

Tut Ical fue condenado a 50 años de cárcel el pasado 29 de agosto por el Tribunal de Sentencia de Femicidio de Alta Verapaz y para este 1 de septiembre programaron la audiencia de reparación digna.

El fiscal adjunto de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio, Edgar Gómez, confirmó la audiencia y reveló que “la estrategia de resarcimiento por daños materiales y morales, así como que se otorguen garantías de no repetición de esos deleznables hechos”.

LE RECOMENDAMOS

Hombre que desmembró a su conviviente al atacarla con un machete en Chisec, Alta Verapaz, recibe pena máxima

“No nos callarán”: las imágenes que muestran las demandas de mujeres que repudian los más de 400 femicidios en Guatemala en 2022

Gómez consideró que el Estado debe garantizar que se lleven a cabo campañas de concienciación en los idiomas maternos respecto del delito de femicidio y violencia contra la mujer, porque es muy recurrente.

“Lamentablemente muchas personas no acuden a la jurisdicción estatal, se arreglan los casos con los integrantes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes), y entonces el problema es que hay mucha reincidencia”, explicó e fiscal adjunto.

Gómez considera que esto ocurre por “desconocimiento de las autoridades ancestrales respecto a la tipificación de los delitos contra las mujeres. Se debe hacer más conciencia sobre el tema. Se deben velar por la mujer y evitar que los casos se repitan. El problema muchas veces es que consienten los hechos”.

Alta Verapaz es de los departamentos más grandes del país. El Observatorio de Salud Reproductiva (OSAR), por ejemplo, en sus registros de nacimientos en madres que oscilan entre los 10 y 19 años, de enero a julio de 2023, evidencia 4 mil 684 embarazos.

Muchos de esos casos, según las fuentes especializadas en el tema de mujeres y niñez, son producto de agresiones y violaciones sexuales de parte, principalmente, de familiares cercanos. Las denuncias son pocas por el temor.

Además, un 83 por ciento de los habitantes de ese departamento viven en pobreza y el más del 53 por ciento en pobreza extrema, según la Encuesta Nacional Ingresos y Gastos de los Hogares 2021-2022 del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Horrendo crimen

Mario Tut Ical, la tarde – noche del 29 de octubre asesinó a su pareja Alejandra Icó Chub, que tenía 32 años. La población de la aldea San Miguel se alertó porque escuchó gritos que provenían de la casa donde vivía la joven mujer y Tut Ical.

Los vecinos acudieron a la casa y algunos describieron el hecho como “horrendo y deleznable”. Aseguraron que nunca había pasado algo parecido en la comunidad que era conocida por su tranquilidad.

Las personas vieron a Icó Chub con una herida profunda en medio de la cabeza. Además, le había cercenado las dos manos. La joven mujer estaba en un baño de sangre, y en una lenta agonía ante lo lejano que resultaba para cuerpos de socorro llegar a esa comunidad. Murió en una cama de su residencia.

Pobladores documentaron el hecho con celulares y lo hicieron viral en redes sociales. El suceso causó conmoción. Tut Ical huyó y fue detenido el 31 de octubre de 2018 en la aldea La Muñeca, en Playa Grande, Ixcán, Quiché. Su objetivo era fugarse hacia localidades de México.

Ante los pobladores que intentaron lincharlo confesó que había cometido el asesinato de su esposa porque creyó que le había sido infiel. Tut Ical tenía esposa, siete hijos y mantenía una relación extramarital con Alejandra, con quien no procreó familia. Ella era madre de tres niños.

Lee también:

Bicicletas robadas: Los inquietantes testimonios que evidencian que el problema aumenta en Guatemala

El hecho sucedió el 28 de enero de 2019 a las 17:45 horas en la 9 avenida y 11 calle de la colonia Quinta Samayoa, zona 7 de la capital, cuando una niña se transportaba en su bicicleta y fue atacada por López con un cuchillo.

