Mercado legal facilita tráfico de municiones

Por Guatemala pasan las armas del narcotráfico hacia las pandillas y crimen organizado del Triángulo Norte de Centroamérica y no existen mecanismos efectivos de control, según reconocen las autoriades. 

En Guatemala hay registradas 547 mil armas de fuego y entre enero y junio de este año se han comercializado legalmente 13 millones de municiones. (Foto Prensa Libre: Álvaro Interiano)
En Guatemala hay registradas 547 mil armas de fuego y entre enero y junio de este año se han comercializado legalmente 13 millones de municiones. (Foto Prensa Libre: Álvaro Interiano)

En Guatemala hay registradas 547 mil armas de fuego y entre enero y junio de este año se han comercializado legalmente 13 millones de municiones; los débiles controles en el expendio y comercio legal de los cartuchos hacen que estos lleguen al crimen organizado.


El trasiego de municiones  tiene un origen establecido y muchos agujeros donde contravienen la ley. De enero a junio de este año, la Dirección General de Control de Armas y Municiones  registró la venta de 13 millones 518 mil 301 balas. El año pasado se vendieron, en promedio,  2 millones de municiones cada mes.

Las armas ilegales también circulan por miles. Entre enero del 2014 y junio del 2017, la PNC reportó la incautación de 16 mil 491 armas de fuego, la mayoría pistolas y revólveres, aunque también se han localizado granadas de fragmentación, fusiles AK-47, AR15,  subametralladoras, entre otras armas de uso militar exclusivamente.
Balas a la venta

El exministro de Defensa Ronaldo Leiva explica que el tráfico de municiones es tan complicado como trasegar armas;  sin embargo, a través del mercado legal se pueden obtener municiones de una manera más fácil.

Según investigaciones del Ministerio Público, gran parte de la comercialización de las armas de fuego ilegales que se encuentran en el país pasan por armerías que facilitan el proceso de compra venta, tanto de armas y municiones.

“Alguien con licencia puede comprarla y compartirla, pues la munición no tiene un registro antes de ser disparada”, dice Leiva. “Lo único es que la cantidad está restringida”.

Las armas más comerciales en el país son las pistolas de calibre 9 milímetros, según el Ministerio Público, y las municiones para este tipo de armamento también son más fáciles de conseguir en el mercado legal porque son las más comunes para el uso civil.

La vigente Ley de Armas establece un límite de 200 municiones al mes a quien tenga permiso de tenencia y 250 para quien cuente con licencia de portación, no obstante,  en los polígonos de tiro  la ley deja libre la venta siempre que sean utilizadas ahí.

“Al salir del establecimiento el responsable de la munición es el que la compró y el problema es que la munición no está marcada”, dijo el coronel Carlos López, director de la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam), “Al final es el cliente el responsable de la munición, si la utiliza o vende”.

Aunque la Digecam ha establecido un programa de control de venta de municiones en línea con las armerías autorizadas, no puede saber el destino final de las mismas.

“Nosotros no podemos corroborar con exactitud  que en realidad usó toda la munición que compró”, dice Álvaro Escobar, gerente general del polígono Hincapié. “Por eso le explicamos al cliente que no puede llevársela, en este caso habrá otras instancias que si lo encuentran en la calle puede tener algún tipo de problemas”.


La  Digecam efectúa una supervisión dos veces al año a los polígonos. Cada establecimiento cuenta con un libro en el que se registra cuántas municiones y a quién se las vendió;  sin embargo, no existe ningún mecanismo que compruebe cuántas balas disparó el usuario en sus instalaciones. “Es imposible controlar cuánta munición utilizan”, dice el coronel López.

Una alternativa para poder tener un mejor control de la munición es el marcaje individual de cada bala que se comercializa legalmente en el país y, al momento de ser comprada, que se tenga el registro de responsabilidad sobre quién la compró.

