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Prensa Libre

24/06/13 - 00:00 Justicia

Proliferan armas que que no tienen registro

La cifra de armas registradas y que circulan en forma legal en el país casi llega al medio millón, según el último reporte de la Dirección General de Armas y Municiones (Digecam), pero esta cifra se queda corta contrastada con el cálculo de que entre 800 mil y 900 mil son usadas de manera ilegal.

El aumento de armas legales e ilegales en el país ha ocasionado cientos de muertes violentas y la Digecam apenas registra un tercio de las que se estima circulan en el país, mientras la Policía Nacional Civil (PNC) ha incautado dos mil 60 ilegales en los primeros cinco meses del año.

En los últimos cinco meses, en todo el país, suman dos mil 61 víctimas. De manera coincidente, en Guatemala, Jutiapa y Escuintla, los tres departamentos donde hay más armas registradas, es donde también se reportan más homicidios por arma de fuego, según registros de licencias de la Digecam e informes de homicidios del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Entre esos tres departamentos se registran mil 179 homicidios con armas de fuego, de enero a mayo, lo que representa el 57.2 por ciento del país.

Además, los tres suman el 29.83 por ciento de la tenencia de armas —137 mil 187— y el 40.19 por ciento de las licencia de portación —184 mil 830—.

Modo de operar

Lorena Escobar, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), explicó que actualmente muchos de los criminales han optado por solicitar licencia para portar y tener armas.

“En la cadena de delitos, si los agarran, logran quitarse el de portación ilegal de arma de fuego”, dijo.

La analista cita como ejemplo el robo de un vehículo en el que la PNC capturó a los supuestos delincuentes que intentaron llevarse el automóvil y, aunque no los hallaron en flagrancia, sí les encontraron armas, pero los sospechosos tenían licencia para portarlas y tenerlas.

Según Escobar, en otras ocasiones los hubieran podido llevar ante un juzgado por portación ilegal, mientras los vinculaban al robo del vehículo, pero eso no fue posible en esa ocasión.

Sin embargo, muchos de los hechos violentos se cometen con armas que no han sido legalizadas, según Juan Pablo Ríos, asesor del ministerio de Gobernación.

El asesor en seguridad indicó que hay lugares donde el arma es parte de la personalidad de quien la porta y, aunque tiene años de llevarla consigo, nunca la ha disparado.


“No necesariamente desarmando a los tenedores y portadores de armas van a bajar los homicidios; porque la causalidad no es tan clara entre que se porta arma y que se use para matar, puede ser que la use o no”, expresó Ríos.

Los registros del Sistema Integrado de Identificación Balística, del Inacif, han determinado, por la huella que queda en cada casquillo y ojiva luego de ser disparado, que mil 133 armas fueron usadas, cada una, para cometer entre dos a 38 crímenes.

Sin embargo, de esa cantidad solo han sido incautadas 390 y el resto continúa en manos de personas de quienes no se tiene ningún registro.

De acuerdo con el monitoreo del Inacif, por medio de su laboratorio de balística, el 70 por ciento de los crímenes en el país se ejecutan con armas de calibre 9 milímetros y la pistola es la más utilizada en esos actos.

En el 7 por ciento de muertes se ha usado pistola 0.40, y en el 23 por ciento restante, otro tipo de artefactos.

Dominan las ilegales

Análisis del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible han calculado que posiblemente en el país circulan entre 800 mil y 900 mil armas en forma ilegal, ya que dos terceras partes de las armas decomisadas por la PNC no están registradas. Sin embargo, no se cuenta con datos fidedignos al respecto.

En ese sentido, Ríos explica que hay tres tipos de armas ilegales: la primera es cuando roban un arma a su propietario y la utiliza quien no la registró; la segunda es cuando alteran el aparato, cambiándole, por ejemplo, el cañón u otra parte.

La tercera —las que más abundan en el mercado negro— es la que ingresa en el país por una frontera, sin que haya declaración de aduana, o simplemente cuando una persona se agencia de un arma y la vende a un interesado sin documentación de respaldo.

Sanción dura

Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación, insistió en la necesidad de reformar el Código Penal para que el delito de portación ilegal de armas sea sancionado con cárcel.

