Después de la crisis institucional que concluyó con la destitución del fiscal general, en una conferencia de prensa efectuada ayer, Castresana dio a conocer las pruebas contra Reyes y otras personas que supuestamente participaron en el complot.

Mencionó a Roderico Pineda, magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, y a Francisco Beltranena Falla, catedrático universitario y analista político.

“Estamos investigando una relevante operación de obstrucción a la justicia que incluye la campaña de destrucción mediática de la imagen pública de la Cicig, de este comisionado, y un proceso paralelo de destrucción de la evidencia presentada en los tribunales en el caso Rosenberg”, aseguró Castresana.

La semana última, el jefe de la Cicig ofreció dar a conocer pruebas sobre la presunta vinculación de Reyes con “grupos criminales”.

Responsables

Castresana identificó a cinco responsables de “encubrir y obstruir a la justicia” para exculpar a los hermanos Valdés Paiz del asesinato de Rosenberg.

Los primeros señalados fueron los Valdés, quienes están prófugos, y apuntó que sus colaboradores en la “campaña mediática” son los capturados Juan Miguel Fuxet, gerente de Lanquetin, propiedad de los Valdés, y Rodolfo Ibarra, relacionista de la referida empresa. También identificó a Diego Moreno Botrán, cuñado de los Valdés y quien está prófugo, y a Beltranena.

“Por la relación familiar, Moreno Botrán se encargó de esconder y ocultar hasta el día de hoy a los dos hermanos fugitivos”, explicó Castresana.

Por medio de diapositivas, Castresana detalló las evidencias de la “estrategia” para exculpar a los hermanos Valdés, y por audio, las escuchas telefónicas donde se evidenciaron las conversaciones de los involucrados.

Entre las pruebas están las facturas de los pagos que José Francisco Valdés Paiz le hizo a Ibarra de honorarios de la campaña, en marzo y abril de este año. También está la agenda que le fue incautada a Fuxet cuando fue capturado, el miércoles último, en la cual hay anotaciones sobre la campaña, la corrupción y datos de la ocultación de los Valdés Paiz.

“En la agenda personal que incautamos en el allanamiento a los laboratorios Lanquetin estaban los pasos que tenían que darse para organizar una entrevista fuera de Guatemala con uno de los fugitivos”, expuso Castresana.

En el allanamiento a la casa de José Estuardo Valdés Paiz, la Cicig localizó manuscritos donde se evidencia que estas personas seguían las acciones que efectuaba la jueza Verónica Galicia en el proceso contra los Valdés Paiz.

Las hojas también describían detalles de la campaña negra contra Castresana.

“¿Novia de Castresana?”; “hijo o sobrino de 1?”; “El Castresana tiene otros clavos, tratar de averiguar pa’ machucarle la cola”; “Empezar a atacar en medios”, “Preguntar a Castresana que dónde están sus pruebas científicas” son algunas de las frases escritas en las hojas.

En otra hoja se lee: “Empezar a buscar alternativas internacionales para atacar a gachu (Castresana) y analizar algún acercamiento con él”. Mientras que en otra se detallan estrategias contra la Cicig y las acciones que los defensores de los Valdés Paiz plantearían para frenar el proceso en su contra.

Escuchas

Castresana dijo que con las escuchas telefónicas se comprobó cómo el magistrado Pineda pretendía influir en las decisiones del ex fiscal Reyes para frenar las pesquisas contra los Valdés Paiz.

La primera conversación que detalló la Cicig fue entre Ibarra y Moreno, quien dice: “Tenemos que estar en sintonía (…), por lo demás no he revisado el documento”. Ibarra le responde: “Deciles que ya me advertiste, que voy a hablar con ‘faldita y corbata’ para que me den su línea”, refiriéndose a dos de los abogados de los hermanos Valdés Paiz.

En las conversaciones entre los dos señalados se evidenció que Moreno ayudaba a los Valdés Paiz para mantenerlos ocultos.

Otra de las pláticas fue entre Ibarra, Beltranena y otro sujeto no identificado por la Cicig. En la conversación se evidenció cómo se estaría manejando la elección del fiscal general.

También en la agenda de Fuxet se señala que tenían previsto abordar a algunos de los entonces candidatos a fiscal.

En una llamada interceptada, Pineda le dice a Moreno que el nuevo fiscal (Reyes) era muy amigo suyo. “Sí, sí, sí, sí, verdad, esa fue una gran alegría y que al siguiente día yo marcando, marcando, pero no logré, por lo que me contaste…”, dice Pineda a Moreno.

Afirma que Reyes sería su “as bajo la manga” y que iba a ser “importantísimo” en el proceso contra los Valdés Paiz.

Otras evidencias

Castresana detalló que otra prueba contra Reyes fue haber contratado personal vinculado con el crimen organizado, como la fiscal Edna Barco, destituida en el 2008 por haber filtrado información de la masacre de Zacapa, donde murió el supuesto narcotraficante Juan León; Zoraida Samayoa, para el departamento de Recursos Humanos, quien fue removida por haber ocultado información del ex fiscal Álvaro Matus, investigado por haber obstruido el caso del asesinato de Víctor Rivera.

Castresana cuestionó la contratación de Marco Mérida Cifuentes como secretario de Coordinación del MP, investigado por adopciones ilegales, y de Juan Roberto Garrido como jefe de seguridad del MP, quien trabajó con Carlos Quintanilla, ex secretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad, procesado por espionaje.

A la conferencia asistieron diplomáticos y representantes de sectores sociales, quienes manifestaron que le corresponde a la fiscal interina María Mejía continuar con las pesquisas.