Los líderes de las pandillas fueron trasladados de otras cárceles hasta el penal de Quezaltepeque a 25 kilómetros al oeste de la capital, al ser identificados por las autoridades como los principales responsables de estar ordenando crímenes y todo tipo de hechos delictivos desde las cárceles.       

“Van estar sometidos a un régimen de mayor seguridad, de mayor control para garantizar el cese de la comunicación desde el interior del sistema (penitenciario), partiendo que han sido identificados como los principales involucrados en realizar la comunicación hacia afuera, en dirigir y coordinar las actividades ilícitas de los miembros de sus grupos delincuenciales”, dijo en conferencia de prensa el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde.    

El jefe de la seguridad pública que llegó hasta el penal de Quezaltepeque para verificar las nuevas medidas anunció que unidades combinadas de la policía y el ejército desarrollarán operaciones de seguridad dentro y fuera de los diferentes centros penales del país.       

Informó que en los alrededores de las cárceles realizarán patrullajes, verificarán las viviendas particulares y todo tipo de establecimientos que estén ubicados en las proximidades debido a que ha sido usados por las pandillas  “para mantener su influencia en el entorno de los centros penales”.       

“Queremos pedir la colaboración de la población que vive en los alrededores de las cárceles ya que se van a intervenir viviendas particulares y establecimientos”, expresó Landaverde.      

Los cabecillas de las pandillas, considerados reos peligrosos, fueron trasladados de otros penales en diferentes puntos del país y no fueron llevados a la cárcel de máxima seguridad conocida como Zacatraz debido a que está a su máxima capacidad.      

Esta es una de las primeras medidas del gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén que rechazó una oferta de los pandilleros de cesar los homicidios y dijeron que “no hay necesidad de poner medidas que solo vienen a violentar la Constitución de la República, y toda ley que depende ella”.       

Pero el Gobierno no cedió y el secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República, Eugenio Chicas anunció que el miércoles presentarán a la Asamblea Legislativa el primer paquete de medidas extraordinarias que dijo “garantizan la seguridad a la población y serán un duro golpe a la criminalidad” .       

Entre estas medidas destacan el despliegue de más soldados en tareas de seguridad, decretar estados de emergencia en zonas conflictivas, los estados de emergencia en las cárceles del país, desde donde, según las autoridades, los cabecillas de las pandillas ordenan los homicidios, extorsiones y otros delitos.       

También podrían pedir que se impongan sanciones severas a las empresas telefónicas que, según dijo Chicas, se han negado a bajar la intensidad de sus señales en las proximidades de las cárceles y “lejos de disminuir señal, las han aumentado”.      

El funcionario que se opone a cualquier tipo de negociación con las pandillas, reconoció que luego del anuncio de los cabecillas de estos grupos criminales, se registró una reducción de muertes violentas, pero sostuvo que lo que hace “es ponerle una pistola a la población y decir: o dialogan con nosotros o vamos a seguir matando”.      

Chicas afirmó que la reducción de los homicidios “pone de manifiesto que los responsables de la criminalidad del país son los grupos de pandillas, por eso vivimos el día de ayer únicamente cuatro crímenes”.       

“Lo que pretenden es que el gobierno no implemente medidas extraordinarias para seguirse armando en mayor dimensión en un futuro, no vamos dar tregua porque estos grupos atentan contra la población”, afirmó.       

Según estadísticas oficiales, del 1 al 28 de marzo se registraron 572 homicidios, con un promedio de 21,1 homicidios al día.