La denuncia fue interpuesta en el Ministerio Público y el caso estuvo a cargo de la Fiscalía del Distrito Metropolitano.

MP/Fiscalía de Distrito Metropolitano logró sentencia condenatoria de seis años de prisión contra Raúl López Flores por el delito de robo agravado. pic.twitter.com/jiiXO1Zdfc

— MP de Guatemala (@MPguatemala) January 9, 2020

Según la Policía Nacional Civil (PNC), en 2018 y 2019 recibieron 37 denuncias por el robo y/o hurto de bicicletas, sin embargo, grupos de ciclistas aseguran que el número de casos es mayor.

Uno de los casos que más ha alertado a las personas que usan la bicicleta como deporte y como transporte es el de José León Díaz Granillo quien murió el 19 de octubre de 2019 en un asalto frustrado mientras practicaba ciclismo de montaña en una finca privada en zona 16.

Contenido relacionado:

> Muerte de ciclista en asalto frustrado alarma al gremio

> PNC regresa a Cunén 13 años después de haber sido expulsada por pobladores

> Niños comienzan a estudiar en aula de piso de tierra y a la intemperie en Villa Nueva

Marvin de León, representante del MP; luego de la lectura íntegra de la sentencia en contra del acusado, informó que el trabajo de investigación efectuado permitió establecer que el ataque ocurrió el 13 de julio de 2015, a eso de las 14 horas, en Seabaj, Joyabaj.

“Por la cantidad de heridas que el sentenciado provocó a su conviviente fue obvio basar nuestra acusación en que la intención de él (Jimón) era matar a su mujer.  Por azares del destino no lo logró, pero ello no le exoneró de responsabilidad penal en el hecho” dijo De León.

Durante el desarrollo del proceso penal, la familia del criminal solicitó en varias ocasiones que este fuera absuelto, ya que habían hecho las paces con la mujer atacada, porque esta se convenció de que, por si sola, no podría obtener los recursos económicos para mantener a sus siete hijos.

“Estamos ante un delito de acción pública, en el que no existe la figura de la conciliación entre las partes involucradas.  Por ello, fue obligación del MP acusar a Santiago Jimón,  quien deberá permanecer en prisión a causa de sus instintos femicidas que lo llevaron a atacar a su esposa con el afán de eliminarla físicamente”, concluyó el fiscal.

Jimón fue sentenciado a 25 años de prisión, pena que fue reducida por los jueces en una tercera parte, por lo que únicamente permanecerá en prisión 16 años.

El juez Marvin Coyoy indicó que con el relato de la menor, quien declaró en anticipo de prueba el 17 de diciembre de 2015 y los exámenes físicos que le practicó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, se comprobó que el sindicado violentó a la niña y además la contagió de herpes genital, enfermedad de transmisión sexual.

El juzgador agregó que la pena impuesta al condenado por agresión sexual fue  de 7 años, pero se le aumentó dos terceras partes porque cometió ciertos agravantes como el contagio de la enfermedad y que la víctima era su hijastra.

Al debate también acudió a declarar la madre de la niña, quien relató que descubrió lo ocurrido  cuando se percató que su hija estaba enferma a causa del condenado.

Los hechos

De acuerdo con la investigación del   Ministerio Público, para cometer el secuestro, los sentenciados se ocultaron en un lugar solitario  y cuando  López Ventura se dirigía  al  molino de nixtamal la retuvieron y la llevaron a una vivienda ubicada  en Quetzaltenango, donde la mantuvieron cautiva.
  Beb Gómez fue descubierto por líderes comunitarios, a quienes les confesó el delito que había cometido, y luego alertó a sus cómplices, quienes mataron a López Ventura.
El cadáver  desmembrado de  la adolescente fue  localizado  en septiembre del 2014,   en  el paraje Chuipachec, zona 1 de la cabecera de Totonicapán.
Agentes de la Policía Nacional Civil  decomisaron los teléfonos que utilizaron los secuestradores    para negociar  la liberación  de la menor, por quien  exigían Q150 mil a la familia.

