Prensa Libre

POR AGENCIA AP Ecuador

QUITO - El caso comprende la desaparición forzada de 27 personas y la tortura y violación sexual de una niña, ocurridos entre 1983 y 1985 durante la represión política ordenada por las más altas esferas del gobierno guatemalteco para enfrentar las guerrillas y acallar cualquier opositor o crítico del régimen.

Tales delitos, que en el país siguen impunes, se conocieron cuando en 1999 una organización no gubernamental estadounidense tuvo acceso a documentos desclasificados en Estados Unidos y dieron con el denominado “Diario Militar”, un documento que recogió los detalles de las operaciones ejecutadas por las fuerzas de seguridad.

La perito Katherine Doyle, directora del estadounidense National Security Archive, la institución que encontró el documento, declaró ante la Corte que “el Estado de Guatemala ha ocultado sistemáticamente la información en su poder sobre el conflicto armado interno y la realidad es que el ejército, la policía y los servicios de inteligencia... han hecho casi imposible tener acceso a sus documentos”.

Añadió que tal política de silencio “sigue hoy en día, a pesar de los hallazgos de documentación, la exhumación de cementerios clandestinos y la demanda de información de los familiares de las víctimas, que jamás ha cesado”.

Una de las víctimas, Wendy Santizo, expresó al canal Teleamazonas que “uno de los soldados tomó un alicate de la caja de herramientas de mi papá y empezó a sacarle las uñas... otro soldado me abría los ojos para obligarme a ver como lo torturaban... el gobierno actual sigue ocultando la verdad”.

El caso está en manos de la CorteIDH desde el 18 de febrero de 2011.

Ese Tribunal está reunido en Guayaquil donde desarrolla el 45 ciclo extraordinario de reuniones que terminará el viernes.