Los siete cuerpos quedaron tirados en el terreno familiar, y uno falleció en el hospital. Todos tenían heridas de machete, golpes y quemaduras.

Los siete eran de la familia Pajoc Guamuche, aunque no se supo sus nombres. En la comunidad el silencio prima a la hora de intentar reconstruir los hechos.

El PDH Jorge de León Duque resumió lo ocurrido en esa comunidad como un “terror”, así lo escribió en su cuenta de Twitter esta mañana.

La vivienda de la familia Pojc Guamuche quedó destruida. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Un vecino relata, con temor, escenas de lo ocurrido. Al parecer, una discusión entre personas que consumían alcohol por diferencias por la cementera y una carretera que se construye por el lugar habría causado la gresca.

Un hombre que supuestamente trabajaba para la cementera habría baleado a un comunitario y esto desencadenó la ira de los vecinos quienes se organizaron en una turba que entraron a la vivienda de la familia Pajoc Guamuche, golpearon a los hombres e incendiaron vehículos y sus pertenencias.

Uno de los hombres quedó con una escopeta al lado.

Los bomberos voluntarios informaron que dos mujeres y una niña fueron trasladadas al hospital Roosevelt con varias heridas.

Otros dos heridos fueron trasladados por bomberos municipales al hospital de Chimaltenango. Uno murió debido a las heridas que presentaba. Fue identificado como Édgar Giovani Pajoc Iquic, de 19 años.

Las autoridades de Gobierno indicaron que enviarán un contingente de policías y soldados para la comunidad.

Uno de los vehículos incendiados durante los disturbios. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Reacción de Cementera

José González Merlos, en representación de Cementos Progreso, explicó que “estos actos de violencia no son nuevos. Trabajadores, tanto de la empresa que construye el Anillo Regional como colaboradores de Cementos Progreso, han sido frecuentemente hostigados y atacados en su residencia e incluso han llegado a quemar la maquinaria que utilizan en la construcción del Anillo Regional”.

“No respetaron absolutamente nada, en otros casos, atacaron a personas que habían vendido sus terrenos para la ejecución del proyecto Anillo Regional, que es del Ministerio de Comunicaciones”, añadió González Merlos.

El personero de la cementera dijo que este tipo de actos son condenables y rechazó “la tergiversación de los hechos que se están dando en el lugar”.

Comunidad en conflicto

La instalación de una cementera ha generado inconformidad entre las comunidades aledañas a la finca San Gabriel Buena Vista, de dicho municipio.

Los movimientos de protesta se han extendido en varias comunidades, las cuales se han manifestado para que se de marcha atrás al proyecto.

Este sábado, bomberos intentaron ingresar a la comunidad, sin embargo, no les fue posible.

Embajadores, ministros, alcaldes, representantes del sector privado y el presidente Otto Pérez Molina asistieron en julio del año pasado al acto de inauguración de la construcción de la cementera y colocación de la “primera piedra”.

COMENTARIO

“Cuando ingresaron a la vivienda tenían capuchas, pero cuando empezaron a disparar se las quitaron. Caminamos lejos, hasta cansarnos, donde estaban las máquinas y allí pedimos ayuda”.   María Pajoc Max,  familiar de las víctimas.

DATO

8 Muertos dejó el enfrentamiento de más de seis horas. 

3 Casas destruidas por la turba que ingresó al lugar.

5 vehículos fueron quemados por los pobladores durante la jornada.

Investigación -Recogen evidencia-

El ministro   de Gobernación,  Mauricio López Bonilla, indicó que en la aldea Pajoques, San Juan Sacatepéquez, quedaron destacados  75 agentes de la Policía Nacional Civil, mientras  los fiscales e investigadores recolectan  pruebas. Dijo que ya identificaron a los encapuchados que perpetraron la muerte de las ocho personas, así como a cuatro líderes comunitarios que  instigaron  a la población, lo cual ya conoce el Ministerio Público. Agregó  que después de las evaluaciones se determinará si es necesario un estado de Excepción en el lugar.  

El funcionario señaló que  se tuvo conocimiento de que en  esa área las personas que venden terrenos al proyecto del anillo regional  son obligadas a firmar documentos en los que se comprometen a   abandonar sus viviendas. Mencionó que la familia agredida había vendido terrenos al proyecto.

Derechos -“Alteran el orden”-

Jorge  de León Duque, procurador de Derechos Humanos, dijo que su institución  recibió los primeros informes de los disturbios en la aldea, por lo que se dio aviso a la Policía Nacional Civil.

“Conocimos  llamadas  de angustia de las personas que alertaban de disturbios en el lugar. Ellos dijeron que había personas encapuchadas, disparando y alterando el orden”, informó De León Duque. El  procurador añadió que, incluso, algunas personas con las que tuvieron comunicación denunciaron los nombres de quienes estaban participando en las agresiones.

“Hemos conocido que hay grupos que actúan al margen de la ley; que tienen orden de captura, pero desafortunadamente hay una ausencia de estado espantosa”, resaltó.

Empresa -“No es nuevo”-

Al consultar a José Raúl González Merlo, de Cementos Progreso, sobre los hechos explicó: “Estos actos de violencia no son nuevos.

Trabajadores, tanto de la empresa que construye el Anillo Regional como colaboradores de Cementos Progreso, han sido frecuentemente hostigados y atacados en su residencia e inclusive han llegado a quemar la maquinaria que utilizan en la construcción  del Anillo Regional”.

Agregó: “Estos actos aumentaron su nivel de violencia y salvajismo esta madrugada —ayer— al producirse varios asesinatos, lo cual condenamos enérgicamente. De la misma manera rechazamos categóricamente la tergiversación de los hechos  al pretender hacer responsable de actos de violencia a Cementos Progreso. Buscan desviar la atención del fondo. Lamentamos los hechos”.