Prensa Libre

POR CORALIA ORANTES

Según lo estipula el expediente que se investiga en la Unidad contra Trata y Adopciones Ilegales, la norteamericana Susan Deborah Hibbss presentó la acción porque había pagado US$29 mil por los trámites iniciales para la adopción de tres menores, pero nunca se las entregaron.

Las autoridades han calculado que la madre adoptiva le había pedido por lo menos US$50 mil por cada menor.

Las pesquisas se siguen en el Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal y se ha logrado determinar la participación de dos miembros de la banda.

Uno de ellos es el médico Gonzalo Emilio Estrada Mancilla, hermano de la diputada Maura Estrada, de la Unidad Nacional de la Esperanza y ex fiscal.

Según las investigaciones, Estrada rindió informes falsos de nacimiento de las menores.

Entre las evidencias en su contra está la prueba de grafotecnia realizada a su firma, que se comparó con las de los informes de nacimiento, lo cual demostró que se trata de la misma persona.

Para hoy se tiene previsto que el juez de la causa le escuche en su primera declaración.

Los fiscales lograron acreditar la vinculación familiar entre el médico y la legisladora.

Entre los implicados también figura Aldo Eduardo Maselli González, abogado que hizo los trámites para las adopciones, a quien le descubrieron varias irregularidades.

Contra este se espera que el Tribunal Séptimo de Sentencia fije la fecha para el inicio del debate.

Los investigadores explicaron que aún continúan las pesquisas porque falta establecer la participación de empleados de municipalidades, haladoras y personal de la Procuraduría General de la Nación (PGN).

Anomalías

Las autoridades detectaron que el trámite de adopción de las tres niñas era irregular porque la madre también era menor, pero poseía una cédula de vecindad falsa, emitida en la Costa Sur.

Con esta documentación se logró realizar informes, certificaciones y alteración de la identidad de las niñas. El trámite de la adopción comenzó en la PGN a través de Maselli.

Al revisar los casos se detectaron las alteraciones de toda la documentación e incluso la falsedad de los datos de la madre.

Las autoridades identificaron uno de los sanatorios usados por esta red, que estaría integrada por unas 15 personas.