El funcionario explicó que de conformidad con los informes rendidos  tanto por Instituto Nacional de Ciencias Forenses  (Inacif) como por médicos forenses indican que no está en condiciones físicas ni mentales para enfrentar un juicio.

Además, detalló que el artículo 76 del Código Procesal Penal indica que cuando las personas no están en condiciones  de salud física ni mentales básicamente hay que suspender la persecución penal.

Vásquez comentó que la decisión será comunicada formalmente el próximo 5 de enero durante una audiencia que programó la jueza de Alto Riesgo, Patricia Flores.

La jueza ordenó el pasado 9 de diciembre que Mejía fuera trasladado de un hospital a su residencia bajo vigilancia policial debido a sus problemas de salud y dio plazo de 15 días a la fiscalía para que presente un dictamen definitivo que determinara si concluye o prosigue con el proceso penal.

Mejía, de 80 años y quien gobernó Guatemala entre 1983 y 1986, permanecía internado en el Centro Médico Militar desde el pasado 25 de octubre, tras entregarse a la justicia por medio de su abogado, después de estar 12 días prófugo.

Forenses de Inacif concluyeron en octubre que Mejía tiene un trastorno mental orgánico  que dificulta su expresión y puede tener limitaciones en su capacidad de comprensión.

También señaló que presenta disminución de la fuerza motora y perdió la movilidad de las piernas, por lo que no estaba en capacidad de enfrentar un juicio.

Organizaciones de derechos humanos lo acusan de impulsar planes militares constrainsurgentes que incluían el exterminio del poblaciones indígenas durante el conflicto armado en Guatemala de 1960 a 1996.

Mejía llegó al poder tras derrocar al también exdictador y actual diputado Efraín Ríos Montt.

Los períodos de ambos son considerados los más cruentos de la guerra civil de 36 años, que dejó un total de 200 mil muertos y desaparecidos, según Naciones Unidas. El próximo jueves se celebrará el 15 aniversario de la firma de los acuerdos de paz.