El sector carece de cifras que precisen cuántos  se emplean en este sector,  en su mayoría artesanal; sin embargo, se cree que hay unos 18 mil 600 pescadores, cifra que muestra que el  oficio se niega a morir.

El sentimiento de la mayoría es de abandono, no solo del Gobierno, sino de las municipalidades, que ya no hacen  esfuerzos para hacer de esa actividad otro  motor de la economía.

La situación se hace más crítica con el tiempo, ya que  aseguran que lejos de desaparecer, el número de embarcaciones ha crecido  cien por cien, porque  cada día  se integran a la práctica los más jóvenes, además de que llegan, por lo menos a ese puerto, pescadores de otras regiones, lo que causa desorganización y baja en los precios.

“Nos sentimos olvidados. Somos  una fuente importante de comercio y  alimento”, expresa  con preocupación Juan José Hernández, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de Guatemala.

Las cifras revelan que el 57%  de los que se dedican al negocio tienen entre 21 y 40 años.

Adversidad

En este pequeño canal de Iztapa,  la oscuridad predomina.  Son las 5 de la mañana, y las pequeñas linternas iluminan el camino, tanto de compradores directos como de intermediarios que están atentos a los productos frescos que salen del mar.

El rancho en que se ubican refleja  deterioro, una parte de su techo ya no tiene lámina  y los puestos  donde se coloca el pescado  no reúnen   condiciones mínimas de higiene.

Según los vendedores, además de las condiciones en las que trabajan, se han visto impactados porque hay variedades como el pez dorado y el tiburón que ya no se logran pescar y que eran los de mayor valor. 

A eso se suma que esta temporada no es la mejor para las ventas, ya que  el consumidor cambia su patrón de compra en la época navideña.

El precio es otro punto en contra

Por Natiana Gándara y corresponsalesSegún un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),  los mayoristas —intermediarios— venden a pescaderías y detallistas, pero los precios que pagan a los pescadores y los que se cobran al  consumidor final son muy distintos.

El documento refiere que en el lugar de venta, los precios  suben  50%, pero al llegar a Guatemala se elevan  hasta  150%,  que varía  según el producto.

Para los pescadores de Buena Vista   es vital que haya una entidad que regule los precios porque impactan en el  gremio, además de que se encargue de difundir las propiedades alimenticias de los productos del mar, lo que les permitiría una mejora.

La falta de infraestructura adecuada en los principales centros de acopio  encarece el producto, porque la manipulación, transporte y empaque “resultan caóticos”, baja la calidad e impide una distribución eficiente, resalta la FAO.

Los costos que tienen que absorber también provocan discordia.

“Pagamos impuestos, pero no retornan a nosotros”, expresa Daniel Hernández, pescador por más de 30 años y representante de la Cooperativa Servicios Básicos Champerico R. L.

Comenta que  por cada  lancha pagan impuestos a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), con lo cual no están en contra, pero afirma  que este año el impuesto de circulación de vehículos marítimos pasó  de Q150 a Q300.

Así también deben contar con  licencia naval, que cuesta Q50.

Esos gastos, sumados al  combustible, dice,  no se recuperan en un viaje, que tiene un costo  de Q500 y Q600 para pequeñas embarcaciones.

Por aparte, dicen que la falta de dragado y de un malecón adecuado implica que tengan  que tardar más días en alta mar, comenta Ramón Sazo, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo.

La situación no es muy diferente en Champerico, Retalhuleu.

En ese lugar   también se quejan de  pesca  escasa y el mayor reto es salir al mar, ya que se arriesgan al pasar por un canal improvisado que hicieron en la dársena pesquera.

“El proyecto fue un fracaso, y desde entonces se corre el riesgo de que  las lanchas vuelquen y ocasionen accidentes”, afirma   Mario Velásquez.

Sixto Torres,  de la Asociación de Pescadores Artesanales de La Unión, Iztapa, Escuintla, expresó que también sufren  porque los ríos se han secado y los arrecifes están dañados,  lo que no permite el desarrollo de la larva.

La responsabilidad del sector recae en la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura (Dipesca), del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga).

La entidad cuenta con uno de los presupuestos más bajos de la región, y los   Q4.5 millones asignados para el 2016 únicamente logran cubrir gastos administrativos, combustible y mantenimiento para los vehículos que utilizan nueve inspectores para todo el país.

El director Carlos Marín refiere que el presupuesto es insuficiente para apoyar al sector y que  gobiernos anteriores se enfocaron en regalar artes de pesca y construir centros de acopio que nunca originaron desarrollo.