En una carta a Hernández, del pasado miércoles, Funes le hizo llegar su más “enérgica protesta” por haber inaugurado el 22 de marzo un helipuerto, según un comunicado de la Casa Presidencial salvadoreña.
Funes también le pidió a Hernández que “se abstenga de la realización de estos actos” y “la desocupación inmediata de la isla salvadoreña de Conejo de conformidad a las normas del derecho internacional” , según la misiva del gobernante salvadoreño.
El Gobierno de Hernández, a través de un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, desestimó la protesta salvadoreña y la califico de “impertinente”.
El nuevo reclamo de la isla por parte de El Salvador se produce cuando Mauricio Funes está próximo a entregar el poder a su sucesor, Salvador Sánchez Cerén, el 1 de junio próximo.
La posición de Honduras es respaldada incluso por sectores de la oposición política que consideran que Hernández está actuando bien al ejercer soberanía en la isla, que para este país es estratégica.
Los excancilleres ngel Edmundo Orellana y Ernesto Paz han coincidido en que el gobernante hondureño está haciendo “lo correcto” , incluso cuando le reclama a El Salvador el incumplimiento de la sentencia de la Corte Internacional (CIJ) de Justicia del 11 de septiembre de 1992 sobre un viejo contencioso entre ambos países.
Paz considera que cualquier recurso salvadoreño no procede ante ninguna instancia internacional porque los fallos de la CIJ son “definitivos e inapelables”.
En opinión de Orellana, el presidente salvadoreño quizá pretende “aumentar su popularidad” antes de finalizar su mandato.
La Cancillería de Tegucigalpa también le recordó al Gobierno de El Salvador que las únicas islas que estuvieron en disputa en el contencioso ante la Corte Internacional de Justicia son El Tigre, hondureña, y Meanguera y Meanguerita, salvadoreñas.
Analistas hondureños aseguran que la pretensión de El Salvador sobre la isla Conejo tiene como principal objetivo cerrarle el paso a Honduras en su salida a mar abierto en el Pacífico.
El Golfo de Fonseca es compartido por El Salvador, Honduras y Nicaragua, pero Tegucigalpa ha denunciado en varias ocasiones la demora por parte de los salvadoreños a negociar la proyección de los espacios marítimos hondureños en el Pacífico, lo que incluye mar territorial, zona económica exclusiva y plataforma continental.
Honduras defiende esos limites a partir de la bocana de la Bahía de Fonseca, conforme a la sentencia a lo decidido por la CIJ.
El fallo de la CIJ de 1992 puso fin a un centenario contencioso limítrofe y migratorio que en julio de 1969 llevó a Honduras y El Salvador a una guerra de 100 horas que globalmente dejó unos 5.000 muertos, distanció durante once años a los dos países y alteró el entonces denominado Mercado Común Centroamericano.
El Salvador también demoró lo más que pudo la demarcación de la frontera terrestre, en la que la CIJ le ratificó a Honduras unas dos terceras partes de los 420 kilómetros cuadrados que estuvieron en disputa.
Honduras denunció en noviembre del 2013 ante la Organización de las Naciones Unidas “la falta de cumplimiento por parte del Gobierno de El Salvador de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 11 de septiembre de 1992 en el caso de la controversia terrestre insular y marítima (Honduras/El Salvador, Nicaragua interviniendo)” .
Además, expresó que “ve con profunda preocupación la falta de cumplimiento por el Gobierno de El Salvador de la citada sentencia” .
Honduras recordó entonces que una vez dictada la sentencia, “si una parte se resiste a cumplir lo que le corresponde, la instancia internacional competente que para conocer del asunto es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para asegurar el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales”.
