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POR PRENSA LIBRE.COM GUATEMALA

EN DIRECTO | Transmisión en vivo del juicio por genocidio

CIUDAD DE GUATEMALA - "Me declaro inocente, nunca he tenido intención o el propósito de destruir a ninguna raza o etnia nacional, mi situación de jefe de Estado fue específicamente para retomar el rumbo de la nación", afirmó.

"Yo me presenté voluntariamente ante el Ministerio Público para ser juzgado, no quería que se me dijera genocida porque no soy genocida", dijo el ex jefe de Estado y aseguró que aunque fungió como ministro de Defensa, el encargado del despacho fue el viceministro.

"Nunca autoricé. Nunca firmé. Nunca propuse. Nunca ordené que se atentara contra una raza, una etnia o una religión.  Nunca lo hice y de todo lo que han dicho no ha habido ni una prueba que evidencie mi participación", señaló.

Ríos Montt dijo que trabajó a favor del país, ya que durante su mandato se edificaron tres mil aulas, se abrieron más de 200 edificios municipales y se consolidaron las municipalidades.

"Yo no era comandante de compañía, yo no era un jefe de batallón, yo no era un comandante de zona, yo era un jefe de Estado", enfatizó.

Ríos Montt indicó que la embajada de Estados Unidos contaba con más información de lo que sucedía en el país que las propias autoridades y responsabilizó a la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) de la confrontación entre pueblos que ha vivido el país; además, acusó que el grupo subversivo le había declarado la guerra al Estado de Guatemala.

"La más grande maldición que ha tenido Guatemala es la confrontación humana entre su pueblo y se lo debemos a la URNG", concluyó.

El Tribunal accedió a que Ríos Montt declarara sin ser sometido a un interrogatorio, ya que los sujetos procesales ya emitieron sus conclusiones.

"Consideramos que es una estrategia de la defensa porque el abogado defensor debe guiar a su cliente y hacerle saber hasta cuando puede declarar", argumentó la presidenta del tribunal, Jazmín Barrios, antes de darle la palabra.

AUDIO | Declaración completa de Ríos Montt durante el juicio

Querellantes piden revindicar a las víctimas

Durante esta mañana presentaron sus conclusiones los querellantes Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR) y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh).

Durante la tarde serán las conclusiones de la defensa de los militares.

La representación de ARJ pidió que haya sentencia condenatoria que cumpla con los estándares internacionales mínimos del derecho internacional, que además revindique la memoria histórica del país.

Caldh pidió al tribunal que también se dé una reparación económica para las víctimas del conflicto armado interno.

Ayer miércoles, el Ministerio Público pidió que los militares fueran sentenciados a 75 años de prisión por genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad.

Entre los documentos militares que la Fiscalía de Derechos Humanos presentó al Tribunal, se encuentran los planes de campaña Victoria 83 y Firmeza 83. De acuerdo con el MP, Ríos Montt ordenó la elaboración de ambos expedientes y Rodríguez Sánchez supervisó el cumplimiento de quien en aquella época ocupaba la jefatura del Estado.

Defensa sostiene que no hubo genocidio

El defensor de Ríos Montt, Francisco García Gudiel, argumentó que en Guatemala no hubo genocidio, pero ha quedado probado que como consecuencia de un enfrentamiento armado.

El abogado señala que en los planes contrainsurgentes Victoria 82 y Firmeza 83, no fueron orientados exclusiva mente al área ixil, también indicó que ninguno de los 94 testigos que dieron su testimonio indicaron ver en el lugar de los hechos a los acusados.

Testimonios

Durante este proceso declararon 98 testigos ixiles, no obstante, cuatro de los testimonios no se tomaron en cuenta. 83 testigos hicieron referencia a que el Ejército quemó sus casas, 54 declararon sobre robo y muerte de animales o bien que el Ejército se comía los animales, 94 indicaron que por lo menos un familiar murió en manos del Ejército, 16 testigos dijeron ser víctimas de violencia contra las mujeres, ocho indicaron que fueron obligados a formar parte de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC, a las que el Gobierno adeuda una indemnización), siete declararon que fueron víctimas de torturas, 75 dijeron que fueron desplazados y 53 denunciaron persecución.

* Con información de Jerson Ramos