Antecedente

El 23 de noviembre de 2011, la Sala Primera de Apelaciones del ramo Penal separó a Flores Polanco del caso abierto por 17 masacres cometidas en los municipios de Santa María Nebaj, San Gaspar Chajul y San Juan Cotzal, Quiché, donde murieron mil 771 pobladores de la etnia ixil, según la investigación de la Fiscalía de Derechos Humanos.

Esa acción se debió a que la jueza fue recusada por Juan Carlos Ovando Corzo, defensor del general Héctor Mario López Fuentes, quien dudaba de la imparcialidad de Flores Polanco, supuestamente porque había emitido opinión del proceso. En esa ocasión, se ordenó que el proceso debía continuar en el Juzgado Primero B de Alto Impacto, a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez.

Abogados del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh), quienes asesoran a sobrevivientes y familiares de las víctimas de las matanzas, impugnaron la resolución mediante un amparo promovido en la Sala Primera de Apelaciones. La entidad insistía en que Flores Polanco debía seguir con el caso.

Por medio de una resolución del 13 de marzo del 2013, la Sala dio la razón a Caldh y declaró”sin lugar la recusación planteada por el abogado Juan Carlos Ovando Corzo”, se indica en la notificación emitida ayer por Flores Polanco.

Heydi Pineda, de la Fiscalía de Derechos Humanos; Édgar Pérez, abogado de la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR); Héctor Reyes, representante de Caldh; así como los acusados Ríos Montt y Rodríguez Sánchez recibieron la notificación a eso de las 13 horas, después de que se suspendió la audiencia.

Órdenes judiciales

Flores Polanco y las partes del proceso discutirán hoy la decisión de la Sala Primera de Apelaciones, emitida el 13 de marzo último.

La resolución para la acción de amparo de Caldh indica que “luego del análisis de las actuaciones judiciales —la Sala— establece que el recusante no le asiste la razón legal toda vez que en ningún momento se evidencia que la juez de la causa, haya externado opinión”. El documento fue firmado por los magistrados Áxel Ottoniel Maas Jacome, Franc Armando Martínez Ruiz y Jaime Amílcar González Dávila.

En noviembre del 2011, Ríos Montt aún no formaba parte del proceso. El 15 de diciembre de ese año, el militar retirado se presentó de manera voluntaria a la Fiscalía. Ese día explicó que quería saber si existía una acusación en su contra.

El 26 de enero del 2012, el ex jefe de Estado de facto de 1982 declaró ante la justicia. La audiencia de ese día se prolongó por más de 10 horas.

Al terminar la jornada, Ríos Montt salió hacia su casa, pues fue beneficiado con una medida sustitutiva consistente en arresto domiciliario, arraigo y el pago de una fianza de Q500 mil.

Un año duró el proceso contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez en un juzgado de Primera Instancia. El 28 de enero de último, Gálvez decidió que las pruebas contra los militares apuntaban a que existía la posibilidad de que hubiesen participado en el genocidio ixil, por lo cual debían responder ante un Tribunal de Sentencia.

Pruebas de descargo

Ríos Montt y Rodríguez Sánchez fueron enviados a debate sin que se aceptaran la pruebas de descargo que habían ofrecido.

Gálvez consideró que los documentos y testigos que los militares habían ofrecido eran inútiles y abundantes, por lo cual decidió no recibirlos.

Los defensores de Ríos Montt y Rodríguez Sánchez impugnaron la decisión del juez.

El 3 de abril recién pasado, la Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó el amparo provisional otorgado por la Sala Cuarta de Apelaciones, que ordenó a Gálvez que aceptara las pruebas de descargo.

La CC ordenó que el proceso regresara a la fase de recepción de la prueba, pero el Tribunal Primero A de Alto Impacto se negó a trasladar el expediente a la judicatura de Gálvez.

Jazmín Barrios, presidenta del Tribunal, dijo que la prueba ya había sido recibida por esa judicatura el 19 de marzo, cuando inició el debate.

El juicio contra los militares retirados ha originado opiniones encontradas en varios sectores sociales en los últimos días.

 “Existen anomalías”

“El Tribunal violó todo el debido proceso durante los días que se diligenció el debate” fueron las palabras de Zury Ríos, hija del general José Efraín Ríos Montt, quien calificó de inadecuadas las acciones cometidas por el Tribunal Primero A de Alto Impacto.

“No le permitió cambiar de abogado”, dijo Zury Ríos.

Denunciada   Avemilgua

La Asociación para la  Justicia y Reconciliación (AJR) presentó ayer una denuncia penal contra la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua).

 Anselmo Roldán, de AJR, dijo  que ellos —los militares— están utilizando las prácticas del pasado para desvirtuar la verdad. Respecto  de una publicación en donde los mencionan.

Guatemala no tiene cultura de debate

Edelberto Torres Rivas, sociólogo e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, expresó que Guatemala no tiene cultura de debate,  sino de monólogo.

“El hecho de que por vez primera,  públicamente, se hable a favor y en contra del genocidio, y a favor y en contra del juicio, habla bien de la democracia de Guatemala,  y no constituye el inicio de un conflicto”, afirmó Torres.

Precisó que “es lamentable que estos ilustres guatemaltecos —firmantes del campo pagado—  asuman como peligroso la defensa de la verdad histórica”.   “No sabemos si hubo o no genocidio. En el genocidio hay que ver quién lo cometió,  y  eso, sin ninguna duda, fue el Ejército”, dijo Edelberto Torres Rivas.

Pide evitar polarización

El procurador de los Derechos Humanos, Jorge De León,  desaprobó  los pronunciamientos y campos pagados que han circulado en medios de comunicación durante las últimas semanas relacionados con el juicio que se sigue contra dos generales del Ejército acusados de  genocidio. Enfatizó que esos textos   polarizan a la sociedad, insinúan y  podrían incitar a la violencia, por lo que se debe respetar el debido proceso.

Juicio  malintencionado

Gustavo Porras,  secretario privado de la Presidencia durante el  gobierno de  Álvaro Arzú, dijo ayer que el juicio contra Ríos Montt es innecesario. “Abren este juicio con mala intención (…) es con el afán de hacerle daño al país. No es producto de las víctimas, pero la clave del asunto es hacer un juicio por genocidio a cambio de meter a un general anciano y a otro a prisión domiciliaria, porque hay otro tipo de interés atrás”, expresó Gustavo Porras.

Hubo genocidio

Héctor Rosada, doctor en Ciencias Sociales, indicó que al hacer un peritaje determinó que  hubo genocidio en Guatemala, por la forma como  el Ejército cometió las muertes. “Mi conclusión final es que sí existió genocidio en Guatemala (…) Y no comparto que se reavive el enfrentamiento porque  entonces  se volvería a penalizar a las víctimas, pues quien demandó  fueron los deudos de las víctimas”, aseguró.

Hechos del caso

Por 15 meses, Ríos Montt ha acaparado la atención de la Prensa.

5-12-2011 José Efraín Ríos Montt se presentó a la Fiscalía de Derechos Humanos, donde se le investigaba.

26-1-2012 El general fue indagado en un juzgado. Se le ligó a proceso por delitos de lesa humanidad.

28-1-2013 El juez Miguel Ángel Gálvez ordenó que Ríos Montt y José Rodríguez Sánchez fueran a juicio.

9-3-2013 Los generales asistieron al Tribunal de Alto Impacto, donde se inició el juicio.