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Mientras el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) se prepara para festejar mañana el primer año en el poder, organizaciones indígenas y campesinas coordinan una movilización, en protesta contra su gestión.

La Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej anunció ayer que la marcha en contra del Gobierno se efectuará en la capital, y al mismo tiempo, en varios departamentos.

La movilización en la capital comenzará a las 8 horas, en El Obelisco, zona 10; pasará frente al Congreso, y concluirá en la Plaza Central.

Efraín Sajbín, dirigente del movimiento Jóvenes Mayas, manifestó que con las marchas pretenden mostrar su rechazo total al informe que presentará el presidente Álvaro Colom —en el Congreso—, “porque ya se reflejan las debilidades en su primer año de gestión”, entre las cuales destacó el irrespeto a las consultas populares, ya que se sigue extendiendo licencias para explotación minera, además de la detención de dirigentes campesinos.

En el Legislativo, desde ayer comenzaron los preparativos para la toma de posesión del nuevo presidente de ese organismo, Roberto Alejos. En el acto solemne, Colom entregará su primer informe de Gobierno a la nueva junta directiva.

Como parte de las actividades antes de la entrega del documento, el Ejecutivo ha publicado los logros de su primer año de gestión, entre éstos, dotación de vivienda en asentamientos y a familias afectadas por la tormenta Stan, y ampliación de la educación pública gratuita.

Daniel Pascual, directivo del Comité de Unidad Campesina (CUC), comentó que decidieron llevar a cabo las movilizaciones mañana, porque tienen información de que el Ejecutivo también organizará marchas de apoyo. No obstante, el vocero presidencial, Fernando Barillas, negó este último extremo.

Después del acto en el Congreso, Colom ofrecerá un informe ampliado a representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país y a representantes de la sociedad civil, en el Palacio Nacional de la Cultura.

Pascual afirmó que en las movilizaciones demandarán al Ejecutivo que cese la entrega de licencias de exploración y explotación minera, y que se libere a líderes comunitarios que se han convertido en “presos políticos”, como Ramiro Choc, de Izabal, señalado de haber promovido invasiones, y cinco dirigentes de San Juan Sacatepéquez que se oponían a la instalación de una cementera en ese lugar.

Isabel Solís, dirigente comunitaria de Izabal, expresó que se unirán a las protestas, para exigir la liberación de sus líderes.

“El gobierno de Álvaro Colom reabrió un destacamento militar, para atacar a los narcotraficantes, pero lo que están haciendo es aterrorizando a las comunidades, porque las amenazan con desalojarlas”, aseveró Solís.

El ojo sobre Cohesión Social

Los dirigentes sociales también hicieron énfasis en que el Gobierno no tiene una política de desarrollo para las comunidades pobres, ya que las transferencias condicionadas de Q300 —por medio del programa Mi Familia Progresa— no resuelven el problema de la pobreza y el hambre.

La apuesta del Ejecutivo ha sido la instalación del Consejo de Cohesión Social, dirigido por la esposa del presidente, Sandra Torres de Colom. A través de sus programas se han entregado las bolsas solidarias, que contienen granos básicos, y las transferencias condicionadas.

Esos programas han sido criticados por la oposición, sobre todo por el dinero destinado a ellos. Nineth Montenegro ha referido que se han trasladado para esos proyectos unos Q8 mil millones del presupuesto.

El vocero presidencial destacó que se debe reconocer que este primer año de gobierno se han cambiado los indicadores sociales del país. “Nunca habían mostrado una evolución positiva; esto implica que estamos atendiendo los problemas de manera estructural, y no chapucera”, enfatizó.