Bonilla justifica que aunque la Ley de Armas y Municiones establece de 10 a 15 años de prisión por tenencia ilegal, y de tres a cinco por portación ilegal, estas penas no son impuestas, y cuando una persona es detenida, le dan fianza en lugar de prisión preventiva.

El 2 de mayo último fue publicado en el Diario de Centro América el acuerdo gubernativo 204-2013, que da vida a la Comisión Nacional de Prevención y Violencia Armada y Desarme, que debe presentar un proyecto de desarme y otro de destrucción de armas como prueba anticipada.

POR SANDRA VALDEZ /

Quitan pistolas ilegales

Este año la Policía Nacional Civil ha detenido a mil 57 personas por portar    armas de fuego en  forma ilegal; de ellas 15 son mujeres, y el resto, hombres.

En algunos casos estas personas han sido detenidas  con más de un artefacto, por lo que han sido decomisadas  dos mil 60 armas en los primeros cinco meses de este año.

La mayoría de artefactos confiscados son  tipo pistola, mil 300; seguida por revólver,   356,  y escopetas, 167.

El resto son fusiles, subametralladoras, Mini Uzi  y carabinas.

Tanto el uso de armas ilegales como el de las legales no coincide con el número de polígonos, que son los únicos lugares donde de manera legal se puede practicar tiro, pues solo hay 16  autorizados en el país.

Las autoridades no solo manifiestan preocupación por las armas ilegales, sino por la cantidad que ingresan en  forma legal. Solo en el 2012 el Banco de Guatemala reportó Q7.1 millones de importación en armas y municiones, y hasta abril de este año van Q2 millones.

Armamento de pandillas

Una de las mayores deficiencias de la Policía Nacional Civil  es la falta de armas como complemento de su equipo. Sin embargo, las pandillas sí  cuentan  con suficientes   para causar daño en la población.

Un informe balístico del Inacif estableció que 32 armas de fuego que se decomisaron a   integrantes de la Mara Salvatrucha pudieron haberse   utilizado en 238 homicidios, según fiscales del Ministerio Público (MP).

La Fiscalía de Delitos contra la Vida, del MP, determinó que ese armamento pertenece a esa pandilla, debido a las características para cometer los  homicidios, presuntamente ordenados por nueve cabecillas desde la cárcel El Boquerón, en Santa Rosa.

La mayoría de las armas  utilizadas  son calibre 9 milímetros y, en menor escala, fusiles de asalto.

Artículo 62: La tenencia

Según el artículo 62 de la Ley de Armas y Municiones, “todos los ciudadanos tienen el derecho de tenencia de armas de fuego en lugar de habitación, salvo las que esta Ley prohíba, cumpliendo únicamente con los requisitos expresamente consignados en la presente Ley”.

 En el artículo 110 establece que la tenencia ilegal de armas de fuego bélicas o de uso exclusivo del Ejército, explosivos y otros será sancionado con prisión de 10 a 15 años inconmutables de prisión.

Artículo 70: La portación

Según el artículo 70 de la Ley de Armas,  con la autorización de la Digecam,  ciudadanos, extranjeros y nacionales, podrán portar armas de fuego, siempre que no sean de uso  exclusivo del Ejército y fuerzas armadas.

En el artículo 122   se establecen de 8 a 10 años de prisión por portación de armas de uso civil sin licencia,   y el artículo 126 sanciona con  12   o hasta 18 años de cárcel la portación de armas bélicas.

Fácil adquisición de municiones

La Ley de Armas y Municiones establece de tres  a cinco años de prisión para quien traslade sin autorización 50 o más municiones,  y de ocho a 10 años por hacer lo mismo con armas, sin licencia de tenencia o portación emitida por la Digecam.

Sin embargo, diferentes fuentes confirmaron  a Prensa Libre que es  fácil y más barato adquirirlas  fuera de una armería autorizada.

Por ejemplo, una pistola Glock 9 milímetros cuesta en una armería Q17 mil, pero en el mercado negro puede costar  entre Q3 mil y Q5 mil.

Una caja de 50 municiones 9 milímetros cuesta en una armería de Q180 a Q190; con guardias de seguridad, cuyas empresas pueden comprar sin límite, las adquieren entre Q100 y Q120.


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