El IPSA informa que fue creado por el decreto 81-90 del Congreso de la República y se maneja con fondos propios obtenidos a través del pago del impuesto de Timbre de Garantía Artístico, y que el Estado y ninguna entidad pública le otorgan fondos.
Señala que 220 artistas afiliados en forma individual gozan de la prestación de jubilación de Q1 mil mensuales.
Aclara que sus afiliados tienen servicios funerarios, estudiantil, inhumación en el Panteón del Artista, servicio médico y acceso a la Casa Hogar del Artista, sin costo alguno.
Afirma que Ricardo Bonilla Padilla, quien fungía como presidente del IPSA en los años 2000 y 2004, le denegó la jubilación a Alicia Azurdia porque no era afiliada a esa institución, situación que nunca cambió.
Expresa que toda gestión de afiliación por lo individual debe hacerse en las oficinas administrativas del IPSA o a través de su organización artística respectiva afiliada al mismo.
Señala que es falso que el señor Carlos Roberto Ovalle Trejo labore en el IPSA.
Aclara que la ley no obliga al IPSA a otorgar aguinaldo a sus afiliados.
Asegura que los nombres que aparecen como “actual directiva” no corresponden a la realidad y que uno de ellos, Gildardo de León, falleció en el 2013.
Indica que es falso que Víctor Valdez haya sido impulsor de la ley del IPSA.
Rechaza que en la publicación de Prensa Libre se haya utilizado el término “mafia” por considerar que se aludía a un grupo del crimen organizado y que el término “vejar” es maltratar o humillar a una persona, por lo que los consideran como una “imputación ofensiva y denigrante” a esa institución.
————————-
Nota de la Redacción:
Prensa Libre intentó en varias oportunidades entrevistar a Isabel Trejo de Ovalle, presidenta del IPSA, para que la nota publicada llevara su postura, pero no quiso exteriorizar sus opiniones en persona, por correo electrónico ni por teléfono.
En las oficinas del IPSA se le dejó el cuestionario de preguntas que se le iban a hacer, pero nunca respondió.
La secretaria de Trejo de Ovalle dijo que la entrevista sería por medio del abogado de la presidenta del IPSA. Pese a que en dos ocasiones se pidió hablar con el abogado, nunca proporcionaron su nombre ni la dirección de su bufete, y él tampoco se comunicó con esta redacción.
