En el inicio del nuevo año es momento para desearles, estimados lectores, que sus propósitos se hagan realidad a lo largo de los doce meses que nos quedan por delante. También es una buena ocasión para reflexionar sobre que el 2019 será un año difícil, pero a la vez prometedor, para nuestro país, el cual tiene frente a sí dos grandes escenarios: la batalla contra la corrupción y el proceso electoral. En esta columna me voy a referir al primer escenario, que tendrá vasos comunicantes con el segundo. Después de un año 2018 aciago para la lucha anticorrupción, esperemos que el nuevo sea propicio para derrotar a las mafias que han tratado por todos los medios de destruir los avances logrados. Observamos el alineamiento de las fuerzas más oscuras que buscaron por todos los medios frenar las investigaciones de la Cicig.

El envalentonamiento del presidente Jimmy Morales durante el 2018 se habría debido al respaldo que obtuvo del sector más conservador del empresariado, de la cúpula de las Fuerzas Armadas y de los grupos más radicales de la derecha. Esa alianza le inyectó vitalidad al mandatario que pareció sentirse en su salsa, sin comprender que en realidad solo es la mano ejecutora, para no utilizar el término sirviente, del G-8, el grupo que aglutina a los agroindustriales, banqueros, cementeros, cerveceros y azucareros que se creen dueños del país y que desde 1986 le hicieron la vida imposible a los primeros gobiernos de turno y a los siguientes los manipularon a su antojo. Este es el sector económico que sintió amenazado su poder de corrupción y por eso financió el cabildeó en EE. UU. contra Iván Velásquez y la Cicig.

El año que concluyó vimos cómo con una actitud desafiante el mandatario le prohibió el ingreso al país a Velásquez y decidir la expulsión de 11 funcionarios de la comisión internacional, así como impulsar acciones para neutralizar a la Fiscal General, amedrentar al Procurador de Derechos Humanos y plantear antejuicios contra tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Acusó de “terroristas” a los funcionarios de la Cicig expulsados, quienes son oficiales de policía de Argentina, Uruguay, Colombia y Perú con hojas de vida intachables. También se ensañó contra el embajador de Suecia, Anders Kompass, como una especie de advertencia a la comunidad internacional que apoya a la Cicig. O llegar al extremo de tratar de intimidar a la Embajada de Estados Unidos con vehículos artillados que ese mismo país donó. Esas bravuconadas solo las pudo llevar a cabo por contar con el respaldo del gran capital, el mismo que le dio financiamiento electoral ilícito cuando se promocionaba como “ni corrupto ni ladrón”.

Pero la vida no siempre le va a sonreír al mandatario. Para este mes, aunque no se ha establecido el día, se prevé el posible retorno de Iván Velásquez que ha acumulado un invaluable prestigio internacional. Ese probable regreso podría estar vinculado con la toma del control de la Cámara de Representantes por los demócratas y la recomposición de la política bipartidista. Guatemala se encuentra en el patio trasero de EE. UU. y su futuro está ligado a los intereses geopolíticos de ese país, los cuales chocan con la dictadura de la corrupción que se intenta perpetuar aquí. En ese terreno es clave la congresista norteamericana Norma Torres, que ha calificado al gobierno de Morales como “corrupto”. La representante promueve el respaldo de EE. UU. a la Cicig, la publicación de la lista de funcionarios y particulares ligados a casos de corrupción en Guatemala y la aplicación de la Ley Magnitsky, lo que podría conllevar la congelación de cuentas bancarias en territorio estadounidense. Por eso este año es muy probable que asistamos al derrumbe del castillo de arena de los corruptos.

@hshetemul