“El resultado de esa investigación nos puede mostrar que esto no necesariamente ha sido todo relacionado con la mina San Rafael, como algunos grupos quieren decir, sino que aquí ha habido una serie de hechos delictivos que se mezclan con crimen organizado y con otro tipo de intereses, que han provocado hasta anarquía en esa región del país”, afirmó el mandatario en conferencia de prensa.

El gobernante y el ministro señalaron que ha habido asesinatos, secuestros, asociación ilícita, robo de armas, destrucción de bienes del Estado y prohibición ilegal de paso, e incluso la presencia de sicarios y una estructura vinculada con los Zetas.

“Siete de las órdenes de captura están dirigidas a sospechosos de plagio y sicariato”, añadió Pérez Molina.

Los explosivos robados el año pasado, y los fusiles AK-47, esta semana, son los principales indicios de las autoridades para señalar al crimen organizado.

Según López Bonilla, algunas personas forman parte de una estructura vinculada con el grupo de narcotraficantes los Zetas en Jalapa. Agregó que con los allanamientos podrían conocerse más órdenes de captura.

El presidente aseguró que dialogan con las autoridades eclesiásticas de Jalapa y de Santa Rosa, con el apoyo de la Nunciatura Apostólica. También descartó que se quiera “limpiar el camino” para la operación de la minera San Rafael.

Niegan acusaciones

Prensa Libre entrevistó a dos líderes xincas que tienen orden de captura desde el pasado lunes, quienes dieron su versión de los hechos. Ambos aseguran que respetarán el estado de Sitio y podrían entregarse voluntariamente para aclarar su situación.

Para el presidente del Parlamento Xinca, Roberto González Ucelo, acusado por López Bonilla de haber liderado las revueltas en Santa María Xalapán, el estado de Sitio será”la oportunidad para que —la Policía— los capture —a los narcos—, si realmente los tiene identificados”.

“He pedido —a la población— que guarde la calma, que deje a las autoridades hacer su trabajo. Si no encuentran lo que han anunciado que hay, le tendrán que pedir disculpas al pueblo”, afirmó González.

Aseguró que no participó en la quema de vehículos, y tiene pruebas, que presentará en las próximas horas, de que no se encontraba en Jalapa.

González también negó haber participado en la retención de policías, porque se había aceptado una mesa de diálogo desde el lunes último para evitar acciones violentas.

Rudy Pivaral, del Comité de Defensa de la Vida y la Naturaleza de San Rafael Las Flores, señaló que todo comenzó con una manifestación pacífica para exigir la captura del jefe de seguridad de la empresa minera, cuando recibieron información de que habían matado a seis vecinos de Xalapán. “Ahí se caldearon los ánimos”, afirmó.

Agregó: “Lo que pudimos hacer fue que salimos a la carretera. La gente comenzó a manifestarse, y empezaron a quemar llantas para protestar por las muertes en Xalapán. De la misma manera, en Xalapán agarraron unas patrullas, porque les dijeron que aquí en San Rafael habían matado a seis”.

Pivaral recordó que durante la protesta llegaron 20 hombres armados y con chalecos antibalas, que no eran del área, y se unieron a la manifestación. Aseguró que esos individuos quemaron dos viviendas y los vehículos en el ingreso a San Rafael Las Flores.

“La gente —ahora— está indignada, porque han ido a catear casas que nada qué ver con ningún conflicto”, expresó Pivaral.

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras respaldó la medida del Gobierno, mediante un comunicado, debido a los hechos de violencia, y demandó la investigación y condena de los responsables de esos crímenes.