Un investigador holandés en seguridad informática descubrió cómo una empresa china almacenaba datos detallados de más de 2,5 millones de personas en el país asiático, según reveló él mismo por Twitter y contó posteriormente al servicio chino de la BBC.
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La empresa que le ayuda a China a controlar “todos los movimientos” de 2,5 millones de personas
Desde el nombre y la dirección de una persona o el lugar dónde trabaja, hasta los lugares que visita.
Parte de la información corresponde a ciudadanos de etnia uigur y otras minorías musulmanas que habitan en esta zona del oeste de China. (Foto Prensa Libre: Reuters)
Se trata de la empresa SenseNets, creada en 2015 y especializada en inteligencia artificial.
Entre sus clientes o socios, se encuentra la policía de diferentes provincias o ciudades de China, según se precisa en su página web.
Victor Gevers, quien descubrió la fuga de datos de la firma y se define a sí mismo como “hacker” en Twitter, explicó a la BBC que cualquiera pudo acceder a esa información durante meses, desde julio de 2018.
También dijo que gran parte de los datos de SenseNets se registraron en la región autónoma de Xinjiang (también denominada Sinkiang), y parte de la información corresponde a ciudadanos de etnia uigur y otras minorías musulmanas que habitan en esta zona del oeste de China.
Xinjiang está en el punto de mira internacional después de que organizaciones de derechos humanos e incluso expertos de la ONU denunciaran el internamiento masivo de uigures y otros ciudadanos musulmanes en “campos de adoctrinamiento”.
Pekín, por su parte, defiende los controles impuestos en la zona y la creación de “centros educativos” en aras de acabar con el “terrorismo” y el “extremismo religioso”.
China asegura que Xinjiang está bajo amenaza de militantes islamistas y separatistas que planean ataques e incentivan las tensiones entre la minoría uigur musulmana y la etnia han, mayoritaria en el país y predominante en el gobierno.
El “hallazgo”
Gevers, quien trabaja para la organización sin ánimo de lucro GDI Foundation, publicó su “hallazgo” la semana pasada a través de una serie de comentarios en Twitter.
El especialista alertó sobre el error de protección de datos de la compañía y detalló que cualquier persona podía acceder a la información personal de las más de 2,56 millones de personas que aparecían en esa base y que contenía desde sus números de identificación personal hasta sus empleos o fotografías de reconocimiento facial.
Una muestra de los nombres recogidos por Gevers de la base de datos son nombres comúnmente utilizados por ciudadanos de etnia uigur musulmanes, según comprobó el servicio chino de la BBC.
No obstante, este medio no pudo identificar de manera independiente la veracidad de esos datos.
El especialista también explicó que la base de datos recogió los movimientos de las personas en el sistema en un periodo de 24 horas: un total de 6,8 millones de “desplazamientos” por puntos marcados por la firma, como “hoteles”, “comisarías de policía” o “cibercafés”.
Gevers aseguró que contactó a la empresa para que pusiera solución a lo ocurrido en cumplimiento del protocolo de su fundación.
Según la página web de la compañía con sede en la ciudad sureña de Shenzhen (considerado el Sillicon Valley chino), SenseNets ofrece productos como sistemas de reconocimiento facial, de análisis de multitudes o de seguimiento de personas con una combinación de tecnología de inteligencia artificial y seguridad.
La firma menciona algunos proyectos que llevó a cabo, como la creación de un laboratorio de tecnología de reconocimiento facial con la policía de la ciudad de Lianyungang, cerca de Shanghái, o la colaboración con las autoridades de seguridad pública de la provincia de Cantón (sur) en el reconocimiento facial para protestas.
“Sin juicio ni cargo”
No solo las autoridades chinas utilizan tecnología de reconocimiento facial. Este tipo de sistemas también están siendo probados o puestos en práctica en países como Estados Unidos, Reino Unido o India.
En el caso de China, Pekín ha promovido la integración de esta tecnología con su red tradicional de vigilancia por video, argumentando razones de seguridad.
Estas medidas han generado preocupación por la posibilidad de que violen la privacidad y faciliten la persecución de disidentes y minorías, como denuncian grupos de derechos humanos.
En Xinjiang, en concreto, se acusa a las autoridades chinas de haber creado un “Estado policial”.
El año pasado, Human Rights Watch (HRW) denunció en un informe detenciones masivas y arbitrarias de musulmanes que residen en esta región autónoma del país, a los que “se tortura y adoctrina en una campaña de abusos sistemáticos que no se ha visto en el país en décadas”.
La ONG afirmó que los internos en los llamados “centros de reeducación” son forzados a aprender mandarín y entonar cánticos del gobernante Partido Comunista.
Preguntado por este informe, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Geng Shuang, consideró que HRW es una organización llena de “prejuicios” sobre China.
“La serie de medidas implementadas en Xinjiang están diseñadas para mejorar la estabilidad, el desarrollo, la solidaridad y (…) acabar con las actividades separatistas étnicas y los crímenes terroristas y violentos”, defendió Geng.
El portavoz además enfatizó que la región pasa por un periodo de “estabilidad social, desarrollo económico” y que los diferentes grupos étnicos cohabitan “en harmonía”.
Una investigación de la BBC publicada a finales del año pasado recogió testimonios de algunas de las personas que pasaron por estos centros y analizó imágenes satelitales que mostraron la construcción de los mismos.
“Nuestro reporte se suma a la evidencia de que el programa de reeducación masiva es la detención disfrazada con otro nombre: el encierro de muchos miles de musulmanes sin juicio ni cargos. De hecho, sin ni siquiera acceso a un proceso legal”, escribió entonces el periodista de la BBC John Sudworth.
Xinjiang ha sido escenario de violencia en el pasado y Pekín resalta el éxito de sus medidas estos últimos años para “pacificar” esta y otras zonas del país.
Uigures en el exilio atribuyen la violencia ocurrida a la política “represiva” de Pekín contra su cultura y su religión, mientras el gobierno chino considera los sucesos “atentados terroristas” llevados a cabo por grupos separatistas islámicos con vínculos en el extranjero.
Entre las polémicas medidas implementadas por el ejecutivo chino estos últimos años, está la prohibición de llevar velo o barba larga, e incluso utilizar nombres que suenen como musulmanes.
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