Vecinos hallan cadáver

El  cadáver de López fue localizado en un barranco, a unos 50 metros de la ruta entre Totonicapán y San Antonio Ilotenango, Quiché.
En el lugar fueron halladas   las extremidades superiores e inferiores, y aunque  vecinos ayudaron en la búsqueda,  no se encontró el tórax ni el cráneo.
También fueron  hallados parte de un traje típico, una blusa rosada,  una faja estampada y un par de sandalias de plástico.

El hecho ocurrió el 13 de mayo del 2014 en la zona 7 de la ciudad de Xelajú, porque supuestamente la víctima dañó la puerta y vehículo de los sindicados.

El profesional Monterroso Bolaños permaneció por casi nueve meses evadiendo la justicia y fue hasta el 17 de febrero de este año que se entregó voluntariamente.

Para el abogado defensor, Marco Arodi Zaso, dijo que respetan la resolución pero no la comparte, ya que las pruebas que presentó el MP son contradictorias.

“Las pruebas que tenemos son declaraciones testimoniales y vamos a discutir la presencia o la no participación de mi cliente en el hecho.

La misma prueba que presentó el MP es contradictoria porque tienen testimonios contradictorios, ya que una parte dice que es verdad -que los sindicados estuvieron allí- y otra que es falsa al ubicar solo a uno de los sindicados en la escena del crimen”, mencionó Zaso.

“El MP señaló al progenitor que estaba en la escena, sin embargo le declararon falta de mérito, porque se comprobó científicamente por medio de informe de GPS que él estaba en Coatepeque”, dijo.

Para el 6 de agosto se realizará la audiencia de ofrecimiento de prueba y se conocerá en qué tribunal se llevará a cabo el juicio.

Nowel añadió que la acusada presentó alteración síquica, y que bien podía haber hecho algo más con su hijo en lugar de tomar acciones que lo llevaron a la muerte.

Luego de las investigaciones y pruebas científicas, que el Ministerio Público (MP) realizó, logró comprobar que el 20 de agosto del 2014, en la zona 3 de San Mateo, Quetzaltenango, la sindicada dio a luz a un bebe, quien luego del parto lo metió a una bolsa plástica y lo tiró en una calle cercana a su vivienda.

La prueba genética dio la certeza que Aguilar era la madre del niño, además de las versiones de testigos, bomberos de la localidad y personal médico del centro de salud, quienes atendieron a Aguilar luego del incidente. Así mismo la necropsia realizada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, demostró que el pequeño falleció por asfixia.

La orden de aprehensión se llevó a cabo luego de existir una investigación, ya que el 16 de marzo del presente año esa la familia atacó brutalmente a María Adelaida Pérez Sánchez, 30, y a su hija menor de edad, de la cual no se proporcionó más información.

El día del ataque las víctimas fueron presuntamente agredidas por los ahora detenidos, a quienes dejaron en estado inconsciente luego de darles una golpiza por razones que no fueron reveladas.

Los capturados fueron trasladados a la Comisaría 22 de Jalapa para luego ser llevados ante el juez que ordenó su detención, quien determinará si los deja ligados a proceso luego de establecer los delitos a imputar.

Según se concluyó, con este caso que finalizo con la sentencia condenatoria del ahora condenado, la mañana del 7 de julio del año pasado iba como pasajero en un microbús que conducía López Isidro quien era víctima de extorsión, y al negarse a pagar la misma fue ultimado a balazos en la ruta hacia la colonia Los Laureles.

Por este hecho también fueron aprehendidos, ocho horas después de haber cometido el crimen, dos menores de edad, entre estos una adolescente, quienes se escondían en una casa abandonada ubicada a cuadra y media de donde ocurrió el crimen contra la víctima.

El fallecido en este caso era un reconocido maestro de formación musical, quien prestó sus servicios en diferentes centros educativos del departamento y se dedicaba a conformar bandas rítmicas en los institutos del ciclo básico.