El presidente Otto Pérez Molina se reunió ayer con el jefe de la SAT, Carlos Muñoz; la intendente de Aduanas, Claudia Méndez; el secretario general, Gustavo Martínez; y los ministros de Gobernación, Mauricio López Bonilla; de la Defensa, Manuel López Ambrosio, y de Finanzas, María Castro.

Nuevo análisis

López Bonilla afirmó al salir de la cita: “Lo que va a proceder en los próximos días deviene del análisis jurídico de todas las instituciones y, por supuesto, de las coordinaciones que vamos a llevar entre todo el grupo”.

El primer estudio, que encabezó Martínez, concluyó que la intervención no tiene ningún problema legal, pero de igual manera decidieron consultar a la Corte de Constitucionalidad (CC), cuyo envío no fue determinado ayer. El secretario general dijo después del mediodía que debía “pulir” la solicitud, pero más tarde su celular estaba apagado, y ya no respondió.

El plan B

Fortalecer con presencia de los ministerios de Gobernación y de Defensa, en una instancia en la que también participa la Intendencia de Aduanas de la SAT, alista el Ejecutivo en caso no proceda la intervención.

“El plan B, si nos dicen que la intervención como tal no procede. De todas maneras, tenemos un esquema de fortalecimiento de controles, de movimiento de contenedores, que es lo que nos va a ayudar en ese sentido”, aseguró López Bonilla.

El ministro añadió que en estos días harán “reconocimientos” en todas las aduanas, para saber cuál va a ser la ubicación y el papel que representa cada institución, si procede la intervención.

En caso contrario, explicó: El objetivo sería “fortalecer la unidad de análisis conjunto, que ya funciona en donde estamos ministerio de la Defensa, de Gobernación, y las aduanas”.

Hará propuesta

López Bonilla indicó que en próxima reunión planteará que se tomen esas acciones no solo con las cinco aduanas anunciadas antes por el mandatario, sino en los dos pasos por México.

Los cinco lugares por intervenir a través de la SAT son los puertos Quetzal y Santo Tomás, Aduana Central, Tecún Umán y Pedro de Alvarado, con el argumento de que se busca reducir la corrupción y agilizar los procesos.

El ministro de la Defensa, Manuel López Ambrosio, dijo que con o sin la intervención, esperarán que la cartera de Gobernación les solicite apoyo para designar a efectivos del Ejército a las aduanas.

“Independientemente de cuál sea la decisión, estamos preparándonos para el momento en que se dé la instrucción, para enviar a nuestro personal”, manifestó López Ambrosio.

Ese apoyo sería con dos o tres círculos de seguridad, según el tamaño de la aduana.

SE APLAZA MEDIDA

El 15 de octubre último, el presidente anunció que intervendría cinco aduanas.

Un día después, el ministro de Finanzas, Pavel Centeno, renunció al cargo.

Aunque Centeno argumentó motivos de salud, fuentes del Ejecutivo refirieron que hubo diferencias por la intervención.

El Gobierno atrasó la  publicación del acuerdo de intervención, para solventar dudas legales.

El equipo de 17 abogados concluyó que no hay ilegalidad.

Después, decidieron consultar a la CC.

Equipos jurídicos de instituciones hacen un nuevo análisis legal.

El Gobierno alista la incursión con policías y soldados.

Q10,229 millones es el ingreso total en aduanas, de enero a agosto de este año.