Muñoz insistió en que “la importancia del castigo es mucho más —relevante— que la de la mano dura”, al referirse a la necesidad de la profesionalización, el incremento de oportunidades para los jóvenes, la justicia alternativa, la atención a los programas de violencia de género y la reinserción.

“¿Qué pasa con la política de la mano dura, si no hay política de prevención?”, se preguntó Muñoz, aunque reconoció como un avance la creación de los viceministerios de Tecnología y Prevención, además de los tribunales de Femicidio.

Cuando fue su turno en el uso de la palabra, López Bonilla destacó que en dos años la tasa de homicidios se redujo de 38 a 34 por cada cien mil, y pidió a Naciones Unidas “actualizar sus datos”.

” Con todo respeto, quiero que no nos perdamos en lo que hemos visto en este informe, hablando de la mano dura y superdura; no hay que confundir un eslogan de campaña con lo que se hace en realidad”, afirmó el funcionario.

“¡Mauricio López Bonilla no se va a ir preso por fomentar grupos paralelos!”, exclamó.

La mano dura

El Informe de Desarrollo Humano consigna que “las políticas de mano dura adoptadas en la región han fracasado en su objetivo de disminuir los niveles de violencia y delito. También han tenido un impacto negativo y profundo en la convivencia democrática y en el respeto a los derechos humanos”.

Esas políticas, como las describe el documento, son las que privilegian el uso de la fuerza, la represión y el aumento en la severidad de las penas.

En una entrevista posterior con Prensa Libre, Muñoz profundizó en la explicación de que “la mano dura” implica sacar tropas a las calles, y se caracteriza por la existencia de sistemas de justicia débiles en los cuales priva la impunidad.

El Informe destaca entre los programas de combate de la violencia en América Latina, el del Plan Cuadrante. Sin embargo, López Bonilla reaccionó con virulencia y afirmó: “Es difícil tener permanente el bombardeo sobre situaciones en las que nos dicen qué debemos hacer, qué deberíamos hacer, cuándo deberíamos hacerlo”.

Reconoció que los resultados servirán para “repensar” algunas estrategias de seguridad, aunque casi al final de su intervención pidió a sus críticos dejar de lado “actitudes malinchistas”.

En tanto, Pérez Molina reiteró la baja en la tasa de homicidios. Siete de 10 recomendaciones contenidas en el Informe de Desarrollo Humano han sido seguidas por el Gobierno, aseguró, sin indicar a cuáles se refería.

Entre las sugerencias que se encuentran en el Informe están las de prevenir el delito, disminuir la impunidad, fortalecer las instituciones de seguridad, generar políticas públicas orientadas a proteger a las personas más afectadas por la violencia; potenciar la participación de la sociedad en comunidades locales, contrarrestar la violencia de género y reducir los disparadores del delito —armas, drogas y alcohol—.

A la observación de Muñoz, de que a la mayoría de los encuestados en América Latina les importan más los delitos comunes que los afectan directamente, en vez de otros como el narcotráfico, el gobernante también reaccionó.

“El informe señala que a los guatemaltecos no les importa la lucha contra el narcotráfico, pero lo que no vemos es que detrás de la lucha contra este flagelo están las armas, la droga y muchos aspectos vinculados que preocupan a los guatemaltecos, porque se convierten en el delito común”, respondió Pérez Molina.

Horas después, cuando se le preguntó a Muñoz cómo reaccionan otros ministros en la presentación de los informes, respondió: “Algunos lo toman bien; otros, no tanto”.

Cifras del estudio

La inseguridad regional es un problema que el país comparte con 18 países, destaca el informe del PNUD.

67 por cada cien mil habitantes era la tasa de robo en el 2011.

24.6% en Guatemala no salen de noche por temor a la violencia.

14.9% de la población acepta la justicia por mano propia.

3.8 millones de guardias privados hay en América Latina.

10 veces más armados están los guardias privados en América Latina.

2.6 millones de policías hay en América Latina.