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El Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) entregó hoy al Ministerio Público (MP) mil 460 expedientes para que abra una investigación sobre presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas durante más de tres décadas de guerra civil que vivió el país (1960-1996).

“Dichos expedientes contienen la documentación pertinente para que la Fiscalía inicie una investigación por los delitos cometidos” en los cinco departamentos más golpeados por la guerra, indicó en un comunicado el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh).

Para la entidad humanitaria, la decisión de la PNR es una “prueba más del genocidio” que se cometió contra poblaciones indígenas, a las que pertenecía el 83.33 por ciento de las 200 mil víctimas que dejó el conflicto armado.

“Caldh aplaude la acción porque de esta forma se contribuye al resarcimiento de las víctimas, que no sólo lo conforma un pago económico sino el que la población conozca la verdad, se mantenga la memoria y se haga justicia por las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, masacres y el genocidio”, afirma el texto.

Asimismo, asegura que ahora el MP (Fiscalía) “tiene en sus manos la responsabilidad de investigar y perseguir a los autores materiales e intelectuales de las atrocidades cometidas por las fuerzas armadas y paramilitares, quienes se cobijan en el manto de impunidad”.

La nota de prensa indica que el de la Secretario de la Paz, Orlando Blanco, envió copia de los expedientes a la Audiencia Nacional de España, ya que “esto fortalece el derecho de las víctimas a la justicia dentro del marco de la jurisdicción universal”.

La justicia española abrió un expediente contra siete altos mandos, incluidos tres generales que gobernaron con mano dura entre 1978 y 1985, al aceptar una demanda de la premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, en diciembre de 1999.

AFP