En República Dominicana se implementó el sistema de marcas a las municiones, dice López, aunque el proceso requiere, además de aspectos legales en la actual ley, un incremento en el costo de cada cartucho, por lo que la acción aún se ve lejos de ser implementada en Guatemala.

De México a la región

Son las 19.25 horas en la avenida Alta Verapaz, Jocotales, zona 6 de la capital, el área con más muertes violentas durante el 2016, con 114. Con suéter gris y capucha, César camina decidido a encontrarse con Kimberly; ninguno ha cumplido los 20 años, pero están a punto de enfrentar cargos por más de 10 años de cárcel inconmutables por portación ilegal de armas de fuego y municiones.


César lleva en la cintura una pistola Jericho calibre 40, el arma de fuego está registrada ante la Digecam, pero también tiene  reporte de robo; él no lleva ningún documento que acredite su posesión.

La pistola va dirigida a Kimberly que ya tenía instrucciones precisas de qué hacer con ella. Se supone que el arma y 18 cartuchos serían entregados a una tercera persona para hacer “un trabajo”, quien después la entregaría  a otro contacto. De esta manera la pistola pasaría de mano en mano, bajo una consigna: la mejor forma de borrar huellas es dejar demasiadas, hasta que sea imposible definir el rastro.

Así  se mueven las armas en Guatemala. En el caso de César y Kimberly la PNC detectó el ilícito y los capturó, no obstante, las autoridades  reconocen que existe un movimiento de armas y municiones a diario que se sale del control. Se ha detectado armas desarmadas y municiones traficadas entre piñatas, pasteles, cajas de verduras o como paquetes en buses.

El tráfico de armas ilegales, casi en su totalidad, proviene de México, y Guatemala es un lugar de paso desde donde se suministra armamento en el Triángulo Norte.

El poderío bélico tiene un origen y un destino específico: el narcotráfico e incrementar el poder de las pandillas en el triángulo norte de Centroamérica.

“Son cárteles del crimen organizado que operan en México los que suministran armas de fuego a Honduras, El Salvador y Guatemala”, dice Francisco Rivas, ministro de Gobernación de Guatemala. “Definitivamente muchas armas se quedan aquí y otras van hacia El Salvador y Honduras”.

El Ministerio Público (MP)  ha identificado tres flujos de armas en el  país: el crimen organizado, cárteles de droga y los ex miembros del Ejército o la Policía, que han formado estructuras criminales, dice el fiscal de la Unidad Especializada en Pandillas del Ministerio Público, Aldo Chiapas.

La mayor capacidad de mover armas de alto poder, drogas y dinero la tiene la Mara Salvatrucha (MS), según  Gobernación, alcances que, por momentos, dejan en desventaja a la misma fuerza de seguridad pública.

“La MS tiene su vínculo más fuerte en EE. UU., con la mafia mexicana, que es un grupo delictivo de mayor organización con capacidades muy fuertes y desarrolladas en la región de California”, dice Rivas. “Adicionalmente tiene relación con grupos delictivos de México, y por eso, de alguna forma, con El Salvador y Honduras hemos podido notar el tráfico de armas de fuego que vienen”.

Para el exministro de Defensa  Ronaldo Leiva, las autoridades incautan muchas armas y municiones, sin embargo, la tarea es difícil por el escaso control fronterizo.

“La situación no es tan fácil porque las fronteras nuestras son muy porosas”, dice Leiva. “Las capacidades logísticas y de personal son limitadas”.

Para Chiapas es “casi imposible” tener el control sobre el ingreso de armas no registradas porque llegan desde las fronteras con México.

La relación de las pandillas con el narcotráfico ha sido fundamental para armar a estas últimas, que ofrecen al narcotráfico control para la venta al menudeo y algún tipo de seguridad.

“De Guatemala fluye el dinero de actividades criminales hacia el Norte —EE. UU. y México— y a vuelta vienen las armas”, dice Leiva. “Los intereses del narco han llevado a utilizar a las pandillas como narcomenudeo (…) ellos les han provisto las armas”.