Francisco Vivar Castellanos, abogado de la Asociación Justicia para la Reconciliación (AJR), subrayó que Ríos Montt ya fue juzgado e incluso se emitió sentencia condenatoria de 80 años de prisión —la cual fue anulada por la CC—.

“La obligación del Estado es cumplir con investigar y sancionar a responsables de violaciones de derechos humanos, y por lo tanto se evidencia una obstaculización al desarrollo del proceso penal por parte de Ríos Montt, con amparos frívolos”, resaltó Vivar Castellanos.

El objetivo de la audiencia era escuchar los argumentos sobre una apelación presentada por Danilo Rodríguez, defensor del militar, en la Sala Primera Penal, debido a que, de acuerdo con la Ley de Reconciliación Nacional previo a que un juez inicie proceso contra Ríos Montt, una sala tenía que resolver si era procedente abrir proceso contra él.

También la ONU

Valerie Julliand, coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala, al referirse al caso expuso que el proceso de justicia y las últimas sentencias no han sido dadas, pero espera que se respeten y prevalezcan los derechos humanos de la población.

Ayer por la tarde, el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh) presentó el recurso de aclaración y ampliación en la CC, sobre el fallo que emitió el martes último, donde ampara al militar y ordena al juez que emita nueva resolución por el caso de la amnistía.

Obstaculiza proceso

Érick Geovani de León Morataya, fiscal de Derechos Humanos, indicó que José Efraín Ríos Montt ha utilizado los amparos solo para obstaculizar el proceso. “El amparista —Ríos Montt— ha utilizado la vía del amparo de mala fe”, aseguró.

El retardo es impunidad

Francisco Vivar Castellanos, abogado de AJR, subrayó que el retardo de la aplicación de la justicia representa impunidad.

“Se está vedando ese derecho a las víctimas de acceder a la justicia, y el retardo representa  impunidad”, añadió.