El conflicto en Barillas se agudizó desde el anuncio de la captura del líder comunitario Mynor Manuel López Barrios, de 43 años, sindicado de organizar las protestas contra la hidroeléctrica y acusado de atentado, robo y otros delitos.

En respuesta por la detención, un grupo de pobladores de Santa Cruz causó disturbios el domingo pasado.

En las acciones violentas fueron quemados tres vehículos de la Policía y el Ejército, así como la destrucción de la sede policial en la localidad.

El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla; el ministro de la Defensa, Manuel López; el viceministro de Seguridad, Edy Juárez; el gobernador departamental, José Antonio López Rojas; alcaldes de San Juan Ixcoy, San Sebastián Coatán, Santa Eulalia, San Mateo Ixtatán, Barillas y San Pedro Soloma; y los líderes comunitarios negociaron durante cuatro horas para llegar a un acuerdo.

Puntos básicos

López Bonilla precisó que el acuerdo contempla darle continuidad a la mesa de diálogo con el presidente Otto Pérez Molina, con todos los actores: alcaldes, líderes de las autoridades ancestrales y miembros de sociedad civil, donde se dialogará sobre estabilidad social y los proyectos hidroeléctricos.

A partir de que hay pobladores a favor y otros en contra se buscará una solución democrática. La cita se programó para el martes 8 de octubre, a las 9 horas.

El segundo acuerdo es retirar el 50 por ciento de la fuerza policial a partir de ayer, a cambio de que los pobladores despejen las carreteras.

Y el tercero es que no se ejecutarán las 40 órdenes de captura pendientes en Barillas, pero que se divulgue sobre quiénes recaen esas aprehensiones y sean los mismos acusados los que se presenten de manera voluntaria a los juzgados.

La lista está integrada por 40 personas señaladas de amenazas, coacción, secuestro y portación ilegal de armas. Las órdenes de captura fueron emitidas en el 2010.

Compás de espera

Alfredo Baltazar, del Movimiento Social de Santa Eulalia, que participó de la negociación, aseguró que esperarán hasta el 8 de octubre, cuando dialoguen con el gobernante.

El representante comunal señaló que en la reunión con el mandatario el tema central será la cancelación de licencias de operación a empresas hidroeléctricas en Santa Eulalia, San Mateo Ixtatán y Barillas.

A pesar del acuerdo, en las primeras horas de la noche Prensa Libre pudo constatar que la carretera de Santa Eulalia seguía bloqueada.

La jornada

El día estuvo marcado por la obstaculización de la carretera de Barillas, en donde los inconformes colocaron troncos, postes y piedras para evitar el ingreso de las fuerzas de seguridad.

También se retuvo a 20 policías y a cuatro periodistas. Además, se trasladó el cuerpo del soldado Víctor Miguelito Soria Pacheco, de 26 años, a la Quinta Brigada de Huehuetenango.

El líder comunitario López Barriosdetenido el sábado último fue trasladado a un juzgado de la cabecera departamental.

Ayer, en Barillas, el comercio permaneció cerrado en 80 por ciento, y escuelas y colegios no impartieron clases, para resguardo de los estudiantes por el conflicto en ese municipio tras la captura de López Barrios. La detención ocasionó que unos 20 hombres destruyeran la sede policial y las oficinas de la hidroeléctrica Hidro Santacruz.

Advertencia

Por la mañana, después del gabinete con el mandatario, López Bonilla detalló que el Gobierno expulsará a los extranjeros que participen en protestas sociales, sin importar nacionalidad o asociación.

“Los extranjeros que estén con visa de turistas y que estén en estos lugares donde hay conflictividad van a ser expulsados del país. No importa bajo qué bandera vengan, si son ecologistas, si son observadores de derechos humanos o lo que ellos se quieran poner como traje”, manifestó López Bonilla.

Aunque en las protestas del domingo último no se ubicó a nadie ajeno a las comunidades, el funcionario aseguró que cuentan con información de que en conflictos anteriores sí han participado.

López Bonilla añadió que los inconformes que han protestado y ocasionado disturbios en la localidad constituyen un pequeño grupo que no pasa de 25 pobladores, y afirmó que publicarán los nombres de unas 40 personas que tienen orden de captura, algunas vigentes desde el 2011, con el objetivo de que se presenten ante la justicia.

