Comunitario

Suman 63 los hogares privados no autorizados

Sully Santos Contreras de Uclés, directora interina del Consejo Nacional de Adopciones, señala que se deben agilizar procesos  de adopción por niños que pasan  años sin familia.

Por Geldi Muñoz Palala

Según Sully Santos, hay quienes promueven reformar la ley porque quieren beneficiarse. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández)
Según Sully Santos, hay quienes promueven reformar la ley porque quieren beneficiarse. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández)

En esta entrevista, Contreras resalta el trabajo que esa entidad ha efectuado desde su creación y las dificultades  que afronta.

¿A cuántos niños han dado en adopción?

Desde que el Consejo existe han entrado declarados adoptables, por orden de juez, mil 561 niños y adolescentes. El juez los declara adoptables luego de una investigación de la Procuraduría General de la Nación. De esos mil 561 se ha logrado integrar a  mil 33.

La diferencia que nos queda son niños de difícil ubicación, como  les llamamos. De ese porcentaje restante, el 42 por ciento son niños con discapacidades o necesidades médicas especiales y el 58 por ciento son niños saludables, pero mayores de 7 años.

Selly Santos, directora interina del CNA.

"No les gusta que los supervisemos -hogares privados-, porque ellos no logran llegar a los estándares. De los 127 hogares que hay en funcionamiento, hay 32 que están autorizados".

¿Se dice que no logran colocar a los niños pronto?

Tenemos en este momento 87 familias declaradas idóneas, de las cuales 72 desean adoptar un niño  entre 0 y 6 años. Luego tenemos que las 15 restantes piden adoptar niños de 6 a 10, o sea que de 10 a 17 no tenemos familias. El porcentaje de niños que tenemos de 10 a 17 años es considerable.

¿Cuántos son?

Estamos hablando de alrededor del 60 por ciento. El Consejo los recibe cuando el juez los declara adoptables, y uno de los problemas que hay es que las adoptabilidades entran con los niños grandes; ya vienen de 3 o 4 años. Ese niño ha estado cuatro años en hogares, no es que haya estado en declaración de adoptabilidad, e incluso hay niños que han sido declarados a los 14 o 15 años.

¿Eso a qué se debe?              

Falta de investigación y agilidad en los procesos o el juez no siempre tiene las investigaciones disponibles, además de la mora judicial.

¿Y en relación con las supervisiones de hogares?

Respecto del Hogar Seguro, desde el 2015 hemos estado ingresando de manera periódica por medio de orden de juez. Con las antiguas autoridades de la Secretaría —de Bienestar Social— había mucha  resistencia por su parte para que el Consejo supervisara.

¿Ustedes tienen que hacer un censo de los centros?

Tenemos dentro del mandato contar con  registro actualizado de los niños abrigados en protección en hogares públicos y privados.

En la actualidad no hay...

Reformas en beneficio

  • Según Santos, la reforma a la ley puede hacerse para que haya agilidad por parte de la PGN y de los juzgados para declarar a los niños adoptables.
  • Lamentó que las organizaciones busquen reformas no en beneficio de la niñez, sino de un grupo que quiere volver al comercio. 
  • Recordó que la legislación  da al Consejo un papel difícil: “parar la trata”. Por eso considera que “los enemigos del Consejo despiertan de vez en cuando”.

Hicimos un censo el año pasado de los hogares privados, porque no se nos permitió hacer un censo en el Hogar Seguro. En  ese censo encontramos que hay cuatro mil 215 niños abrigados en hogares privados. La mayoría de estos niños están siendo abrigados por pobreza, por negligencia, por maltrato, que en un  porcentaje alto podría ser prevenido.

Por abuso sexual y por causas que sí realmente se necesita estar en abrigo es un porcentaje como del 3 por ciento.

Logramos obtener los datos de la Secretaría y, al final, sí tenemos un dato general de cinco mil 300 niños institucionalizados, entre públicos y privados.  De esos tenemos solo 303  pendientes de integrar que están declarados adoptables. Eso quiere decir que cinco mil deberían estar con sus familias.

¿En qué hogares están  los niños declarados adoptables?

De los declarados adoptables, 193 están en hogares privados, y en hogares públicos, 38. En el Hogar Seguro solo había 29, de los cuales el 90 por ciento tiene discapacidad severa.

En la supervisión  a hogares privados, ¿han encontrado anomalías?

No les gusta que los supervisemos, porque ellos no logran llegar a los estándares. De los 127 hogares que hay en funcionamiento, hay 32 que  están autorizados,  31 en proceso de revalidación y 63 que no están autorizados. Los que no están autorizados es porque no tienen personal, no tienen programas suficientes, sus instalaciones no están acordes o no han querido presentar una solicitud de autorización.

¿Por qué  se resisten?

Por varias razones. Antes de la creación del CNA ya existía un buen número de privados que funcionaban sin supervisión de nadie. Entonces llega el Consejo y les pide apegarse a los estándares internacionales, que tampoco son tan complicados. Nosotros vamos a visitar hogares, estén autorizados o no. Si observamos alguna vulneración de derechos, se denuncia.

Hay un grupo que busca presentar una iniciativa para reformar la Ley de Adopciones. ¿Qué opina?

La Ley de Adopciones, como todas, puede ser actualizada, revisada y puede ser, incluso, mejorada. La Ley de Adopciones no es el problema. La normativa le garantiza a un niño y a la familia que el niño que se lleva entró de manera judicial e investigada y salió de manera judicial aprobada, entonces le da certeza jurídica al proceso.

Sobre derogar la Ley de Adopciones, yo sí creo que hay grupos que se están aprovechando de la coyuntura, queriendo regresar al pasado. Hay que recordar que Guatemala era de los países que  más adopciones hizo. Se cree que salieron más de 20 mil niños, y cada niño se dice que costaba US$30 mil. Era una industria.

El proceso de adopción lo que hace es que al niño le busquemos una familia de acuerdo con su perfil. Nosotros no  buscamos niños para las familias, sino  una familia para el niño.

Nosotros sí estamos de acuerdo con que la ley pueda sufrir reformas en beneficio de los niños.