El Ejecutivo comenzó ayer, con la asesoría de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las gestiones para que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) continúe en el país hasta el 2015, proceso que incluye un cruce de cartas, sin necesidad de aprobación del Congreso.
El presidente Otto Pérez Molina dijo que la reunión de ayer con el jefe de la Cicig, Francisco Dall’Anese, y Andrés Salazar, oficial para Asuntos Políticos de la ONU, fue para comenzar con una hoja de ruta que forma parte de los trámites para que esa comisión pueda permanecer por más tiempo en Guatemala.
“La situación no es complicada, es un cruce de cartas que tenemos que hacer con el secretario general de la ONU —Ban Ki-moon—”, dijo, confiado Pérez Molina, razón por la cual afirmó que trabajan con “suficiente anticipación” para lograr la permanencia de esa entidad internacional.
Después de haber sido prorrogado en dos ocasiones, el mandato vigente de la Cicig vence el 4 de septiembre del 2013, por lo que la nueva ampliación sería al mismo mes del 2015.
Dall’Anese y Salazar salieron de la Casa Presidencial sin dar declaraciones a los medios de comunicación. Trascendió que, a solicitud del primero, ni la prensa oficial tuvo acceso a la cita.
Aval de países donantes
La Cicig, que ha cosechado aplausos y críticas, trabajará en una hoja de ruta, en la cual plasmará sus objetivos para los dos nuevos años de prórroga, para presentársela a la comunidad internacional, que financia sus operaciones.
“Estaríamos para comenzar en mayo y presentar la hoja de ruta conjuntamente con el trabajo que va a hacer la Cicig. Previo al cruce de cartas con la ONU tendríamos que ver que los países donantes estén de acuerdo en apoyar los próximos dos años de la Cicig, y para que ellos lo puedan aprobar tendría que presentar la Comisión una propuesta de cuáles serían los puntos a trabajar”, refirió Pérez Molina.
Este plan de trabajo será desarrollado de manera conjunta con el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla; la fiscal general, Claudia Paz y Paz, y los presidentes del Congreso, Gudy Rivera, y del Organismo Judicial, Thelma Aldana, para que los objetivos sean establecidos en consenso con las instituciones a las cuales apoya la comisión de la ONU.
Las dos prórrogas anteriores las ha autorizado el secretario general de la ONU y no requieren de la ratificación del Organismo Legislativo, que solo era necesaria para la constitución de esa entidad.
Cómo será
“Al estar terminada la hoja de ruta, explicada a los países donantes, y estos comprometidos con el aporte que tienen que hacer, el paso siguiente sería el cruce de cartas con el secretario general y estaría casi seguro de que al terminar este proceso, si los países donantes están de acuerdo, no habría ningún problema para que se pueda extender ese período”, afirmó el presidente al expresar su optimismo.
Ban Ki-moon, durante la visita que hizo a Guatemala hace poco más de un año, ratificó el respaldo a la Cicig.
“La ONU seguirá apoyándolos y por eso estoy aquí, para demostrarles ese respaldo. Sé que ha habido muchas críticas contra el comisionado, esta oficina y su personal, pero ello es parte de su labor, porque trabajan aquí para luchar por la justicia”, expresó el secretario general de la ONU al jefe y trabajadores de la Cicig, en la sede de la zona 14.
En esa ocasión, diferentes sectores de la sociedad civil manifestaron su apoyo a la Cicig, al igual que representantes de los países cooperantes.
Mismo campo de acción
Pérez Molina dejó claro que solo se busca ampliar el tiempo de permanencia de la Comisión, pero no su campo de acción e investigación. “El mandato que tiene la Cicig se queda como el original, que fue autorizado por Naciones Unidas”, aseguró.
El motivo por el cual no se tocará su campo de acción —investigar y desmantelar organizaciones del crimen organizado—, explicó el gobernante, es que implicaría cambiar el acuerdo original y, por lo tanto, que necesitaría ser avalado por el Legislativo.
En marzo del 2010, el entonces presidente, Álvaro Colom, aseguró que había conversaciones con las Naciones Unidas para que la Cicig pudiera ampliar su campo de investigación, inclusive a violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno.
“Buscamos instrumentos que necesitan fortalecer la Comisión para que tenga amplitud y más rango de acción”, dijo Colom esa vez.
El primer mandato de la Cicig es investigar y desmantelar cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos, e identificar las estructuras de estos grupos ilegales —incluidos sus vínculos con funcionarios del Estado—, actividades, modalidades de operación y fuentes de financiación
“Sería un proceso mucho más complicado. Si quisiéramos hacerle un cambio al mandato tendría que ser un acuerdo nuevo que tendríamos que empezar a trabajar con la Cicig”, explicó Pérez Molina.
De consensuarse la hoja de ruta entre los tres poderes del Estado y el MP, con el visto bueno de la comunidad internacional que financia la Cicig, la solicitud podría enviarseeste año.
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