El conflicto agrario puede definirse como “un conjunto de fenómenos agrarios que por las particularidades de la historia agraria guatemalteca mantienen una alta susceptibilidad de generar tensiones locales, a veces desembocando en la violencia”. (Camacho, 2003).

Las principales causas de los conflictos agrarios son la distribución inequitativa de los recursos, ausente legislación sobre el tema e impunidad, superpoblación, pobreza y desempleo, discriminación y racismo, cultura de violencia y exclusión social, indiferencia del Estado, cambio de uso de la tierra y efectos del cambio climático.

Según la Secretaría de Asuntos Agrarios, hasta noviembre del 2013 existían mil 380 conflictos a nivel nacional —solo 420 han sido resueltos—, los casos representan 295 mil 897.53 hectáreas e involucran a un millón 437 mil 606 personas. Los departamentos con mayor cantidad de casos son Quiché (338), Alta Verapaz (216), Petén (149), Izabal (139) y Huehuetenango (122), donde es lamentable que existan 186 casos dentro de áreas protegidas.

Empero, la comprensión hermenéutica de la conflictividad agraria en una sociedad que tiene un Índice de Gini de 0.590 —desigualdad en los ingresos—, demanda analizar las siguientes premisas: ¿Cuáles son los resultados verificables del cumplimiento del Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, a 17 años de su suscripción? ¿Cómo hacer sostenible la distribución equitativa de la tierra, trascendiendo el paliativo del arrendamiento y cesión de fincas infértiles, ya que indirectamente fomentan la reducción del bosque primario y avance de la narcoganadería? ¿Cuál es la discursividad legitimadora de las damiselas de la clase política para mutilar la iniciativa 4084 relativa a la Ley de Desarrollo Rural Integral —a conveniencia del Cacif y de los patrones—? ¿Cómo alinear estratégicamente la planificación y presupuestación del Maga, SAA, Fontierras, Inab, RIC, Indeca, Icta y Ocret para mejorar la coordinación interinstitucional de la Política de Desarrollo Rural Integral? ¿Cómo medimos la incidencia y efectividad del Sistema Nacional de Diálogo Permanente y del Gabinete de Desarrollo Rural, cuando son instancias ornamentales y sin poder real?

A manera de colofón, la conflictividad agraria es una asignatura pendiente, pues dilucidar sobre su prevención y solución implicaría abordar integralmente brasas como la reconcentración de la propiedad, reforma del Estado y gobernabilidad, recambio del modelo de desarrollo, transformación de los conflictos vía el diálogo y consenso, y las migraciones.

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