La parte más importante es que la ley, a la fecha, permite la libre competencia sin ningún tipo de consideración ni privilegio ni empresarial ni grupo étnico. Además, las reformas lo único que hacen es fortalecer la certeza jurídica de que Guatemala es un país confiable para la atracción de inversiones en ese el campo.

¿Cómo afectan a las empresas de telefonía las reformas aprobadas por el Congreso?

Hay que tratar de ser muy claro en ese sentido, ya que las reformas no restringen ningún derecho que ya está considerado desde 1997, año desde el que está en vigencia.

Lo único que hace es fortalecer la certeza jurídica del usufructo del espacio radioeléctrico a las empresas que tienen ese derecho. La diferencia es que el derecho de usufructo pasó de 15 a 20 años de duración; las condiciones son las mismas desde hace 15 años.

Entonces, ¿ven positivas las reformas a la Ley?

Absolutamente, lo terrible hubiera sido que en lugar de ampliar el plazo de la prórroga, el Congreso lo redujera, pues hubiera sido un mensaje terrible para los inversionistas.

De acuerdo con las enmiendas a la Ley, ¿qué tienen que hacer para ampliar el usufructo?

Lo mismo que contemplaba la Ley hace 15 años. Al límite de vencimiento el interesado hace su solicitud de prórroga, y una vez se dé el informe de la Superintendencia de Telecomunicaciones —SIT— de que el espacio ha sido utilizado, no hay ninguna razón para que no se otorgue la renovación. Creemos que opinar que las reformas a la Ley crean una separación entre ciudadanos es incorrecto.

Varios sectores señalan que hubo negociaciones con los diputados e incluso ofrecimientos para que la Ley se aprobara. ¿Es cierto?

De ninguna manera, esos señalamientos son infundados, malintencionados y no son correctos. El proceso de reformas de la Ley General de Telecomunicaciones respetó el procedimiento establecido por la Constitución y la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. Hubo suficiente tiempo para que los sectores se manifestaran.

Se duda de la rapidez con la que se aprobó la normativa. ¿Cuál es su opinión?

No hubo rapidez. La Ley Orgánica del Legislativo es clara y establece que debe haber tres lecturas en tres días diferentes, y la aprobación de esta ley llevó más de un año entre la segunda y la tercera lecturas. No debe haber ninguna suspicacia de que se aprobó con premura, ya que incluso creemos que se tardó más de lo normal.

¿Hubo algún seguimiento o reuniones con los diputados?

¿Quién no hace seguimiento a los proyectos de ley como ciudadanos responsables? El Congreso está conformado por diputados que son personas a quienes se les ha delegado el ejercicio del poder y solo los ciudadanos tenemos el derecho de darle el seguimiento para que los diputados respeten los procedimientos establecidos.

Alberto Brunori, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, afirmó que fue una oportunidad perdida para incluir a otros sectores de la sociedad guatemalteca. ¿Cómo responderían ustedes?

Creemos que las opiniones de los funcionarios extranjeros deben ser mucho más cuidadosas. Él está absolutamente desinformado y lo invitamos a que primero analice e investigue.

Por ejemplo, en el listado de la SIT va a encontrar una lista de personas individuales o comunidades que tienen en usufructo los espacios radioeléctricos, y si pudiera hacer una investigación más a fondo, en el interior de la República podrá ver la cantidad de radios comunitarias que hacen uso del espacio radioeléctrico, y por eso creemos que es una ingratitud la manera como él se ha expresado de un procedimiento transparente que ha cumplido con los procedimientos de ley.

Algunos diputados y sectores han pedido al presidente de la República que vete esta normativa. ¿Qué opina de ello?

Primero, creemos que la gestión, los diputados debieron haberla hecho dentro del proceso de discusión y aprobación de la ley.

Nosotros le pedimos al presidente que cumpla con su obligación de sancionar la Ley, que cumplió con el debido proceso legal de aprobación y discusión, para que cobre vigencia. El proceso no violó la constitución ni otra ley.

¿Descartaría que se beneficie a un sector específico con las reformas aprobadas?

Al contrario, la Ley beneficia a todos los sectores por igual. Quienes actualmente gozan del derecho de usufructo, incluida la enorme cantidad de organizaciones comunitarias, se beneficiarán positivamente.

¿El incremento de los cinco años para renovar el usufructo fue solicitud de ustedes?

Esto es una iniciativa del Congreso, de los diputados, es el derecho que ellos tienen. Consideraron que era una cuestión interesante para atraer inversión a Guatemala y fortalecer la certeza jurídica, y creemos que fue una buena gestión que hizo el Congreso usando su propia iniciativa de ley.

¿La renovación del usufructo tendrá ahora algún costo?

Nunca ha tenido, es decir, desde que la Ley entró en vigencia es igual, por eso estas reformas no tocan la antigua ley.