Las dos nuevas bases castrenses fueron inauguradas por el presidente del país, el general retirado Otto Pérez Molina, en el marco de la celebración del 141 aniversario de la fundación del Ejército, una jornada en la que también fueron ascendidos al grado inmediato superior más de 100 oficiales.

“Hoy se están inaugurando dos brigadas” que servirán “para consolidar y expandir el poder de la nación en aquellas zonas que se abandonaran ante las amenazas multinacionales que actualmente estamos enfrentado”, dijo el mandatario, que asumió el poder en enero pasado con la promesa de “mano dura” contra el crimen.

La primera de esas unidades, la Brigada Especial de Operaciones de Selva, esta ubicada en el norteño departamento de Petén, fronterizo con México, y tendrá como principal misión combatir a los narcotraficantes que operan en esa zona.

Según la información oficial, contará con un comando de “kaibiles”, unas fuerzas especiales que son señaladas de haber cometido masacres y violaciones a los derechos humanos durante la guerra interna que vivió el país entre 1960-1996 y dejó unas 250 mil víctimas, entre muertos y desaparecidos.

La otra unidad es la Segunda Brigada de Policía Militar y ha sido instalada en la población de San Juan Sacatepéquez donde desde hace dos años existe un serio conflicto social debido a la oposición de los pobladores a la instalación de una fábrica de cemento de propiedad privada.

Pérez Molina aprovechó el acto para públicamente instruir al Ministro de la Defensa para que “en los próximos doce meses” instale en diversos puntos del país al menos nueve bases militares más, a fin de “incrementar las capacidades del Estado para combatir el narcotráfico y el crimen organizado”.

El Ministerio del Interior guatemalteco afirmó en febrero pasado que 58 de los 334 municipios del país son ingobernables debido a las operaciones del narcotráfico y el contrabando.

Cerca del 80 por ciento de la cocaína que llega a México desde Suramérica con destino a Estados Unidos hace escala en un país de Centroamérica, con Guatemala y Honduras como principales puntos de entrada, según un informe estadounidense difundido el pasado marzo.

Pérez Molina felicitó a los oficiales ascendidos este sábado, entre ellos el ministro de la Defensa, Ulises Anzueto, que llegó al grado de General de División.

Paralelamente, en San Juan Sacatepéquez, miles de sus habitantes salieron a las calles para rechazar la instalación de la base militar y denunciar “la militarización” de la sociedad por parte de la Administración Pérez Molina.

Rafael González, líder del Comité de Unidad Campesina (CUC) , dijo a los periodistas que con la nueva sede castrense el Gobierno “pretende intimidar a la población que se opone a la instalación de la cementera”, y “defender los intereses de los empresarios”.

Los pobladores se oponen desde hace más de tres años a la instalación de la fábrica porque les “dejará sin agua y afectará el medio ambiente”, entre otros perjuicios.

A los pobladores de San Juan Sacatepéquez se unieron representantes de indígenas y de organizaciones de derechos humanos y de víctimas de la represión militar, que repudiaron la decisión gubernamental de fortalecer las capacidades del Ejército.