La planta de generación de energía con carbón mineral es uno de los proyectos más grandes de Centroamérica, y será la generadora más grande del país con 300 megavatios (MW). En este, según la propietaria de esa compañía, se han invertido US$900 millones; sin embargo, su proceder presenta irregularidades.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP) denunciaron que la empresa usó una red de tráfico de influencias para beneficiarse.

Su gerente general, el peruano Ernesto Córdova, quien tiene orden de captura, solicitó a un intermediario privilegios por medio del ex secretario general de la Presidencia y yerno del mandatario, Gustavo Martínez.

La empresa, por medio de Martínez, buscó poner en la agenda presidencial su caso, evitar el cobro de una garantía y hasta evitar la llegada del cónsul de China Popular a un albergue de ciudadanos chinos que trabajaban en la construcción del proyecto.

Para ello, la empresa pagó sobornos por US$120 mil a Martínez.

Desde el 2013, la Jaguar Energy tiene problemas con una empresa china, la que la acusó de incumplimiento de pago de un crédito en el cual la garantía eran sus activos aquí. Ese caso la ha obligado a enfrentarse en un arbitraje internacional donde demandan US$300 millones.

A la polémica se suma la denuncia, el viernes último, de los vecinos en la aldea San Miguel Las Flores, Masagua, Escuintla, quienes refieren que cientos de peces y crustáceos han muerto en el río La Mora y señalan que la empresa generadora lavó sus calderas y lanzó residuos al río.

El sábado último, luego de una manifestación de vecinos frente a la planta, guardias de Jaguar Energy retuvieron a Carlos Paredes, corresponsal de Prensa Libre, y a otro periodista, con el argumento de que estaban en propiedad privada, cuando los reporteros querían llegar al foco contaminante.

Para ser liberados los hicieron firmar un finiquito para no presentar cargos contra esa empresa ni exigir pagos de costas.

El obispo de Escuintla, Víctor Hugo Palma, dijo ayer que las empresas instaladas deben asumir su responsabilidad social y usar los recursos naturales con responsabilidad.

La empresa en un comunicado expresó que toman en serio las investigaciones de la Cicig y del MP, y agregó que “no condona ni avala actividades al margen de la ley”, aunque no informó el paradero de su gerente y si este sigue en el cargo.