El 29 de agosto de 2012, las ocho comunidades presentaron la acción, que fue asignada a la Sala Tercera del Ramo Civil, y un día después fueron amparadas de manera provisional y se fijó un plazo de dos años para que se dilucidara el caso por la vía civil entre las comunidades y los 17 supuestos dueños.

El área donde se encuentran   las comunidades indígenas se conoce como Sierra Santa Cruz,  entre El Estor y Lívingston.

Sergio Manfredo Beltetón de León, asesor jurídico del Comité de Unidad Campesina (CUC), abogado de las comunidades amparadas, resaltó la importancia del fallo, pues se sienta precedente en torno al reconocimiento de la propiedad ancestral de los pueblos mayas.

Agregó que a ello se suma que en sentencias reiteradas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha establecido que, “por la pura posesión de la tierra, el Estado debe otorgarles los títulos de propiedad”.

El abogado señaló que son tres años de lucha y de enfrentarse a grupos de poder que intentaron despojar de sus tierras a más de 20 comunidades.

“La CC avanza en cuanto al reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales y que el único título que necesitan es su posesión del inmueble”, aseveró Beltetón de León.

Irregularidades

En el fallo se establece que existe incertidumbre sobre la existencia de quién aparece como vendedor de la propiedad a los presuntos actuales propietarios, entre quienes se encuentran militares y empresarios madereros, dijo el profesional.

Agregó que se alteró el acuerdo gubernativo, supuestamente emitido en 1925, firmado por el presidente de ese entonces, Manuel Lisandro Barillas Bercián, por medio del cual se concedieron los terrenos baldíos, ya que él falleció 20 años antes de que se suscribiera el acuerdo.

“Es imposible que el general Manuel Lisandro Barillas haya librado un título a favor de cualquier persona en el año de 1925, porque fue presidente entre los años 1886 y 1892”, dijo el amparista.

Señaló que hubo   confabulación entre la “mafia” del Instituto Nacional de Transformación Agraria (Inta), el Registro General de la Propiedad y abogados interesados en despojar a las comunidades indígenas queqchís.

Supuestamente la primera inscripción de dominio de la finca 1371, folio 206, del libro 2, de Izabal, registrada indica que el inmueble fue adquirido por Carlos Enrique Estrada García, en subasta pública, a título gratuito.

Para la CC las inscripciones del Registro General de la Propiedad están sustentadas en “negocios jurídicos notoriamente ilegales o documentos notariales evidentemente falsos, respecto a bienes inmuebles de los cuales dichos pueblos han hecho uso de forma tradicional”, dice la sentencia.

Como resultado de ello  declara nulas las tres inscripciones que se efectuaron sobre la propiedad de las ocho comunidades indígenas, así como las derivadas de las anteriores.

De León avaló despojo

El 18 de noviembre de 2013, la entonces registradora general de la Propiedad, Anabella de León, se mostró a favor de los supuestos 17 propietarios que pretendían despojar de  a los indígenas.

De León tachó a los magistrados de la Sala Tercera del Ramo Civil de emitir resoluciones irregulares a a favor del despojo, debido a que los magistrados ampararon a las comunidades indígenas. Un días después, los magistrados María Cristina Fernández García, Érick Gustavo Santiago de León y Herbert Valencia Aquino, refutaron a De León por este y otros casos.    

Proceso se detuvo

En 1996, el Inta conoció una denuncia sobre la referida finca  que argumentaba una supuesta propiedad ancestral. Esto ocasionó que se detuviera el trámite de la medición de la propiedad que gestionaban las comunidades. El expediente lo conoce ahora el Fondo de Tierras.