Armas

El ministro precisó que los manifestantes violentos podrían tener en su poder armas que fueron utilizadas por grupos rebeldes que actuaron en esa región durante el conflicto armado interno.

El funcionario descartó que los conflictos tengan relación con el narcotráfico, y minimizó que se implemente un estado de Excepción en esa región. “No es necesario, adecuado ni prudente”, expresó.

Jorge de León Duque, procurador de los Derechos Humanos, se pronunció ayer por la tarde sobre los acontecimientos en Barillas, y afirmó que según el monitoreo que los delegados han desarrollado en esa región se ha establecido que “los ánimos están caldeados”, aseveró.

De León Duque informó que tiene previsto viajar hoy a Huehuetenango, para verificar y establecer cuál es la situación.

“Nos veían como personas hostiles”

En angustia y temor se convirtió la cobertura informativa sobre los disturbios  en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, para cuatro periodistas  y dos pilotos   que fueron retenidos ayer por una turba en la ruta hacia ese municipio.

El periodista Hugo Alvarado, de Prensa Libre, quien iba acompañado del fotógrafo Érick Ávila, relató que cuando estaban a 30 minutos de llegar a Santa Cruz Barillas, un grupo de campesinos empezó a tirar piedras a la carretera y después derribó árboles para bloquear el paso.

“Al pedirles que nos dejaran pasar  nos dijeron que no. Pese a que nos identificamos como periodistas,  insistieron  que nos fuéramos”, refirió.

 Unos cien metros después había otro bloqueo, donde  unas 50 personas armadas con machetes  los  amenazaron con que si movían las piedras procederían a quemar los carros, tanto de Prensa Libre como de Nuestro Diario, donde viajaban el periodista Keneth Monzón y el fotografo René Ruano.

“Nos veían como personas hostiles, porque nos decían que éramos empresarios y que estábamos del lado de la mina, y que éramos del Gobierno”, relató Alvarado.

En ese momento obligaron a Ruano a que borrara las fotos de su cámara.  Además pincharon la llanta trasera del

vehículo de este rotativo. Alvarado señaló que algunas personas tenían el rostro cubierto.

Transcurridos  unos 25 minutos les dijeron que se retiraran del lugar. Sin embargo, llegada la noche, en el camino a Santa Eulalia, los periodistas  encontraron  otro bloqueo, donde los inconformes no los dejaron pasar. 

En este lugar había  vehículos con las placas cubiertas, y otros no las tenían.

Al cierre de la edición, el grupo de periodistas  continuaba en el lugar.

Origen de  división 

Santa Cruz Barillas, aunque es uno de los municipios de Huehuetenango  más pujantes económicamente, ha estado dividido desde hace más de tres décadas, como  consecuencia del conflicto armado interno que agrupó a los pobladores entre quienes apoyaban al Ejército y los que militaban en la guerrilla. 

En las aldeas San Carlos Las Brisas, Santa Rosa y El Recreo,  la guerra dejó secuelas  y división entre las poblaciones,  de acuerdo con lo  que consigna  el informe Memorias del Silencio, de la Comisión del Esclarecimiento Histórico, donde se señala  que muchos habitantes pasaron a integrar el Ejército Guerrillero de los Pobres y se enfrentaron con Patrulleros de Autodefensa Civil de poblaciones cercanas y del área urbana de Barillas.

En el mismo lugar donde ahora funciona el destacamento militar, fueron ejecutados en 1982  varios aldeanos, acusados de pertenecer a la guerrilla  por patrulleros del mismo municipio,  lo que causó  una división entre aldeas y zonas urbanas  que ha permanecido con el paso del tiempo, incluso  después de firmados los acuerdos de paz.

Aunque ahora la tensión entre las comunidades ha bajado de intensidad, la llegada de un proyecto hidroeléctrico fue el detonante que volvió a separar a los grupos y con ello retornó la confrontación.

Los últimos sucesos y la reacción del Gobierno  ha extendido el conflicto a otros municipios, tanto de Huehuetenango como de Quiché,  según afirman en un comunicado conjunto organizaciones sociales que integran el Ixcán, las cuales llaman a solidarizarse con Barillas.

40 capturas están pendientes de ser ejecutadas en Barillas.

4 periodistas y dos pilotos fueron retenidos por los inconformes.