En el 2011 —último año de gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza y en el que más fondos se otorgaron— hubo cuatro desembolsos. El primero fue por Q30 millones, el 7 de abril; el 6 de julio se entregaron Q15 millones; el 12 de agosto, Q10 millones; y el 20 de diciembre, otros Q30 millones.

En el 2012, ya en el actual gobierno, se dieron tres aportes: los dos primeros por Q30 millones cada uno, el 18 de septiembre y el 23 de noviembre, y un último desembolso de Q20 millones, otorgado el 28 de diciembre.

Dichos recursos se suman a los más de Q400 millones que se calcula que costaron los buses nuevos del Transurbano, aunque los transportistas no revelan el monto exacto, pues aducen que el negocio era privado.

Base legal

Los desembolsos para el sistema prepago otorgados a favor de la AEAU están fundamentados en el acuerdo gubernativo 103-2009, en el cual se faculta “al Ministerio de Finanzas Públicas para que otorgue aporte económico de inversión hasta por la cantidad en quetzales equivalente a treinta y cinco millones de dólares de los Estados Unidos a favor de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos de la ciudad de Guatemala, cuyo destino específico será financiar el proceso de implementación del sistema prepago en las unidades de transporte urbano de la ciudad de Guatemala, conforme a las condiciones que se establezcan en el convenio que para el efecto se suscriba entre el Ministerio de Finanzas y la AEAU”.

En julio del 2010, la AEAU compró 455 autobuses de tres mil 150 proyectados, una sexta parte de lo previsto.

Luis Gómez, vicepresidente de la AEAU, asegura que en los convenios suscritos con Finanzas no se establecía la compra de nuevas unidades, sino la implementación del sistema prepago, el cual “sí se ha puesto en marcha”. Indicó que existe manipulación de información, debido a que la instalación de los equipos en los buses —dos molinetes y un validador— representa únicamente el 30 por ciento del total de la inversión, ya que lo más caro es la instalación de la plataforma digital.

Sin embargo, la gran mayoría de los usuarios del transporte colectivo continúa sin gozar del prepago, puesto que solo el 14 por ciento de las unidades cuentan con el sistema. En números fríos, al Estado le ha costado Q59 mil 340.65 la implementación del prepago por cada bus.

“Da casi lo mismo tener un bus con el equipo que 10, porque lo caro no son los mecanismos embarcados —los equipos a bordo de las unidades—”, afirmó Gómez.

Los convenios

Para que el Ministerio de Finanzas otorgara los recursos se suscribieron cuatro convenios —uno por cada año—, los cuales tenían como fin “garantizar la implementación del sistema prepago en las unidades de transporte urbano de la ciudad”.

Asimismo, se afirmaba que ese dinero no podía ser destinado para otros fines. En los documentos se indica que los aportes de inversión serían financiados con fondos provenientes del Presupuesto de Ingresos y Egresos.

En los convenios se exonera al MFP de cualquier responsabilidad por el mal uso de los recursos. “En virtud que los fondos del presente convenio serán utilizados y administrados directamente por la AEAU para el cumplimiento de los fines del presente instrumento, el MFP no asume responsabilidad alguna por el mal uso o manejo que de ellos pudiera realizarse”.

Aníbal García, diputado durante la anterior legislatura, quien tiene un proceso de intervención abierto contra el Transurbano, y funge como asesor legal de un grupo de propietarios de buses, aseguró que evalúa presentar una denuncia penal contra la AEAU, por el incumplimiento del convenio publicado el 8 de abril del 2009.

Al respecto, Marvin Flores, consultor de Acción Ciudadana, indicó que los argumentos de la AEAU carecen de sustento y son “una excusa más para justificar un robo descarado”. Lo cierto es que la modernización del transporte se vislumbra aún lejana, y el gasto hasta ahora asciende a Q1 mil 300 millones, entre buses adquiridos en forma privada; construcción de las paradas seguras, las cuales supusieron una inversión de Q54.3 millones; y la implementación de equipos de vigilancia, que superó los Q133 millones.

“Más que molinete y validador”

Luis Gómez,   de la AEAU, señala manipulación por parte de sectores que buscan desprestigiarlos.

“El sistema de prepago es más que un molinete y un validador a bordo de una unidad. El sistema contempla una plataforma tecnológica que sirve para desarrollar desde la implementación de un bus hasta 20 mil.  Cuando se tiene esa plataforma implementada, puede sumar más buses, pero un solo bus no podría funcionar sin la plataforma tecnológica”, indicó.

“Todo el plan de inversión y todos los recursos que se han dado tienen un respaldo, y la papelería se entrega al Ministerio de Finanzas.  La crítica de que solo se ha implementado un 14 por ciento del sistema es falsa, es una manipulación de la información. La plataforma tecnológica está implementada en un cien por ciento. Ese porcentaje que mencionan se refiere a los mecanismos embarcados —molinetes y validador—, que no es todo el sistema”.

Indicó que  la forma  prepago conlleva cinco fases, de las cuales solo una presenta atraso en la ejecución. “El sistema es como una manzana que tiene cinco pedazos: plataforma tecnológica, sistema Transurbano, plataforma de comunicación, mantenimiento y mecanismos embarcados,  y de estos solo el último no ha sido implementado en su totalidad”, explicó.

“Intervención es urgente”

El abogado   Aníbal García, asesor legal de  un grupo de propietarios de autobuses, dijo  que  “el acuerdo gubernativo 103-2009 —con fecha 8 de abril del 2009— claramente establecía  que los  US$35 millones  tenían  como fin específico la implementación del sistema prepago. Este monto fue autorizado para ser instalado en tres  mil 150 buses nuevos —azules—.” 

Lamentó que  únicamente se hayan adquirido  455 unidades, pues  se “perdió” el objetivo de modernizar el sistema de transporte. “Porcentualmente solo se debió haber gastado el 12 por ciento de los  recursos autorizados, pero  irresponsable e ilegalmente se siguió abriendo el chorro a favor de la AEAU  y nadie reparó en la gran estafa y desfalco que se estaba produciendo”, indicó.

 El abogado instó  a la Contraloría General de Cuentas (CGC), a que  audite “exhaustivamente” los documentos de soporte que justifican el desembolso de los recursos.  “Los integrantes de la AEAU, la CGC y los funcionarios involucrados en  este y el anterior gobierno deben ser investigados penalmente”, dijo.    Calificó el modelo de servicio de transporte colectivo  de      corrupto y     mafioso, pues el mismo “atenta no solo contra  los intereses de los usuarios, sino  contra del presupuesto nacional. Por esta razón su intervención es urgente e impostergable”, enfatizó.

Pendiente fallo

El 6 de febrero último, un grupo de transportistas solicitó por la vía judicial que se interviniera el Transurbano, por vicios en la creación de las sociedades anónimas que le dieron vida a ese medio de transporte. El Juzgado Noveno de Instancia Penal accedió a esa  petición, pero se retractó el 28 de febrero. Los interponentes apelaron en  una sala esa resolución, medida que se encuentra pendiente de resolver.