En el caso de quienes ingresan a algunas unidades del Ejército, desde hace años eran consideradas como una condición tácita para sumarse a sus filas. Nunca hubo denuncias, a causa del temor a las represalias, hasta que hace algunos años se tomó la decisión de prohibirlas, lo cual no necesariamente se cumple.

El caso de la Universidad de San Carlos es muy parecido. Hasta hace cuatro años, las autoridades de esa casa de estudios también prohibieron tales prácticas, pero estas continúan y han alcanzado extremos increíbles, como sucede con el inicio del ciclo lectivo de este año. Dentro de este vandalismo se encuentra el haber obligado a estudiantes de cualquier sexo  a lanzarse sobre  lodo con mezcla de agua no identificada, así como de heces fecales. Algunas víctimas se animaron a denunciar que fueron objeto de violencia sexual.

Los autores del vandalismo lucharon por dejar impunes sus vejámenes al atacar a periodistas que cubrían los bochinches, mientras algunos de los  participantes actuaban con la cara cubierta con pasamontañas, al igual que lo hacen los criminales que  en la calle asaltan y asesinan  impunemente  a los ciudadanos.

Es importante señalar  que en las maras también hay “bautizos”,  consistentes en que, para ser considerado miembro de uno de los grupos de estos criminales, el aspirante debe asesinar a alguien, violar a alguna mujer o cometer cualquier otro acto delictivo. Ese podría ser el caso del adolescente de 14 años que ayer disparó contra el ayudante de un autobús del servicio urbano, luego de haber recibido cien quetzales por matarlo.

En cuanto a la Universidad de San Carlos, sus autoridades deben castigar con firmeza a cualquiera que participe en los “bautizos”. En los últimos años el prestigio de la Carolingia se ha resquebrajado con acciones como no  haber despojado del título de doctor a quien había copiado la tesis.

No pareciera tener relación, pero sí la tiene porque demuestra debilidad en el cumplimiento  de las leyes internas de esa institución y de lo que se debe esperar de los estudiantes, quienes de hecho son parte de una élite, porque la educación superior sufragada por el Estado es una oportunidad que no tiene la mayoría de la población.

Nada puede justificar el atropello a la dignidad de la persona, ya sea rapándola, aunque la víctima deba tolerarlo, o vejándola de cualquier manera.

El Consejo Superior Universitario debe ejercer su autoridad y expulsar a quienes se les compruebe la participación en esta barbarie. Es necesario tener firme voluntad y además entereza para enfrentarse a quienes encabezan y planean tales acciones indignas. Si lo hacen, la opinión pública los apoyará.