“Podrían iniciar esa modernización del Estado vía la modificación de esas leyes ordinarias. Eso podría ser de forma inmediata y no tener que esperar a todo el proceso que llevaría una reforma constitucional”, dijo Andrés Castillo, presidente del Cacif, al salir de la reunión con el gobernante en la Casa Presidencial.

Leyes prioritarias

Directivos del Cacif entregaron un documento al gobernante donde proponen reformar las leyes Electoral y de Partidos Políticos, la Orgánica del Presupuesto, de la Contraloría General de Cuentas, de Amparo y de la Carrera Judicial, entre otras normativas.

“Hay un análisis técnico de las 11 leyes que tiene el paquete de transparencia que está en el Congreso —enviado por el Ejecutivo—”, indicó Castillo.

El empresariado llevó su contrapropuesta al primer paquete de reformar 55 artículos. Después, el mandatario y su cuerpo de asesores redujo ese número a 34. Esta última versión se envió ayer al Cacif, cuyos directivos la analizarán y emitirán nuevas observaciones.

Castillo expresó: “Estamos en la misma línea del presidente de modernizar el Estado, pero la única diferencia que tenemos es que ellos consideran que es vía reformas a la Constitución y nosotros consideramos que se puede hacer vía leyes ordinarias”.

El mandatario señaló en conferencia de prensa: “Les expliqué que un 70 por ciento de las propuestas que ellos nos hacen con relación a las reformas constitucionales han sido tomadas en cuenta, y de todas maneras nos dejaron un documento que lo vamos a analizar despacio y luego vamos a ir confrontando la propuesta de ellos con relación al articulado que nosotros tenemos vigente, para acercar todavía las posiciones”.

Hasta ayer a las 18.30 horas, la nueva versión del Ejecutivo no había sido recibida por Castillo, quien refirió: “Proponemos cambios a la Ley Electoral, que creemos busca el mismo fin que ellos están buscando” con las reformas constitucionales.

Postura en firme

El Cacif también mantiene su rechazo al planteamiento gubernamental de modificar la Carta Magna, en el capítulo fiscal, de que el Estado “tendrá siempre el derecho de adquirir hasta el 40 por ciento de empresas explotadoras de recursos naturales”.

“La postura que hemos mantenido es que creemos que no es el mensaje más apropiado para atraer inversiones”, aseguró Castillo. Ese tema no figura en el planteamiento del Cacif, ni fue discutido con el mandatario.

De acuerdo con Pérez Molina, se modificó la redacción de ese artículo para que no quede “abierto” a que se diga que el Gobierno podría “meterse” en empresas de otro tipo que no exploten recursos naturales, y también que no se interprete como una posible expropiación o nacionalización.

Reveló que de aprobarse ese 40 por ciento, “en el futuro” se elaboraría una ley específica —y su reglamento— acerca de cómo el Estado tendría participación en esas compañías.

Esa parte del plan también ha sido cuestionada por otros sectores, como centros de investigación económica.

Aunque en las últimas semanas el Cacif rechazó la reforma constitucional, y el mandatario respondió molesto, ambas partes aseguran que la relación siempre ha sido buena.

“Asperezas no ha habido, hemos mantenido una relación cordial”, aseguró Castillo. “Más que limar asperezas, fue la posibilidad de volvernos a sentar”, indicó Pérez Molina.

Satisfacción del Rector

También ayer el presidente recibió al rector de la Universidad de San Carlos, Estuardo Gálvez, quien dijo estar satisfecho porque se eliminaron algunos temas que le preocupaban a esa casa de estudios.

Gálvez indicó que se eliminó la potestad de que el presidente pueda destituir al fiscal general sin causa justificada, la creación del consejo superior del Organismo Judicial y limitar el tiempo de trabajo a las comisiones de postulación.