Justicia

Penas de cinco a 72 años de prisión para red Los Topacio

El Tribunal de Mayor Riesgo B encontró culpables a 30 personas de integrar la banda de estafadores los Topacio, quienes bajo engaño se apropiaron de unos 50 propiedades, en su mayoría, de personas de la tercera edad.

Por Redacción

El Tribunal de Mayor Riesgo B dicta sentencia a la banda Los Topacio. (Foto Prensa Libre: Jerson Ramos)
El Tribunal de Mayor Riesgo B dicta sentencia a la banda Los Topacio. (Foto Prensa Libre: Jerson Ramos)

El Ministerio Público demostró a las juezas Irma Jeannette Valdés, Sara Yoc Yoc y María Eugenia Castellanos la existencia de la banda, la cual estaba formada por notarios, testaferros e intermediarios, entre otros integrantes.

El jefe de la red, Mynor Giovanni Álvarez Jacobo, deberá cumplir  pena de 59 años de cárcel, 13 de los cuales son conmutables, y podrá pagar Q57 por cada día, mientras que de manera obligada debe pasar  49 años tras las rejas.

Además, se le impuso una multa de Q57 mil por cargos de falsedad ideológica y caso especial de estafa.

El debate se realizó luego de casi dos años de que la banda fue enviada a juicio; por la saturación de la agenda del Tribunal.

Al menos la mitad de la estructura fue capturada el 5 de diciembre de 2013; entre el grupo figuraban ocho abogados.

La fiscalía, a través de unas mil denuncias de estafados y legítimos dueños, acusó a la estructura de apropiarse de inmuebles a través de abogados, testaferros, intermediarios y empleados públicos que facilitaron las operaciones ilícitas.

La lectura de la sentencia comenzó a las 13 horas y concluyó las 20 horas.

Los Topacio, según la fiscalía, se apropiaron de bienes en la capital, Sacatepéquez e Izabal.

Los condenados

  1. Ana Cordón Loyola, 5 años conmutables.
  2. Carlos Ramiro Zea Méndez, 14 años inconmutables.
  3. Edín Mauricio Pineda Donis, 11 años (5 años conmutables y 6 años inconmutables).
  4. Edith Lorena González Camey, 15 años conmutables.
  5. Fredy Roberto Ríos Villatoro, 5 años conmutables.
  6. Gerardo Enrique Flores Estrada, 6 años inconmutables.
  7. Gladys Yolanda Pineda Urbina, 10 años (4 años conmutables y 6 años inconmutables).
  8. Ivonne Haydee Ponce Peñalonzo, 18 años inconmutables.
  9. Jeddu Adalton García Sánchez, 19 años (13 años conmutables y 6 años inconmutables).
  10. José Arturo Rodríguez Rodas,   11 años (5 años conmutables y 6 años inconmutables).
  11. José Miguel Bolaños Orellana,  6 años inconmutables.
  12. Leslie Denise Rosas López, 9 años (3 años conmutables y 6 años inconmutables).
  13. Ligia Anabella Alvarado Batres, 5 años conmutables.
  14. Mario Alberto Martínez Pineda, 9 años (3 años conmutables y 6 años inconmutables).
  15. Mynor Giovanni Álvarez Jacobo, 59 años (13 años conmutables y 46 inconmutables).
  16. Noé Miguel Arriola Racaná, 8 años inconmutables.
  17. Olga Alicia Valenzuela Alvarado, 72 años inconmutables
  18. Orlan Henry Cáceres Aguilar, 16 años (10 años conmutables y 6 años inconmutables).
  19. Oswaldo Azurdia Martínez, 18 años inconmutables.
  20. Reyna Eminolda Bolla Espinoza, 5 años conmutables.
  21. Rodolfo Alfredo Lázaro Padilla, 5 años conmutables.
  22. Roger Mauricio González y González, 27 años (15 años conmutables y 12 años inconmutables).
  23. Ruth Mery López Gallardo, 14 años inconmutables.
  24. Sandino Antulio Ávila Avela, 8 años conmutables.
  25. Sayda Tatiana Corado, 5 años conmutables.
  26. Sergio Aníbal Rosas Vargas, 5 años conmutables.
  27. Sonia Judith Orellana Guzmán, 11 años (5 años conmutables y 6 años inconmutables).
  28. Tito Heli Najarro Rodríguez, 20 años inconmutables.
  29. Víctor Manuel Alejandro Chinchilla Santiago, 5 años conmutables.
  30. Werner Ortiz, 5 años conmutables.

Forma de operar

El grupo, a partir del número de contador de casas que estaban abandonadas o terrenos baldíos que estaban cubiertos con maleza, llegaban a las distintas instituciones públicas a solicitar información sobre los dueños de los inmuebles.

La banda tuvo la capacidad de saber quiénes eran los propietarios, herederos o si estaban fuera del país.

Estafaban a personas que compraban inmuebles a través de la falsificación de documentos usados por esa estructura criminal para operar inscripciones en el Registro General de la Propiedad.

Falsificaban las firmas de los legítimos propietarios en escrituras públicas de compraventa autorizadas por notarios. En algunos casos los dueños fueron asesinados, para evitar persecución legal.