Juan Francisco Soto, director del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, dijo que una de las razones presentadas como evidencia de la denegación de justicia es la falta de disposición del Ministerio de Defensa a entregar información y registros sobre lo sucedido en la guerra civil. 

“La denuncia es por la impunidad que persiste de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio del pueblo ixil”, dijo. 

Antecedentes

El 10 de mayo pasado, el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo condenó a Ríos Montt a 50 años por genocidio y 30 años por delitos contra los deberes de la humanidad, no obstante, la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió que el juicio debe regresar al punto en que quedó el 19 de abril, cuando la Sala Tercera de Apelaciones ordenó suspenderlo provisionalmente al acoger un amparo del abogado Francisco García Gudiel.

El 23 de octubre la CC resolvió amparar al militar retirado con le decreto 8-86 y ordenó al Juzgado de Mayor Riesgo A emitir una nueva resolución y fundamentar por que acepta o rechaza el incidente de excepción de la extinción de la persecución penal.

El martes, el Tribunal de Mayor Riesgo B, que sucedió al tribunal “A”, fijó la reanudación del juicio para el 5 de enero de 2015, debido a que en 2013 y 2014 ya hay programada la agenda de otros procesos.