La ley obliga a la policía estatal a informar a las autoridades federales cuando detienen a alguien que sospechan ingresó al país de manera ilegal. Jefes de las fuerzas de seguridad estatales sostienen que las medidas federales aprobadas después de 2006 vuelven innecesaria la ley.
Los demócratas promotores de la derogación dicen que la ley siembra la desconfianza en la policía en las comunidades inmigrantes.