El documento, un proyecto del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), determina la eficiencia de un nuevo modelo de gestión del Ministerio Público (MP) guatemalteco, implementado en casi toda la nación en el último lustro, tras el éxito obtenido por un programa piloto ejecutado en un distrito del país.

“La gestión de la exfiscal Claudia Paz y Paz inició un camino contra la impunidad”, apunta Garavano, en referencia a la exjefa del MP, cuyo período al frente de la institución terminó en mayo pasado al no ser reelegida en el cargo.

“Paz y Paz dio los primeros pasos en la dirección correcta con cambios muy profundos que requerían de mucha valentía”, agrega el jurista argentino.

Según el estudio del argentino, la Fiscalía de Guatemala aumentó en un 117 por ciento la cantidad de condenas en los últimos cinco años, además de elevar en un 380 por ciento la cantidad de casos resueltos con salidas alternas, en un país considerado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como uno de los cinco más violentos del mundo.

El plan piloto analizado por Garavano y su equipo se estructuró por primera vez en el 2009 en la Fiscalía Distrital de Quetzaltenango, la segunda ciudad de mayor importancia en la nación centroamericana, y tras valorar sus resultados las autoridades decidieron ejecutarlo en el resto del país.

Dicho proyecto inició en la gestión del fiscal Amílcar Velásquez, y luego fue “extendido e implementado” por la fiscal Claudia Paz y Paz a su llegada al MP en 2010.

El nuevo modelo de gestión fiscal es uno de los principales aciertos de Paz y Paz, de acuerdo al estudio de Garavano, que detalla en el informe el proceso de dicha remodelación desde 2008 a la fecha.

El principal cambió en la forma de trabajo del MP, apunta, se desarrolló en la manera de procesar las denuncias, precisa el documento. Antes del nuevo modelo, cuando una víctima presentaba una denuncia, ésta era trasladada a la oficina fiscal con menor carga de trabajo.

Esto provocaba que las delegaciones le dieran prioridad a los homicidios por encima de otros delitos menores y además no existiera una especialización en la investigación.

Con la gestión de Paz y Paz se modificó este proceso, según señala el CEJA. Ahora hay fiscalías especializadas por delitos y todas las denuncias pasan inicialmente por una fuerza de tarea que decide si el caso puede ser resuelto con soluciones alternativas.

Además, el trabajo de Paz y Paz se centró en la persecución penal estratégica, respaldada por la creación de un nuevo puesto dentro del organigrama de la fiscalía: el analista, a cargo de estudiar patrones en común dentro de los criminales.

El jurista argentino cree, sin embargo, que “aún falta un período no menor a seis años de trabajo intenso” para el establecimiento definitivo del nuevo modelo de gestión fiscal, iniciado por Velásquez y continuado por Paz y Paz.

“Hay que pulir el diamante”, apunta Garavano en referencia a los desafíos que se presentan para la actual fiscal general guatemalteca, Thelma Aldana, quien reemplazó a Paz y Paz en mayo pasado. “El trabajo que viene para el MP es menos visible pero muy duro”, advierte.

Dichos desafíos para la fiscalía guatemalteca incluyen “capacitación del personal, mediación de resultados, adecuaciones, descentralización y depuración de casos acumulados”, de acuerdo al entrevistado.

“Las primeras reformas latinoamericanas a los MP se hicieron en Chile y Colombia. Fueron buenas y exitosas. Pero las de la Ciudad de Buenos Aires y Guatemala son reformas de segunda generación”, explica Garavano.

“En estas reformas de segunda generación se incluyen temas como atención al público, atención a la víctima, certificaciones de calidad y profundización de las investigaciones”, agrega.

Garavano precisa que México “está observando” las experiencias de la región pues se encuentra en medio de un “proceso de reforma procesal penal muy ambicioso”, al igual que Argentina, que “analiza este modelo como ejemplo” e incluso ha visitado el país centroamericano para verificarlo.

“Guatemala tiene muchos desafíos y uno en especial: lograr que la justicia sea una relación cotidiana”, concluyó.